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Segam ya sabía de tiraderos clandestinos en SLP
En la última semana, La Orquesta tuvo conocimiento de dos sitios más, que reciben desechos industriales
Por Roberto Rocha
Pese a que la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Yvett Salazar Torres, afirmó en entrevista con La Orquesta que el escándalo ambiental del uso de tiraderos clandestinos para el depósito de desechos industriales generados por la fabricante alemana de autopartes Draexlmaier tomó por sorpresa a esa dependencia, este medio de comunicación tuvo conocimiento que desde mediados del año pasado, vecinos de Rancho Nuevo habían denunciado la existencia de una bodega de materiales que no cumplía con los requerimientos de ley en esa comunidad del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a cinco kilómetros de aeropuerto Ponciano Arriaga de esta ciudad.
Otra denuncia presentada ante la Segam, del pasado 26 de febrero, también ejemplifica que la dependencia ambiental tenía conocimiento de esta situación. La denuncia explicaba que, a causa de la bodega de desechos industriales de Draexlmaier, en la que es posible comprar piezas de automóviles BMW, Mercedes-Benz, Tesla y General Motors, hay en la comunidad de Rancho Nuevo, en las casas que rodean a esa bodega, una plaga de ratas provenientes del tiradero clandestino.
Vecinos de Rancho Nuevo además dijeron a La Orquesta que, la madrugada del 1 de enero de este año, ocurrió un conato de incendio en la bodega de piezas automotrices, que por fortuna fue controlado por habitantes de ese sector y el cuerpo de bomberos. Sin embargo, también acusan que el canal que comunica el único pozo de agua que alimenta a toda la comunidad pasa justo por debajo de la bodega, con las posibles filtraciones que podrían suceder, provenientes de los materiales tirados incorrectamente en ese lugar, no lo autopartes, sino también trapos industriales.
Según vecinos de la comunidad de Rancho Nuevo, la semana pasada, la Segam clausuró esa bodega, aunque hasta el cierre de esta edición no tenía los sellos que lo comprobaran.
Los habitantes de esa zona de la ciudad mencionan que los propietarios de ese tiradero clandestino de piezas Draexlmaier fueron multados y les fue otorgado un plazo de 15 días para desalojar ese terreno. Sin embargo, los vecinos de la bodega desconocen hacia dónde moverán ese tiradero, por lo que se mantienen en incertidumbre.
Una suerte distinta sufrió el tiradero clandestino dado a conocer por La Orquesta el lunes pasado, en la comunidad de Milpillas, a pie del Anillo Periférico, pues una visita realizada por el reportero el jueves anterior, demostró que ese sitio se mantenía en las mismas condiciones.
Durante la última semana, La Orquesta tuvo conocimiento de dos tiraderos industriales clandestinos más. Uno de ellos, en la zona de las colonias Tercera Chica, Tercera Grande y Real de Peñasco y a solo un par de cuadras de la Academia de la Policía Federal de esta ciudad, almacena también piezas automotrices presumiblemente fabricadas por Draexlmaier, aunque este medio no pudo acceder a ese sitio, debido a que había trabajadores quemando materiales para obtener más espacio para confinar.
En ese y otros sitios de ese sector, al norte de la ciudad, de acuerdo con habitantes de la zona, se venden desechos industriales, además de llantas usadas y basura doméstica para ser utilizados como combustibles para ladrilleras, que están a poca distancia de ese nuevo tiradero industrial.
Un vecino de esa zona, mencionó que la quema de dichos productos llena de humo negro el sector y que, incluso, ha llenado una escuela primaria cercana al lugar, por lo que se han hecho denuncias ante la Segam y la dirección de Comercio del Ayuntamiento de la capital, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta.
Un tiradero clandestino más, este en la comunidad de Portezuelo, en Cerro de San Pedro, recibe basura doméstica de ese municipio y también desechos industriales. La Orquesta pudo ver cintas de caucho, presumiblemente provenientes de alguna empresa manufacturera.
Vecinos de Portezuelo denuncian que dichos desechos son quemados cada viernes por la tarde, para separar materiales de aluminio y vidrio y hacer más espacio para depositar más basura. También, según la fuente consultada por La Orquesta, la quema se hace a esas horas para evitar inspecciones de la Segam.
El tiradero de Portezuelo está ubicado a un lado de la carretera 57D, por lo que, a decir de habitantes de esa comunidad, la quema de los residuos ha ocasionado accidentes viales en esa vía.
También lea: Caso Draexlmaier: Segam va por ladrilleros, el eslabón más débil
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Mataperros de Soledad obtiene amparo y evita su detención
Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo
Por: Redacción
El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.
La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.
Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.
La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.
El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
También lee: Fiscalía de SLP investiga un aborto practicado fuera del plazo legal
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SSPCE cuestiona a jueces que liberan a detenidos por delitos graves
Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.
El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.
Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.
Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva, incluso en asuntos relacionados con delitos de alto impacto o portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.
El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.
Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.
“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.
Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.
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Fiscalía de SLP investiga un aborto practicado fuera del plazo legal
El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.
Por: Redacción
De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.
El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.
El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal. García Cázares no precisó en qué municipio ocurrió ni si hay personas imputadas.
Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.
En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.
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