Congreso del Estado
Secretario de Finanzas compareció ante el Congreso de SLP
González Martínez acudió a la última ronda de la glosa del informe por el primer año de gobierno de Ricardo Gallardo
Por: Redacción
Jesús Salvador González Martínez, titular de la secretario de Finanzas (Sefin) del gobierno del estado de San Luis Potosí, acudió a la segunda comparecencia de la última ronda, donde las y los legisladores locales tuvieron posibilidad de ampliar la información de la dependencia a cargo del funcionario estatal, principalmente en temas como la contratación de un crédito quirografario, el déficit financiero recibido por la anterior administración en la secretaría de Educación, y el programa de placas gratuitas.
Alejandro Leal Tovías, diputado local, cuestionó el funcionamiento de las ventanillas de atención durante la contingencia sanitaria , a lo que González Martínez respondió que se redujo la plantilla laboral y se han emitido 400 mil placas, además de módulos móviles que no existían.
El diputado Alejandro Leal Tovías preguntó sobre el funcionamiento de las ventanillas en atención al pública por la pandemia; el secretario Jesús Salvador González respondió que de 780 trabajadores al inicio de la gestión se redujo en 100 la plantilla y así, se han emitido 400 mil placas y en zonas lejanas se pusieron en funcionamiento módulos móviles que no existían.
La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán le preguntó sobre el apoyo a las preparatorias por cooperación y los centros de bachillerato comunitario, que no han recibido los recursos completos; a lo que el titular de la Sefin dijo que el déficit con que se recibieron estos entes fue de 17.5 y 9 millones de pesos respectivamente, y se les administran recursos propios del estado, no federales, como van llegando. De 26 millones entre ambos, se les adeudan no más de 15 millones de pesos.
La legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón preguntó sobre las condiciones financieras del sector educativo; y Salvador González respondió que el déficit inicial era de 10 mil millones de pesos, por adeudos con el ISSSTE por ejemplo de 2,100 millones, que actualizados son 2,400 y como están de garantías las participaciones federales, en agosto se iban a descontar 38 millones de pesos, que finalmente se mantuvieron en las arcas por gestiones del gobernador del estado.
La congresista Dolores Eliza García Román preguntó sobre los programas de licencias y placas gratis y el combate al “coyotaje”; y el secretario de Finanzas dijo que la dependencia a su cargo tiene 40 oficinas recaudadoras con 600 empleados, de los cuales el 90 por ciento son los mismos que venían prestando sus servicios antes de esta administración; los actos de corrupción se combaten junto con las autoridades.
González Martínez detalló que en un año se prestaron 750 mil servicios, con lo que se cubrió el plaqueo del 50 por ciento del parque vehicular, y se generaron ingresos que no se tenía antes por derecho de control vehicular, pues si se dejaron de percibir 65 millones de pesos, ingresaron más de 300 millones por el otro concepto. El diputado René Oyarvide Ibarra abundó sobre el tema de los ingresos y la respuesta fue que, gracias al tema de las placas y al aumento del 2.5 al 3.0 por ciento en el impuesto sobre nómina, los ingresos propios adicionales crecieron un 33 por ciento al llegar a 1,900 millones con proyección de 600 millones más en lo que resta del año.
El tema de los adeudos con Telesecundarias fue abordaron por los diputados María Claudia Tristán Alvarado y Edmundo Torrescano Medina; y el funcionario estatal dijo que no se paga con recursos federales la totalidad, sólo 700 millones de mil 400 millones que cuesta, pero la Federación no acepta cubrir el 100 por ciento por contraprestaciones desproporcionadas. Sobre el “coyotaje” reiteró que hay 10 denuncias interpuestas.
A la legisladora Emma Saldaña le respondió que el manejo de la deuda ha sido responsable; asciende a 3,600 millones de pesos a largo plazo, la cual es manejable para el presupuesto total del gobierno. Prometió que habrá apoyos para la Cruz Roja y H. Cuerpo de Bomberos.
La legisladora Gabriela Martínez Lárraga preguntó sobre el costo del crédito quirografario de 1,500 millones de pesos contratado a inicios de la administración, para hacer frente a la grave situación financiera heredada y los recursos destinados al uso de aeronaves. Le respondió que del crédito ya solo se deben 210 millones de pesos y las aeronaves su usan para tareas de seguridad y como ambulancias aéreas.
El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno preguntó sobre los apoyos a personas con discapacidad y la respuesta fue que se está analizando el convenio con la Federación, mientras que a la diputada Bernarda Reyes Hernández le dijo que se da servicios a los habitantes de comunidades alejadas, a través de módulos móviles pues en comunidades no hay tecnología ni instalaciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima.
Jesús Salvador González Martínez habló sobre las proyecciones presupuestales para 2023, y dijo que en el Ramo 28 este año se ejercen 21,392 millones de pesos pero la Secretaría de Hacienda destinará 25,497. En el Ramo 33, se ejercen 21,351 millones de pesos y en el proyecto de egresos 2023 se estiman para San Luis 23,633 millones de pesos, lo que significan 2,282 millones más que este año, es decir, un aumento del 10 por ciento. En suma, San Luis recibiría 6,387 millones de pesos más que en 2022 lo que será un panorama alentador porque se refleja en apoyo a los municipios para obras de infraestructura y combatir el rezago.
El diputado Eloy Franklin Sarabia planteó los problemas del gobierno por adeudos derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y el titular de Sefin señaló que se ha logrado despresurizar esa situación debido a los adeudos de tres créditos fiscales firmes, principalmente dos con el SAT. Se está pagando uno de 400 millones de pesos y cuando concluya, se empezará a pagar otro de 900 millones gracias a un convenio.
La diputada Patricia Aradillas Aradillas preguntó sobre la presunta falta de apoyo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). En el primer caso, señaló el secretario que la Máxima Casa de Estudios ejerce dos mil 450 millones de pesos anuales de los cuales 280 millones son aportaciones estatales y se ha cumplido con la transmisión de los mismos, con un convenio para aportar recursos adicionales en el cierre del ejercicio fiscal, ya que la Federación aportará 66 millones y el estado 11 millones. Al Ceepac se le presupuestaron 180 millones, de los que ya se le pagaron 137 y lo que falta será transferido en los próximos meses.
El legislador Mauricio Ramírez Konishi preguntó sobre el impacto inflacionario que viene y que no estaría contemplado en el presupuesto 2023, afectando a los trabajadores al servicio del estado. “Estamos en el análisis de ese impacto en el capítulo 1000 de sueldos y salarios y si el presupuesto no refleja incremento, no es porque no se haya tomado en cuenta la inflación o la actualización sino por las economía que estamos realizando”.
En su exposición inicial, el secretario de Finanzas Jesús Salvador González Martínez manifestó que los pasivos encontrados al inicio de la Administración fueron de aproximadamente 19,400 millones de pesos, de los cuales, la Deuda Pública Bancaria a Largo Plazo se encontraba en 3,609 millones de pesos. Existía una presión de gasto con temas educativos como el de Telesecundarias, Colegios de Bachilleres, Pensiones y Organismos Públicos Descentralizados, así como el desbalance financiero en la Secretaría de Salud.
“El pasado mes de diciembre, se tomó la decisión de contratar un crédito quirografario por un monto de 1,500 millones de pesos, para solventar gastos de nómina y demás prestaciones de fin de año, como estrategia para que la operatividad de la administración no se detuviera. El saldo de este crédito quirografario a corto plazo al 30 de septiembre del presente año es de 210 millones de pesos. Para el cierre del año 2021, la administración anterior tan sólo dejó en las arcas estatales 350 millones de pesos, comprometidos a pagar en nómina inmediata”.
Una de las medidas tomadas por la Secretaría de Finanzas desde el inicio de la administración, y ante la afectación del balance presupuestario que dejó el gobierno anterior, fue la contención del gasto de operación. Como estrategia inmediata, se instauró en todas y cada una de las dependencias tanto en las públicas centralizadas como descentralizadas, disciplina en la aplicación del gasto.
Así mismo, con la aprobación del pleno, se reformó la Ley de Hacienda del Estado, actualizando la tasa de Impuesto Sobre Nómina al pasar del 2.5 al 3%, con lo que se han obtenido ingresos adicionales de alrededor de 480 millones de pesos al mes de septiembre. Cabe mencionar que de enero a septiembre del presente año se han recaudado 1,930 millones de pesos de impuestos sobre nómina que representan el 33% más de lo recaudado en el mismo período de tiempo del año anterior.
“Diversas acciones puestas en marcha desde el primer día de este Gobierno han permitido tener un incremento muy considerable en inversión pública. Reflejo de ello es el avance en materia de inversión en infraestructura. Esto se ve reflejado en las obras emblemáticas de la administración del Señor Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, por mencionar algunas tenemos el Circuito Potosí, la remodelación de las instalaciones del Parque Tangamanga 1 y 2 así como la remodelación de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Lo anterior fue posible por el incremento en inversión, ya que invertimos alrededor de 7,000 millones de pesos, comparado con los 840 millones de pesos que se invirtieron en el último año de la pasada administración”, señaló.
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Congreso del Estado
Congreso busca precisar sanciones para violencia digital contra mujeres
Se clarifica la definición central de la violencia digital, se precisan las conductas rectoras como acoso, hostigamiento y amenazas
Por: Redacción
Con el objetivo de brindar mayor claridad en el apartado de violencia digital, la diputada Dolores Robles Chairez propuso una modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La legisladora señaló que el objetivo es establecer en la legislación de manera estructurada este tipo de violencia, sirviendo como base para los programas de prevención, atención y erradicación a cargo de las autoridades ejecutivas estatales y municipales.
Explicó que en primer párrafo, se mantiene y clarifica la definición central de la violencia digital, se precisan las conductas rectoras como acoso, hostigamiento, amenazas, difusión o comercialización de contenido sexual sin consentimiento, entre otras; y, se establece el catálogo de derechos humanos tutelados que resultan vulnerados, tales como la integridad, dignidad, intimidad, libertad y la vida privada de las mujeres.
Se propone adicionar la definición de tecnologías de la información y comunicación, entendida como aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos.
Congreso del Estado
Serrano: ninguna presión mediática revertirá la Ley IA en el Congreso
El diputado Héctor Serrano advierte que ninguna presión mediática revertirá la Ley IA aprobada por mayoría en el Congreso de SLP, y confía en que la Suprema Corte le dará la razón como ocurrió hoy en el caso de Villa de Pozos
Por: Redacción
El diputado Héctor Serrano descartó que la Ley de Inteligencia Artificial —impulsada por él y aprobada por mayoría en el Congreso del Estado de San Luis Potosí— sea revertida por presión de medios de comunicación o de quejosos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Lo que me parece que no es correcto es pensar que se revierta simple y llanamente una resolución que corresponde a todo un colegiado en el Congreso por una presión mediática. Eso no va a suceder”, advirtió.
Serrano respaldó su postura en la resolución que la Corte emitió este mismo día en el caso de Villa de Pozos, en el que declaró improcedente el recurso presentado por los quejosos. El legislador interpretó ese fallo como señal favorable para el litigio pendiente en torno a la Ley IA. “La corte se pronunció en el tema de pozos y nos dio la razón hoy”, sostuvo.
El diputado también salió al paso de cuestionamientos sobre sus credenciales periodísticas. Señaló que inició una maestría en periodismo político en la Escuela Carlos Septién García precisamente para acreditar su trayectoria en el sector, y rechazó que cualquier persona pueda “inventar una página para denostar y venderte al mejor postor” y llamarse periodista.
Sobre el fondo del debate por libertad de expresión, Serrano admitió que si la Corte identifica algún precepto de la ley que atente contra ese derecho, el Congreso lo regulará o modificará. Sin embargo, subrayó que esa decisión corresponde al tribunal, no a la presión externa. “La única forma de garantizar igualdad es a través de la legalidad y la legalidad se tiene que atender”, afirmó.
Al ser cuestionado sobre si aceptaría un debate con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha posicionado el tema de libertad de expresión en su agenda, Serrano lo descartó.
“No lo quiero distraer de tanto trabajo que tiene, mejor que se ponga a barrer, a reparar baches. Que se dedique a sus funciones como presidente municipal”, respondió. Añadió que falta un año para la elección y que el alcalde “ya se mueve como paladín de la libertad de expresión”, lo que calificó de “absurdo”.
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Congreso del Estado
Proponen reforma en materia de voto a personas en prisión preventiva
Además, para garantizar la asistencia de las representaciones partidistas en sesiones del consejo general y sobre el término de registro de coaliciones: Dip. Dulcelina Sánchez de Lira
Por: Redacción
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa para modificar estipulaciones de los artículos, 21, 52, y 173 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en materia de voto de las personas en prisión preventiva, busca garantizar la asistencia de las representaciones partidistas a las sesiones del Consejo General y, para homologar el término del registro de coaliciones con la Ley General de Partidos Políticos.
Explica que esta iniciativa, propone atender los razonamientos dictados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que San Luis Potosí se sume a las entidades federativas que, en atención al principio de presunción de inocencia, garantizarían el derecho al voto de las personas en prisión preventiva sin sentencia firme.
Señaló que, de aprobarse la reforma con las propuestas antes señaladas, traería resultados favorables a nuestra entidad tales como una democracia más inclusiva, ya que el voto en prisión preventiva refuerza la representación política y el vínculo ciudadano, fortaleciendo así el Estado democrático.
Por otra parte, se propone una modificación al artículo 52 de la Ley Electoral del Estado, a fin de no vulnerar los derechos de los partidos políticos en la participación y conocimiento de los asuntos abordados por el órgano superior de dirección del organismo electoral; se sugiere una adecuación preponderando en todo momento una participación efectiva a través de las representaciones partidistas que para tal efecto nombran en su carácter de propietarias o suplentes.
Por último, y a fin de homologar los plazos considerados en la Ley Electoral local específicamente en el artículo 173 respecto del registro de coaliciones, que deberá realizarse 30 días antes del inicio del período de las precampañas de la elección de que se trate.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Régimen Interno y Asuntos Electorales para su análisis.
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