La mandataria estatal de Chihuahua entregó un documento formal en la sede central de la dependencia en la Ciudad de México

Por: Roberto Mendoza

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió a la sede central de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México donde entregó un documento y organizó una conferencia de prensa.

“Hoy acudí a la Fiscalía General de la República dando la cara, como siempre lo he hecho. Vuelvo a levantar la voz ante un acto autoritario que pretende, sin respetar la ley, fabricar un caso en mi contra”, señaló.

Luego de entregar un escrito formal ante las autoridades federales, la mandataria sentenció: “A mí en cambio (comparándose con el gobernador con licencia Ruben Rocha) no me han acusado de nada formalmente… hay que decirlo con toda claridad, se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la finalidad de fabricarme un delito”.

La mandataria estatal fue requerida para declarar como testigo sobre la operación de agentes extranjeros no acreditados en su estado, que tuvieron un supuesto accidente y murieron, ante lo cual precisó a las afueras del recinto: “Yo hice mi trabajo, defendí a las familias, que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga, de adicciones”.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, acompañó a la funcionaria a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía e indicó: “Este narcogobierno optó por la persecución. Venimos a denunciar la persecución que se está haciendo a la gobernadora”.

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El diputado federal Francisco Castillo respaldó las iniciativas y dictámenes que serán discutidos en el Congreso de la Unión

Por: Redacción

El legislador destacó que las reformas impulsadas desde la Cuarta Transformación representan una actualización profunda del sistema electoral y judicial mexicano frente a los desafíos contemporáneos, como la desinformación digital, la posible injerencia extranjera y la necesidad de garantizar perfiles íntegros en los cargos de representación popular.

“México necesita instituciones fuertes, elecciones auténticas y mecanismos que garanticen que únicamente el pueblo decida el rumbo del país, sin presiones externas ni intereses ajenos a nuestra nación”, expresó.

Francisco Castillo explicó que una de las propuestas más relevantes incorpora como causal de nulidad electoral la intervención extranjera en los procesos democráticos, con el objetivo de blindar constitucionalmente la soberanía nacional y proteger la voluntad ciudadana frente a cualquier intento de manipulación externa

Asimismo, resaltó la iniciativa en materia de integridad de candidaturas, mediante la cual se plantea fortalecer los mecanismos preventivos para que los partidos políticos cuenten con mayores herramientas de evaluación sobre los perfiles que aspiran a cargos de elección popular.

“El pueblo merece representantes honestos, íntegros y comprometidos con la legalidad. Estas reformas buscan fortalecer

Sobre la reforma al Poder Judicial, el diputado señaló que se trata de un paso importante para consolidar un modelo de justicia más democrático, eficiente y cercano a la ciudadanía, perfeccionando los mecanismos de elección judicial, evaluación y capacitación permanente.

Añadió que también se busca ordenar los procesos electorales judiciales para garantizar mejores condiciones de organización, transparencia y participación ciudadana.

Francisco Castillo afirmó que Morena continuará impulsando reformas orientadas a consolidar la transformación democrática del país, fortaleciendo las instituciones públicas bajo principios de soberanía, legalidad, transparencia y justicia social.

“En la Cuarta Transformación creemos en una democracia auténtica, donde el poder emane verdaderamente del pueblo y donde las instituciones respondan al interés nacional y no a privilegios o intereses externos”, concluyó.

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El pleno de San Lázaro avaló el decreto que modifica siete artículos constitucionales y establece nuevas reglas de insaculación

Por: Roberto Mendoza

En sesión extraordinaria que inició poco después de las cinco de la tarde y concluyó pasadas las 10 de la noche, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 341 votos a favor y 124 en contra las modificaciones a siete artículos de la Constitución Política en materia del Poder Judicial. El decreto establece que la elección de la mitad restante de las personas juzgadoras se trasladará del año 2027 al primer domingo de junio de 2028. Derivado de esta modificación en el calendario, los funcionarios que debían concluir sus encargos en 2027 permanecerán en funciones hasta que los nuevos titulares rindan protesta el 1 de septiembre de 2028.

El documento reconfigura la Suprema Corte de Justicia de la Nación para operar internamente en dos secciones adicionales a su funcionamiento en Pleno. Para el nuevo proceso regulado en el artículo 96, el Senado emitirá la convocatoria a más tardar el 30 de abril previo a los comicios; posteriormente, los Comités de Evaluación seleccionarán a los cuatro perfiles con mayor puntuación y, a través de un sorteo público, la lista se reducirá a dos candidaturas por cargo bajo un criterio estricto de paridad de género.

El Instituto Nacional Electoral asumirá la organización de los distritos, el diseño de boletas simplificadas por especialidad y la instalación de casillas únicas coincidentes con las elecciones ordinarias para realizar el cómputo de votos.

Ante la falta definitiva de un ministro, magistrado o juez por muerte o renuncia, el artículo 98 decreta que la vacante será cubierta por la persona del mismo género que haya ocupado el segundo lugar en la votación previa.

Las entidades federativas y la Ciudad de México están obligadas a replicar este modelo de insaculación y elección en un límite de 60 días naturales, mientras que el Congreso de la Unión cuenta con un plazo perentorio de 90 días para adecuar la legislación secundaria que regulará las nuevas secciones de la Corte y las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial.

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