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Salud-SLP aceptó contratos por casi 65 mdp con empresas de Gabo Salazar

Entre 2017 y 2018, empresas vinculadas con Gabriel Salazar Soto obtuvieron 17 contratos por una suma de 64 millones 977 mil pesos

Por: Redacción

La tarde de este viernes, la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, aceptó que la dependencia que dirige ha celebrado contratos con empresas en las que Gabriel Alan Salazar Soto aparece como proveedor o como representante legal, por una suma total de 64 millones 977 mil 396.96 pesos.

Rangel Martínez explicó que son 17 contratos, en el periodo 2017-2018, los celebrados entre la Secretaría de Salud y Salazar Soto, a quien se le acusa de defraudar a inversionistas de la empresa Invercorp.

La titular de los Servicios de Salud en el estado, sin embargo, trató de desestimar los contratos con Salazar Soto, al decir que solo representan 1.3 por ciento, una parte mínima de los mil 297 contratos que firmó la dependencia en los años 2017 y 2018.

También para desestimar la relevancia de esos contratos, Rangel Martínez aseguró que los contratos que tienen a Salazar Soto como proveedor o representante legal, con valor de casi 65 millones de pesos equivalen únicamente al 0.9 por ciento del total de los 7 mil 378 millones de pesos que ejerció la Secretaría de Salud estatal en el periodo 2017-2018.

Rangel Martínez también aseguró que Gabriel Salazar Soto nunca ha tenido relación laboral con los Servicios de Salud estatal desde el inicio de la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López. También dijo que en ese mismo periodo no se han realizado contratos entre la Secretaría de Salud y las empresas Scoltta o Proshine, compañías de outsourcing propiedad de Salazar Soto, dedicadas a las seguridad privada y la limpieza, respectivamente. Tampoco se encontraron contratos con Infinite o Invercorp, algunas de las principales empresas acusadas del fraude encabezado por Gabriel Alan Salazar Soto.

La secretaria Mónica Liliana Rangel Martínez aseguró que las cuentas públicas 2017 y 2018 fueron revisadas por la Auditoría Superior del Estado. En el caso particular de un contrato de limpieza, también fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación, al ser pagado con recursos estatales y federales.

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