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Regidor de Rioverde demanda que tiene restricción, pero no está inhabilitado
Nicolás Juárez, magistrado del Tribunal Electoral de SLP, explicó que ya absorbieron el caso y analizarán si se violan los derechos políticos de López Aguilar
Por: Daniel Rocha
Víctor Nicolás Juárez Aguilar, presidente del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), informó que el Tribunal comenzó a procesar el caso de Salvador López Aguilar, regidor electo de Ríoverde, quien ha impugnado al Ayuntamiento por no haberle tomado protesta en su cargo.
El presidente del TEESLP reveló que el martes pasado, el Tribunal recibió formalmente el medio de impugnación del regidor, y al día siguiente, envió un oficio al Ayuntamiento de Ríoverde solicitando un informe circunstanciado sobre la situación.
Juárez Aguilar explicó que el informe debe detallar si el Ayuntamiento confirma la denuncia del regidor y, en caso afirmativo, explicar las razones por las cuales no se le ha tomado protesta; además enfatizó que, de ser necesario, el Tribunal podrá ordenar que se tome la protesta en el momento en que se emita la sentencia.
Lo anterior se debe a que Rosa María Huerta, regidora en Rioverde, presentó una denuncia en el Juzgado Primero de lo Familiar en Ríoverde en contra de López Aguilar por ejercer violencia política en razón de género, por lo cual López Aguilar no ha podido tomar protesta como integrante del cabildo rioverdense, a causa de que la integrante del cabildo también solicitó medidas cautelares en las cuales está el no acercarse a su trabajo, que es en la misma presidencia municipal.
La impugnación del regidor se basa en que, a pesar de haber sido electo, no se le ha permitido asumir su puesto oficialmente, lo que implica una violación a sus derechos político-electorales, razón por la cual el Tribunal analizará si la actuación del Ayuntamiento está justificada o si ha afectado de manera ilegal los derechos del regidor.
Respecto a las acusaciones previas de violencia política en razón de género que podrían influir en la toma de protesta del regidor, el Tribunal explicó que no hay inhabilitación oficial que le impida asumir su cargo y lo que se demanda es que a pesar de tener una medida cautelar que le prohíbe acercarse a la regidora afectada, esto no es suficiente para impedirle legalmente tomar protesta:
“No tiene ninguna prohibición a la distancia, es lo que yo aprecio, lo único que él tiene, es una medida de restricción, de no acercarse a la regidora, pero no tiene ninguna inhabilitación, lo único que nosotros tenemos que ver es sí no se le ha tomado protesta y sí es justificado o no ese actuar del Ayuntamiento”.
El Tribunal también informó que ha solicitado al Ayuntamiento que publique la demanda del regidor en sus estrados por un periodo de 72 horas, para que cualquier tercero interesado pueda comparecer y presentar información adicional si así lo desea. Una vez cumplido este plazo, el Tribunal tendrá acceso a la documentación necesaria para proceder con la resolución del caso.
Juárez Aguilar aclaró que después de la información solicitada al Ayuntamiento de Rioverde, el Tribunal tiene un plazo de 12 días hábiles para emitir un fallo una vez que se cierre la instrucción del caso, es decir la sentencia podría llegar a finales de este mes. Sin embargo, enfatizó que la prioridad es resolver el asunto lo antes posible.
El presidente del Tribunal Electoral indicó que el regidor ha señalado que no ha recibido sueldo, pues no ha podido asumir oficialmente sus funciones. De acuerdo con la demanda presentada, el suplente es quien está desempeñando el papel de regidor en su lugar, lo cual ha sido una de las principales causas de su impugnación.
Finalmente, el Tribunal señaló que el proceso está en curso, y que la sentencia dependerá de la información y argumentos presentados por ambas partes.
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La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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El secretario Guadalupe Torres Sánchez hizo un llamado a no bajar la guardia y pidió a los municipios reforzar labores de desazolve
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que aunque las recientes lluvias en el estado han sido beneficiosas para la captación de agua en presas, también exigen atención preventiva en zonas vulnerables. En ese sentido, indicó que el único río que actualmente se mantiene en nivel máximo de observación es el Río Valles, sin representar aún un riesgo, pero con vigilancia permanente.
“El de Valles ya está al nivel máximo, sin que haya riesgo, pero sí amerita seguimiento. Todos los demás ríos como el Micos, Pujal, Tamuín, Santa Rosa y El Naranjo no representan ningún problema hasta ahora”, señaló.
Respecto a las presas, Torres Sánchez detalló que los niveles actuales son alentadores: La Lajilla ya se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que El Peaje está al 89%, seguida de El Realito y la Cañada del Lobo. La que presenta menor captación es El Potosino, con apenas 40%
Torres lanzó además un exhorto a los gobiernos municipales, en especial al de la capital potosina, para que intensifiquen las acciones de limpieza y desazolve en alcantarillas y calles, con el fin de evitar anegamientos y problemas en la movilidad urbana:
“Es momento de ponernos las pilas. Es responsabilidad de cada ayuntamiento salir a las calles a limpiar donde se requiera, y evitar problemas con las lluvias.”
Finalmente, reiteró que aunque se mantiene vigilancia activa en varios puntos del estado, las lluvias hasta el momento han traído más beneficios que complicaciones.
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