noviembre 8, 2026

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Congreso del Estado

Secretario de Finanzas compareció ante el Congreso de SLP

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González Martínez acudió a la última ronda de la glosa del informe por el primer año de gobierno de Ricardo Gallardo

Por: Redacción

Jesús Salvador González Martínez, titular de la secretario de Finanzas (Sefin) del gobierno del estado de San Luis Potosí, acudió a la segunda comparecencia de la última ronda, donde las y los legisladores locales tuvieron posibilidad de ampliar la información de la dependencia a cargo del funcionario estatal, principalmente en temas como la contratación de un crédito quirografario, el déficit financiero recibido por la anterior administración en la secretaría de Educación, y el programa de placas gratuitas.

Alejandro Leal Tovías, diputado local, cuestionó el funcionamiento de las ventanillas de atención durante la contingencia sanitaria , a lo que González Martínez respondió que se redujo la plantilla laboral y se han emitido 400 mil placas, además de módulos móviles que no existían.

El diputado Alejandro Leal Tovías preguntó sobre el funcionamiento de las ventanillas en atención al pública por la pandemia; el secretario Jesús Salvador González respondió que de 780 trabajadores al inicio de la gestión se redujo en 100 la plantilla y así, se han emitido 400 mil placas y en zonas lejanas se pusieron en funcionamiento módulos móviles que no existían.

La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán le preguntó sobre el apoyo a las preparatorias por cooperación y los centros de bachillerato comunitario, que no han recibido los recursos completos; a lo que el titular de la Sefin dijo que el déficit con que se recibieron estos entes fue de 17.5 y 9 millones de pesos respectivamente, y se les administran recursos propios del estado, no federales, como van llegando. De 26 millones entre ambos, se les adeudan no más de 15 millones de pesos.

La legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón preguntó sobre las condiciones financieras del sector educativo; y Salvador González respondió que el déficit inicial era de 10 mil millones de pesos, por adeudos con el ISSSTE por ejemplo de 2,100 millones, que actualizados son 2,400 y como están de garantías las participaciones federales, en agosto se iban a descontar 38 millones de pesos, que finalmente se mantuvieron en las arcas por gestiones del gobernador del estado.

La congresista Dolores Eliza García Román preguntó sobre los programas de licencias y placas gratis y el combate al “coyotaje”; y el secretario de Finanzas dijo que la dependencia a su cargo tiene 40 oficinas recaudadoras con 600 empleados, de los cuales el 90 por ciento son los mismos que venían prestando sus servicios antes de esta administración; los actos de corrupción se combaten junto con las autoridades.

González Martínez detalló que en un año se prestaron 750 mil servicios, con lo que se cubrió el plaqueo del 50 por ciento del parque vehicular, y se generaron ingresos que no se tenía antes por derecho de control vehicular, pues si se dejaron de percibir 65 millones de pesos, ingresaron más de 300 millones por el otro concepto. El diputado René Oyarvide Ibarra abundó sobre el tema de los ingresos y la respuesta fue que, gracias al tema de las placas y al aumento del 2.5 al 3.0 por ciento en el impuesto sobre nómina, los ingresos propios adicionales crecieron un 33 por ciento al llegar a 1,900 millones con proyección de 600 millones más en lo que resta del año.

El tema de los adeudos con Telesecundarias fue abordaron por los diputados María Claudia Tristán Alvarado y Edmundo Torrescano Medina; y el funcionario estatal dijo que no se paga con recursos federales la totalidad, sólo 700 millones de mil 400 millones que cuesta, pero la Federación no acepta cubrir el 100 por ciento por contraprestaciones desproporcionadas. Sobre el “coyotaje” reiteró que hay 10 denuncias interpuestas.

A la legisladora Emma Saldaña le respondió que el manejo de la deuda ha sido responsable; asciende a 3,600 millones de pesos a largo plazo, la cual es manejable para el presupuesto total del gobierno. Prometió que habrá apoyos para la Cruz Roja y H. Cuerpo de Bomberos.

La legisladora Gabriela Martínez Lárraga preguntó sobre el costo del crédito quirografario de 1,500 millones de pesos contratado a inicios de la administración, para hacer frente a la grave situación financiera heredada y los recursos destinados al uso de aeronaves. Le respondió que del crédito ya solo se deben 210 millones de pesos y las aeronaves su usan para tareas de seguridad y como ambulancias aéreas.

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno preguntó sobre los apoyos a personas con discapacidad y la respuesta fue que se está analizando el convenio con la Federación, mientras que a la diputada Bernarda Reyes Hernández le dijo que se da servicios a los habitantes de comunidades alejadas, a través de módulos móviles pues en comunidades no hay tecnología ni instalaciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima.

Jesús Salvador González Martínez habló sobre las proyecciones presupuestales para 2023, y dijo que en el Ramo 28 este año se ejercen 21,392 millones de pesos pero la Secretaría de Hacienda destinará 25,497. En el Ramo 33, se ejercen 21,351 millones de pesos y en el proyecto de egresos 2023 se estiman para San Luis 23,633 millones de pesos, lo que significan 2,282 millones más que este año, es decir, un aumento del 10 por ciento. En suma, San Luis recibiría 6,387 millones de pesos más que en 2022 lo que será un panorama alentador porque se refleja en apoyo a los municipios para obras de infraestructura y combatir el rezago.

El diputado Eloy Franklin Sarabia planteó los problemas del gobierno por adeudos derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y el titular de Sefin señaló que se ha logrado despresurizar esa situación debido a los adeudos de tres créditos fiscales firmes, principalmente dos con el SAT. Se está pagando uno de 400 millones de pesos y cuando concluya, se empezará a pagar otro de 900 millones gracias a un convenio.

La diputada Patricia Aradillas Aradillas preguntó sobre la presunta falta de apoyo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). En el primer caso, señaló el secretario que la Máxima Casa de Estudios ejerce dos mil 450 millones de pesos anuales de los cuales 280 millones son aportaciones estatales y se ha cumplido con la transmisión de los mismos, con un convenio para aportar recursos adicionales en el cierre del ejercicio fiscal, ya que la Federación aportará 66 millones y el estado 11 millones. Al Ceepac se le presupuestaron 180 millones, de los que ya se le pagaron 137 y lo que falta será transferido en los próximos meses.

El legislador Mauricio Ramírez Konishi preguntó sobre el impacto inflacionario que viene y que no estaría contemplado en el presupuesto 2023, afectando a los trabajadores al servicio del estado. “Estamos en el análisis de ese impacto en el capítulo 1000 de sueldos y salarios y si el presupuesto no refleja incremento, no es porque no se haya tomado en cuenta la inflación o la actualización sino por las economía que estamos realizando”.

En su exposición inicial, el secretario de Finanzas Jesús Salvador González Martínez manifestó que los pasivos encontrados al inicio de la Administración fueron de aproximadamente 19,400 millones de pesos, de los cuales, la Deuda Pública Bancaria a Largo Plazo se encontraba en 3,609 millones de pesos. Existía una presión de gasto con temas educativos como el de Telesecundarias, Colegios de Bachilleres, Pensiones y Organismos Públicos Descentralizados, así como el desbalance financiero en la Secretaría de Salud.

“El pasado mes de diciembre, se tomó la decisión de contratar un crédito quirografario por un monto de 1,500 millones de pesos, para solventar gastos de nómina y demás prestaciones de fin de año, como estrategia para que la operatividad de la administración no se detuviera. El saldo de este crédito quirografario a corto plazo al 30 de septiembre del presente año es de 210 millones de pesos. Para el cierre del año 2021, la administración anterior tan sólo dejó en las arcas estatales 350 millones de pesos, comprometidos a pagar en nómina inmediata”.

Una de las medidas tomadas por la Secretaría de Finanzas desde el inicio de la administración, y ante la afectación del balance presupuestario que dejó el gobierno anterior, fue la contención del gasto de operación. Como estrategia inmediata, se instauró en todas y cada una de las dependencias tanto en las públicas centralizadas como descentralizadas, disciplina en la aplicación del gasto.

Así mismo, con la aprobación del pleno, se reformó la Ley de Hacienda del Estado, actualizando la tasa de Impuesto Sobre Nómina al pasar del 2.5 al 3%, con lo que se han obtenido ingresos adicionales de alrededor de 480 millones de pesos al mes de septiembre. Cabe mencionar que de enero a septiembre del presente año se han recaudado 1,930 millones de pesos de impuestos sobre nómina que representan el 33% más de lo recaudado en el mismo período de tiempo del año anterior.

“Diversas acciones puestas en marcha desde el primer día de este Gobierno han permitido tener un incremento muy considerable en inversión pública. Reflejo de ello es el avance en materia de inversión en infraestructura. Esto se ve reflejado en las obras emblemáticas de la administración del Señor Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, por mencionar algunas tenemos el Circuito Potosí, la remodelación de las instalaciones del Parque Tangamanga 1 y 2 así como la remodelación de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Lo anterior fue posible por el incremento en inversión, ya que invertimos alrededor de 7,000 millones de pesos, comparado con los 840 millones de pesos que se invirtieron en el último año de la pasada administración”, señaló.

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Congreso del Estado

Congreso exhorta al IMSS-Bienestar a garantizar desconexión digital de su personal

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El Punto de Acuerdo de la diputada Sara Rocha pide un protocolo para que la capacitación se haga dentro del horario laboral

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo de la diputada Ma. Sara Rocha Medina que exhorta a la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí a implementar medidas que garanticen los derechos laborales y eviten presiones al personal para atender actividades y comunicaciones fuera de su jornada de trabajo.

El exhorto plantea un Protocolo Institucional de Capacitación Virtual y Desconexión Digital, para que las actividades de actualización y formación se programen formalmente, se notifiquen por canales oficiales y se realicen estrictamente dentro del horario laboral.

Rocha Medina destacó que también se busca que se investiguen, vigilen y sancionen las conductas de mandos medios y superiores que incurran en presiones indebidas, hostigamiento laboral o amenazas de retirar apoyos económicos o bonos, o de aplicar sanciones, al personal por no atender comunicaciones fuera de horario o por aplicaciones de mensajería no oficiales, como WhatsApp.

El Punto de Acuerdo contempla además auditorías e inspecciones en materia de la NOM-035-STPS-2018

para evaluar los niveles de estrés y violencia laboral relacionados con las cargas de trabajo digitales e informales en los centros de trabajo.

La diputada advirtió que la falta de regulación formal y la normalización del uso de herramientas digitales informales vulneran los derechos de las y los trabajadores. Expuso que la capacitación, cuyo propósito debe ser fortalecer la productividad y el desarrollo humano del personal, no puede convertirse en un mecanismo para aprovechar indebidamente el tiempo libre.

Consideró inadmisible que, con el argumento del uso de nuevas tecnologías, se justifiquen prácticas laborales que eliminen los límites entre el tiempo de trabajo y el que corresponde a la vida personal, familiar y social de los empleados.

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Congreso del Estado

Congreso alista reglas para veterinarios en favor del bienestar animal

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El dictamen de la Comisión de Ecología también crea un comité técnico y obliga a llevar expedientes clínicos

Por: Redacción

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma la Ley de Protección a los Animales de San Luis Potosí para fijar reglas a quienes ejercen la medicina veterinaria. Un dictamen es el documento con el que una comisión aprueba una propuesta antes de que la vote el Pleno.

La reforma la impulsaron la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez y el médico veterinario Antonio Muñoz Ramos. Busca que la protección de los animales “no se limite a sancionar el maltrato una vez que ocurre, sino también prevenir el sufrimiento y promover una atención veterinaria responsable”, explicó la legisladora.

Obligación de avisar

Si se aprueba, los veterinarios tendrían que informar a las autoridades cuando detecten posibles casos de maltrato o crueldad animal, siempre que tengan elementos objetivos para sostenerlo. También tendrían que reportar las enfermedades de notificación obligatoria, que son las que deben avisarse a las autoridades sanitarias por el riesgo de contagio, y los posibles casos de usurpación de funciones, es decir, personas que ejercen la profesión sin estar autorizadas.

Además, deberían mantener actualizados sus conocimientos y expedir documentos solo sobre procedimientos que hayan hecho o verificado.

Expedientes y consentimiento

El dictamen contempla el consentimiento informado, que es la autorización que da el dueño del animal después de que se le explica un tratamiento, y la obligación de integrar y conservar expedientes clínicos.

También prohíbe prácticas veterinarias que impliquen maltrato, crueldad o sufrimiento innecesario, sin impedir tratamientos o cirugías médicamente necesarios.

Un comité técnico

La reforma crea un Comité Técnico para el Bienestar Animal y el Ejercicio Profesional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, ligado al Consejo Consultivo Mixto que ya existe en la ley. Podrá aportar conocimientos, promover capacitación y emitir recomendaciones, pero no podrá expedir cédulas, inspeccionar establecimientos ni imponer sanciones.

El dictamen pasará al Pleno del Congreso para su análisis y votación.

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Congreso del Estado

Serrano estima que hay solo del 15 al 20% de “antigallardistas”

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Calificó de “absurda” la postura de Enrique Galindo por promover ese bloque y aseguró que 7 de cada 10 potosinos aprueban la gestión de RGC

Por: Redacción

El coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, calificó de “mala estrategia” que el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, busque encabezar un bloque antigallardista.

Serrano respondió así al ser cuestionado por la gira que Galindo hizo por la Huasteca potosina, donde el alcalde dijo que el movimiento que encabeza puede llamarse “antigallardista o antinepotista” y que se opone a que la sucesión en el Gobierno del Estado quede en manos de la familia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Galindo se había colocado desde finales de septiembre como opción para 2027 frente al gallardismo. En el recorrido, dijo, se reunió con distintos grupos y encontró peticiones de salud

y de seguridad, además de “cierta desconfianza en la Guardia Civil”, cuyos elementos calificó como “una extraordinaria policía”.

Sobre ese planteamiento, el legislador dijo que el presidente del partido del alcalde ya le había advertido que sería una mala estrategia. Añadió que le parece absurdo que Galindo trate de promover ese bloque cuando, según afirmó, el gobernador tiene calificaciones en las que siete de cada diez potosinos respaldan su gestión.

Serrano estimó que, si se habla de 15 o 20 por ciento de antigallardistas, “el tema está resuelto”.

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Opinión

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