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SEGE y la Fiscalía: las dependencias más señaladas por la CEDH en 2018
El número de recomendaciones de la comisión bajó en los últimos dos años
Por El Saxofón
El número de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha reducido considerablemente en los dos últimos años. Al cierre del 2018, la CEDH emitió 21 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos dirigidas a diversas autoridades, apenas una más que en 2017, cuando se emitieron 20 recomendaciones.
En 2017, primer año de Jorge Andrés López Espinosa al frente del organismo garante de los derechos humanos, el número de recomendaciones bajó drásticamente, de 38 emitidas en 2016, a tan solo 20.
La CEDH llevaba desde 2013 realizando más de 30 recomendaciones anuales a diversas autoridades por presuntas violaciones a los derechos humanos. En 2013 se emitieron 32, en 2014, 33; y en 2015, 38 al igual que en 2016.
Cabe señalar que según el Segundo Censo Nacional de Derechos Humanos en los Ámbitos Federal y Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Estatal de Derechos Humanos desechó el 76.8 por ciento de las solicitudes de quejas recibidas en 2017.
Solo el 23.2 por ciento de las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos fueron aceptadas por el organismo garante en el estado y se procedió a abrir un expediente.
De acuerdo a los datos del Inegi, San Luis Potosí es una de las entidades con mayores Recursos presupuestales ejercidos por el Organismo Protector de los Derechos Humanos (OPDH) local: en 2017, la CEDH ejerció un presupuesto de 40 millones 453 mil 361 pesos.
A nivel nacional, del total de solicitudes recibidas por la CNDH y los OPDH, 39.4 por ciento fueron aceptadas y se procedió a abrir expediente; 59.0 por ciento desechadas; y 1.7 por ciento están pendientes de atención.
La dependencia que más recomendaciones acumuló en el 2018 fue la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), que recibió seis recomendaciones de la CEDH, por violaciones a distintos derechos. Le sigue la Fiscalía General del Estado (FGE) con cinco recomendaciones. En tercer lugar están los Servicios de Salud con tres recomendaciones.
Las restantes siete recomendaciones se dividen de la siguiente manera: la recomendación 06/2018 para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 08/2018 al alcalde de Mexquitic de Carmona; la 11/2018 al Ayuntamiento de Ciudad Valles; la 12/2018 a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Soledad de Graciano Sánchez; la 13/2018 al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER); y la 20/2018, a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
En el caso de la recomendación 07/2018, esta es dirigida a varias autoridades: estas son la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) y la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE).
Esta recomendación fue emitida sobre el caso de omisión de protección de personas en agravio de diversos habitantes de la comunidad Noria de San José, perteneciente al municipio de San Luis Potosí capital, por los hechos ocurridos los días 14 y 23 de junio de 2016.
En este caso, además, la CEDH detectó dilación en la integración de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de esos hechos.
En el caso de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), que es la dependencia que más recomendaciones recibió este año, los exhortos obedecen a la violación de diversos derechos, en agravio de menores de edad potosinos alumnos de diversas instituciones educativas.
Se trata de las recomendaciones 01/2018; 09/2018; 10/2018; 14/2018, 15/2018 y 19/2018. Al menos en tres de las recomendaciones (01/2018, 09/2018 y 19/2018) se trata de situaciones relacionadas con abusos sexuales por parte de maestros. Llama también la atención que, dos de los casos, ocurrieron en jardines de niños, y uno en una escuela primaria.
Las tres recomendaciones restantes son: la 10/2018, por discriminación en agravio de una alumna de secundaria; la 14/2018, por violación a la gratuidad de los servicios educativos en agravio de un alumno de primaria, y la 15/2018, por vulneración de los derechos humanos de un alumno diagnosticado con autismo.
En el caso de la Fiscalía General del Estado, que recibió cinco recomendaciones, estas fueron por casos de vulneración a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia y a la procuración de justicia; dilación en la integración de las carpetas de investigación iniciadas; privación de la vida y violación al derecho a la seguridad e integridad personal, uso indebido de la función pública y abuso de autoridad; y una más por un caso de tortura.
Para la Secretaría de Salud, que en este 2018 solo recibió tres recomendaciones, fueron tres recomendaciones por casos de negligencia médica, dos de los cuales derivaron en la muerte de un recién nacido y una muerte materna.
Cabe señalar que las recomendaciones emitidas en 2018, en su mayoría son por quejas interpuestas ante la CEDH entre los años de 2015, 2016 y 2017.
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Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
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Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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Los inconformes acusan un presunto abuso policial durante la detención de un hombre de 47 años
Por: Redacción
La tensión aumentó este domingo en Matlapa, luego de que pobladores retuvieron a elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal para exigir justicia por la muerte de un hombre a quien señalan como víctima de un presunto abuso policial.
Los inconformes llevaron a algunos de los agentes retenidos por calles y hasta la plaza principal del municipio. Entre los elementos señalados se encuentra al menos una mujer.
La protesta está relacionada con el fallecimiento de Fermín Isabel Antonio, de 47 años, originario de Axtla de Terrazas, quien murió después de ser trasladado al Hospital de Santa Catarina, según la versión difundida por los manifestantes.
De acuerdo con los pobladores, el hombre habría sido detenido la noche del sábado por elementos municipales y estatales después de verse involucrado en un percance vial. Durante la intervención, presuntamente habría sido golpeado por los agentes y posteriormente trasladado a un hospital, donde perdió la vida.
La versión provocó la indignación de habitantes del ejido Picholco y de la cabecera municipal, quienes exigieron que se esclarezcan los hechos y se determine si existió responsabilidad de los policías involucrados.
Los manifestantes también demandaron la presencia de la alcaldesa María de Jesús Rivera
Ante la falta de respuesta, los pobladores trasladaron la protesta a la carretera federal, donde bloquearon de manera intermitente la vía a la altura de Jalpilla.
El cierre ha permitido el paso de vehículos por algunos lapsos, aunque los inconformes advirtieron que podrían realizar un bloqueo total si no son atendidos por la presidenta municipal.
Mientras tanto, los elementos policiales permanecerían retenidos por los pobladores en espera de una respuesta de las autoridades.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte de Fermín Isabel Antonio ni se ha confirmado que su fallecimiento sea consecuencia directa de una presunta agresión policial. Tampoco se ha determinado responsabilidad alguna contra los agentes señalados.
Las autoridades competentes deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la detención, determinar la causa del fallecimiento y, en su caso, deslindar responsabilidades por los hechos que mantienen la tensión en el municipio.
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