enero 27, 2026

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Salud le pagaba facturas en dos horas a Gabo Salazar, denuncia abogado

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Por: Abelardo Medellín

La Secretaría de Salud pagó en 2017, sin protocolos previos o revisiones de cuenta, una factura de 3 millones 54 mil 783 pesos a la empresa QuickShine, cuya contabilidad estaba a cargo de Gabriel Alan Salazar Soto en ese entonces y que fue saldada el mismo día que se emitió, según Tomás Ricardo Coronado Zárate, representante legal de QuickShine del Potosí SA de CV, quien aseguró que esto representa un pago irregular ya que ninguna otra dependencia lo hace así.

De acuerdo con Coronado Zarate, Gabriel Salazar llevaba la contabilidad de la empresa QuickShine durante 2017, por lo que emitió la factura A4 a la Secretaría de Salud misma que, no solo fue pagada con dos horas de diferencia tras ser emitida, sino que fue hecha a nombre de un empresa que no correspondía a la que brindaba los servicios.

“Al momento la Secretaría de Salud no ha mostrado las razones detrás de cómo se generó este pago […] el señor Salazar Soto se pronuncia a través de un mensaje diciéndome que tuvo que cambiar las empresas. Creemos que hubo una manipulación en el consejo de adquisiciones que preside la Secretaria de Salud“, dijo Tomás Ricardo Coronado.

El representante de QuickShine, aseguró que “toda las licitaciones que manejó este señor (Gabriel Salazar Soto) fueron manejadas de la misma manera, de lo cual vemos un consentimiento desde el interior de la Secretaría de Salud para que haya estos contratos millonarios”.

Tomás Coronado Zárate expuso los documentos y manejos que dio Gabriel Salazar como contador de la empresa, revelan una actividad fraudulenta de parte del empresario, acusado por fraude con la empresa Invercorp.

El abogado de QuickShine hizo un llamado a la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, para que aclare “por qué razón tiene una facturación de esta índole, por qué hicieron pagos de manera inmediata […] y la forma en que se llevó la compra, que debería tener un proceso de licitación, y que la Secretaría no ha mostrado que exista dicha licitación”.

Finalmente, Tomás Coronado mostró que parte de un recurso que se pidió de regreso tras la facturación fue depositado a las cuentas de Carlos Soto y Asociados, compañía propiedad de Salazar Soto; y un grupo constructor: “No puede ser que las dependencias de Salud tengan las carencias, mientras vemos que los recursos son sustraídos de manera ilícita, con corrupción terrible y no exista ninguna auditoría formal y peor, que haya apoyo total del gobierno del estado”.

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La FGR culpa al conductor del tren interoceánico

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La Fiscalía determinó que el convoy circulaba por encima de los límites de velocidad autorizados en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento

Por: Roberto Mendoza

La Fiscalía General de la República responsabilizó al conductor del Tren Interoceánico por el accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el tramo ferroviario Nizandá–Chivela, en el estado de Oaxaca. En conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy informó que el dictamen técnico de la institución concluyó que la causa del siniestro fue el exceso de velocidad del convoy.

Godoy detalló que, de acuerdo con los registros analizados por peritos federales, la velocidad máxima permitida en la curva donde se produjo el descarrilamiento era de 50 kilómetros por hora, mientras que el tren ingresó a ese punto a aproximadamente 65 kilómetros por hora. Añadió que, en tramos previos, el convoy llegó a circular hasta 41 kilómetros por hora por encima de los límites establecidos para zonas rectas.

La fiscal explicó que la investigación incluyó la revisión de la infraestructura ferroviaria, el estado de las vías, el sistema de frenos y los componentes mecánicos del tren. Señaló que no se detectaron fallas técnicas ni defectos de construcción que hubieran contribuido al descarrilamiento, por lo que se descartó que la causa del accidente estuviera relacionada con la obra ferroviaria.

El accidente dejó un saldo final de 14 personas fallecidas y 25 personas lesionadas, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República.

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Centro Histórico no es un foco rojo de la capital: SSPCE

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Jesús Juárez Hernández aseguró que el Centro es en donde más fuerzas policiacas hay, pero que deben incrementar la atención en ciertos puntos y horarios

Por: Redacción

Tras el incidente donde un joven fue golpeado a las afueras de un antro del Centro Histórico, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), señaló que esta zona no representa un “foco rojo” para la capital potosina.

El secretario reconoció que este no es el primer caso que tienen en el Centro, pero recalcó que es el punto de la ciudad en donde se tiene una mayor presencia de la Guardia Civil y la Policía Municipal. 

Hernández aseguró que más allá de aumentar el número de elementos, lo que se tiene que hacer es poner un énfasis especial en algunos lugares en específico, así como incrementar la atención en ciertos horarios.

Finalmente, el funcionario pidió a las fuerzas de seguridad ubicadas en el Centro Histórico que no se relajen, pues muchas veces se piensa que estos incidentes solo ocurren en la periferia, cuando también pueden suceder en esta zona.

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Estancada inversión nacional en SLP: Rosas Montiel

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El diputado señaló que, aunque hay inversión extranjera, los empresarios mexicanos no están invirtiendo de forma generalizada

Por: Redacción

Emilio Rosas Montiel, diputado local por Morena, advirtió que la inversión nacional en México, y particularmente en San Luis Potosí, se encuentra prácticamente estancada, al señalar que los empresarios mexicanos no están invirtiendo, pese a los esfuerzos por generar condiciones favorables para el desarrollo económico.

Durante su posicionamiento, el legislador reconoció que, si bien existe inversión extranjera directa —dato que calificó como relevante—, la inversión nacional no presenta el mismo dinamismo. No obstante, hizo un paréntesis para destacar que empresarios potosinos sí están apostando por el estado, mencionando a empresas sólidas como Grupo Valoran y Grupo Acerero, entre otras, que continúan invirtiendo.

Rosas Montiel explicó que el contexto económico actual es complejo y que se requieren estímulos y condiciones adecuadas para incentivar la inversión, especialmente ante escenarios internacionales adversos, como el comportamiento del presidente estadounidense Donald Trump, lo cual impacta el ánimo de los inversionistas y la generación de empleos.

El diputado señaló que actualmente existen 14 polos de desarrollo que ya se encuentran en vías de consolidación a nivel nacional, y expresó el interés de que San Luis Potosí cuente también con uno de estos polos, como parte de una estrategia para fortalecer el crecimiento económico del estado.

Asimismo, destacó la incorporación de los conceptos de economía regenerativa y economía circular dentro de la Ley de Desarrollo Económico, subrayando que esta visión está alineada con los criterios impulsados a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum

, especialmente en materia de sostenibilidad y aprovechamiento de recursos.

Detalló que este enfoque contempla exenciones fiscales importantes, como la exención del 100 por ciento en activos fijos para maquinaria destinada a este tipo de negocios, la asignación de tierra y exenciones del 25 por ciento para innovación, tecnología y capacitaciones, lo que representa un incentivo directo para nuevas inversiones.

El legislador explicó que la economía regenerativa y circular busca atender problemáticas como el manejo de residuos, el aprovechamiento de energías limpias y renovables, así como el impulso al turismo ecológico, planteando estas áreas como oportunidades de negocio desde una perspectiva económica.

Finalmente, informó que también se aprobó la abrogación de la Ley de Mejora Regulatoria, al señalar que uno de los principales logros de la administración federal ha sido la aprobación de la Ley de Eliminación de Trámites Burocráticos, ante la existencia de más de siete mil trámites en todo el país, entre niveles municipal, estatal y federal, con el objetivo de avanzar hacia un sistema único y digitalizado.

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