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¿Quiénes son los perfiles que podrían dirigir a Morena SLP?
A poco menos de tres semanas de la elección de su nuevo líder, nos adelantamos a conocer a los interesados en suceder a Sergio Serrano
Por: Ana G Silva
El próximo 7 de agosto se llevará a cabo la renovación de la Dirigencia Estatal de Morena San Luis Potosí, la cual actualmente encabeza Sergio Serrano Soriano. La guerra por el cambio de presidente estatal de Morena inició en agosto del 2021, cuando algunos integrantes del partido expresaron su inconformidad por el papel que ha tenido Serrano, a quien no consideraron un perfil idóneo, incluso Edson Quintanar y Marite Hernández, entonces diputados locales, exigieron su renuncia.
A solo unas semanas de la renovación de la dirigencia de Morena en el estado, La Orquesta recopiló algunos perfiles que podrían ocupar dicho cargo, varios de ellos quedarán fuera si no cumplen los requisitos de no tener cargos públicos, ser consejeros del partido y no haber contendido con otros partidos en el proceso electoral del año pasado:
Rita Ozalia Rodríguez Velázquez
Rodríguez Velázquez es la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del partido para San Luis Potosí. Se le vincula con la fracción morenista que impulsa la posibilidad de que Claudia Sheinbaum sea la candidata presidencial en 2024 y es hermana de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Rita Ozalia ha operado para el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Huasteca y en la Ciudad de México, ha sido colaboradora cercana de la dirigencia nacional de Morena.
Rodríguez Velázquez fungió como coordinadora de uno de los Centros Moreno de Vinculación Social A.C. del ex senador morenista Primo Dothé, organización que presume tener un enfoque social y “no político”. Y que intentó ser una plataforma para Mónica Rangel.
Fue contratada en 2018 por parte de la Cámara de Senadores. Además de ser coordinadora de enlace de diputados federales en esta zona de ese partido.
Rodríguez Velázquez se ha visto envuelta en varias polémicas, pues en 2019 personal que labora en las oficinas del Bienestar en Ciudad Valles denunció públicamente a Rita Ozalia de irrumpir de manera prepotente en esas instalaciones, gritándoles y exigiendo de mala manera que se atendiera a algunas personas.
Guillermo Morales
Guillermo Morales fue subdelegado de la Secretaría del Bienestar y ex coordinador de la Secretaría del Bienestar en Santa María del Río.
Ha militado en Morena desde que se fundó, por lo que está plenamente identificado con la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2020 se autonombró como dirigente de la Promotora Estatal de la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes.
Edson Quintanar, ex líder de bancada de Morena en el Congreso del Estado del periodo 2018-2021, y Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes y ex precandidato de Morena a la gubernatura, propusieron a Morales para ocupar la dirigencia de Morena en San Luis Potosí.
Eli César Cervantes Rojas
Estudió la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de San Luis Potosí, la maestría en educación primaria e intervención pedagógica en el Instituto Estatal de Investigación, y la maestría en docencia en educación superior en la Universidad Tangamanga.
Cervantes Rojas es consejero nacional y estatal de Morena. En las elecciones federales de 2015 fue postulado por Morena como candidato a diputado federal. En 2018 fue postulado como suplente de Primo Dothé, candidato a senador de la república.
El 12 de mayo de 2021 Cervantes Rojas asumió el cargo de senador después de que Dothé pidió licencia indefinida al escaño.
Moisés Cedillo Rodríguez
Es el secretario general del comité estatal de Morena San Luis Potosí y secretario de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia en Morena estatal.
Es licenciado en derecho.
Ha ocupado otros cargos en Morena, tales como: secretario de ética partidaria, representante ante el INE y asistente de defensa electoral.
En las elecciones del 2021 fue candidato del partido a la diputación local del distrito VIII; sin embargo, perdió contra Patricia Aradillas, representante de la coalición Juntos Haremos Historia.
Cuauhtli Badillo
Es diputado plurinominal del Congreso de San Luis Potosí.
Desde 2016 se desempeñó como auxiliar en la Secretaría de Jóv enes de Morena en San Luis Potosí 
Es pasante de la licenciatura en Contaduría Pública y fue instructor en diversos talleres sobre formación política y defensa del voto.
Roxana Hernández
Es miembro fundador de Morena en San Luis Potosí y fue precandidata a la diputación por el Séptimo Distrito Federal del estado. Es originaria de Tamazunchale.
Durante el proceso de elecciones 2021 en San Luis Potosí, manifestó su rechazo hacia la candidatura de Mónica Liliana Rangel, ya que insistió que fue una imposición del PRI y el gobierno del estado, lo mismo que ocurrió con algunas figuras que contendieron por las presidencias municipales, señalando como ejemplo a Matlapa y Tamazunchale, en donde acusó que hay injerencia del PRI.
Marite Hernández
La congresista fue la primera en reconocer abiertamente su interés para dirigir Morena San Luis Potosí. Es originaria de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); además tiene la Maestría en Antropología Social por el Colegio de San Luis.
La mayor parte de su vida la ha dedicado a la docencia en la Ciudad de México donde obtuvo varios reconocimientos y también fue profesora de la UASLP e investigadora en temas de derechos humanos.
Fue diputada local del II distrito local en el periodo 2018-2021 donde impulsó la iniciativa para la despenalización del aborto en San Luis Potosí; votó a favor de iniciativas como la tipificación de crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT+, sanciones contra el acoso callejero y de campañas de esterilización animal en los distintos municipios.
Marite Hernández se posicionó para que se designara un Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito y evitar su urbanización.
La ex diputada ha sido una de las morenistas más activas en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Felipe Aurelio Torres
Aunque no tiene un vínculo directo con el movimiento de López Obrador, se le ha considerado debido a que pertenece al grupo político conocido como Los Macabeos, el cual encabeza Juan Ramiro Robledo, diputado federal por Morena, que ha trascendido tiene intenciones de tomar el control del partido de cara a la elección del 2024.
Torres tiene una maestría en Administración de Justicia, por el Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Poder Judicial de San Luis Potosí y es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UASLP. Además cursó diversos diplomados en temas de justicia.
Es actualmente el fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí para el periodo 2021-2028. En 2020, cuando se llevaba a cabo la entrega de la terna para elegir al fiscal Anticorrupción Torres Zúñiga fue señalado como el candidato impuesto por el ex gobernador Juan Manuel Carreras para proteger a sus funcionarios acusados de corrupción durante su gestión.
En 2020, se convirtió en magistrado Supernumerario adscrito a la Primera Sala (Penal) del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Se desempeñó como secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; también fue juez de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, magistrado Supernumerario adscrito a la Tercera Sala (Civil) del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Fue juez de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional.
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Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo
Por: Redacción
El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.
La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.
Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.
La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.
El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
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Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.
El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.
Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.
Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,
“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.
El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.
Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.
“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.
Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.
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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.
Por: Redacción
De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.
El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.
El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.
Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.
En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.
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