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Responsabilizan a ciudadanos por tiraderos clandestinos de autopartes en SLP
La titular de la Segam dijo que no es “descontrol de la autoridad”, sino “inconsciencia de la ciudadanía que va y tira la basura de manera inadecuada”
Por: Redacción
La titular de la Secretaría de Ecología estatal (Segam), Yvett Salazar Torres, aseguró que esa dependencia hace “todo lo posible para tener en control a todas las empresas automotrices generadoras de residuos. Pero estamos viendo que hay un descontrol en los transportistas que van y les venden ilegalmente a estos lugares, entonces tendremos que analizar la posibilidad de ir retirando estos permisos de transporte y turnarlos como delitos ambientales”.
Aseguró que esa situación no se debe a “descontrol de la autoridad”, sino “inconsciencia de la ciudadanía que va y tira la basura de manera inadecuada o que quiere hacer un mal negocio con esta situación”.
En una rueda de prensa realizada ayer, Yvett Salazar Torres fue cuestionada sobre el incendio de desechos industriales que se registró en un tiradero clandestino el pasado 3 de abril en la localidad de Peñasco.
Ante esto, Salazar Torres respondió que se hicieron dos oficios, uno dirigido a Catastro Municipal “porque cuando llegamos al sitio no había nadie”, e indicó que es un lugar que está ocupado como un “confinamiento sin permisos”.
“Cuando llegamos, casi la totalidad de las autopartes estaban consumidas. No hubo manera de identificar cuál fue la fábrica que lo generó o cuál fue la industria que lo generó”.
La secretaria de Ecología agregó que también se pidieron recomendaciones a la Dirección de Ecología Municipal, pues indicó que dentro del reglamento urbano “faculta al municipio a que multe a todos aquellos propietarios que tengan propiedades que estén sin uso y los obliga a que los cerquen”.
Salazar Torres dijo: “requerimos que todos los responsables y dueños de terrenos baldíos los cerquen para evitar que se dé una inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos o los de manejo especial”.
JALÓN DE OREJAS DE INECC
Ayer por la mañana, la organización Cambio de Ruta informó que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) no mide eficazmente la calidad del aire en la zona metropolitana de San Luis Potosí, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que dio a conocer el pasado 1 de abril el Informe Nacional de Calidad del Aire.
En dicho informe, se revela que San Luis Potosí “no genera información que permita evaluar la situación que viven los potosinos respecto al aire”.
La organización señaló que “a pesar de que la Segam asegura que mide de manera eficiente la calidad del aire, es una realidad comprobada que, al día de hoy, la población potosina no sabe si el aire que respira representa un riesgo para su salud”.
Además, los integrantes de Cambio de Ruta aseguraron que “sí se observa que las enfermedades que provoca la contaminación del aire están afectando a gran parte de la población”.
Por último, la organización aseguró que continuarán su “activismo jurídico y social respetuoso, para que el cuidado del medio ambiente en San Luis Potosí, y por consecuencia nuestra salud, sea una prioridad, en beneficio de todo”.
Como respuesta, Yvett Salazar Torres informó, según se dio a conocer en un boletín de prensa, que de los estudios realizados por el INECC sobre las ladrilleras de la zona metropolitana de San Luis Potosí, se desprende que de los contaminantes analizados (SO2, NO2,CO, O3,PM10), únicamente las PM10 fue el contaminante que ha rebasado los límites máximos permisibles en algunas horas y estaciones del año, sin que esta situación nos coloque por encima de otras ciudades, como la Ciudad de México.
Incluso recalcó que el contaminante se encuentra por debajo de las normas nacionales, de la Unión Europea y de la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, además informó que dicho estudio determinó que no existen riesgos a la salud por plomo ni benceno.
La titular de la Segam dijo que el Colegio de San Luis realizó un estudio socio ambiental sobre la actividad ladrillera, donde se determinó la existencia de 125 hornos operando en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, así mismo, detalló que el informe constató que los ladrilleros han operado en la zona norte desde hace más de 35 años, siendo esta actividad la principal fuente generadora de ingresos de dicho sector.
Salazar Torres comunicó que la contaminación proveniente de hornos ladrilleros es una problemática nacional, pues se registran más de 17 mil ladrilleros en el país. Por eso, según el boletín de gobierno del estado, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático presentó un análisis costo-beneficio de las tecnologías y métodos cero emisiones para la fabricación de ladrillos.
En dicho estudio se observa que el costo de inversión para el cambio de tecnología varía entre los 400 mil pesos hasta el 1.7 millones de pesos por productor, para ello se analizan las mejores alternativas para atender este tema.
En el boletín, Salazar Torres refirió que el descontrol en el crecimiento urbano ha generado inconformidad social y ha puesto en riesgo la salud de los vecinos, por lo que pidió a las autoridades municipales suspender los permisos de construcciones habitacionales cercanas a las ladrilleras con la finalidad de evitar posibles daños a la salud.
CAMBIO DE RUTA RESPONDIÓ
Otro boletín de prensa de la Segam presumía que la Sierra de Álvarez cumplirá 38 años de protección federal. Cambio de Ruta contestó a ese boletín.
“La titular de la Secretaría de Ecología de gobierno del estado, Yvett Salazar Torres, comentó que el Área Natural Protegida Federal denominada Sierra de Álvarez, se encuentra decretada desde el año 2000, misma que este mes cumple 38 años de conservación”, dice el boletín del gobierno del estado.
Cambio de Ruta respondió que esta información era falsa, ya que la Sierra de Álvarez fue declarada como Área de Protección de Flora y Fauna el 7 de abril de 1981. Si hubiera sido en el 2000, no hubiera cumplido 38 años.
“Asimismo, informó a los interesados en la protección de la Sierra de Álvarez que a la fecha no existen recursos legales, medios de impugnación o sentencias que pongan en riesgo la categoría del Área natural”, dice el boletín de Segam.
A esto, Cambio de Ruta dijo que es cierto, situación que “ha informado oportunamente ante diversos medios de comunicación, la Sierra de Álvarez no perdió su categoría de ANP”.
El grave problema que tiene, es el desinterés de las autoridades federales, estatales y municipales en su protección mediante un programa de manejo.
El programa de manejo es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del Área Natural Protegida, dijo Cambio de Ruta.
El boletín del gobierno estatal además menciona que “en lo que refiere al Programa de Manejo de la Sierra de Álvarez, la Secretaria dio a conocer que el borrador de dicho programa fue sometido a consulta pública con la finalidad de promover la participación de habitantes, poseedores, propietarios, dependencias, organizaciones y personas interesadas para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente”.
“Mencionó que para reforzar tal participación la Conanp incluyó una estrategia de difusión, que se apoyó en publicaciones en los periódicos de mayor circulación, una rueda de prensa con cobertura estatal, la exhibición de lonas informativas que rotaron en diversos puntos estratégicos en la cobertura geográfica delimitada, entrega de trípticos, carteles colocados en lugares selectos de las localidades y ejidos involucrados, invitaciones masivas y el uso de redes sociales, además de invitaciones personalizadas y el libre acceso a descargar el borrador del programa de manejo en el sitio oficial de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.
Cambio de Ruta informó que la Sierra de Álvarez no cuenta desde hace 38 años un programa de manejo. “Es cierto que existió un borrador de programa de manejo, en agosto del 2018, y desde esa fecha, se desconoce qué pasó con el resultado de la mañosa consulta que se realizó; es decir han pasado más de 250 días sin que se sepa qué ocurrió con ese supuesto proceso, y en Cambio de Ruta estamos interesados en que no transcurran otros 38 años sin materializar el programa de manejo”.
El boletín de Segam “comentó que aún faltan procesos internos de la Conanp pendientes por cumplir para lograr la publicación del Programa de Manejo en el Diario Oficial de la Federación, pero que, sin embargo, el Estado estará dando seguimiento a que se
cumplan los plazos establecidos por la autoridad Federal”. Cambio de Ruta contestó que “Nuestra súplica tiene como intención que no transcurran 38 años más, dado que los plazos no los fija la autoridad federal, sino la normatividad ambiental aplicable”.
Según el comunicado de prensa de Segam, la titular de esa dependencia, Yvett Salazar, “solicitó a las asociaciones civiles a informarse de tal situación con el ánimo de brindar tranquilidad a sus seguidores y de comunicar adecuadamente el proceso y alcances de los Programas de Manejo”.
Ante esto, la asociación Cambio de Ruta respondió que “parece que la Segam requiere allegarse mayor información, razón por la cual el próximo viernes 12 de abril del 2019 solicitaremos por escrito, más de 12 mil potosinos, que el gobernador del estado intervenga directamente en esta situación”.
“Estamos convencidos que las declaraciones son respuesta al movimiento social generado por la defensa de la Sierra de Álvarez, ya que anterior a nuestra petición no existió interés alguno por dicha zona. Pero la respuesta nos llena de satisfacción porque es muestra de que en San Luis Potosí se ha iniciado una preocupación y un debate por atender los conflictos ambientales. En el caso de la titular de esa dependencia no hubo pronunciamiento hasta ahora que anunciamos la recolección de miles de firmas”.
“Mientras el matiz de Segam ha sido informar que no pasa nada, los ciudadanos hemos puesto la alerta de problemas reales que nos aquejan a los potosinos y que sí estamos preocupados en recuperar el capital verde potosino”.
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Cita la FGR a comparecer al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya
Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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Entrega la FGR citatorio para comparecer a la Gobernadora de Chihuahua
La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país? “.
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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Aprueban reformas para fortalecer legislación de protección animal
Se establecieron acciones para protección de animales de trabajo y especies de animales silvestres
Por: Redacción
A propuesta de la diputada Nancy Jeanine García Martínez, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí, a fin de fortalecer la legislación en la materia.
Entre las reformas, se incorpora en el apartado de animales de trabajo, a los animales para uso de labranza, y establecer claramente a las autoridades encargadas de la atención animal a la persona titular del Poder Ejecutivo.
Se establece también que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, coadyuvará con la Federación y los Municipios, en levantar y mantener actualizados el inventario de la población animal silvestre existente en la Entidad.
Y además, se establecen atribuciones para crear reservas y salvaguardar las especies de animales silvestres.
La legisladora García Martínez expresó que con estas modificaciones se brinda certeza jurídica en las responsabilidades de las autoridades, “y también se incorpora la protección de la vida silvestre, y con ello se protege también la biodiversidad de nuestras especies”.
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