Congreso del Estado
Secretario de Finanzas compareció ante el Congreso de SLP
González Martínez acudió a la última ronda de la glosa del informe por el primer año de gobierno de Ricardo Gallardo
Por: Redacción
Jesús Salvador González Martínez, titular de la secretario de Finanzas (Sefin) del gobierno del estado de San Luis Potosí, acudió a la segunda comparecencia de la última ronda, donde las y los legisladores locales tuvieron posibilidad de ampliar la información de la dependencia a cargo del funcionario estatal, principalmente en temas como la contratación de un crédito quirografario, el déficit financiero recibido por la anterior administración en la secretaría de Educación, y el programa de placas gratuitas.
Alejandro Leal Tovías, diputado local, cuestionó el funcionamiento de las ventanillas de atención durante la contingencia sanitaria , a lo que González Martínez respondió que se redujo la plantilla laboral y se han emitido 400 mil placas, además de módulos móviles que no existían.
El diputado Alejandro Leal Tovías preguntó sobre el funcionamiento de las ventanillas en atención al pública por la pandemia; el secretario Jesús Salvador González respondió que de 780 trabajadores al inicio de la gestión se redujo en 100 la plantilla y así, se han emitido 400 mil placas y en zonas lejanas se pusieron en funcionamiento módulos móviles que no existían.
La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán le preguntó sobre el apoyo a las preparatorias por cooperación y los centros de bachillerato comunitario, que no han recibido los recursos completos; a lo que el titular de la Sefin dijo que el déficit con que se recibieron estos entes fue de 17.5 y 9 millones de pesos respectivamente, y se les administran recursos propios del estado, no federales, como van llegando. De 26 millones entre ambos, se les adeudan no más de 15 millones de pesos.
La legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón preguntó sobre las condiciones financieras del sector educativo; y Salvador González respondió que el déficit inicial era de 10 mil millones de pesos, por adeudos con el ISSSTE por ejemplo de 2,100 millones, que actualizados son 2,400 y como están de garantías las participaciones federales, en agosto se iban a descontar 38 millones de pesos, que finalmente se mantuvieron en las arcas por gestiones del gobernador del estado.
La congresista Dolores Eliza García Román preguntó sobre los programas de licencias y placas gratis y el combate al “coyotaje”; y el secretario de Finanzas dijo que la dependencia a su cargo tiene 40 oficinas recaudadoras con 600 empleados, de los cuales el 90 por ciento son los mismos que venían prestando sus servicios antes de esta administración; los actos de corrupción se combaten junto con las autoridades.
González Martínez detalló que en un año se prestaron 750 mil servicios, con lo que se cubrió el plaqueo del 50 por ciento del parque vehicular, y se generaron ingresos que no se tenía antes por derecho de control vehicular, pues si se dejaron de percibir 65 millones de pesos, ingresaron más de 300 millones por el otro concepto. El diputado René Oyarvide Ibarra abundó sobre el tema de los ingresos y la respuesta fue que, gracias al tema de las placas y al aumento del 2.5 al 3.0 por ciento en el impuesto sobre nómina, los ingresos propios adicionales crecieron un 33 por ciento al llegar a 1,900 millones con proyección de 600 millones más en lo que resta del año.
El tema de los adeudos con Telesecundarias fue abordaron por los diputados María Claudia Tristán Alvarado y Edmundo Torrescano Medina; y el funcionario estatal dijo que no se paga con recursos federales la totalidad, sólo 700 millones de mil 400 millones que cuesta, pero la Federación no acepta cubrir el 100 por ciento por contraprestaciones desproporcionadas. Sobre el “coyotaje” reiteró que hay 10 denuncias interpuestas.
A la legisladora Emma Saldaña le respondió que el manejo de la deuda ha sido responsable; asciende a 3,600 millones de pesos a largo plazo, la cual es manejable para el presupuesto total del gobierno. Prometió que habrá apoyos para la Cruz Roja y H. Cuerpo de Bomberos.
La legisladora Gabriela Martínez Lárraga preguntó sobre el costo del crédito quirografario de 1,500 millones de pesos contratado a inicios de la administración, para hacer frente a la grave situación financiera heredada y los recursos destinados al uso de aeronaves. Le respondió que del crédito ya solo se deben 210 millones de pesos y las aeronaves su usan para tareas de seguridad y como ambulancias aéreas.
El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno preguntó sobre los apoyos a personas con discapacidad y la respuesta fue que se está analizando el convenio con la Federación, mientras que a la diputada Bernarda Reyes Hernández le dijo que se da servicios a los habitantes de comunidades alejadas, a través de módulos móviles pues en comunidades no hay tecnología ni instalaciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima.
Jesús Salvador González Martínez habló sobre las proyecciones presupuestales para 2023, y dijo que en el Ramo 28 este año se ejercen 21,392 millones de pesos pero la Secretaría de Hacienda destinará 25,497. En el Ramo 33, se ejercen 21,351 millones de pesos y en el proyecto de egresos 2023 se estiman para San Luis 23,633 millones de pesos, lo que significan 2,282 millones más que este año, es decir, un aumento del 10 por ciento. En suma, San Luis recibiría 6,387 millones de pesos más que en 2022 lo que será un panorama alentador porque se refleja en apoyo a los municipios para obras de infraestructura y combatir el rezago.
El diputado Eloy Franklin Sarabia planteó los problemas del gobierno por adeudos derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y el titular de Sefin señaló que se ha logrado despresurizar esa situación debido a los adeudos de tres créditos fiscales firmes, principalmente dos con el SAT. Se está pagando uno de 400 millones de pesos y cuando concluya, se empezará a pagar otro de 900 millones gracias a un convenio.
La diputada Patricia Aradillas Aradillas preguntó sobre la presunta falta de apoyo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). En el primer caso, señaló el secretario que la Máxima Casa de Estudios ejerce dos mil 450 millones de pesos anuales de los cuales 280 millones son aportaciones estatales y se ha cumplido con la transmisión de los mismos, con un convenio para aportar recursos adicionales en el cierre del ejercicio fiscal, ya que la Federación aportará 66 millones y el estado 11 millones. Al Ceepac se le presupuestaron 180 millones, de los que ya se le pagaron 137 y lo que falta será transferido en los próximos meses.
El legislador Mauricio Ramírez Konishi preguntó sobre el impacto inflacionario que viene y que no estaría contemplado en el presupuesto 2023, afectando a los trabajadores al servicio del estado. “Estamos en el análisis de ese impacto en el capítulo 1000 de sueldos y salarios y si el presupuesto no refleja incremento, no es porque no se haya tomado en cuenta la inflación o la actualización sino por las economía que estamos realizando”.
En su exposición inicial, el secretario de Finanzas Jesús Salvador González Martínez manifestó que los pasivos encontrados al inicio de la Administración fueron de aproximadamente 19,400 millones de pesos, de los cuales, la Deuda Pública Bancaria a Largo Plazo se encontraba en 3,609 millones de pesos. Existía una presión de gasto con temas educativos como el de Telesecundarias, Colegios de Bachilleres, Pensiones y Organismos Públicos Descentralizados, así como el desbalance financiero en la Secretaría de Salud.
“El pasado mes de diciembre, se tomó la decisión de contratar un crédito quirografario por un monto de 1,500 millones de pesos, para solventar gastos de nómina y demás prestaciones de fin de año, como estrategia para que la operatividad de la administración no se detuviera. El saldo de este crédito quirografario a corto plazo al 30 de septiembre del presente año es de 210 millones de pesos. Para el cierre del año 2021, la administración anterior tan sólo dejó en las arcas estatales 350 millones de pesos, comprometidos a pagar en nómina inmediata”.
Una de las medidas tomadas por la Secretaría de Finanzas desde el inicio de la administración, y ante la afectación del balance presupuestario que dejó el gobierno anterior, fue la contención del gasto de operación. Como estrategia inmediata, se instauró en todas y cada una de las dependencias tanto en las públicas centralizadas como descentralizadas, disciplina en la aplicación del gasto.
Así mismo, con la aprobación del pleno, se reformó la Ley de Hacienda del Estado, actualizando la tasa de Impuesto Sobre Nómina al pasar del 2.5 al 3%, con lo que se han obtenido ingresos adicionales de alrededor de 480 millones de pesos al mes de septiembre. Cabe mencionar que de enero a septiembre del presente año se han recaudado 1,930 millones de pesos de impuestos sobre nómina que representan el 33% más de lo recaudado en el mismo período de tiempo del año anterior.
“Diversas acciones puestas en marcha desde el primer día de este Gobierno han permitido tener un incremento muy considerable en inversión pública. Reflejo de ello es el avance en materia de inversión en infraestructura. Esto se ve reflejado en las obras emblemáticas de la administración del Señor Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, por mencionar algunas tenemos el Circuito Potosí, la remodelación de las instalaciones del Parque Tangamanga 1 y 2 así como la remodelación de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Lo anterior fue posible por el incremento en inversión, ya que invertimos alrededor de 7,000 millones de pesos, comparado con los 840 millones de pesos que se invirtieron en el último año de la pasada administración”, señaló.
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Congreso del Estado
Congreso endurece castigo por despojo y por retener pacientes por deudas
El despojo se castigará con dos a siete años de prisión, y la pena crece si se usan documentos falsos o participa un servidor público
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad aumentar las penas por despojo, que ahora será castigado con dos a siete años de prisión. En la misma sesión ordinaria también endureció el castigo para los directivos de hospitales y clínicas que retengan a pacientes, a recién nacidos o un cuerpo por adeudos.
Ambas reformas modifican el Código Penal del Estado, la ley que define qué conductas son delito y qué castigo les corresponde.
Qué cambia con el despojo
El despojo es el delito de ocupar o quedarse con una casa, un terreno o cualquier inmueble ajeno sin tener derecho a ello, ya sea por la fuerza o con engaños. Con la reforma al artículo 227, quien lo cometa enfrentará de dos a siete años de cárcel y una multa de 100 a 500 días de UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización, una cifra de referencia que se usa para calcular multas en lugar del sa lario mínimo.
Además, con el nuevo artículo 228 BIS, la pena podrá crecer hasta la mitad en sus mínimos y máximos en estos casos:
- Cuando se simulen actos de autoridad.
- Cuando se use documentación falsa.
- Cuando la víctima sea un ascendiente (madre, padre, abuelos) o una persona adulta mayor.
- Cuando participe un servidor público. En ese caso, además, será destituido e inhabilitado para trabajar en el gobierno durante el mismo tiempo que dure su condena de prisión.
Hospitales que retengan por deudas
La segunda reforma, al artículo 248, fija penas de dos a seis años de prisión y multas de 60 a 200 días de UMA para los directores, encargados o administradores de hospitales, clínicas o sanatorios, públicos o privados, que:
- Impidan la salida de un paciente cuando él o sus familiares lo pidan, con el argumento de que hay deudas pendientes.
- Retengan sin necesidad a un recién nacido por ese mismo motivo.
- Retrasen o nieguen la entrega de un cuerpo, salvo cuando se requiera una orden de autoridad.
En la misma sesión, el Congreso aprobó otras reformas, entre ellas el uso obligatorio de casco en scooters eléctricos y nuevas reglas para declarar la presunción de muerte de personas desaparecidas.
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Congreso del Estado
Propuesta de 3 mil mdp para transporte debe venir de la SCT, no de concesionarios: Serrano
El diputado dijo que esperará a que la secretaría se pronuncie sobre cualquier propuesta de los concesionarios
Por: Redacción
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, dijo que una propuesta de casi 3 mil millones de pesos para mejorar el transporte urbano en 2027 “sí parece elevada”, y que antes de discutirla debe presentarla la secretaría responsable, no los concesionarios.
“Yo creo que toda propuesta hay que revisarla, pero de entrada yo sí considero que existen muchas otras necesidades sociales por atender”, afirmó.
Serrano dijo que la cantidad podría ser “mucho, mucho, mucho menos”, y que aun así tendría que llegar al Congreso como parte de una valoración de la política pública que quiera aplicar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“No son propietarios”
El legislador recordó que el transporte público es una obligación del Estado, que da concesiones a particulares para que presten el servicio. “Las concesiones son potestad del Estado, no son propiedad de los concesionarios. Por eso son concesiones, no son propietarios de ellas”, dijo.
Agregó que el Estado tiene la obligación de aportar al transporte, pero insistió en que esperará a que la SCT se pronuncie sobre “cualquier propuesta que venga de concesionarios” y que la incluya en una propuesta global para el próximo año.
Gratuidad y presupuesto
Serrano reconoció que el Gobierno del Estado “está haciendo un esfuerzo” para que el transporte público sea gratuito, y dijo que ya existe “todo un mecanismo” que subsidia ese servicio. Con la tarjeta Mi Pase, estudiantes y adultos mayores viajan gratis en el transporte público, incluido el concesionado.
El diputado señaló que el tema será parte de la discusión del Presupuesto de Egresos 2027. “Ya empezamos hoy a hablar del tema. Ya muy pronto vamos a verlo”, dijo.
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Congreso del Estado
Relaciones familiares de una mujer no retiran derecho a competir: Serrano
El coordinador del Verde en el Congreso dijo que quien cumple los requisitos de ley tiene derecho a registrarse
Por: Redacción
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, defendió el derecho de la senadora Ruth González Silva a participar en el proceso electoral de 2027 si así lo decide, y sostuvo que el término nepotismo “no tiene una relación de forma directa” con su caso.
Serrano recordó que la senadora ha dicho que esperará los tiempos electorales para tomar una decisión y que esta “es exclusivamente de ella”.
“Si tú te puedes registrar y puedes participar en un proceso electoral es porque cumpliste previamente con los requisitos que la ley establece. No veo por qué se te negaría el derecho a participar si así lo decides”, afirmó.
“La esposa de”
Serrano dijo que se le ha dado “una connotación totalmente distinta” a la palabra nepotismo, que en términos jurídicos, explicó, no impide que una mujer participe por tener una relación familiar. El nepotismo es dar cargos o beneficios a familiares desde una posición de poder.
El legislador recordó la Epístola de Melchor Ocampo, un texto que durante décadas se leyó en las bodas civiles, y dijo que antes la mujer “pasaba a ser de” su esposo, algo que “se ha venido anulando” y que considera un avance en los derechos de las mujeres.
Agregó que la senadora considera violencia política en razón de género que se le ubique “como la esposa de, y no con su valor propio”. La violencia política en razón de género son los actos que buscan limitar o anular los derechos políticos de una mujer por el hecho de ser mujer.
“No las exime”
“Hay una gran cantidad de expresiones que a mi juicio contienen violencia política de género, y bueno, pues las mujeres que lo hacen no las exime de que tengan responsabilidad”, dijo Serrano.
Advirtió que las denuncias por violencia política “también limitan las participaciones políticas de quienes las hacen”, es decir, de quienes emiten esas expresiones.
El informe de la senadora
Este lunes, en su Segundo Informe como senadora, González Silva dijo que ha sido blanco de “mentiras, de señalamientos, de críticas” contra ella, su familia y su género, y negó haber dicho que quiera participar en la elección de 2027. Sostuvo que ninguna mujer debe ser excluida de la vida pública por sus vínculos familiares.
Serrano calificó ese mensaje como “contundente en cuanto a los derechos de las mujeres”.
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