Se aprueba nueva ley para la declaratoria de ausencia de las personas desaparecidas

Evita el burocratismo y da certeza legal a las víctimas en una situación tan lamentable: diputada Sonia Mendoza

Por Redacción:

El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad en sesión ordinaria, la expedición de la Ley que Regula el Procedimiento para la Emisión de la Declaratoria de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de San Luis Potosí.

En presencia de organizaciones de la sociedad que reconocieron este gran logro por el que lucharon durante varios años, el dictamen de la iniciativa de ley propuesta por la diputada Sonia Mendoza Díaz, obtuvo 25 votos a favor, lo que demuestra el compromiso y la convicción de todas las fuerzas políticas con este tema.

Mendoza Díaz dijo que los familiares que buscan a sus seres queridos están en una constante pesadilla, víctimas de la deshumanización y de la brutal indolencia que día a día les acompaña en cada búsqueda de sus familiares y seres queridos.

Hizo hincapié en la situación a la que se enfrentan familiares y amigos de las personas desaparecidas, cuando se dan cuenta de las consecuencias legales y materiales a las que todavía tienen que hacer frente, pues no saben si sus familiares siguen o no con vida, teniendo que afrontar problemas económicos y se tienen que adaptar a la nueva situación, donde además se torna imposible recibir pensiones u otras ayudas al no existir un certificado de defunción, lo que les coloca en la marginación social.

Los beneficios que trae la Ley, son:

Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad.

Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad.

Proteger el patrimonio de la persona desaparecida.

Fijar la forma y plazos para que los Familiares puedan acceder, previo control judicial, al patrimonio de la persona desaparecida.

Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la persona desaparecida continúen gozando de todos los beneficios aplicables a este régimen.

Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida.

Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo.