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Segam ya sabía de tiraderos clandestinos en SLP
En la última semana, La Orquesta tuvo conocimiento de dos sitios más, que reciben desechos industriales
Por Roberto Rocha
Pese a que la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Yvett Salazar Torres, afirmó en entrevista con La Orquesta que el escándalo ambiental del uso de tiraderos clandestinos para el depósito de desechos industriales generados por la fabricante alemana de autopartes Draexlmaier tomó por sorpresa a esa dependencia, este medio de comunicación tuvo conocimiento que desde mediados del año pasado, vecinos de Rancho Nuevo habían denunciado la existencia de una bodega de materiales que no cumplía con los requerimientos de ley en esa comunidad del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a cinco kilómetros de aeropuerto Ponciano Arriaga de esta ciudad.
Otra denuncia presentada ante la Segam, del pasado 26 de febrero, también ejemplifica que la dependencia ambiental tenía conocimiento de esta situación. La denuncia explicaba que, a causa de la bodega de desechos industriales de Draexlmaier, en la que es posible comprar piezas de automóviles BMW, Mercedes-Benz, Tesla y General Motors, hay en la comunidad de Rancho Nuevo, en las casas que rodean a esa bodega, una plaga de ratas provenientes del tiradero clandestino.
Vecinos de Rancho Nuevo además dijeron a La Orquesta que, la madrugada del 1 de enero de este año, ocurrió un conato de incendio en la bodega de piezas automotrices, que por fortuna fue controlado por habitantes de ese sector y el cuerpo de bomberos. Sin embargo, también acusan que el canal que comunica el único pozo de agua que alimenta a toda la comunidad pasa justo por debajo de la bodega, con las posibles filtraciones que podrían suceder, provenientes de los materiales tirados incorrectamente en ese lugar, no lo autopartes, sino también trapos industriales.
Según vecinos de la comunidad de Rancho Nuevo, la semana pasada, la Segam clausuró esa bodega, aunque hasta el cierre de esta edición no tenía los sellos que lo comprobaran.
Los habitantes de esa zona de la ciudad mencionan que los propietarios de ese tiradero clandestino de piezas Draexlmaier fueron multados y les fue otorgado un plazo de 15 días para desalojar ese terreno. Sin embargo, los vecinos de la bodega desconocen hacia dónde moverán ese tiradero, por lo que se mantienen en incertidumbre.
Una suerte distinta sufrió el tiradero clandestino dado a conocer por La Orquesta el lunes pasado, en la comunidad de Milpillas, a pie del Anillo Periférico, pues una visita realizada por el reportero el jueves anterior, demostró que ese sitio se mantenía en las mismas condiciones. 
Tiradero en las Terceras
Durante la última semana, La Orquesta tuvo conocimiento de dos tiraderos industriales clandestinos más. Uno de ellos, en la zona de las colonias Tercera Chica, Tercera Grande y Real de Peñasco y a solo un par de cuadras de la Academia de la Policía Federal de esta ciudad, almacena también piezas automotrices presumiblemente fabricadas por Draexlmaier, aunque este medio no pudo acceder a ese sitio, debido a que había trabajadores quemando materiales para obtener más espacio para confinar.
En ese y otros sitios de ese sector, al norte de la ciudad, de acuerdo con habitantes de la zona, se venden desechos industriales, además de llantas usadas y basura doméstica para ser utilizados como combustibles para ladrilleras, que están a poca distancia de ese nuevo tiradero industrial.
Un vecino de esa zona, mencionó que la quema de dichos productos llena de humo negro el sector y que, incluso, ha llenado una escuela primaria cercana al lugar, por lo que se han hecho denuncias ante la Segam y la dirección de Comercio del Ayuntamiento de la capital, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta.
Un tiradero clandestino más, este en la comunidad de Portezuelo, en Cerro de San Pedro, recibe basura doméstica de ese municipio y también desechos industriales. La Orquesta pudo ver cintas de caucho, presumiblemente provenientes de alguna empresa manufacturera.
Vecinos de Portezuelo denuncian que dichos desechos son quemados cada viernes por la tarde, para separar materiales de aluminio y vidrio y hacer más espacio para depositar más basura. También, según la fuente consultada por La Orquesta, la quema se hace a esas horas para evitar inspecciones de la Segam.
El tiradero de Portezuelo está ubicado a un lado de la carretera 57D, por lo que, a decir de habitantes de esa comunidad, la quema de los residuos ha ocasionado accidentes viales en esa vía.
También lea: Caso Draexlmaier: Segam va por ladrilleros, el eslabón más débil
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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