julio 6, 2026

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Congreso del Estado

Secretario de Salud compareció ante el Congreso de San Luis Potosí

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Daniel Acosta Díaz de León habló de temas como inversión para equipamiento de hospitales y seguimiento a las denuncias por desvíos de recursos 

Por: Redacción

Daniel Acosta Díaz de León, titular de la Secretaría de Salud, al continuar con el ejercicio de comparecencias con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, presentó información relacionada con la atención brindada en el estado, a través de los centros y casas de salud; las acciones en de salud mental, y combate a adicciones; y en materia de sanciones ante responsabilidades de ex funcionarios de esta dependencia.

Díaz de León en lo relacionado a la atención médica informó que los servicios de salud cuentan con una Red de Atención en Salud, integrada por 494 casas de salud, 94 unidades médicas móviles, 184 unidades de primer nivel, 21 unidades de especialidad, 8 hospitales comunitarios, 4 hospitales generales, 2 hospitales de especialidad, y 1 hospital de alta especialidad.

El secretario de Salud precisó que en lo relacionado a las casas de salud en las distintas comunidades, se está haciendo un trabajo de reingeniería buscando que los profesionales de la salud vayan a atender los centros donde hace falta personal y no se queden en una sola institución. Destacó que en cuanto a personal, se cuenta con 480 médicos, 1,138 enfermeras, 187 parteras, 745 auxiliares de salud y 27 paramédicos.

Daniel Acosta mencionó que en relación a los hospitales, en los hospitales básicos comunitarios se ha logrado mejorar la atención, aunque aún tienen carencia de especialistas, lo que ha ocasionado la sobrecarga de los hospitales generales; respecto al abastecimiento de medicamentos, indicó que actualmente se ha logrado subir el abasto de medicamentos y material de curación hasta un 62 por ciento, lo cual aún resulta insuficiente, y la meta prevista es lograr cerrar con un 80 por ciento al finalizar el presente año.

En relación al Hospital Central, afirmó que se está realizando el equipamiento del mismo, y se tiene el compromiso de recibir recursos provenientes del INSABI para que al finalizar el año se pueda contar con el 80 por ciento del equipamiento del mismo. 

El funcionario indicó que la Secretaría de Salud cuenta con un presupuesto de 4 mil 800 millones de pesos, y en el último año se invirtieron más de 100 millones de pesos para equipamiento en los hospitales; agregó que se cuenta con 70 ambulancias para traslados de urgencias básicas, ubicadas en 43 municipios de las cuatro regiones del estado; de éstas, el modelo más reciente es 2020, por lo cual se buscará en el próximo año modernizar la flotilla y señaló que debido a que la Cruz Roja enfrenta una crisis económica, se han aumentado los traslados por parte de la Secretaría de Salud en la zona metropolitana.

Acosta Díaz de León en cuanto a servicios de hemodiálisis, precisó que se brinda atención a 257 pacientes con 40 máquinas, instaladas en los municipios de Tamazunchale, Soledad, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, y el Hospital Central; sin embargo, resulta insuficiente se han presentado 43 amparos en un día, obligando al estado a dar el beneficio, y se aborda la necesidad de duplicar el número de máquinas, por lo cual es importante afianzar la prevención de enfermedades renales.

Acosta Díaz de León en cuanto a las vacunas manifestó que se cuenta con la cartilla de vacunación para menores de 6 años en un 90 por ciento, aunque existió un periodo de desabasto de vacunas de nivel federal,  incluyendo la de la Hepatitis A, Viruela, y en el caso de la vacuna de tétanos existe un desabasto mundial por problemas de producción.

El titular de los servicios de Salud sobre la situación de COVID-19 informó que se logró contener la cuarta y quinta ola, mediante los esquemas de vacunación y la realización de pruebas masivas, mencionó que se espera una sexta ola para los meses de enero o febrero, por lo cual se mantendrán las acciones de prevención y de vacunas; en relación a las acciones de prevención de otras enfermedades como viruela del mono, y de prevención de vectores para contagios de dengue, entre otros, detalló que en este año, se otorgaron más de 1 millón 200 mil   primeras y segundas dosis para personas de 18 años y más; 262 mil 405 en adolescentes de 12 a 17 años, y 111 639 en niñas y niños de 5 a 11 años de edad.

En lo relacionado a acciones para salud mental, indicó que se cuenta con 7 unidades abastecidas con psicólogo, trabajo social y personal de apoyo, que ha trabajado principalmente los temas referentes a prevención de suicidio, depresión, ansiedad, incrementando las adicciones a drogas, tabaco, y alcohol. Respecto a la revisión de los centros de rehabilitación, manifestó que deben contar con una licencia sanitaria por parte de la Secretaría de Salud participa por medio de la COEPRIS, Protección Civil municipal y el ayuntamientos, para contar con las 3 autorizaciones.

La legisladora Bernarda Reyes Hernández indicó que es necesario fortalecer las acciones de salud materna, y de apoyo a parteras; a lo que el funcionario indicó que en el último año se registraron 12 mujeres muertas, ocupando el lugar 24 a nivel nacional, lo que evidencia que es un problema que no se ha podido erradicar completamente, dijo que se cuenta con 7 parteras técnicas y 5 enfermeras especialistas perinatales, así como más de 100 parteras tradicionales en la zona huasteca, que se busca apoyen a prevenir problemas desde el embarazo hasta la atención al parto en las mujeres de la comunidad. 

En el tema de cáncer cervicouterino, Díaz de León mencionó que en el 2022 se registraron 61 casos nuevos  y  66 de cáncer de mama, afirmó se realizaron algunas acciones de digitalización y el Centro de Equidad y Género se comprometió a reemplazar material inservible. En cuanto a cáncer infantil, principalmente la leucemia, indicó que se han aplicado 41 mil 605 cédulas  de detección, y durante el 2022 se han detectado 30 casos; existen 393 casos activos que se encuentran en tratamiento o seguimiento

Los diputados Rubén Guajardo Barrera, René Oyarvide, Juan Francisco Aguilar  y Ulises Mendoza cuestionaron sobre la situación de ex titulares de la Secretaría de Salud que fueron denunciados por desvíos de recursos; el funcionario indicó que en el caso de la ex titular Mónica Rangel se denunció penalmente y se encontró un desvío por la compra de insumos para control de mosquitos de dengue en la zona huasteca, por lo que se logró un acuerdo reparatorio por un monto de 22 millones de pesos que ya ingresaron a las arcas de la Secretaría de Finanzas.

El otro ex funcionario sigue su proceso penal y  se realizan las acciones de responsabilidad administrativa contra estos ex funcionarios, ya que se encontraron adeudos por laudos laborales, juicios civiles y mercantiles que se han perdido;  destacó que en el Hospital Central se deben 114 millones de pesos de ISR en el 2020, y 26 millones de IMSS-INFONAVIT; expuso que de todas las situaciones, se dio cuenta a la Auditoría Superior del Estado quien sumó la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado para cumplimentar acciones de responsabilidad administrativa. 

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Congreso del Estado

Proponen castigar con 8 años de prisión a quien genere pánico con disparos o explosivos en SLP

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Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad

Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.

Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.

Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.

Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos,

o que el sujeto activo sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, de seguridad privada o de las fuerzas armadas.

Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.

El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.

La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis. 

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Diputado propone crear el Sistema Estatal de Cuidados en SLP

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Busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, realizado principalmente por mujeres

Por: Redacción

El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal de Cuidados de San Luis Potosí, con la que se busca hacer operativa la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado en la entidad.

La propuesta plantea la creación del Sistema Estatal de Cuidados y del Padrón Estatal de Cuidados, mecanismos que tendrían como objetivo coordinar políticas públicas dirigidas tanto a las personas que requieren apoyo para realizar sus actividades cotidianas como a quienes desempeñan labores de cuidado.

De acuerdo con la iniciativa, el sistema estaría integrado por instituciones públicas, municipios, familias, comunidad y sector privado, bajo un modelo de corresponsabilidad para atender las necesidades de cuidado de la población.

Entre los objetivos del proyecto se encuentra reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, visibilizar la aportación histórica que realizan principalmente las mujeres en esta labor y garantizar derechos tanto para las personas cuidadoras como para quienes requieren atención.

La propuesta también contempla establecer las bases para coordinar programas y políticas públicas en materia de cuidados, definir las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, así como promover la capacitación y profesionalización de las personas cuidadoras.

Asimismo, busca impulsar un cambio cultural que fomente la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y elimine estereotipos de género asociados a estas actividades.

El legislador señaló que la iniciativa fue estructurada para dotar al estado de un marco jurídico que permita implementar de manera efectiva el derecho al cuidado reconocido recientemente en la Constitución local.

El proyecto fue turnado a las comisiones de Salud y Asistencia Social y Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.

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Congreso del Estado

Buscan reformar la ley para la prevención, tratamiento y control de las adicciones en el estado

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Se pretende garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva: dip. Luis Felipe Castro

Por: Redacción

Con la finalidad de hacer eficientes las acciones de rehabilitación de adicciones, el diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa que busca reformar la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado en sus artículos 23 y 35.

El legislador indicó que con estas reformas, se busca armonizar el ordenamiento local con la Ley General de Salud, para eliminar el estigma y garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva.

En su exposición de motivos, el diputado señala que la evidencia clínica establece que las adicciones a sustancias psicoactivas, no son eventos aislados de la conducta, sino trastornos de la salud mental con bases neurobiológicas, como de hecho ya es contemplado en la Ley General de Salud.

La iniciativa de reforma a la Ley estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, busca transitar de un modelo de “control social” a uno de “derecho a la salud”. Se señala que la terminología “Prevención y Control” sugiere una vigilancia sobre el individuo, y lo que la propuesta busca es posicionar al paciente como un sujeto de derechos.

En lo que se refiere a la especialización del personal profesional que tiene contacto con pacientes consumidores de sustancias psicoactivas

, se propone que el tema se centre en la capacitación médica y su validación respecto de conocimientos concretos para el tratamiento del síndrome por abstinencia; se propone que los directivos encargados d centros de atención, sean auxiliados por médicos capacitados en toxicología y crisis de abstinencia para asegurar que la atención en crisis sea científica, que hagan valoración médica y referencia hospitalaria cuando la condición clínica del paciente así lo requiera.

Por otra parte, la iniciativa propone la integración de un Padrón Público de Establecimientos Residenciales de Tratamiento, el cual deberá estar disponible y actualizado en la página electrónica oficial de la Secretaría de Salud del Estado.

El legislador indica que esta medida no solo faculta a la ciudadanía para tomar decisiones informadas en momentos de crisis familiar, sino que funciona como un mecanismo de control social y fiscalización activa sobre la legalidad de dichos espacios.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Salud y Asistencia Social.

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