Congreso del Estado
SLP discutirá si aprueba reforma para mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad
Adán Augusto Lopez estará en la ciudad para apoyar la modificación constitucional
Por: Redacción
El Congreso del Estado recibió el proyecto de reforma constitucional para permitir que las fuerzas armadas permanezcan en labores de seguridad hasta el 2028, la cual ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, sin embargo, requiere de ser respaldado por al menos 17 de los 32 congresos locales.
Aranzazu Puente Bustindui, presidenta de la Directiva, informó que la reforma implica modificar el decreto de reforma constitucional de 2019 que creó la Guardia Nacional; agregó que dicho cambio avala la presencia de las fuerzas armadas en tareas de Seguridad Pública hasta 2028 en el país y establece que la fuerza Armada permanente realizará las tareas de Seguridad Pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina de policía civil establecida en el artículo 21 de la Constitución.
El cambio también considera una serie de medidas como que dos veces al año el presidente de la República deberá presentar un informe detallado del desempeño del Ejército y la Marina; también se creará un fondo para el fortalecimiento de las policías municipales y estatales; y se continuará con la capacitación para tener más agentes de la Guardia Nacional.
La legisladora señaló que una vez recibida la minuta, se turnará a la Directiva para que en la próxima sesión ordinaria, sea turnada a las comisiones legislativas correspondientes para que se analice, se elabore un dictamen y se someta a votación, a fin de que regrese nuevamente al Pleno para la discusión y votación de los integrantes.
Puente Bustindui mencionó que se trata de una reforma de gran importancia que tendrá el trámite legislativo correspondiente, para que cada uno de las y los legisladores, emita su postura en total libertad y con la información necesaria.
Se espera que el día en que el Pleno discuta la reforma esté presente Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien se encuentra en una gira por todo el país para impulsar la reforma.
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Congreso del Estado
Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica
El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.
La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.
Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.
El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí
. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.
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Congreso del Estado
Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil
El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México
Por: Redacción
Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.
Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.
Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.
Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.
Congreso del Estado
Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas
Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio
Por: Redacción
Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.
Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.
Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.
Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
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