En menos de 48 horas, el anuncio del diputado Cuauhtli Badillo sobre una inversión federal para sanear el embalse derivó en un choque de versiones entre funcionarios de tres niveles de gobierno —ninguno con documentos— y terminó en una acción legal que podría paralizar la obra antes de que arranque

Por: Redacción

Este 13 de mayo, la asociación civil Cambio de Ruta presentó un escrito dentro del amparo indirecto 729/2018-VI ante el Juzgado Octavo de Distrito para obligar al diputado local Cuauhtli Fernando Badillo Moreno a acreditar una inversión federal de entre 16 y 18 millones de pesos para el saneamiento de la Presa San José.

La acción tiene precedente: la misma organización ya paralizó con amparos la rehabilitación del Parque de Morales, cuestionó la operación del parque acuático Dinoasis y se ha opuesto sistemáticamente a varias obras tanto del estado como de la capital.

En esta ocasión el amparo exige que Badillo, el Congreso del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entreguen los documentos que avalen el proyecto: gestiones realizadas, nombres de los servidores públicos involucrados, origen de los fondos, calendario de ejecución y constancia de que la inversión está formalmente autorizada mediante anexos técnicos y dictámenes. Si el juzgado emite el requerimiento y los documentos no existen o no se presentan, el proyecto quedaría suspendido.

El conflicto estalló el 11 de mayo, cuando Badillo, diputado de Morena, anunció públicamente que la Conagua ya aprobó una intervención al embalse que contempla la limpieza de lirio acuático, mantenimiento del cárcamo y rehabilitación de la planta tratadora. Ese mismo día, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos informó que desconocía la iniciativa y que la Conagua tampoco le supo dar detalles. El 13 de mayo, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, confirmó que su dependencia tampoco cuenta con información oficial sobre los recursos.

Badillo justificó que el municipio no fue notificado porque el proyecto se ejecutará exclusivamente entre el gobierno estatal y la federación. Galindo Ceballos dijo estar dispuesto a colaborar una vez que la Conagua oficialice la información, y advirtió que el retiro del lirio acuático no es una decisión menor: estudios del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) indican que esa planta retiene actualmente metales pesados en el agua del embalse.

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