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Segam ya sabía de tiraderos clandestinos en SLP
En la última semana, La Orquesta tuvo conocimiento de dos sitios más, que reciben desechos industriales
Por Roberto Rocha
Pese a que la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Yvett Salazar Torres, afirmó en entrevista con La Orquesta que el escándalo ambiental del uso de tiraderos clandestinos para el depósito de desechos industriales generados por la fabricante alemana de autopartes Draexlmaier tomó por sorpresa a esa dependencia, este medio de comunicación tuvo conocimiento que desde mediados del año pasado, vecinos de Rancho Nuevo habían denunciado la existencia de una bodega de materiales que no cumplía con los requerimientos de ley en esa comunidad del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a cinco kilómetros de aeropuerto Ponciano Arriaga de esta ciudad.
Otra denuncia presentada ante la Segam, del pasado 26 de febrero, también ejemplifica que la dependencia ambiental tenía conocimiento de esta situación. La denuncia explicaba que, a causa de la bodega de desechos industriales de Draexlmaier, en la que es posible comprar piezas de automóviles BMW, Mercedes-Benz, Tesla y General Motors, hay en la comunidad de Rancho Nuevo, en las casas que rodean a esa bodega, una plaga de ratas provenientes del tiradero clandestino.
Vecinos de Rancho Nuevo además dijeron a La Orquesta que, la madrugada del 1 de enero de este año, ocurrió un conato de incendio en la bodega de piezas automotrices, que por fortuna fue controlado por habitantes de ese sector y el cuerpo de bomberos. Sin embargo, también acusan que el canal que comunica el único pozo de agua que alimenta a toda la comunidad pasa justo por debajo de la bodega, con las posibles filtraciones que podrían suceder, provenientes de los materiales tirados incorrectamente en ese lugar, no lo autopartes, sino también trapos industriales.
Según vecinos de la comunidad de Rancho Nuevo, la semana pasada, la Segam clausuró esa bodega, aunque hasta el cierre de esta edición no tenía los sellos que lo comprobaran.
Los habitantes de esa zona de la ciudad mencionan que los propietarios de ese tiradero clandestino de piezas Draexlmaier fueron multados y les fue otorgado un plazo de 15 días para desalojar ese terreno. Sin embargo, los vecinos de la bodega desconocen hacia dónde moverán ese tiradero, por lo que se mantienen en incertidumbre.
Una suerte distinta sufrió el tiradero clandestino dado a conocer por La Orquesta el lunes pasado, en la comunidad de Milpillas, a pie del Anillo Periférico, pues una visita realizada por el reportero el jueves anterior, demostró que ese sitio se mantenía en las mismas condiciones.
Durante la última semana, La Orquesta tuvo conocimiento de dos tiraderos industriales clandestinos más. Uno de ellos, en la zona de las colonias Tercera Chica, Tercera Grande y Real de Peñasco y a solo un par de cuadras de la Academia de la Policía Federal de esta ciudad, almacena también piezas automotrices presumiblemente fabricadas por Draexlmaier, aunque este medio no pudo acceder a ese sitio, debido a que había trabajadores quemando materiales para obtener más espacio para confinar.
En ese y otros sitios de ese sector, al norte de la ciudad, de acuerdo con habitantes de la zona, se venden desechos industriales, además de llantas usadas y basura doméstica para ser utilizados como combustibles para ladrilleras, que están a poca distancia de ese nuevo tiradero industrial.
Un vecino de esa zona, mencionó que la quema de dichos productos llena de humo negro el sector y que, incluso, ha llenado una escuela primaria cercana al lugar, por lo que se han hecho denuncias ante la Segam y la dirección de Comercio del Ayuntamiento de la capital, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta.
Un tiradero clandestino más, este en la comunidad de Portezuelo, en Cerro de San Pedro, recibe basura doméstica de ese municipio y también desechos industriales. La Orquesta pudo ver cintas de caucho, presumiblemente provenientes de alguna empresa manufacturera.
Vecinos de Portezuelo denuncian que dichos desechos son quemados cada viernes por la tarde, para separar materiales de aluminio y vidrio y hacer más espacio para depositar más basura. También, según la fuente consultada por La Orquesta, la quema se hace a esas horas para evitar inspecciones de la Segam.
El tiradero de Portezuelo está ubicado a un lado de la carretera 57D, por lo que, a decir de habitantes de esa comunidad, la quema de los residuos ha ocasionado accidentes viales en esa vía.
También lea: Caso Draexlmaier: Segam va por ladrilleros, el eslabón más débil
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“Será caótico”: alertan ataques contra servidores PHP sin actualizar en México
Entre los sistemas sin corrección hay uno de la SEP que funciona con PHP de 2004
Por: Redacción
Al menos 8,600 servicios web en México funcionan con versiones de PHP que ya no recibirán ninguna corrección de seguridad, en plena ola de ataques por PHP2Shell, la falla que el 26 de octubre la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) confirmó como explotada activamente.
El conteo, hecho con el buscador Shodan el 22 de octubre y publicado por Ignacio Gómez Villaseñor en una columna invitada de Milenio, ubica entre esos sistemas uno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que corre con PHP 4.3, de 2004, y otro de la Secretaría de Gobernación (Segob) con PHP 5.2, de 2007. Ninguna de las dos versiones recibe actualizaciones desde hace más de 15 años.
De 39,661 servicios con PHP detectados en el país, cerca de uno de cada cinco usa una versión sin parche posible. Al filtrar solo dominios gob.mx aparecieron 550 servicios de gobierno; de una muestra de 20 revisados uno por uno, 19 eran vulnerables.
Qué es PHP2Shell
PHP es el lenguaje de programación con el que funcionan WordPress, tiendas en línea y buena parte de los portales de gobierno. Según W3Techs, lo usa el 70.2% de los sitios web cuyo lenguaje se conoce.
Las fallas CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, apodadas PHP2Shell, están en el propio PHP y no en una página en particular. Basta con que el servidor acepte recibir archivos, como viene configurado de fábrica, para que un atacante pueda tomar el control del equipo sin usuario ni contraseña. El equipo de PHP las calificó con 9.2 de 10 en gravedad.
La falla también permite leer fragmentos de la memoria del servidor, donde se guardan contraseñas, claves de acceso y certificados. Actualizar cierra la puerta, pero no recupera lo que ya pudo salir.
Cinco días de octubre
Amazon registró el primer intento de ataque el 17 de octubre, cuatro días antes de que la falla fuera pública. El 20 se filtraron los detalles y PHP tuvo que adelantar su corrección, que publicó el 21 de octubre a las 8:00, hora del centro de México, para las versiones 8.2 a 8.5.
Ese mismo día, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la CISA pidieron parchar o desconectar los servidores de inmediato. En Países Bajos, ministerios, hospitales y medios apagaron sus sitios por precaución.
El 24 de octubre, un investigador de Perplexity confirmó la ejecución remota de código en servidores trampa. El 26, la CISA agregó ambas fallas a su catálogo de vulnerabilidades explotadas y dio plazo al 29 de octubre para que las agencias federales de Estados Unidos las corrijan. La firma Censys estimó más de 32.5 millones de servicios PHP en el mundo con versiones afectadas.
Una tercera falla, sin parche
El 23 de octubre, PHP divulgó una nueva vulnerabilidad, CVE-2026-115560, que también permite ejecutar código a distancia y que las actualizaciones del 21 no corrigen. Para esta no hay parche: PHP recomendó como medida temporal desactivar la función que reporta el avance de carga de archivos.
Al 26 de octubre no se había reportado su explotación, de acuerdo con la firma SOC Prime.
Gobierno y universidades, los más expuestos
La revisión publicada en Milenio encontró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenía un servidor ya actualizado mientras otros de la misma dependencia seguían sin parche.
La institución con más servicios PHP del país es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 820. Entre todas las universidades públicas de la lista suman más de 1,800, con versiones sin soporte como la 7.0 y la 8.1.
Colombia hizo un ejercicio parecido: su equipo de respuesta, Colcert, contó 8,699 servicios con PHP expuestos. Según la misma columna, en México no hay registro de una alerta equivalente de la autoridad.
Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad SILIKN, advirtió a Milenio que vienen ataques “sumamente fuertes” contra quienes no actualicen. “Será caótico, te lo puedo asegurar”, dijo.
Ruiz señaló que estas fallas “no distinguen recursos presupuestales”, por lo que una secretaría estatal y un ayuntamiento pequeño quedan igual de expuestos, y que “la ausencia de alertas no descarta una intrusión”.
La firma Sansec concluyó el 22 de octubre que un ataque masivo es menos probable de lo previsto, porque requiere conocer bien el servidor. Las pruebas de ataque que circulan funcionan sobre todo contra servidores Apache con PHP 8, el tipo más común.
Una empresa potosina, en un sitio de filtraciones
El grupo de ransomware Krybit publicó el 26 de octubre a Grupo Euro (grupoeuro.com.mx) en su sitio de filtraciones, según el rastreador Breachsense, que la clasifica en el sector energía. De acuerdo con publicaciones especializadas en ciberseguridad difundidas en redes sociales, se trata del grupo potosino de las gasolineras Gasomax, Importadora Euro y franquicias de Burger King.
El portal ransomware.live contabiliza 331 contraseñas expuestas vinculadas a la empresa, 70 de ellas críticas, y cita a la firma Hudson Rock, que registra a un empleado y cuatro usuarios infectados con programas que roban credenciales. Krybit se atribuye el ataque sin que hasta ahora la empresa lo haya confirmado, y no hay evidencia pública de que el caso esté ligado a PHP2Shell.
Krybit opera desde marzo de 2026 con un esquema de doble extorsión: roba información, cifra los archivos y amenaza con publicar los datos si no se paga. Sus exigencias van de 40 mil a 100 mil dólares, según la firma Halcyon. Breachsense le cuenta 165 víctimas, nueve de ellas en México.
En agosto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) descartó un hackeo a sus sistemas tras la difusión en redes de información del Poder Judicial. En septiembre, la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez dijo que la auditoría externa apuntaba más a una filtración que a una intrusión.
Argentina: datos de 172 mil estudiantes
Un actor en un foro de la dark web publicó muestras de una base de datos que dice provenir del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), del Ministerio de Educación de Argentina, con registros de unos 172 mil estudiantes.
Según el actor, cada registro tiene más de 80 campos —nombre, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), domicilio, desempeño escolar y datos socioeconómicos—, además de información de unas 1,100 escuelas, 953 directores y credenciales de 21 cuentas de consultores. Afirmó que los datos estaban accesibles sin autenticación.
Analistas que siguen el caso advirtieron que la mayoría de los afectados probablemente son menores de edad, y que sus datos de identidad, hogar y escuela pueden usarse para fraudes y extorsiones dirigidas a sus familias.
La afirmación no está verificada y llegó horas después de otra contra la plataforma Moodle del mismo ministerio. En septiembre, el grupo N0n se atribuyó un ataque a la dependencia, y en julio de 2025 se ofrecieron a la venta 287 mil documentos del ministerio con DNI, correos y domicilios.
La corrección para PHP2Shell ya existe, pero cada institución tiene que instalarla en todos sus servidores y, si estuvo expuesta, cambiar contraseñas y claves y revisar sus registros hacia atrás. Para el usuario común no hay nada que hacer en su teléfono o computadora: la falla vive en los servidores, no en los dispositivos.
Con información de Milenio, CISA, Breachsense, Halcyon, SOC Prime y ransomware.live.
También lee: Auditoría descarta hackeo al Poder Judicial, pero no filtración
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CEA: operadora de El Realito debe unos 200 mdp por incumplimientos
La CEA dijo que busca cobrar con los mecanismos del contrato, mientras el Estado paga unos 6 millones al mes
Por: Redacción
La operadora de El Realito tiene adeudos por unos 200 millones de pesos por incumplimientos del contrato, que están en controversia, dijo Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Explicó que cada vez que hay una falla se aplican multas y esa parte se resta a la empresa en el pago: «nosotros le restamos y no se le paga esa parte».
Dijo que, conforme al contrato, el Gobierno del Estado paga alrededor de 6 millones de pesos al mes por el servicio. Cuando el sistema funciona, otra tarifa depende de la cantidad de agua que llega a la capital.
Sobre los 200 millones, dijo que la CEA busca «el mecanismo propio del contrato» para cobrarlos, pues es dinero que la empresa tendría que pagar. Agregó que la CEA trabaja en un diagnóstico que incluye parte del sistema administrativo del contrato.
La concesión federal del agua está a nombre del Gobierno del Estado. Una administración anterior delegó la operación en una empresa española mediante contrato, explicó en septiembre Darío Fernando González Castillo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, dependencia que acompaña jurídicamente a la CEA para explorar una rescisión o una mediación.
En septiembre se dio a conocer que Banobras y Conagua analizan rescindir el contrato. El acueducto acumula 76 fallas desde 2021, que suman 295 días sin agua a la zona metropolitana, según el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas).
También lee: Interapas no paga saneamiento desde 2018, dijo titular de la CEA
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Evidencia exhibe a Sánchez Zumaya y David Azuara con la “Wiwa”
Imágenes de distintas convivencias y un video difundido en 2024 por el propio exaspirante a la gubernatura documentan la presencia de Juan de Jesús Salazar en su entorno social; las revelaciones surgen en medio de investigaciones y señalamientos sobre contratos millonarios con Pemex y una presunta red de facturación irregular
Por: Jorge Saldaña
La reciente detención de Juan de Jesús Salazar, alias “Wiwa”, señalado por las autoridades como presunto líder criminal en la Huasteca potosina y buscado por homicidio calificado, ha puesto bajo escrutinio sus relaciones sociales con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta septiembre pasado aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí.
Fotografías de distintas convivencias muestran encuentros entre Salazar y personas del entorno empresarial y político de Sánchez Zumaya. Entre las imágenes difundidas destaca una en la que el ahora detenido aparece abrazado con el diputado federal panista David Azuara Zúñiga.
Los registros gráficos adquieren relevancia tras la captura de Salazar, de 35 años, a quien las autoridades estatales atribuyen presuntas actividades delictivas en la región Huasteca y quien, según información de inteligencia, se desenvolvía públicamente bajo un perfil empresarial.
La presencia de “Wiwa” en estas reuniones no se limita a un solo evento. Existen fotografías correspondientes a diferentes convivencias y un video específico de una celebración familiar difundido desde las redes sociales del propio Sánchez Zumaya.
Uno de esos registros corresponde a la ostentosa boda de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, celebrada en abril de 2024 en la Antigua Nave Lewis del Parque Fundidora, en Monterrey.
En el video de la fiesta, difundido por el propio exaspirante a la gubernatura, aparece Salazar entre los asistentes. La celebración alcanzó notoriedad por las presentaciones de agrupaciones y artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Los Recoditos y La Sonora Dinamita.
Contratos millonarios, factureras y cuentas bloqueadas
La difusión de las fotografías ocurre cuando Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta cuestionamientos por sus relaciones empresariales y financieras, particularmente por operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas señaladas en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades de facturación.
En noviembre de 2024, una investigación de Reforma dio a conocer señalamientos sobre operaciones y transacciones por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 en una presunta red de empresas relacionadas con el sector petrolero y vinculadas con el empresario potosino.
Más recientemente, otra investigación del mismo diario reveló que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron durante 2025 facturas superiores a 2 mil 800 millones de pesos a empresas señaladas como parte de una red relacionada con Sánchez Zumaya.
Entre las compañías mencionadas en esos reportes figuran Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, cuyas operaciones, domicilios fiscales y movimientos financieros han sido objeto de cuestionamientos.
Los señalamientos alcanzan también a familiares y personas relacionadas con el entramado empresarial investigado, entre ellos al novio de la boda del 2024, medio hermano del ex aspirante y socio de Mineral & Logistic que inyectó un aumento de capital por 400 millones de pesos sin explicar su procedencia.
En paralelo, empresas y particulares vinculados con esa presunta red han promovido recursos judiciales contra el bloqueo de cuentas bancarias dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya
, confirmó públicamente el congelamiento de cuentas atribuidas a Sánchez Zumaya y a familiares suyos, así como la salida del empresario del país.Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre su retiro de las aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de buscar espacios políticos en Morena y el PT atribuyendo su retiro a la atención a “motivos familiares”.
Aunque las investigaciones periodísticas han documentado las presuntas irregularidades, hasta ahora no existe una sentencia judicial conocida que acredite responsabilidad penal de Gerardo Sánchez Zumaya aunque al mismo tiempo se sabe que salió del país.
Los Azuara Zúñiga
La aparición del diputado federal David Azuara Zúñiga en una fotografía junto a Salazar amplía la dimensión política de los encuentros documentados.
En esa imagen, el legislador panista aparece abrazado con quien posteriormente fue detenido y señalado como presunto líder criminal en la Huasteca potosina.
La fotografía no constituye evidencia de participación del diputado en actividades delictivas, sin embargo, sí demuestran la relación estrecha entre Salazar, GSZ, círculos empresariales y políticos panistas de SLP.
La captura que volvió relevantes las fotografías
Juan de Jesús Salazar fue detenido en San Luis Potosí después de una serie de hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, incluidos enfrentamientos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, tras el asesinato de un elemento federal.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, Salazar presuntamente había llegado desde Veracruz para involucrarse en actividades delictivas en la región.
Las autoridades señalaron que era buscado por homicidio calificado y que mantenía una apariencia empresarial en su vida pública.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que algunos presuntos líderes criminales buscan integrarse a la sociedad potosina presentándose como empresarios, instalándose en zonas residenciales de alta plusvalía y participando en círculos sociales de alto perfil.
La captura de “Wiwa” y las fotografías de sus encuentros con Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga plantean nuevas preguntas sobre las relaciones sociales del detenido.
La documentación gráfica coloca esas relaciones en el centro de la atención pública, mientras continúan los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de las empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y el alcance de las investigaciones correspondientes.
También lee: Enfrentamientos armados en Tanquián; mencionan a grupo ligado a Sánchez Zumaya
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