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¿Quiénes son los perfiles que podrían dirigir a Morena SLP?
A poco menos de tres semanas de la elección de su nuevo líder, nos adelantamos a conocer a los interesados en suceder a Sergio Serrano
Por: Ana G Silva
El próximo 7 de agosto se llevará a cabo la renovación de la Dirigencia Estatal de Morena San Luis Potosí, la cual actualmente encabeza Sergio Serrano Soriano. La guerra por el cambio de presidente estatal de Morena inició en agosto del 2021, cuando algunos integrantes del partido expresaron su inconformidad por el papel que ha tenido Serrano, a quien no consideraron un perfil idóneo, incluso Edson Quintanar y Marite Hernández, entonces diputados locales, exigieron su renuncia.
A solo unas semanas de la renovación de la dirigencia de Morena en el estado, La Orquesta recopiló algunos perfiles que podrían ocupar dicho cargo, varios de ellos quedarán fuera si no cumplen los requisitos de no tener cargos públicos, ser consejeros del partido y no haber contendido con otros partidos en el proceso electoral del año pasado:
Rita Ozalia Rodríguez Velázquez
Rodríguez Velázquez es la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del partido para San Luis Potosí. Se le vincula con la fracción morenista que impulsa la posibilidad de que Claudia Sheinbaum sea la candidata presidencial en 2024 y es hermana de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Rita Ozalia ha operado para el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Huasteca y en la Ciudad de México, ha sido colaboradora cercana de la dirigencia nacional de Morena.
Rodríguez Velázquez fungió como coordinadora de uno de los Centros Moreno de Vinculación Social A.C. del ex senador morenista Primo Dothé, organización que presume tener un enfoque social y “no político”. Y que intentó ser una plataforma para Mónica Rangel.
Fue contratada en 2018 por parte de la Cámara de Senadores. Además de ser coordinadora de enlace de diputados federales en esta zona de ese partido.
Rodríguez Velázquez se ha visto envuelta en varias polémicas, pues en 2019 personal que labora en las oficinas del Bienestar en Ciudad Valles denunció públicamente a Rita Ozalia de irrumpir de manera prepotente en esas instalaciones, gritándoles y exigiendo de mala manera que se atendiera a algunas personas.
Guillermo Morales
Guillermo Morales fue subdelegado de la Secretaría del Bienestar y ex coordinador de la Secretaría del Bienestar en Santa María del Río.
Ha militado en Morena desde que se fundó, por lo que está plenamente identificado con la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2020 se autonombró como dirigente de la Promotora Estatal de la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes.
Edson Quintanar, ex líder de bancada de Morena en el Congreso del Estado del periodo 2018-2021, y Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes y ex precandidato de Morena a la gubernatura, propusieron a Morales para ocupar la dirigencia de Morena en San Luis Potosí.
Eli César Cervantes Rojas
Estudió la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de San Luis Potosí, la maestría en educación primaria e intervención pedagógica en el Instituto Estatal de Investigación, y la maestría en docencia en educación superior en la Universidad Tangamanga.
Cervantes Rojas es consejero nacional y estatal de Morena. En las elecciones federales de 2015 fue postulado por Morena como candidato a diputado federal. En 2018 fue postulado como suplente de Primo Dothé, candidato a senador de la república.
El 12 de mayo de 2021 Cervantes Rojas asumió el cargo de senador después de que Dothé pidió licencia indefinida al escaño.
Moisés Cedillo Rodríguez
Es el secretario general del comité estatal de Morena San Luis Potosí y secretario de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia en Morena estatal.
Es licenciado en derecho.
Ha ocupado otros cargos en Morena, tales como: secretario de ética partidaria, representante ante el INE y asistente de defensa electoral.
En las elecciones del 2021 fue candidato del partido a la diputación local del distrito VIII; sin embargo, perdió contra Patricia Aradillas, representante de la coalición Juntos Haremos Historia.
Cuauhtli Badillo
Es diputado plurinominal del Congreso de San Luis Potosí.
Desde 2016 se desempeñó como auxiliar en la Secretaría de Jóv enes de Morena en San Luis Potosí 
Es pasante de la licenciatura en Contaduría Pública y fue instructor en diversos talleres sobre formación política y defensa del voto.
Roxana Hernández
Es miembro fundador de Morena en San Luis Potosí y fue precandidata a la diputación por el Séptimo Distrito Federal del estado. Es originaria de Tamazunchale.
Durante el proceso de elecciones 2021 en San Luis Potosí, manifestó su rechazo hacia la candidatura de Mónica Liliana Rangel, ya que insistió que fue una imposición del PRI y el gobierno del estado, lo mismo que ocurrió con algunas figuras que contendieron por las presidencias municipales, señalando como ejemplo a Matlapa y Tamazunchale, en donde acusó que hay injerencia del PRI.
Marite Hernández
La congresista fue la primera en reconocer abiertamente su interés para dirigir Morena San Luis Potosí. Es originaria de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); además tiene la Maestría en Antropología Social por el Colegio de San Luis.
La mayor parte de su vida la ha dedicado a la docencia en la Ciudad de México donde obtuvo varios reconocimientos y también fue profesora de la UASLP e investigadora en temas de derechos humanos.
Fue diputada local del II distrito local en el periodo 2018-2021 donde impulsó la iniciativa para la despenalización del aborto en San Luis Potosí; votó a favor de iniciativas como la tipificación de crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT+, sanciones contra el acoso callejero y de campañas de esterilización animal en los distintos municipios.
Marite Hernández se posicionó para que se designara un Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito y evitar su urbanización.
La ex diputada ha sido una de las morenistas más activas en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Felipe Aurelio Torres
Aunque no tiene un vínculo directo con el movimiento de López Obrador, se le ha considerado debido a que pertenece al grupo político conocido como Los Macabeos, el cual encabeza Juan Ramiro Robledo, diputado federal por Morena, que ha trascendido tiene intenciones de tomar el control del partido de cara a la elección del 2024.
Torres tiene una maestría en Administración de Justicia, por el Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Poder Judicial de San Luis Potosí y es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UASLP. Además cursó diversos diplomados en temas de justicia.
Es actualmente el fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí para el periodo 2021-2028. En 2020, cuando se llevaba a cabo la entrega de la terna para elegir al fiscal Anticorrupción Torres Zúñiga fue señalado como el candidato impuesto por el ex gobernador Juan Manuel Carreras para proteger a sus funcionarios acusados de corrupción durante su gestión.
En 2020, se convirtió en magistrado Supernumerario adscrito a la Primera Sala (Penal) del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Se desempeñó como secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; también fue juez de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, magistrado Supernumerario adscrito a la Tercera Sala (Civil) del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Fue juez de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional.
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Las demandas contra los decretos 0571 y 0586 alegan la misma falta que tumbó la ley de 2020
Por: Carlos Ruíz
La alternancia de género cayó el lunes, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no termina de revisar la reforma electoral potosina. Le quedan dos decretos. Si los tumba, San Luis Potosí podría votar en 2027 con las reglas de antes, porque ya no da tiempo de hacer una reforma nueva.
El proceso electoral local arranca el 15 de noviembre, según el dato de la autoridad electoral que aparece en el proyecto de sentencia de la propia Corte. Y aquí está el punto: la Constitución federal, en su artículo 105, dice que una ley electoral debe publicarse por lo menos 90 días antes de que empiece la elección en que se va a usar, y que ya iniciado el proceso no se pueden cambiar las reglas de fondo. Esos 90 días se cumplieron el 17 de agosto.
El primer decreto pendiente, el 0571, se publicó el 29 de junio en el Periódico Oficial del Estado. Cambia cómo se forman los ayuntamientos: fija una sola sindicatura en cada uno. Los síndicos son los integrantes del cabildo encargados de vigilar las finanzas municipales. El decreto también permite que los aspirantes hagan, si quieren, exámenes de control de confianza, y pide que las candidaturas se registren, de preferencia, por un sistema electrónico que defina el Ceepac.
El partido Somos México y el Poder Ejecutivo Federal le pidieron a la Corte que lo anule (acciones de inconstitucionalidad 94/2026 y 98/2026). Si les da la razón, el decreto deja de valer, y para 2027 se aplicarían las reglas que había antes. El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García lleva los dos casos. Desde el 28 de agosto, las partes ya estaban presentando sus argumentos finales.
El segundo, el 0586, se publicó el 12 de agosto, cinco días antes de que se venciera el plazo. Deja en 20 días, en lugar de 40, el tiempo que tienen los aspirantes a gobernador para buscar la candidatura dentro de sus partidos. Somos México argumentó que un plazo tan corto perjudica a los partidos nuevos y a quienes quieren ir como independientes.
Las dos demandas coinciden en algo: el Congreso del Estado no preguntó antes a los pueblos indígenas, a las comunidades afromexicanas ni a las personas con discapacidad, como obliga la ley cuando un cambio les afecta.
Ya pasó en 2020
Por esa misma razón se cayó completa la ley electoral potosina hace seis años. El 5 de octubre de 2020, la Corte anuló la Ley Electoral de ese año (Decreto 0703) porque no se consultó a los pueblos indígenas. Ordenó volver a usar la ley anterior, la de 2014, y con esa se organizó la elección de 2021.
La Corte le dio al Congreso un año, después de esa elección, para hacer la consulta y aprobar una ley nueva. El Congreso respondió con el Decreto 0392, en septiembre de 2022. Pero el 11 de julio de 2023 la Corte volvió a anular una parte, porque la consulta no se hizo como debía. Esta vez le dio 12 meses, contados desde que terminara la elección de 2024, para hacer esas consultas. Ese plazo ya venció.
Qué dicen los diputados
Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, afirmó el 15 de septiembre que la reforma “va a salir adelante”. Sostuvo que las modificaciones son “muy pequeñas y muy simples que no tienen impacto en materia electoral, en materia indígena”.
Héctor Serrano Cortés, coordinador de los diputados del Partido Verde, dijo el 17 de septiembre que, si la Corte modifica o anula las reformas, esas decisiones serán bienvenidas.
¿Y si la Corte tumba los dos decretos antes del 15 de noviembre? Los aspirantes a gobernador podrían volver a tener 40 días para buscar la candidatura, y los ayuntamientos podrían formarse con las reglas que había antes de la reforma.
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La ley fijaría penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas por el uso no autorizado de identidades gráficas gubernamentales
Por: Roberto Mendoza
El Pleno del Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 34 en contra el dictamen que adiciona el artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y modifica el Código Penal Federal. La reforma establece sanciones de uno a cinco años de prisión, así como multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización, a quien utilice, reproduzca o imite a escala comercial la identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con la intención de inducir al engaño o cometer un ilícito.
Durante el debate en lo particular, legisladores de oposición y organizaciones defensoras de la libertad de expresión denominaron a esta iniciativa como la “Ley Antimemes”. El bloque opositor argumentó que la redacción del dictamen deja abierta la puerta a la criminalización, alertando que las disposiciones podrían utilizarse como herramienta jurídica para hostigar a periodistas, activistas y ciudadanos
Por su parte, el bloque mayoritario defendió la reforma asegurando que obedece al combate masivo a la piratería y responde a los compromisos adquiridos en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La postura oficialista insistió en que el objetivo central es frenar fraudes y encubrimientos criminales, no perseguir la sátira, posición que resumió el senador morenista Cuauhtémoc Ochoa: “Al meme, libertad; al fraude y a la piratería, la ley”. Tras su aprobación, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su proceso de revisión final.
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119 nacimientos fueron de niñas de entre 10 y 14 años
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí registró mil 956 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años durante 2025, de acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La cifra representa una tasa de 9.5 nacimientos por cada mil mujeres de ese grupo de edad, prácticamente en el mismo nivel que la tasa nacional de 9.6.
El dato adquiere otra dimensión al revisar las edades de las madres. De los mil 956 nacimientos registrados en el estado, 119 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años, mientras que 277 fueron de madres de 15 años, 660 de 16 años y 900 de 17 años.
Es decir, casi una de cada diez madres adolescentes registradas en esta estadística tenía menos de 15 años.
La ENR contabilizó en total 38 mil 318 nacimientos registrados en San Luis Potosí durante 2025, por lo que los nacimientos de madres de 10 a 17 años representaron alrededor de 5.1 por ciento del total estatal.
El registro de INEGI también permite observar que el fenómeno no se limita a las adolescentes de mayor edad: aunque la mayor parte de los casos se concentra entre los 16 y 17 años, existen también registros de maternidad en edades de 10 a 14 años.
A nivel nacional, INEGI contabilizó 85 mil 357 nacimientos de madres de 10 a 17 años, con una tasa de 9.6 por cada mil mujeres. Las tasas más altas correspondieron a Chiapas, Oaxaca y Puebla.
En San Luis Potosí, además, el dato puede contrastarse con las características generales de los nacimientos registrados. Más de nueve de cada diez partos registrados en el estado ocurrieron en hospital o clínica, de acuerdo con la tabla estatal de INEGI.
La estadística, sin embargo, registra nacimientos y no permite por sí sola establecer las circunstancias en que ocurrió cada embarazo. Para dimensionar las causas detrás de los casos en niñas y adolescentes sería necesario contrastar estos datos con información de salud, educación, violencia sexual, uniones tempranas y acceso a servicios de prevención.
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