La actual legislación en la materia, no regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en alumnos en horario escolar

Por: Redacción

Con el fin de regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de estudiantes del nivel básico (prescolar, primaria y secundaria), el diputado Crisógono Pérez López, presentó la iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, que tiene como objetivo establecer los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar

 

Explicó que dicha iniciativa busca adicionar un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que la actual legislación en la materia, no regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en alumnos en horario escolar.

 

En la exposición de motivos, el legislador justificó la iniciativa en razón de que el artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí establece únicamente que se utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje.

 

También se establece la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semi presencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población.

Dulcelina Sánchez propone capacitar a ayuntamientos en transparencia y rendición de cuentas

Por: Redacción

a diputada local advierte sobre la falta de perfiles adecuados y la poca confiabilidad de la información entregada por municipios

La diputada local de San Luis Potosí, Dulcelina Sánchez de Lira, declaró que es fundamental capacitar tanto a presidentes municipales como a funcionarios públicos en materia de transparencia, para que se le otorgue la verdadera importancia que estos temas merecen.

“Considero que en ocasiones se colocan perfiles solo por cumplir compromisos, y esa no es la idea. La intención es que realmente se cuide la parte de la rendición de cuentas. Por eso quiero organizar una capacitación dirigida a los ayuntamientos, al menos desde la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, para trabajar de la mano con la CEGAIP (Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí)”, detalló la legisladora.

Sánchez de Lira resaltó la respuesta positiva de las y los comisionados del Congreso local, quienes se ofrecieron a colaborar en la propuesta, con el objetivo de que tanto los empleados municipales como alcaldes y alcaldesas comprendan la magnitud de sus responsabilidades y las consecuencias de no entregar informes claros o no publicarlos en los medios y plataformas oficiales.

Finalmente, la diputada informó que los 29 municipios que integran su comisión no le proporcionaron información que se considerara confiable. Aclaró que esto podría deberse a cambios de administración o de titulares, lo que refuerza la necesidad urgente de capacitación continua.

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Araceli Martínez, titular de la dependencia reconoció que por años no existió regulación ni padrón en esta modalidad

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que se trabaja en un convenio con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial para que todas las empresas contraten transporte autorizado por el estado, con operadores capacitados y unidades en condiciones óptimas.

Martínez Acosta reconoció que durante años esta modalidad estuvo excluida de la regulación, lo que generó un vacío en el padrón y falta de control sobre las condiciones de operación. El objetivo ahora es contar con un registro actualizado de las unidades que circulan hacia la Zona Industrial y establecer rutas y carriles específicos para mitigar riesgos.

La funcionaria explicó que la carretera 57

sigue siendo un tramo de alta complejidad, y aunque la Vía Alterna ayudará a desahogar el tráfico, los accidentes también están relacionados con largas jornadas laborales, falta de pericia de operadores y condiciones de salud que no siempre se evalúan adecuadamente.

Desde la dependencia estatal, dijo, se aplican sanciones a quienes incumplen con la normatividad, pero también se realizan estudios psicométricos y revisiones de salud a operadores para garantizar que estén en condiciones óptimas para manejar.

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