Congreso del Estado
Secretario de Finanzas compareció ante el Congreso de SLP
González Martínez acudió a la última ronda de la glosa del informe por el primer año de gobierno de Ricardo Gallardo
Por: Redacción
Jesús Salvador González Martínez, titular de la secretario de Finanzas (Sefin) del gobierno del estado de San Luis Potosí, acudió a la segunda comparecencia de la última ronda, donde las y los legisladores locales tuvieron posibilidad de ampliar la información de la dependencia a cargo del funcionario estatal, principalmente en temas como la contratación de un crédito quirografario, el déficit financiero recibido por la anterior administración en la secretaría de Educación, y el programa de placas gratuitas.
Alejandro Leal Tovías, diputado local, cuestionó el funcionamiento de las ventanillas de atención durante la contingencia sanitaria , a lo que González Martínez respondió que se redujo la plantilla laboral y se han emitido 400 mil placas, además de módulos móviles que no existían.
El diputado Alejandro Leal Tovías preguntó sobre el funcionamiento de las ventanillas en atención al pública por la pandemia; el secretario Jesús Salvador González respondió que de 780 trabajadores al inicio de la gestión se redujo en 100 la plantilla y así, se han emitido 400 mil placas y en zonas lejanas se pusieron en funcionamiento módulos móviles que no existían.
La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán le preguntó sobre el apoyo a las preparatorias por cooperación y los centros de bachillerato comunitario, que no han recibido los recursos completos; a lo que el titular de la Sefin dijo que el déficit con que se recibieron estos entes fue de 17.5 y 9 millones de pesos respectivamente, y se les administran recursos propios del estado, no federales, como van llegando. De 26 millones entre ambos, se les adeudan no más de 15 millones de pesos.
La legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón preguntó sobre las condiciones financieras del sector educativo; y Salvador González respondió que el déficit inicial era de 10 mil millones de pesos, por adeudos con el ISSSTE por ejemplo de 2,100 millones, que actualizados son 2,400 y como están de garantías las participaciones federales, en agosto se iban a descontar 38 millones de pesos, que finalmente se mantuvieron en las arcas por gestiones del gobernador del estado.
La congresista Dolores Eliza García Román preguntó sobre los programas de licencias y placas gratis y el combate al “coyotaje”; y el secretario de Finanzas dijo que la dependencia a su cargo tiene 40 oficinas recaudadoras con 600 empleados, de los cuales el 90 por ciento son los mismos que venían prestando sus servicios antes de esta administración; los actos de corrupción se combaten junto con las autoridades.
González Martínez detalló que en un año se prestaron 750 mil servicios, con lo que se cubrió el plaqueo del 50 por ciento del parque vehicular, y se generaron ingresos que no se tenía antes por derecho de control vehicular, pues si se dejaron de percibir 65 millones de pesos, ingresaron más de 300 millones por el otro concepto. El diputado René Oyarvide Ibarra abundó sobre el tema de los ingresos y la respuesta fue que, gracias al tema de las placas y al aumento del 2.5 al 3.0 por ciento en el impuesto sobre nómina, los ingresos propios adicionales crecieron un 33 por ciento al llegar a 1,900 millones con proyección de 600 millones más en lo que resta del año.
El tema de los adeudos con Telesecundarias fue abordaron por los diputados María Claudia Tristán Alvarado y Edmundo Torrescano Medina; y el funcionario estatal dijo que no se paga con recursos federales la totalidad, sólo 700 millones de mil 400 millones que cuesta, pero la Federación no acepta cubrir el 100 por ciento por contraprestaciones desproporcionadas. Sobre el “coyotaje” reiteró que hay 10 denuncias interpuestas.
A la legisladora Emma Saldaña le respondió que el manejo de la deuda ha sido responsable; asciende a 3,600 millones de pesos a largo plazo, la cual es manejable para el presupuesto total del gobierno. Prometió que habrá apoyos para la Cruz Roja y H. Cuerpo de Bomberos.
La legisladora Gabriela Martínez Lárraga preguntó sobre el costo del crédito quirografario de 1,500 millones de pesos contratado a inicios de la administración, para hacer frente a la grave situación financiera heredada y los recursos destinados al uso de aeronaves. Le respondió que del crédito ya solo se deben 210 millones de pesos y las aeronaves su usan para tareas de seguridad y como ambulancias aéreas.
El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno preguntó sobre los apoyos a personas con discapacidad y la respuesta fue que se está analizando el convenio con la Federación, mientras que a la diputada Bernarda Reyes Hernández le dijo que se da servicios a los habitantes de comunidades alejadas, a través de módulos móviles pues en comunidades no hay tecnología ni instalaciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima.
Jesús Salvador González Martínez habló sobre las proyecciones presupuestales para 2023, y dijo que en el Ramo 28 este año se ejercen 21,392 millones de pesos pero la Secretaría de Hacienda destinará 25,497. En el Ramo 33, se ejercen 21,351 millones de pesos y en el proyecto de egresos 2023 se estiman para San Luis 23,633 millones de pesos, lo que significan 2,282 millones más que este año, es decir, un aumento del 10 por ciento. En suma, San Luis recibiría 6,387 millones de pesos más que en 2022 lo que será un panorama alentador porque se refleja en apoyo a los municipios para obras de infraestructura y combatir el rezago.
El diputado Eloy Franklin Sarabia planteó los problemas del gobierno por adeudos derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y el titular de Sefin señaló que se ha logrado despresurizar esa situación debido a los adeudos de tres créditos fiscales firmes, principalmente dos con el SAT. Se está pagando uno de 400 millones de pesos y cuando concluya, se empezará a pagar otro de 900 millones gracias a un convenio.
La diputada Patricia Aradillas Aradillas preguntó sobre la presunta falta de apoyo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). En el primer caso, señaló el secretario que la Máxima Casa de Estudios ejerce dos mil 450 millones de pesos anuales de los cuales 280 millones son aportaciones estatales y se ha cumplido con la transmisión de los mismos, con un convenio para aportar recursos adicionales en el cierre del ejercicio fiscal, ya que la Federación aportará 66 millones y el estado 11 millones. Al Ceepac se le presupuestaron 180 millones, de los que ya se le pagaron 137 y lo que falta será transferido en los próximos meses.
El legislador Mauricio Ramírez Konishi preguntó sobre el impacto inflacionario que viene y que no estaría contemplado en el presupuesto 2023, afectando a los trabajadores al servicio del estado. “Estamos en el análisis de ese impacto en el capítulo 1000 de sueldos y salarios y si el presupuesto no refleja incremento, no es porque no se haya tomado en cuenta la inflación o la actualización sino por las economía que estamos realizando”.
En su exposición inicial, el secretario de Finanzas Jesús Salvador González Martínez manifestó que los pasivos encontrados al inicio de la Administración fueron de aproximadamente 19,400 millones de pesos, de los cuales, la Deuda Pública Bancaria a Largo Plazo se encontraba en 3,609 millones de pesos. Existía una presión de gasto con temas educativos como el de Telesecundarias, Colegios de Bachilleres, Pensiones y Organismos Públicos Descentralizados, así como el desbalance financiero en la Secretaría de Salud.
“El pasado mes de diciembre, se tomó la decisión de contratar un crédito quirografario por un monto de 1,500 millones de pesos, para solventar gastos de nómina y demás prestaciones de fin de año, como estrategia para que la operatividad de la administración no se detuviera. El saldo de este crédito quirografario a corto plazo al 30 de septiembre del presente año es de 210 millones de pesos. Para el cierre del año 2021, la administración anterior tan sólo dejó en las arcas estatales 350 millones de pesos, comprometidos a pagar en nómina inmediata”.
Una de las medidas tomadas por la Secretaría de Finanzas desde el inicio de la administración, y ante la afectación del balance presupuestario que dejó el gobierno anterior, fue la contención del gasto de operación. Como estrategia inmediata, se instauró en todas y cada una de las dependencias tanto en las públicas centralizadas como descentralizadas, disciplina en la aplicación del gasto.
Así mismo, con la aprobación del pleno, se reformó la Ley de Hacienda del Estado, actualizando la tasa de Impuesto Sobre Nómina al pasar del 2.5 al 3%, con lo que se han obtenido ingresos adicionales de alrededor de 480 millones de pesos al mes de septiembre. Cabe mencionar que de enero a septiembre del presente año se han recaudado 1,930 millones de pesos de impuestos sobre nómina que representan el 33% más de lo recaudado en el mismo período de tiempo del año anterior.
“Diversas acciones puestas en marcha desde el primer día de este Gobierno han permitido tener un incremento muy considerable en inversión pública. Reflejo de ello es el avance en materia de inversión en infraestructura. Esto se ve reflejado en las obras emblemáticas de la administración del Señor Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, por mencionar algunas tenemos el Circuito Potosí, la remodelación de las instalaciones del Parque Tangamanga 1 y 2 así como la remodelación de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Lo anterior fue posible por el incremento en inversión, ya que invertimos alrededor de 7,000 millones de pesos, comparado con los 840 millones de pesos que se invirtieron en el último año de la pasada administración”, señaló.
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Congreso del Estado
Padres deberán ir a orientación obligatoria si sus hijos agreden a maestros
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformar la Ley de Educación para atender la violencia contra el personal educativo
Por: Redacción
Cuando un estudiante agreda a un maestro o a otro trabajador de su escuela, sus madres, padres o tutores deberán participar en procesos obligatorios de orientación y acompañamiento. Así lo establece una reforma a la Ley de Educación del Estado que el Congreso aprobó por unanimidad en sesión ordinaria.
La reforma agrega el artículo 83 Bis a la ley. Además de atender la violencia contra el personal docente, obliga a las escuelas a aplicar programas de formación en valores, cultura de paz, empatía y resolución pacífica de conflictos.
Qué deberán hacer las escuelas
En los casos en que un estudiante cometa actos de violencia contra el personal docente o educativo, las autoridades escolares deberán aplicar medidas formativas y correctivas “con enfoque educativo y restaurativo”. Se trata de que el estudiante entienda el daño y lo repare, más que de un castigo.
Si hubo daños, las autoridades deberán promover los mecanismos legales para que se reparen, conforme a la ley.
La reforma también pide a las escuelas que tengan acciones para prevenir, detectar a tiempo y atender la violencia escolar; que capaciten de forma continua a docentes y directivos en manejo de conflictos, y que tengan protocolos claros de actuación ante agresiones contra cualquier integrante de la comunidad educativa, en particular contra los maestros.
Otras reformas de la sesión
En la misma sesión, el Congreso aprobó la convocatoria para la Presea al Mérito Plan de San Luis 2026 y reformas para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin necesidad de un representante legal.
También aprobó reconocer la violencia digital contra las personas adultas mayores y definir en la ley qué es un evento deportivo masivo.
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Congreso del Estado
Badillo dijo que prefiere concientizar a alcaldes antes de sancionarlos
Cuauhtli Badillo dijo que primero deben tener voluntad y que después se podrán analizar reformas en el Congreso
Por: Redacción
Cuauhtli Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos por incumplir en materia de seguridad, aunque consideró prudente analizar en el Congreso reformas para empujar a los ayuntamientos.
Badillo dijo que el secretario de Seguridad del Estado le planteó propuestas de sanciones, pero que él no es partidario de “estrategias tan punitivas”. “Primero deben tener voluntad los alcaldes, las alcaldesas, y después ir aterrizando a otras estrategias”, afirmó.
El diputado reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo mínimo de 14 mil pesos para los policías municipales. La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija ese salario para los policías de los 59 municipios, con plazo que venció el 31 de agosto. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados.
Badillo dijo que muchos policías municipales ni siquiera están certificados y que lo primero es que todos tengan su Certificado Único Policial (CUP)
, con el que la Federación tiene certeza de que son confiables. Mientras los ayuntamientos no apoyen a sus policías, advirtió, “vamos a seguir viviendo estas problemáticas”. Añadió que los presidentes municipales deben hacer una estrategia e invertir más recursos.Dijo también que el año que entra entrará en vigor un cambio con el que las policías estatales y municipales tendrán tareas de investigación.
Badillo espera que el gobernador, que encabeza el Consejo de Seguridad, lo convoque a la brevedad para dar seguimiento a la reunión pasada, conocer las problemáticas y saber en dónde puede entrar la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y la Defensa Nacional.
Afirmó que hay buena coordinación entre el gobierno federal y el del Estado, pero que hace falta seguir exhortando a los alcaldes a apoyar a sus policías municipales.
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Congreso del Estado
Badillo solicitó reunión con Seguridad federal por operación Enjambre
Cuauhtli Badillo dijo que no hay un hecho concreto, pero que datos de la investigación apuntan a posibles vínculos
Por: Redacción
Cuauhtli Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, solicitó una reunión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México para conocer cómo va la operación Enjambre, ante datos de la investigación que, dijo, indican que algunos municipios de San Luis Potosí pueden estar recayendo en la delincuencia organizada.
Badillo aclaró que “no es un hecho concreto”, pero que “algunos datos de la investigación dan información de que pueden estar por ahí recayendo en la delincuencia organizada”.
La operación Enjambre es una estrategia del Gobierno de México que investiga la infiltración del crim en organizado en gobiernos municipales y que ha derivado en detenciones de alcaldes y policías en varios estados.
El diputado dijo que lo platicó con el secretario de Seguridad del Estado hace unos días, cuando acudió a la comparecencia, y que uno de los temas pendientes es la participación de las policías municipales en la Estrategia Nacional de Seguridad. Los policías municipales, recordó, son los principales respondientes de la seguridad en los ayuntamientos.
Badillo afirmó que en San Luis Potosí la estrategia “está dando el resultado”, pero que hay algunos ayuntamientos que “no están cumpliendo”.
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