Juan Antonio Villa dijo que las detenciones implican, a veces, más de 300 dosis por semana

Por: Redacción

La Policía de la Capital detiene en promedio a 15 o 16 personas por semana por narcomenudeo, con dosis que en ocasiones superan las 300 por semana, informó Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Villa dijo que las sustancias que más identifican son cristal, marihuana y cocaína. Las detenciones, explicó, se hacen a nivel general y sin un punto específico, aunque ahora ponen especial énfasis en el Centro de Abastos

, donde llevan una investigación de meses. Afirmó que los resultados no son “buena suerte”, sino producto de un análisis y un estudio de varios meses.

El secretario dijo que hoy tienen más de 24 personas detenidas dedicadas al narcomenudeo. Señaló que la seguridad “es responsabilidad de todos” y que no se debe encasillar a una institución en determinadas competencias. Puso un ejemplo: si él dijera que el narcomenudeo es un delito federal y que por eso no pueden intervenir. “Al contrario, nos estamos sumando”, dijo, a la estrategia de las mesas de seguridad y de paz.

La corporación participa en operativos mixtos con la Defensa y la Guardia Civil Estatal, afirmó Villa, y consideró que “la coordinación mata toda grilla” y beneficia a los ciudadanos.

El funcionario añadió que ese trabajo también se refleja en los homicidios dolosos, delito en el que la SSPC capitalina reportó una caída de 70.2% en su evaluación de resultados 2021-2026.

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Los trabajadores inconformes adelantaron más movilizaciones y no descartaron frenar actividades en los hospitales

Por: Redacción

Los trabajadores inconformes del IMSS en San Luis Potosí rechazaron la nueva propuesta de aumento salarial de 8% que anunció este miércoles el director del Instituto, Zoé Robledo. “Ese 8% para nosotros es una burla”, dijo Rubio Arteaga, trabajador del Hospital General de Zona número 6 de Ciudad Valles.

La dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos, aceptó la propuesta. Olivos dijo que el acuerdo “equilibra las aspiraciones de la base trabajadora con la viabilidad financiera de la institución”. El sindicato no ha informado si someterá el acuerdo a consulta de los trabajadores, como ocurrió con la oferta anterior.

Rubio Arteaga se presentó como uno de los “37 más uno” que organizan el movimiento a nivel nacional y dijo que representa a la sección 18. Aseguró que no pertenece a ningún partido y que no busca ningún cargo.

“4% no sirve absolutamente para nada”

Según su versión, el 8% se divide en 4% al tabulador, que es el sueldo base y el que cuenta para la pensión, y 4% a las prestaciones del llamado Concepto 11. “El 4% no sirve absolutamente para nada, no es significativo, seguimos en lo mismo”, dijo. La base, recordó, exige 10% directo al tabulador como mínimo. El IMSS no ha detallado públicamente cómo se reparte el aumento.

El 14 de octubre, los trabajadores sindicalizados rechazaron en consulta la primera propuesta, de 6.8%: 2.9% al tabulador y 3.9% al Concepto 11.

Congreso Extraordinario y más movilizaciones

Rubio Arteaga dijo que el salario no es la única demanda. Los inconformes exigen que el SNTSS convoque a un Congreso Nacional Extraordinario, su máximo órgano de decisión, para frenar la reforma al artículo 136 bis, que llamaron “ley mordaza”. También piden que la aportación a las Afores se vaya directo al salario y que se retiren los dirigentes “que no nos representan”.

Adelantó más marchas y otras acciones que no quiso detallar “porque el gobierno va a decir”. Sobre si podrían frenar actividades en los hospitales, respondió: “Sí, puede ser también, porque nos están obligando”. Por ahora, dijo, siguen atendiendo a los pacientes porque “privilegiamos la vida”.

Medicamentos: “que hagan auditoría a los jefes”

Ante señalamientos de que personal médico se lleva medicinas, pidió auditar a funcionarios y jefes, que, dijo, manejan los medicamentos “a discreción”. También pidió revisar a los proveedores del Instituto.

Sobre la reciente visita de la delegada a Ciudad Valles, dijo que fue una “avanzada” para preparar una visita de la Presidenta y “maquillar” las supervisiones.

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Jesús Juárez puso como ejemplo a dos policías municipales de San Vicente detenidos con un arma que no es de cargo

Por: Redacción

La mayoría de las policías municipales de San Luis Potosí no detiene a narcomenudistas ni a integrantes de células criminales. Así lo afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien pidió a los ayuntamientos asumir su parte.

Al preguntarle en qué se basa, respondió que en los análisis de la mesa de coordinación y en las estadísticas. La Guardia Civil Estatal suma miles de detenciones, sobre todo de personas dedicadas a la venta de droga, mientras que la mayoría de los municipios no hace ese tipo de arrestos: «hay unas honrosas excepciones», dijo.

En la zona metropolitana, y sobre todo en la capital, lo que más pesa en las estadísticas son delitos del fuero común: violencia familiar, riñas, robo a transeúntes y robo al interior de vehículos. Juárez Hernández dijo que también son responsabilidad del Estado, pero que atenderlos le toca sobre todo a la policía municipal.

«Ahí es donde nosotros pedimos el apoyo, porque creo que tienen la fortaleza, tienen la fuerza, tienen la cantidad de elementos, tienen las patrullas», dijo. Advirtió que si los municipios no responden, el Estado tendrá que retirar personal del Escudo Potosí «para venir a hacer el trabajo de las policías municipales».

Reconoció que las corporaciones de la zona metropolitana han logrado buenas detenciones de personas dedicadas a la venta de drogas. Pero sostuvo que, con mejor coordinación, se podría hacer mucho más, sobre todo contra la violencia familiar.

Como ejemplo de lo que cuestiona, citó la detención de dos policías municipales de San Vicente Tancuayalab que portaban un arma que no es de cargo. Según el secretario, uno de ellos está contratado formalmente y el otro no. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por eso, entre las propuestas que dejó al Congreso después de su comparecencia por la Glosa del Quinto Informe, planteó crear soportes jurídicos para obligar a los alcaldes y a los directores de policía a fortalecer sus corporaciones. Explicó que en los municipios alejados el tiempo y la distancia le impiden al Estado sostener una base operativa completa, y que esa tarea la podrían cubrir los ayuntamientos.

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