Por: Abelardo Medellín

La Secretaría de Salud pagó en 2017, sin protocolos previos o revisiones de cuenta, una factura de 3 millones 54 mil 783 pesos a la empresa QuickShine, cuya contabilidad estaba a cargo de Gabriel Alan Salazar Soto en ese entonces y que fue saldada el mismo día que se emitió, según Tomás Ricardo Coronado Zárate, representante legal de QuickShine del Potosí SA de CV, quien aseguró que esto representa un pago irregular ya que ninguna otra dependencia lo hace así.

De acuerdo con Coronado Zarate, Gabriel Salazar llevaba la contabilidad de la empresa QuickShine durante 2017, por lo que emitió la factura A4 a la Secretaría de Salud misma que, no solo fue pagada con dos horas de diferencia tras ser emitida, sino que fue hecha a nombre de un empresa que no correspondía a la que brindaba los servicios.

“Al momento la Secretaría de Salud no ha mostrado las razones detrás de cómo se generó este pago […] el señor Salazar Soto se pronuncia a través de un mensaje diciéndome que tuvo que cambiar las empresas. Creemos que hubo una manipulación en el consejo de adquisiciones que preside la Secretaria de Salud“, dijo Tomás Ricardo Coronado.

El representante de QuickShine, aseguró que “toda las licitaciones que manejó este señor (Gabriel Salazar Soto) fueron manejadas de la misma manera, de lo cual vemos un consentimiento desde el interior de la Secretaría de Salud para que haya estos contratos millonarios”.

Tomás Coronado Zárate expuso los documentos y manejos que dio Gabriel Salazar como contador de la empresa, revelan una actividad fraudulenta de parte del empresario, acusado por fraude con la empresa Invercorp.

El abogado de QuickShine hizo un llamado a la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, para que aclare “por qué razón tiene una facturación de esta índole, por qué hicieron pagos de manera inmediata […] y la forma en que se llevó la compra, que debería tener un proceso de licitación, y que la Secretaría no ha mostrado que exista dicha licitación”.

Finalmente, Tomás Coronado mostró que parte de un recurso que se pidió de regreso tras la facturación fue depositado a las cuentas de Carlos Soto y Asociados, compañía propiedad de Salazar Soto; y un grupo constructor: “No puede ser que las dependencias de Salud tengan las carencias, mientras vemos que los recursos son sustraídos de manera ilícita, con corrupción terrible y no exista ninguna auditoría formal y peor, que haya apoyo total del gobierno del estado”.

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