marzo 18, 2026

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Congreso del Estado

Secretario de Finanzas compareció ante el Congreso de SLP

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González Martínez acudió a la última ronda de la glosa del informe por el primer año de gobierno de Ricardo Gallardo

Por: Redacción

Jesús Salvador González Martínez, titular de la secretario de Finanzas (Sefin) del gobierno del estado de San Luis Potosí, acudió a la segunda comparecencia de la última ronda, donde las y los legisladores locales tuvieron posibilidad de ampliar la información de la dependencia a cargo del funcionario estatal, principalmente en temas como la contratación de un crédito quirografario, el déficit financiero recibido por la anterior administración en la secretaría de Educación, y el programa de placas gratuitas.

Alejandro Leal Tovías, diputado local, cuestionó el funcionamiento de las ventanillas de atención durante la contingencia sanitaria , a lo que González Martínez respondió que se redujo la plantilla laboral y se han emitido 400 mil placas, además de módulos móviles que no existían.

El diputado Alejandro Leal Tovías preguntó sobre el funcionamiento de las ventanillas en atención al pública por la pandemia; el secretario Jesús Salvador González respondió que de 780 trabajadores al inicio de la gestión se redujo en 100 la plantilla y así, se han emitido 400 mil placas y en zonas lejanas se pusieron en funcionamiento módulos móviles que no existían.

La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán le preguntó sobre el apoyo a las preparatorias por cooperación y los centros de bachillerato comunitario, que no han recibido los recursos completos; a lo que el titular de la Sefin dijo que el déficit con que se recibieron estos entes fue de 17.5 y 9 millones de pesos respectivamente, y se les administran recursos propios del estado, no federales, como van llegando. De 26 millones entre ambos, se les adeudan no más de 15 millones de pesos.

La legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón preguntó sobre las condiciones financieras del sector educativo; y Salvador González respondió que el déficit inicial era de 10 mil millones de pesos, por adeudos con el ISSSTE por ejemplo de 2,100 millones, que actualizados son 2,400 y como están de garantías las participaciones federales, en agosto se iban a descontar 38 millones de pesos, que finalmente se mantuvieron en las arcas por gestiones del gobernador del estado.

La congresista Dolores Eliza García Román preguntó sobre los programas de licencias y placas gratis y el combate al “coyotaje”; y el secretario de Finanzas dijo que la dependencia a su cargo tiene 40 oficinas recaudadoras con 600 empleados, de los cuales el 90 por ciento son los mismos que venían prestando sus servicios antes de esta administración; los actos de corrupción se combaten junto con las autoridades.

González Martínez detalló que en un año se prestaron 750 mil servicios, con lo que se cubrió el plaqueo del 50 por ciento del parque vehicular, y se generaron ingresos que no se tenía antes por derecho de control vehicular, pues si se dejaron de percibir 65 millones de pesos, ingresaron más de 300 millones por el otro concepto. El diputado René Oyarvide Ibarra abundó sobre el tema de los ingresos y la respuesta fue que, gracias al tema de las placas y al aumento del 2.5 al 3.0 por ciento en el impuesto sobre nómina, los ingresos propios adicionales crecieron un 33 por ciento al llegar a 1,900 millones con proyección de 600 millones más en lo que resta del año.

El tema de los adeudos con Telesecundarias fue abordaron por los diputados María Claudia Tristán Alvarado y Edmundo Torrescano Medina; y el funcionario estatal dijo que no se paga con recursos federales la totalidad, sólo 700 millones de mil 400 millones que cuesta, pero la Federación no acepta cubrir el 100 por ciento por contraprestaciones desproporcionadas. Sobre el “coyotaje” reiteró que hay 10 denuncias interpuestas.

A la legisladora Emma Saldaña le respondió que el manejo de la deuda ha sido responsable; asciende a 3,600 millones de pesos a largo plazo, la cual es manejable para el presupuesto total del gobierno. Prometió que habrá apoyos para la Cruz Roja y H. Cuerpo de Bomberos.

La legisladora Gabriela Martínez Lárraga preguntó sobre el costo del crédito quirografario de 1,500 millones de pesos contratado a inicios de la administración, para hacer frente a la grave situación financiera heredada y los recursos destinados al uso de aeronaves. Le respondió que del crédito ya solo se deben 210 millones de pesos y las aeronaves su usan para tareas de seguridad y como ambulancias aéreas.

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno preguntó sobre los apoyos a personas con discapacidad y la respuesta fue que se está analizando el convenio con la Federación, mientras que a la diputada Bernarda Reyes Hernández le dijo que se da servicios a los habitantes de comunidades alejadas, a través de módulos móviles pues en comunidades no hay tecnología ni instalaciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima.

Jesús Salvador González Martínez habló sobre las proyecciones presupuestales para 2023, y dijo que en el Ramo 28 este año se ejercen 21,392 millones de pesos pero la Secretaría de Hacienda destinará 25,497. En el Ramo 33, se ejercen 21,351 millones de pesos y en el proyecto de egresos 2023 se estiman para San Luis 23,633 millones de pesos, lo que significan 2,282 millones más que este año, es decir, un aumento del 10 por ciento. En suma, San Luis recibiría 6,387 millones de pesos más que en 2022 lo que será un panorama alentador porque se refleja en apoyo a los municipios para obras de infraestructura y combatir el rezago.

El diputado Eloy Franklin Sarabia planteó los problemas del gobierno por adeudos derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y el titular de Sefin señaló que se ha logrado despresurizar esa situación debido a los adeudos de tres créditos fiscales firmes, principalmente dos con el SAT. Se está pagando uno de 400 millones de pesos y cuando concluya, se empezará a pagar otro de 900 millones gracias a un convenio.

La diputada Patricia Aradillas Aradillas preguntó sobre la presunta falta de apoyo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). En el primer caso, señaló el secretario que la Máxima Casa de Estudios ejerce dos mil 450 millones de pesos anuales de los cuales 280 millones son aportaciones estatales y se ha cumplido con la transmisión de los mismos, con un convenio para aportar recursos adicionales en el cierre del ejercicio fiscal, ya que la Federación aportará 66 millones y el estado 11 millones. Al Ceepac se le presupuestaron 180 millones, de los que ya se le pagaron 137 y lo que falta será transferido en los próximos meses.

El legislador Mauricio Ramírez Konishi preguntó sobre el impacto inflacionario que viene y que no estaría contemplado en el presupuesto 2023, afectando a los trabajadores al servicio del estado. “Estamos en el análisis de ese impacto en el capítulo 1000 de sueldos y salarios y si el presupuesto no refleja incremento, no es porque no se haya tomado en cuenta la inflación o la actualización sino por las economía que estamos realizando”.

En su exposición inicial, el secretario de Finanzas Jesús Salvador González Martínez manifestó que los pasivos encontrados al inicio de la Administración fueron de aproximadamente 19,400 millones de pesos, de los cuales, la Deuda Pública Bancaria a Largo Plazo se encontraba en 3,609 millones de pesos. Existía una presión de gasto con temas educativos como el de Telesecundarias, Colegios de Bachilleres, Pensiones y Organismos Públicos Descentralizados, así como el desbalance financiero en la Secretaría de Salud.

“El pasado mes de diciembre, se tomó la decisión de contratar un crédito quirografario por un monto de 1,500 millones de pesos, para solventar gastos de nómina y demás prestaciones de fin de año, como estrategia para que la operatividad de la administración no se detuviera. El saldo de este crédito quirografario a corto plazo al 30 de septiembre del presente año es de 210 millones de pesos. Para el cierre del año 2021, la administración anterior tan sólo dejó en las arcas estatales 350 millones de pesos, comprometidos a pagar en nómina inmediata”.

Una de las medidas tomadas por la Secretaría de Finanzas desde el inicio de la administración, y ante la afectación del balance presupuestario que dejó el gobierno anterior, fue la contención del gasto de operación. Como estrategia inmediata, se instauró en todas y cada una de las dependencias tanto en las públicas centralizadas como descentralizadas, disciplina en la aplicación del gasto.

Así mismo, con la aprobación del pleno, se reformó la Ley de Hacienda del Estado, actualizando la tasa de Impuesto Sobre Nómina al pasar del 2.5 al 3%, con lo que se han obtenido ingresos adicionales de alrededor de 480 millones de pesos al mes de septiembre. Cabe mencionar que de enero a septiembre del presente año se han recaudado 1,930 millones de pesos de impuestos sobre nómina que representan el 33% más de lo recaudado en el mismo período de tiempo del año anterior.

“Diversas acciones puestas en marcha desde el primer día de este Gobierno han permitido tener un incremento muy considerable en inversión pública. Reflejo de ello es el avance en materia de inversión en infraestructura. Esto se ve reflejado en las obras emblemáticas de la administración del Señor Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, por mencionar algunas tenemos el Circuito Potosí, la remodelación de las instalaciones del Parque Tangamanga 1 y 2 así como la remodelación de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Lo anterior fue posible por el incremento en inversión, ya que invertimos alrededor de 7,000 millones de pesos, comparado con los 840 millones de pesos que se invirtieron en el último año de la pasada administración”, señaló.

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Busca Congreso reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

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El objetivo es armonizar su contenido con la legislación federal , para adoptar el término “violencias” como reconocimiento a la complejidad de agresiones que enfrentan las mujeres

Por: Redacción

La diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí a efecto de armonizar su contenido con la legislación federal en la materia, y adoptar el término de “violencias” como un reconocimiento normativo de la diversidad y complejidad de las agresiones que enfrentan las mujeres.

La legisladora señala que el término plural visibiliza que la violencia no es un fenómeno aislado, sino una manifestación estructural que se expresa en distintos ámbitos: familiar, laboral, institucional, comunitario, digital y político. La propuesta establece claramente que el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y adoptarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a través de acciones reforzadas de protección.

Agrega que la violencia contra las mujeres trata de una manifestación estructural de desigualdad histórica que se expresa de manera diferenciada según las condiciones particulares de cada mujer. El enfoque interseccional reconoce que factores como la edad, la pertenencia indígena, la discapacidad, la condición socio económica, la orientación sexual, la identidad de género, la situación migratoria o el contexto rural o urbano

pueden agravar los riesgos y profundizar las formas de violencia.

“Desde esta perspectiva, el singular resulta conceptualmente insuficiente. La violencia no se manifiesta de una sola manera, sino a través de múltiples expresiones que pueden coexistir y reforzarse entre sí”. Indica que en la actualidad, el orden jurídico reconoce diversas manifestaciones: violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial; así como modalidades específicas como la violencia política en razón de género, la violencia digital, la violencia mediática, la violencia institucional, la violencia obstétrica y la violencia vicaria, entre otras. Cada una de ellas impacta de manera distinta la autonomía, la dignidad y el ejercicio de derechos de las mujeres.

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Dip. Rivera presenta iniciativa de reforma a la Ley de Educación

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Buscan implementar políticas educativas con enfoque diferenciado, perspectiva de género y derechos humanos

Por: Redacción

Las autoridades educativas deberán implementar políticas educativas con enfoque diferenciado, con perspectiva de género y de derechos humanos para la prevención y atención de la deserción escolar de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, señaló el diputado Marcelino Rivera Hernández al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado.

Señaló que el 15 de enero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se modifican disposiciones de diversos ordenamientos generales y federales, entre éstos la Ley General de Educación lo que hace necesario realizar las adecuaciones para combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del Estado, especialmente la que se ejerce contra la niñez, adolescentes y mujeres, de conformidad con los deberes reforzados del Estado de protección de este sector de la población.

En la reforma se establece el respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación de las personas con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad y participación para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y restauración, y que adopten y promuevan estilos de vida sostenibles.

También la educación inclusiva, con perspectiva de género y de derechos humanos, eliminando toda forma de discriminación y exclusión y violencias, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, y establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud.

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Congreso busca fortalecer el marco jurídico estatal en materia de adopciones

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Reformas y adiciones que fortalecen requisitos de idoneidad regulan la entrega voluntaria y prohíben cualquier forma de lucro o beneficio indebido

Por: Redacción

La diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar para el estado de San Luis Potosí a fin de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de adopción, requisitos de idoneidad y prohibir de manera expresa cualquier forma de lucro o beneficio indebido relacionado con dicho procedimiento.

Se establece con claridad que pueden ser sujetos de adopción las niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, que no tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria protestad, que sean abandonados, acogidos en Centros de Asistencia Social o bajo tutela del Estado, o que aun estando bajo patria protestad, exista consentimiento expreso otorgado ante la autoridad competente y ratificado judicialmente.

Esta precisión normativa resulta necesaria porque la redacción anterior generaba interpretaciones dispersas que podían dificultar la determinación de la situación jurídica de la persona susceptible de adopción y al establecer de manera puntual los supuestos, se brinda mayor certeza jurídica tanto a las autoridades como a las personas involucradas en el procedimiento y se evita la discrecionalidad en la aplicación de la norma.

Además, se reconoce de manera expresa el derecho a llevar los apellidos del adoptante o adoptantes, el derecho a disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que existen en el parentesco por consanguinidad

y el derecho a recibir atención psicológica y médica durante el proceso; así como a ser informados conforme a su edad y grado de madurez sobre las consecuencias y alcances de la adopción.

Se incorpora como impedimento para adoptar el contar con sentencia condenatoria firme por violencia familiar en delitos contra las mujeres por razón de género, delitos contra la libertad sexual la seguridad sexual o el normal desarrollo psicosexual y de igual forma se establece como impedimento encontrarse inscrito en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, salvo que se acredite el pago total de los adeudos.

Además, se prohíbe de manera expresa la obtención directa o indirecta de beneficios económicos materiales o de cualquier índole por parte de familiares de origen, particulares, instituciones públicas o privadas o autoridades involucradas en el procedimiento de adopción, ya que la adopción no puede convertirse en un mecanismo de intermediación lucrativa.

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