Estado
#QuiuboleCon | El PAN y el diputado 28
¿Por qué este suceso causó revuelo en el Congreso del Estado de San Luis Potosí? Aquí lo explicamos
Por: Redacción
Este sábado se tomó protesta a las y los diputados que conformarán la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, una manifestación por parte del Partido Acción Nacional (PAN), generó discusiones durante esta ceremonia y provocó que la directiva tomará protesta a 28 legisladores.
Pero, ¿cuál es la trascendencia de este hecho?
El Poder Legislativo local está constituido por 27 diputadas y diputados, 15 de ellos por mayoría relativa (es decir, por el voto de la ciudadanía) y 12 por representación proporcional (por mayoría asignada a cada partido).
Marcelino Rivera Hernández, diputado local por mayoría relativa, acudió a la ceremonia de toma de protesta como legislador, tras haber obtenido su constancia de mayoría por el Consejo Estatal Electoral y de Participáción Ciudadana (Ceepac).
Sin embargo, Rivera Hernández fue inhabilitado como funcionario o servidor público por 20 años por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), por su ejercicio como presidente municipal de San Martín Chalchicuautla del 2012 al 2015.
Debido a este documento, el Congreso del Estado decidió llamar a Enrique Gerardo Ortiz Hernández, su respectivo suplente, pero que decidió entrar como legislador sin partido y ya fue habilitado su perfil en el portal del Congreso local.
Durante la toma de protesta, el PAN acusó una violación a los derechos político-electorales de Rivera Hernández y advirtieron que pelearán por la curul ganada por este partido.
Pese a ello, la directiva entrante del Congreso local tomó protesta a 28 diputados, cuando deberían ser 27 y sin aclarar la situación de quién quedará en este espacio.
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Estado
Migración atiende quejas por atención en aeropuertos y terminales
El Instituto de Migración de SLP informó que existen reuniones semanales con autoridades federales para revisar operativos y atención a usuarios
Por: Redacción
El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí, Luis Enrique Hernández Segura, informó que el gobierno estatal mantiene reuniones semanales con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para revisar operativos y atender quejas relacionadas con tiempos de espera y trato a usuarios en aeropuertos y terminales.
El funcionario explicó que los encuentros se realizan cada lunes con el delegado federal del INM, particularmente para abordar reportes ciudadanos derivados del incremento de usuarios en vuelos y procesos migratorios.
“Hemos tenido algunas quejas, sobre todo en aeropuertos”, reconoció.
Hernández Segura señaló que una de las principales inquietudes tiene que ver con retrasos en trámites y validaciones migratorias necesarias para menores de edad que viajan al extranjero
.“Nos llegaban muchas quejas de familias que buscaban que sus hijos viajaran al extranjero y necesitaban ciertos sellos migratorios”, explicó.
El titular del instituto indicó que, aunque las autoridades migratorias federales atribuyen la saturación al aumento de usuarios, el gobierno estatal solicitó agilizar los tiempos de atención y mejorar el trato hacia las personas que realizan trámites.
Además, aseguró que el estado ofreció apoyo mediante programas de capacitación en atención ciudadana dirigidos al personal involucrado en procesos migratorios.
El funcionario agregó que las reuniones también sirven para intercambiar información sobre los operativos realizados por autoridades migratorias en distintos puntos de la entidad, incluyendo revisiones en terminales de transporte.
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Estado
Gobierno de SLP ofrecerá 1 millón por localizar personas desaparecidas antes de 2020
Ricardo Gallardo aseguró que existe un fuerte rezago en casos antiguos y llamó a colectivos, asociaciones y autoridades a reforzar las búsquedas
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció que su adminoistración implementará un esquema de recompensas de hasta un millón de pesos por cada persona desaparecida antes de 2020 que sea localizada gracias a información proporcionada por la ciudadanía.
El mandatario estatal señaló que la medida busca atender el rezago histórico en casos de desaparición que, aseguró, permanecieron sin resolución durante años y donde “se perdió el interés” de autoridades anteriores.
Gallardo Cardona hizo un llamado a corporaciones municipales, estatales, asociaciones y colectivos de búsqueda para reforzar los trabajos de localización, particularmente en expedientes antiguos que aún permanecen abiertos.
“Tenemos muchos casos de 10 años que no se han resuelto, que no se encuentran y que se ha perdido el interés por parte de muchas autoridades”, declaró.
El gobernador destacó que actualmente la administración estatal mantiene una efectividad de entre el 89 y 90 por ciento en la búsqueda de personas desaparecidas , cifra que atribuyó también a la participación de los colectivos de familias buscadoras.
En ese sentido, reconoció que la colaboración entre autoridades y colectivos ha permitido mejorar los resultados en comparación con administraciones pasadas.
El programa de recompensas comenzará formalmente una vez que se firme el convenio correspondiente con los colectivos, lo cual —adelantó— ocurrirá a partir del próximo lunes y aplicará en las cuatro regiones del estado.
Gallardo explicó que los lineamientos específicos serán dados a conocer posteriormente por la Secretaría General de Gobierno y representantes de los colectivos, debido a que cada caso presenta condiciones distintas.
El mandatario sostuvo que el objetivo es incentivar a personas que tengan información y que hasta ahora no la han compartido por miedo o temor a represalias.
“Hay mucha gente que tiene información, pero a veces el miedo o la culpabilidad hacen que no se atrevan a darla”, expresó.
Durante la misma declaración, Gallardo también adelantó que dialogará con la titular de la Fiscalía General del Estado para revisar señalamientos hechos por colectivos sobre presunta falta de sensibilidad de algunos trabajadores y directivos de las áreas de búsqueda.
“Voy a hablar con la fiscal para analizar si posiblemente tenga que hacer algunos cambios de gente más sensible”, comentó.
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