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Secretaría de Cultura hizo negocio con la Procesión del Silencio, pero lo niega
Se le pidió a la dependencia, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, información sobre inversión y ganancias, sin embargo, indicaron “que solo fueron salvaguarda del evento”
Por: Daniel Rocha
La Procesión del Silencio, en su edición 2022, tuvo un cambio en su logística, debido a que Tradiciones Potosinas, la asociación civil encargada de este evento, no participó este año. La organización corrió a cargo de la Secretaría de Cultura del gobierno del estado, quienes obtuvieron ingresos por la renta de sillas y que, al día de hoy, no ha sabido explicar el destino de las ganancias generadas.
La Orquesta conversó en exclusiva con Judy Leura, presidenta de Tradiciones Potosinas sobre la organización de la Procesión del Silencio de este año. Ella informó que no querían realizar la Procesión del Silencio este año, debido a las consecuencias de la contingencia sanitaria por el covid-19, no obstante se llevó a cabo.
Leura declaró que “en esta edición, la Secretaría de Cultura fue la que se encargó de la renta de las sillas, por lo que este año no nos correspondió como tal”.
De acuerdo al testimonio de la entrevistada, Antonio de Rabinal Gamboa López, director general de fomento artístico de la Secretaría de Cultura, se acercó a la Asociación para manifestar su interés de realizar la Procesión del Silencio desde el espacio oficial, 
La Orquesta solicitó a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una declaración para poder conocer el paradero del dinero invertido y generado en la Procesión del Silencio 2022, no obstante, la dependencia indicó que no se realizó ninguna inversión para que se realizará la Procesión del Silencio. De igual manera, argumentaron que no obtuvieron ninguna ganancia, y que su única labor fue la de “salvaguardar el evento considerado como Patrimonio Cultural del Estado”.
Los boletos de la Procesión del Silencio fueron vendidos por la empresa Ticketmania, ante esto la dependencia estatal argumentó que: “no cuenta con registros ni información de algún convenio entre esta Secretaría y la boletera Ticketmania para la venta de los asientos durante la Procesión del Silencio” lo que resulta contradictorio para la empresa y comprometedor para la dependencia.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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