julio 15, 2026

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Congreso del Estado

Secretario de Finanzas compareció ante el Congreso de SLP

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González Martínez acudió a la última ronda de la glosa del informe por el primer año de gobierno de Ricardo Gallardo

Por: Redacción

Jesús Salvador González Martínez, titular de la secretario de Finanzas (Sefin) del gobierno del estado de San Luis Potosí, acudió a la segunda comparecencia de la última ronda, donde las y los legisladores locales tuvieron posibilidad de ampliar la información de la dependencia a cargo del funcionario estatal, principalmente en temas como la contratación de un crédito quirografario, el déficit financiero recibido por la anterior administración en la secretaría de Educación, y el programa de placas gratuitas.

Alejandro Leal Tovías, diputado local, cuestionó el funcionamiento de las ventanillas de atención durante la contingencia sanitaria , a lo que González Martínez respondió que se redujo la plantilla laboral y se han emitido 400 mil placas, además de módulos móviles que no existían.

El diputado Alejandro Leal Tovías preguntó sobre el funcionamiento de las ventanillas en atención al pública por la pandemia; el secretario Jesús Salvador González respondió que de 780 trabajadores al inicio de la gestión se redujo en 100 la plantilla y así, se han emitido 400 mil placas y en zonas lejanas se pusieron en funcionamiento módulos móviles que no existían.

La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán le preguntó sobre el apoyo a las preparatorias por cooperación y los centros de bachillerato comunitario, que no han recibido los recursos completos; a lo que el titular de la Sefin dijo que el déficit con que se recibieron estos entes fue de 17.5 y 9 millones de pesos respectivamente, y se les administran recursos propios del estado, no federales, como van llegando. De 26 millones entre ambos, se les adeudan no más de 15 millones de pesos.

La legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón preguntó sobre las condiciones financieras del sector educativo; y Salvador González respondió que el déficit inicial era de 10 mil millones de pesos, por adeudos con el ISSSTE por ejemplo de 2,100 millones, que actualizados son 2,400 y como están de garantías las participaciones federales, en agosto se iban a descontar 38 millones de pesos, que finalmente se mantuvieron en las arcas por gestiones del gobernador del estado.

La congresista Dolores Eliza García Román preguntó sobre los programas de licencias y placas gratis y el combate al “coyotaje”; y el secretario de Finanzas dijo que la dependencia a su cargo tiene 40 oficinas recaudadoras con 600 empleados, de los cuales el 90 por ciento son los mismos que venían prestando sus servicios antes de esta administración; los actos de corrupción se combaten junto con las autoridades.

González Martínez detalló que en un año se prestaron 750 mil servicios, con lo que se cubrió el plaqueo del 50 por ciento del parque vehicular, y se generaron ingresos que no se tenía antes por derecho de control vehicular, pues si se dejaron de percibir 65 millones de pesos, ingresaron más de 300 millones por el otro concepto. El diputado René Oyarvide Ibarra abundó sobre el tema de los ingresos y la respuesta fue que, gracias al tema de las placas y al aumento del 2.5 al 3.0 por ciento en el impuesto sobre nómina, los ingresos propios adicionales crecieron un 33 por ciento al llegar a 1,900 millones con proyección de 600 millones más en lo que resta del año.

El tema de los adeudos con Telesecundarias fue abordaron por los diputados María Claudia Tristán Alvarado y Edmundo Torrescano Medina; y el funcionario estatal dijo que no se paga con recursos federales la totalidad, sólo 700 millones de mil 400 millones que cuesta, pero la Federación no acepta cubrir el 100 por ciento por contraprestaciones desproporcionadas. Sobre el “coyotaje” reiteró que hay 10 denuncias interpuestas.

A la legisladora Emma Saldaña le respondió que el manejo de la deuda ha sido responsable; asciende a 3,600 millones de pesos a largo plazo, la cual es manejable para el presupuesto total del gobierno. Prometió que habrá apoyos para la Cruz Roja y H. Cuerpo de Bomberos.

La legisladora Gabriela Martínez Lárraga preguntó sobre el costo del crédito quirografario de 1,500 millones de pesos contratado a inicios de la administración, para hacer frente a la grave situación financiera heredada y los recursos destinados al uso de aeronaves. Le respondió que del crédito ya solo se deben 210 millones de pesos y las aeronaves su usan para tareas de seguridad y como ambulancias aéreas.

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno preguntó sobre los apoyos a personas con discapacidad y la respuesta fue que se está analizando el convenio con la Federación, mientras que a la diputada Bernarda Reyes Hernández le dijo que se da servicios a los habitantes de comunidades alejadas, a través de módulos móviles pues en comunidades no hay tecnología ni instalaciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima.

Jesús Salvador González Martínez habló sobre las proyecciones presupuestales para 2023, y dijo que en el Ramo 28 este año se ejercen 21,392 millones de pesos pero la Secretaría de Hacienda destinará 25,497. En el Ramo 33, se ejercen 21,351 millones de pesos y en el proyecto de egresos 2023 se estiman para San Luis 23,633 millones de pesos, lo que significan 2,282 millones más que este año, es decir, un aumento del 10 por ciento. En suma, San Luis recibiría 6,387 millones de pesos más que en 2022 lo que será un panorama alentador porque se refleja en apoyo a los municipios para obras de infraestructura y combatir el rezago.

El diputado Eloy Franklin Sarabia planteó los problemas del gobierno por adeudos derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y el titular de Sefin señaló que se ha logrado despresurizar esa situación debido a los adeudos de tres créditos fiscales firmes, principalmente dos con el SAT. Se está pagando uno de 400 millones de pesos y cuando concluya, se empezará a pagar otro de 900 millones gracias a un convenio.

La diputada Patricia Aradillas Aradillas preguntó sobre la presunta falta de apoyo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). En el primer caso, señaló el secretario que la Máxima Casa de Estudios ejerce dos mil 450 millones de pesos anuales de los cuales 280 millones son aportaciones estatales y se ha cumplido con la transmisión de los mismos, con un convenio para aportar recursos adicionales en el cierre del ejercicio fiscal, ya que la Federación aportará 66 millones y el estado 11 millones. Al Ceepac se le presupuestaron 180 millones, de los que ya se le pagaron 137 y lo que falta será transferido en los próximos meses.

El legislador Mauricio Ramírez Konishi preguntó sobre el impacto inflacionario que viene y que no estaría contemplado en el presupuesto 2023, afectando a los trabajadores al servicio del estado. “Estamos en el análisis de ese impacto en el capítulo 1000 de sueldos y salarios y si el presupuesto no refleja incremento, no es porque no se haya tomado en cuenta la inflación o la actualización sino por las economía que estamos realizando”.

En su exposición inicial, el secretario de Finanzas Jesús Salvador González Martínez manifestó que los pasivos encontrados al inicio de la Administración fueron de aproximadamente 19,400 millones de pesos, de los cuales, la Deuda Pública Bancaria a Largo Plazo se encontraba en 3,609 millones de pesos. Existía una presión de gasto con temas educativos como el de Telesecundarias, Colegios de Bachilleres, Pensiones y Organismos Públicos Descentralizados, así como el desbalance financiero en la Secretaría de Salud.

“El pasado mes de diciembre, se tomó la decisión de contratar un crédito quirografario por un monto de 1,500 millones de pesos, para solventar gastos de nómina y demás prestaciones de fin de año, como estrategia para que la operatividad de la administración no se detuviera. El saldo de este crédito quirografario a corto plazo al 30 de septiembre del presente año es de 210 millones de pesos. Para el cierre del año 2021, la administración anterior tan sólo dejó en las arcas estatales 350 millones de pesos, comprometidos a pagar en nómina inmediata”.

Una de las medidas tomadas por la Secretaría de Finanzas desde el inicio de la administración, y ante la afectación del balance presupuestario que dejó el gobierno anterior, fue la contención del gasto de operación. Como estrategia inmediata, se instauró en todas y cada una de las dependencias tanto en las públicas centralizadas como descentralizadas, disciplina en la aplicación del gasto.

Así mismo, con la aprobación del pleno, se reformó la Ley de Hacienda del Estado, actualizando la tasa de Impuesto Sobre Nómina al pasar del 2.5 al 3%, con lo que se han obtenido ingresos adicionales de alrededor de 480 millones de pesos al mes de septiembre. Cabe mencionar que de enero a septiembre del presente año se han recaudado 1,930 millones de pesos de impuestos sobre nómina que representan el 33% más de lo recaudado en el mismo período de tiempo del año anterior.

“Diversas acciones puestas en marcha desde el primer día de este Gobierno han permitido tener un incremento muy considerable en inversión pública. Reflejo de ello es el avance en materia de inversión en infraestructura. Esto se ve reflejado en las obras emblemáticas de la administración del Señor Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, por mencionar algunas tenemos el Circuito Potosí, la remodelación de las instalaciones del Parque Tangamanga 1 y 2 así como la remodelación de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Lo anterior fue posible por el incremento en inversión, ya que invertimos alrededor de 7,000 millones de pesos, comparado con los 840 millones de pesos que se invirtieron en el último año de la pasada administración”, señaló.

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“Ley estatal omite a niñas ante violencia feminicida”: Dulcelina Sánchez

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La iniciativa armoniza la ley estatal con la legislación federal e incorpora expresamente a adolescentes y niñas como sujetas de protección; fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género.

Por: Redacción

Dulcelina Sánchez de Lira, diputada local, propuso una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, a fin de armonizarla con la legislación federal en la materia y fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres, brindando mayor certeza a las autoridades encargadas de la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género.

La legisladora explicó que la redacción vigente define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, conformada por conductas misóginas que pueden culminar en diversas formas de muerte violenta.

Sin embargo, esa definición resulta más limitada que la prevista en la legislación general: no incorpora expresamente a las adolescentes y niñas

como sujetas de protección, omite reconocer el ejercicio abusivo del poder como elemento constitutivo de esta violencia y restringe sus manifestaciones a la muerte violenta, sin considerar otras conductas que generan riesgos graves para la vida.

La reforma actualiza la definición con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez, y reconoce que la violencia feminicida puede producirse en los ámbitos público y privado como consecuencia del ejercicio abusivo del poder.

También contempla que esta violencia se manifiesta mediante conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo la vida o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, además de conductas que afectan gravemente la integridad, seguridad y libertad personal.

Sánchez de Lira señaló que la modificación permitirá que políticas públicas, protocolos institucionales y acciones de acceso a la justicia operen bajo una definición homogénea, evitando interpretaciones restrictivas que limiten la actuación de las autoridades.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género.

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Diputada busca regular violencia digital y ciberacoso en escuelas

Gabriela Martínez señaló que estas conductas no pueden seguir tratándose como conflictos menores, pues representan formas de agresión sistemática que vulneran la dignidad de niñas, niños y adolescentes

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La iniciativa busca garantizar la integridad física, psicológica, emocional o sexual de quienes integran la comunidad escolar

Por: Redacción

La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa de reforma al artículo 4 de la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado de San Luis Potosí para incorporar definiciones jurídicas precisas sobre las modalidades de violencia en entornos escolares y cerrar los vacíos normativos que dificultan su prevención, atención y sanción

La propuesta incluye por primera vez la definición de ciberacoso, entendido como toda conducta de acoso, hostigamiento o agresión psicoemocional realizada a través de tecnologías de la información, ya sea por redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos en línea, correo electrónico u otros medios digitales, cuando tenga por objeto atemorizar, humillar o dañar la reputación de algún integrante de la comunidad escolar.

Además del ciberacoso, la iniciativa incorpora definiciones de maltrato físico directo e indirecto, maltrato colectivo o grupal, maltrato institucional y maltrato por omisión de auxilio.

También contempla violencia de género, psicosocial, revictimizante, sexual y la relacionada con armas, objetos peligrosos o sustancias ilícitas.

Martínez Vázquez argumentó que estas conductas no pueden seguir considerándose conflictos menores propios de la convivencia escolar, pues representan formas de agresión sistemática que vulneran la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una educación en condiciones de seguridad e igualdad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su dictamen.

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Congreso del Estado

Gallardo va contra Ley Serrano: Congreso espera

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Derogar una ley es facultad exclusiva del Congreso, pero los diputados locales dicen que esperan la propuesta del gobernador

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anticipó el fin de semana que buscará derogar la Ley Serrano, y en su lugar proponer criterios sobre medios de comunicación y evitar el periodismo anónimo. Sin embargo, derogar una ley es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, no del Ejecutivo.

El artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establece que dictar, abrogar y derogar leyes corresponde al Congreso del Estado. El gobernador solo tiene la facultad de veto, prevista en el artículo 80, que le permite presentar observaciones a una ley dentro de los diez días hábiles siguientes a recibirla, antes de su publicación, no derogarla una vez que ya está en vigor. El artículo 61 de la misma Constitución señala, además, que cualquier diputado, y no solo el gobernador, puede presentar ante el Congreso una iniciativa para abrogar o derogar la ley.

A pesar de esa distinción, los diputados locales hablan de la derogación como una decisión que depende del Ejecutivo. Rubén Guajardo Barrera, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que su bancada acompañará la derogación si el gobernador la envía al Congreso, y explicó que la votación depende de la aritmética legislativa: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene la mayoría, con algunas adhesiones adicionales, por lo que ninguna propuesta avanza sin su respaldo. El diputado interpretó el anuncio de Gallardo Cardona como una señal de que el PVEM acompañará la derogación.

El PAN votó en contra de la ley vigente por dos razones, dijo Guajardo Barrera: la bancada respalda regular la inteligencia artificial, pero rechaza que la ley sea punitiva, y considera que el Congreso la aprobó en un proceso exprés, de entre 10 y 11 días

, sin un análisis profundo.

Guajardo Barrera celebró la posible derogación porque, dijo, dará tiempo al Congreso para revisar derecho comparado en otros estados y países. Sostuvo que la inteligencia artificial debe regularse, pero advirtió que no debe ser punitiva mientras exista en México la figura de la prisión preventiva.

Sara Rocha Medina, diputada local y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condicionó su postura de la misma manera: dijo que, si el gobernador envía una nueva ley o la derogación de la vigente, su bancada hará lo que corresponda. Afirmó que aún no hay información oficial sobre el contenido de la iniciativa, más allá de lo declarado públicamente, y que prefiere conocer la propuesta antes de opinar.

Rocha Medina sostuvo que ninguna ley nace perfecta y que toda normativa puede mejorarse, pero evitó pronunciarse sobre si conviene sustituir la regulación de inteligencia artificial por una enfocada en medios de comunicación.

Ninguno de los dos legisladores mencionó la posibilidad de presentar una iniciativa propia para derogar la Ley Serrano, pese a que la Constitución del Estado les reconoce ese derecho sin necesidad de que el Ejecutivo actúe primero. Hasta el momento, el gobierno del estado no ha enviado formalmente la iniciativa al Congreso.

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