Congreso del Estado
Regidores de Rioverde alcanzan acuerdo en el Cabildo

Tras señalamientos de violencia de género y sanciones electorales, diputados locales lograron que Salvador López y Rosa María Huerta se dieran la mano
Por: Redacción
A través de la intervención del Congreso del Estado, se logró un acuerdo político entre regidores del Ayuntamiento de Rioverde, con el objetivo de superar diferencias internas y garantizar la gobernabilidad del municipio. El anuncio fue realizado por los diputados Leticia Vázquez (del Partido del Trabajo) y Marco Antonio Gama (de Movimiento Ciudadano), quienes celebraron el acercamiento entre regidores de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras semanas de tensión política e institucional.
En conferencia de prensa, los legisladores dieron a conocer que los regidores de MC, Salvador López, Mariana Díaz Castillo, Elisa Mendoza Tovar y J. Concepción Neri, alcanzaron un acuerdo con la regidora del PVEM, Rosa María Huerta. Ambas partes se comprometieron a dejar atrás las diferencias políticas y priorizar el trabajo institucional. “Los desacuerdos al inicio de las administraciones son naturales, pero nuestra labor es ayudar a mantener la gobernabilidad”, señaló la diputada Vázquez.
Por su parte, el diputado Gama aseguró que el tema surgió desde el pasado Congreso Itinerante, y que se ha logrado resolver en el corto plazo. Durante el encuentro, Salvador López y Rosa María Huerta se dieron la mano, como muestra del nuevo compromiso institucional. La regidora Mariana Díaz añadió que habrá espacio para el debate, pero con respeto y responsabilidad.
Sin embargo, este acuerdo ocurre en un complejo contexto legal y social, ya que Salvador López fue denunciado por violencia política en razón de género por Rosa María Huerta, lo que derivó en medidas de protección emitidas el pasado 12 de septiembre de 2024 por el Juzgado Primero de lo Familiar en Rioverde.
Huerta acusó que durante la campaña electoral y el día de la elección, recibió mensajes despectivos y fue agredida verbalmente por López. Posteriormente, denunció actos de acoso en redes sociales y agresiones simbólicas, como el lanzamiento de huevos a su domicilio y prácticas intimidatorias que calificó como brujería.
“No me va a intimidar. Tengo todo documentado con fotografías”, declaró la regidora, quien también presentó una segunda demanda por revictimización.
Estas medidas legales impidieron que Salvador López tome protesta como regidor, ya que tiene prohibido acercarse al lugar de trabajo de la regidora, es decir, la presidencia municipal. López ha argumentado que esta situación vulnera sus derechos político-electorales y ha intentado presentar pruebas en redes sociales para desmentir las acusaciones.
En paralelo, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa de 10 mil 800 pesos para cada integrante del Cabildo de Rioverde, por no tomar protesta a Salvador López en el plazo establecido. El fallo, emitido el pasado 23 de enero, ratificó la sanción impuesta previamente por el Tribunal Estatal Electoral, señalando que el incumplimiento fue parcial e injustificado, aun cuando algunos regidores consideraron haber actuado conforme a lo ordenado.
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Congreso del Estado
Diputados defienden apoyos para gasolina en el Congreso de SLP
Rubén Guajardo afirmó que los recursos están presupuestados desde 2024 y que los traslados son proporcionales a la región de cada diputado
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado del V distrito, defendió los apoyos para gasolina que reciben las diputadas y diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí, argumentando que el presupuesto para el año 2025 —aprobado desde diciembre— ya contempla los recursos destinados a ese gasto.
“No ha habido aumentos al presupuesto. Incluso, son muy claros los gastos que se dan mes con mes. Es una herramienta que se le da a los diputados y es proporcional al lugar donde fueron electos u originarios”, expresó Guajardo.
Como ejemplo, comparó los gastos que realiza él en sus actividades dentro de la capital,
con los del diputado Marcelino Rivera, quien debe trasladarse una o dos veces por semana desde San Martín Chalchicuautla hasta la sede del Congreso del Estado.Guajardo Barrera enfatizó la transparencia del uso de estos recursos, aunque el salario mensual neto de los diputados asciende a 97 mil 046.60 pesos, según lo documentado en un artículo de El Sol de San Luis publicado en febrero de 2025.
Finalmente, Guajardo afirmó que desconoce cuál es el problema en torno al tema, pues considera que todo está claro y justificado dentro del marco del presupuesto aprobado.
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Congreso del Estado
Congreso de SLP iniciará análisis de la Ley de Movilidad
El diputado Emilio Rosas mencionó que comenzarán mesas de trabajo con colectivos, dependencias de gobierno estatal, Agenda Ambiental de la UASLP y el Colsan
Por: Redacción
En las próximas semanas, se llevarán a cabo las Mesas de Trabajo donde participará la Comisión de Movilidad y Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, autoridades de Gobierno del Estado y colectivos ciclistas, para la revisión de la iniciativa ciudadana en materia de movilidad, manifestó el diputado Emilio Rosas Montiel.
“A partir de una convocatoria que haga la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado, se irá citando a distintas dependencias, a distintos municipios para hacer un trabajo de perfección de la ley y después se ingresará al Congreso del Estado y el Congreso es quien tiene que hacer la consulta. Entonces vamos en marcha”.
Señaló que también se incluirá la agenda ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como las opiniones del Colegio de San Luis y el Gobierno del Estado.“Entonces se ha avanzado mucho, no es fácil, sabemos que los tiempos, la demanda, la exigencia ciudadana no para y es justa y es legítima, pero lo importante es que vamos en la ruta para que salga la ley de movilidad y sobre todo que salga bien, que sea una ley que sí se aplique”.Indicó que es importante contar con el consenso previo, sumar voces y saber las opiniones técnicas de cada dependencia, así como de los municipios, ya que el centro de la nueva legislación es la seguridad
vial”.
“Entonces lo que queremos es que cada quien sepa bien cuál es su competencia, SEDUVOP, SEGAM, Secretaría de Seguridad Pública, municipios, y que estemos listos para dar una verdadera transformación de cómo vivimos nuestra convivencia en el tránsito”.
Finalmente, el legislador dijo que entre los colectivos de la sociedad civil que estarían participando se encuentran: Pedaleando, Pensar, Imaginar y Hacer Ciudad, y Derechos Urbanos, entre otros.
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Congreso del Estado
Necesario garantizar derechos de personas en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación
La diputada Martha Patricia Aradillas presentó una iniciativa para eliminar lo relacionado al internamiento involuntario
Por: Redacción
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios y a la Ley de Prevención y Control de Adicciones para el Estado así como al Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar lo relacionado al internamiento involuntario, así como incluir dentro del delito de privación ilegal de la libertad, cuando una persona sea internada en una casa de salud mental o centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal.
De acuerdo con la NOM 028, el tema del ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC.
Anteriormente, el procedimiento para internar a una persona en contra de su voluntad consistía en lo siguiente: un médico determinaba la existencia de una enfermedad debido a la cual la persona podría representar un “peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros. Un tercero que podía ser familiar, tutor o representante legal solicitaba el internamiento. La persona era internada por tiempo indefinido”.
Existía la obligación de dar aviso al Ministerio Público, podían transcurrir varios días posteriores al ingreso de la persona para que los médicos valoraran la pertinencia de continuar o suspender el tratamiento hospitalario. Innegablemente este “procedimiento traía consigo una serie de supresiones de derechos humanos y garantías”.
La privación ilegal de la libertad es un delito en el cual un particular priva a otro de su libertad sin su consentimiento, realizando o no actos de violencia.
Es por ello que resulta necesario garantizar los derechos de aquellas personas que resultan ser internada sin su consentimiento en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación por el uso de sustancias psicoactivas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.
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