Congreso del Estado
Se aprueba en el Congreso reforma a la Ley Orgánica de la UASLP
El dictamen establece que en la elección del titular de Rectoría y directivos de lentidades, el principio de paridad de género será respetado
Por: Redacción
En reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el fin de garantizar la equidad y paridad de género en la integración y designación de las autoridades de esta Universidad.
El diputado Crisógono Pérez López, presidente de esta comisión legislativa, señaló que con estas modificaciones se busca estar en concordancia con lo establecido en las reformas recientemente aprobadas a la Constitución Política del Estado en este tema.
“Esto es algo que se está manejando, para asegurar la paridad de género en todos los ámbitos de la cuestión administrativa y política del país, y en esto se incluye también a la Universidad”.
Así, se propone establecer que en la elección, integración y designación de las autoridades de la Universidad, deberá respetarse el principio de equidad de género, garantizando la representación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los órganos de gobierno.
Añadió que el dictamen aprobado establece que, respecto de la elección de la persona titular de la Rectoría y las directoras o directores de las entidades académicas, el principio de paridad de género será respetado alternándose entre una mujer y un hombre, salvo en los casos en que se verifique el derecho de reelección para el ejercicio de un segundo periodo, en donde la alternancia de género será de realización obligatoria a la conclusión de éste.
En su exposición de motivos se advierte que “esta actividad trae consigo grandes problemas ambientales, sociales y de salud pública”
Por: Redacción
La diputada Brisseire Sánchez López, impulsa un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Energía Federal (Luz Elena González Escobar), para qué dentro de sus atribuciones se tomen medidas para evitar la práctica del “Fracking” en el territorio de San Luis Potosí.
En su exposición de motivos advierte que “esta actividad trae consigo grandes problemas ambientales, sociales y negativos para la salud pública, en pocas palabras un impacto socioambiental negativo. Además el fracking puede entenderse como un proceso que sirve para identificar, explorar y extraer gas natural y petróleo, mediante una fracturación hidráulica”.
Se debe valorar detenidamente y con mucho detalle las autorizaciones para esta práctica, se debe consultar y sensibilizar a las comunidades de los efectos que pudieran tener; además, se debe de tomar en cuenta y respetar sus puntos de vista y opiniones de todas las personas cercanas a las zonas en donde se pretendan llevar estas perforaciones.
Sánchez López, puntualizó que “en caso de aplicarse en el Estado, en específico en la zona Huasteca, la situación seria muy crítica, ya que el 70% de sus habitantes es población indígena, a quienes se les debe respetar y garantizar sus usos y costumbres, consultándoles en todo momento las intenciones de aplicar métodos de perforación y establecer medidas para proteger las zonas en donde habitan”.
Héctor Serrano Cortés, destacó que en este proceso de análisis de la nueva Ley Orgánica, hay certeza, inclusión y concertación
Por: Redacción
Con la participación de representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, asociaciones de abogados y especialistas el tema, el Congreso del Estado llevó a cabo el último foro sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que es analizada en comisiones y será aprobada y expedida en los próximos días, informó el diputado Carlos Arreola Mallol.
Participaron como ponentes el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; la Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Arturo Morales Silva y la magistrada electa Lourdes Anahí Zarazúa Martínez; asistieron magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Carlos Arreola Mallol, destacó que en el marco de esta nueva era jurídica para México, el Poder Legislativo ha realizado mesas de diálogo con responsabilidad, voluntad política y altura de miras de los tres Poderes, para tener un ordenamiento a la altura de las necesidades del nuevo Poder Judicial.
El legislador Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, destacó que en este proceso de análisis de la nueva Ley Orgánica, hay certeza, inclusión y concertación, en un procedimiento institucional que será cubierto a cabalidad y sumando esfuerzos, para presentar al Pleno un solo dictamen consensuado.
Se mantendrán reuniones previas para generar la estrategia para apoyar a la población de esta zona, y establecer un protocolo de requisitos
Por: Redacción
Dulcelina Sánchez de Lira, informó que en conjunto con el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS), se estará trabajando en diversos municipios de la zona Altipla no para apoyar a la población que lo requiere en la regularización de sus predios y viviendas y con ello, brindar una certeza jurídica sobre sus propiedades.
Precisó que se iniciará con la revisión de algunos casos en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde se buscará generar una estrategia para que se puedan poner en orden estas propiedades.
“En días pasados estuvimos ahí en una reunión con el titular del Instituto de vivienda, pues hay varios municipios que tienen una condición en la cual pues la ciudadanía no cuenta con una certeza jurídica de los predios que habitan o de sus tierras. Y, se buscará trabajar de manera coordinada con el Instituto, para generar un plan o una estrategia para poder dar de esa certeza que la ciudadanía, y en este caso, el municipio de Mexquitic es uno de los municipios con mayor rezago en ese sentido”.
Dijo que se mantendrán las reuniones previas, para generar la estrategia a seguir para apoyar a la población de esta zona, y establecer un protocolo con los requisitos documentales necesarios para que la población inicie su procedimiento de regularización de su situación sobre la tenencia de sus propiedades.
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