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Segam ya sabía de tiraderos clandestinos en SLP
En la última semana, La Orquesta tuvo conocimiento de dos sitios más, que reciben desechos industriales
Por Roberto Rocha
Pese a que la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Yvett Salazar Torres, afirmó en entrevista con La Orquesta que el escándalo ambiental del uso de tiraderos clandestinos para el depósito de desechos industriales generados por la fabricante alemana de autopartes Draexlmaier tomó por sorpresa a esa dependencia, este medio de comunicación tuvo conocimiento que desde mediados del año pasado, vecinos de Rancho Nuevo habían denunciado la existencia de una bodega de materiales que no cumplía con los requerimientos de ley en esa comunidad del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a cinco kilómetros de aeropuerto Ponciano Arriaga de esta ciudad.
Otra denuncia presentada ante la Segam, del pasado 26 de febrero, también ejemplifica que la dependencia ambiental tenía conocimiento de esta situación. La denuncia explicaba que, a causa de la bodega de desechos industriales de Draexlmaier, en la que es posible comprar piezas de automóviles BMW, Mercedes-Benz, Tesla y General Motors, hay en la comunidad de Rancho Nuevo, en las casas que rodean a esa bodega, una plaga de ratas provenientes del tiradero clandestino.
Vecinos de Rancho Nuevo además dijeron a La Orquesta que, la madrugada del 1 de enero de este año, ocurrió un conato de incendio en la bodega de piezas automotrices, que por fortuna fue controlado por habitantes de ese sector y el cuerpo de bomberos. Sin embargo, también acusan que el canal que comunica el único pozo de agua que alimenta a toda la comunidad pasa justo por debajo de la bodega, con las posibles filtraciones que podrían suceder, provenientes de los materiales tirados incorrectamente en ese lugar, no lo autopartes, sino también trapos industriales.
Según vecinos de la comunidad de Rancho Nuevo, la semana pasada, la Segam clausuró esa bodega, aunque hasta el cierre de esta edición no tenía los sellos que lo comprobaran.
Los habitantes de esa zona de la ciudad mencionan que los propietarios de ese tiradero clandestino de piezas Draexlmaier fueron multados y les fue otorgado un plazo de 15 días para desalojar ese terreno. Sin embargo, los vecinos de la bodega desconocen hacia dónde moverán ese tiradero, por lo que se mantienen en incertidumbre.
Una suerte distinta sufrió el tiradero clandestino dado a conocer por La Orquesta el lunes pasado, en la comunidad de Milpillas, a pie del Anillo Periférico, pues una visita realizada por el reportero el jueves anterior, demostró que ese sitio se mantenía en las mismas condiciones. 
Tiradero en las Terceras
Durante la última semana, La Orquesta tuvo conocimiento de dos tiraderos industriales clandestinos más. Uno de ellos, en la zona de las colonias Tercera Chica, Tercera Grande y Real de Peñasco y a solo un par de cuadras de la Academia de la Policía Federal de esta ciudad, almacena también piezas automotrices presumiblemente fabricadas por Draexlmaier, aunque este medio no pudo acceder a ese sitio, debido a que había trabajadores quemando materiales para obtener más espacio para confinar.
En ese y otros sitios de ese sector, al norte de la ciudad, de acuerdo con habitantes de la zona, se venden desechos industriales, además de llantas usadas y basura doméstica para ser utilizados como combustibles para ladrilleras, que están a poca distancia de ese nuevo tiradero industrial.
Un vecino de esa zona, mencionó que la quema de dichos productos llena de humo negro el sector y que, incluso, ha llenado una escuela primaria cercana al lugar, por lo que se han hecho denuncias ante la Segam y la dirección de Comercio del Ayuntamiento de la capital, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta.
Un tiradero clandestino más, este en la comunidad de Portezuelo, en Cerro de San Pedro, recibe basura doméstica de ese municipio y también desechos industriales. La Orquesta pudo ver cintas de caucho, presumiblemente provenientes de alguna empresa manufacturera.
Vecinos de Portezuelo denuncian que dichos desechos son quemados cada viernes por la tarde, para separar materiales de aluminio y vidrio y hacer más espacio para depositar más basura. También, según la fuente consultada por La Orquesta, la quema se hace a esas horas para evitar inspecciones de la Segam.
El tiradero de Portezuelo está ubicado a un lado de la carretera 57D, por lo que, a decir de habitantes de esa comunidad, la quema de los residuos ha ocasionado accidentes viales en esa vía.
También lea: Caso Draexlmaier: Segam va por ladrilleros, el eslabón más débil
Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
También lee: Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo
Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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