En el caso específico del Interapas, se mantendrá la propuesta de un 3.8 por ciento para uso doméstico

Por: Redacción 

Las y los diputados integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobaron los criterios a seguir en relación con las iniciativas de Leyes de Cuotas y Tarifas que remitieron al Congreso del Estado los organismos operadores de agua y servicios conexos, para el Ejercicio Fiscal 2026, informó la presidenta de la comisión diputada Nancy Jeanine García Martínez.

En virtud de que todos los organismos operadores, a excepción de Cárdenas y Tamuín, presentaron modificaciones en sus propuestas entregadas al Poder Legislativo, se tomó el acuerdo de homologar el ajuste para 2026 al Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) que registró un acumulado de enero a septiembre de 2025 de 4.93 %.

En el caso específico del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS), se mantendrá la propuesta de un 3.8 por ciento para uso doméstico y del 6.6 por ciento para industrial, comercial y público, toda vez que tuvo el respaldo de los integrantes de la Junta de Gobierno (Capital, Soledad y Cerro de San Pedro) y el aval de Villa de Pozos.

Se plantea un exhorto al coordinador del IMSS-Bienestar, para que implemente acciones necesarias que aseguren el reembolso de gastos médicos

Por: Redaccción

Integrantes de la comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, aprobaron por mayoría tres puntos de acuerdo que exhortan a las dirección del IMSS-Bienestar para que sea eficiente en el reembolso de recursos a personas que se atienden en clínicas particulares y compran su medicamento, revise las condiciones de operación del hospital de Ciudad Valles y revise los sistemas digitales, informó la diputada Frinné Azuara Yarzábal.

A la reunión de la comisión asistieron, además de la presidenta, los diputados Luis Felipe Castro Barrón, Carlos Artemio Arreola Mallol, Nancy Jeanine García Martínez, María Aranzazu Puente Bustindui, Mireya Vancini Villanueva y Marco Antonio Gama Basarte, quienes hicieron posicionamientos sobre los temas abordados.

El primer punto de acuerdo aprobado fue presentado por la diputada Frinné Azuara Yarzábal que plantea un exhorto al coordinador estatal del organismo público descentralizado IMSS-Bienestar, para que, en el ámbito de su competencia, implemente las acciones y estrategias necesarias que aseguren el reembolso de gastos médicos –incluyendo consultas, estudios, medicamentos y hospitalización- a personas sin acceso a seguridad social.

Son personas que, ante la falta de atención en las unidades médicas del OPD IMSS-Bienestar y en las que se tenga convenio con el IMSS-Régimen Ordinario para la atención de esta población, se ven obligadas a recurrir a servicio del sector privado para salvaguardar su salud. El dictamen establece que la transición al IMSS Bienestar ha sido un proceso lento, que ha provocado retrasos en la atención médica de población y deficiencias en el servicio; el proceso de compra de medicamentos e insumos llega a una etapa en donde no se logra hacer la distribución en las unidades médicas.

Las excluyentes se aplicarán cuando el embarazo sea resultado de violación, estupro, inseminación artificial indebida o implantación indebida

Por: Redacción 

Para incorporar diversos excluyentes de responsabilidad penal del delito de aborto, se aprobó el Decreto de reforma al artículo 150 del Código Penal del Estado, durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado realizada en el salón de Pleno “Ponciano Arriaga”.

Las excluyentes de responsabilidad, se aplicarán cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer o persona gestante; el embarazo sea resultado de un delito de violación, estupro, inseminación artificial indebida o implantación indebida de un óvulo fecundado, independientemente de que exista o no, denuncia o causa penal sobre dichos delitos previo al aborto.

Además, cuando se acredite por cualquier medio que una autoridad o institución pública de salud o su personal, haya negado previamente o prorrogado la interrupción del embarazo dentro del plazo de las doce semanas de embarazo, la mujer gestante se encuentre en una situación económica de pobreza extrema.

Y, cuando a juicio del médico o la médica que la asista, de no interrumpirse el embarazo, la mujer gestante, se encuentre en peligro de muerte o en riesgo de una afectación grave a su salud, y cuando a juicio de un médico o médica especialista exista razón suficiente para diagnosticar que el producto del embarazo presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer gestante.

Se indica que en el caso de que la consecuencia de la comisión del delito de estupro es el embarazo, debe garantizarse a la víctima de ese delito, al igual que en el delito de violación, y la implantación de un óvulo fecundado sin el consentimiento expreso de la paciente, se debe garantizar su derecho a la salud (psicológica y física), a su libertad reproductiva, y a su derecho a decidir.