El primer fin de semana de los retenes antialcohol produjo ingresos por alrededor de 144 mil pesos para las arcas municipales.

Por El Saxofón

Contrario al discurso que ha ofrecido el Ayuntamiento de San Luis Potosí para justificar el regreso de los retenes antialcohol, los accidentes viales han disminuido en la capital potosina.

De acuerdo con datos del Inegi, después de un repunte en 2015, con respecto a 2014, en los dos años siguientes (2016 y 2017), los accidentes disminuyeron 25.42 por ciento. Sin embargo, el primer fin de semana de los retenes antialcohol produjo ingresos por alrededor de 144 mil pesos para las arcas municipales.

Revisemos las cifras: en 2014 ocurrieron 2 mil 156 accidentes viales; en 2015 la incidencia subió a 2 mil 509, sin embargo, en 2016 y 2017 los percances de tránsito bajaron a 2 mil 81 y a mil 871, respectivamente.

No hay cifras del Inegi, todavía para el 2018, pero la misma DGSPM, ofreció datos que reafirman esta tendencia. Según la Dirección General de Seguridad Pública (DGSPM), de octubre del año pasado a la fecha se registraron 686 accidentes viales. En 26 de ellos se detectó el consumo de alcohol en los conductores involucrados.

Estas cifras, divulgadas por el propio Ayuntamiento prueban que no hay tal incremento en el índice de accidentes.

Es decir, si en casi seis meses se registraron 686 siniestros viales, esto significa que en un año se habrían registrado mil 372 accidentes, aproximadamente, cifra inferior a los mil 871 accidentes ocurridos en 2017.

Además, según la propia DGSPM solo el 5.39 por ciento de los accidentes fueron por estado de ebriedad o aliento alcohólico, es decir, menos de uno de cada diez.

Sin duda, cualquier iniciativa que busque reducir los accidentes viales derivados del consumo de alcohol, es bienvenida, incluso si estos son pocos; lo que no es ético es ofrecer datos que no corresponden a la realidad u ofrecer información sesgada, pues esto reafirma la intención recaudatoria de una medida que históricamente ha sido propicia para los abusos por parte de las corporaciones policiacas.

Por años, el operativo antialcohol significó violaciones a los derechos humanos de algunos conductores y sobre todo, ocasión para la extorsión de automovilistas, por parte de los elementos de la DGSPM.

Nunca se informó cuánto dinero ingresó a las arcas municipales por multas aplicadas en los retenes antialcohol, ni cuantas personas fueron detenidas para revisión, ni de estas cuantas manejaban en estado de ebriedad o aliento alcohólico.

Bien haría el Ayuntamiento que preside Xavier Nava en ofrecer esta información. Dar a conocer cuántas personas fueron detenidas para revisión y cuántas fueron infraccionadas, y por ende, cuánto dinero ingresó a la tesorería municipal por el pago de multas.

En el primer operativo, según la DGSPM, fueron sancionadas 25 personas, 10 por estado de ebriedad y 11 por aliento alcohólico. Si las multas por aliento alcohólico ascienden a 4 mil pesos y las multas por estado de ebriedad a 10 mil, esto implica el ingreso de al menos 144 mil pesos, en el primer fin de semana en el que se aplicó el operativo.

¿Sí o no?

El jueves 21 de marzo el Ayuntamiento anunció la reinstauración del Operativo Antialcohol, y para justificarlo el titular de Policía Vial de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), Filemón Juárez Santana informó que del mes de octubre a la fecha han registrado 686 accidentes viales, de los cuales 26 fueron por estado de ebriedad y 11 por aliento alcohólico.

“Ahora si ya estará como operativo, se estuvo concientizando durante cuatro meses y la ciudadanía ya debe estar entendiendo sobre respetar el reglamento de tránsito y no conducir en estado de ebriedad”.

Al día siguiente, viernes 22, el Ayuntamiento dijo que siempre no, que no se aplicaría el operativo, y finalmente el sábado 23 se aplicó el operativo en el que cayeron 25 incautos.

Multas caras

Hay quien ha sugerido que las multas caras disuaden al ciudadano y lo obligan a respetar el ordenamiento de las autoridades. Sin embargo no es tan simple. Las multas caras también alientan la corrupción. Para evitar pagar una multa de 4 mil o 10 mil pesos, la “mordida” sigue siendo una opción.

La aplicación de operativo anti-alcohol es una decisión arbitraria del Ayuntamiento capitalino que preside Xavier Nava. Como autoridad, está en su derecho de implementarlo, pero si ha de mantenerse, la ciudadanía debe exigir total transparencia y la DGSPM debe hacer del conocimiento público cada semana el saldo y sobre todo la recaudación económica que de él se deriva.

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