noviembre 19, 2026

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¿Quiénes son los perfiles que podrían dirigir a Morena SLP?

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A poco menos de tres semanas de la elección de su nuevo líder, nos adelantamos a conocer a los interesados en suceder a Sergio Serrano

Por: Ana G Silva

El próximo 7 de agosto se llevará a cabo la renovación de la Dirigencia Estatal de Morena San Luis Potosí, la cual actualmente encabeza Sergio Serrano Soriano. La guerra por el cambio de presidente estatal de Morena inició en agosto del 2021, cuando algunos integrantes del partido expresaron su inconformidad por el papel que ha tenido Serrano, a quien no consideraron un perfil idóneo, incluso Edson Quintanar y Marite Hernández, entonces diputados locales, exigieron su renuncia.

A solo unas semanas de la renovación de la dirigencia de Morena en el estado, La Orquesta recopiló algunos perfiles que podrían ocupar dicho cargo, varios de ellos quedarán fuera si no cumplen los requisitos de no tener cargos públicos, ser consejeros del partido y no haber contendido con otros partidos en el proceso electoral del año pasado:

 

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez

Rodríguez Velázquez es la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del partido para San Luis Potosí. Se le vincula con la fracción morenista que impulsa la posibilidad de que Claudia Sheinbaum sea la candidata presidencial en 2024 y es hermana de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Rita Ozalia ha operado para el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Huasteca y en la Ciudad de México, ha sido colaboradora cercana de la dirigencia nacional de Morena.

Rodríguez Velázquez fungió como coordinadora de uno de los Centros Moreno de Vinculación Social A.C. del ex senador morenista Primo Dothé, organización que presume tener un enfoque social y “no político”. Y que intentó ser una plataforma para Mónica Rangel.

Fue contratada en 2018 por parte de la Cámara de Senadores. Además de ser coordinadora de enlace de diputados federales en esta zona de ese partido.

Rodríguez Velázquez se ha visto envuelta en varias polémicas, pues en 2019 personal que labora en las oficinas del Bienestar en Ciudad Valles denunció públicamente a Rita Ozalia de irrumpir de manera prepotente en esas instalaciones, gritándoles y exigiendo de mala manera que se atendiera a algunas personas.

 

Guillermo Morales

Guillermo Morales fue subdelegado de la Secretaría del Bienestar y ex coordinador de la Secretaría del Bienestar en Santa María del Río.

Ha militado en Morena desde que se fundó, por lo que está plenamente identificado con la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2020 se autonombró como dirigente de la Promotora Estatal de la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes.

Edson Quintanar, ex líder de bancada de Morena en el Congreso del Estado del periodo 2018-2021, y Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes y ex precandidato de Morena a la gubernatura, propusieron a Morales para ocupar la dirigencia de Morena en San Luis Potosí.

 

Eli César Cervantes Rojas

Estudió la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de San Luis Potosí, la maestría en educación primaria e intervención pedagógica en el Instituto Estatal de Investigación, y la maestría en docencia en educación superior en la Universidad Tangamanga.

Cervantes Rojas es consejero nacional y estatal de Morena. En las elecciones federales de 2015 fue postulado por Morena como candidato a diputado federal. En 2018 fue postulado como suplente de Primo Dothé, candidato a senador de la república.

El 12 de mayo de 2021 Cervantes Rojas asumió el cargo de senador después de que Dothé pidió licencia indefinida al escaño.

 

Moisés Cedillo Rodríguez

Es el secretario general del comité estatal de Morena San Luis Potosí y secretario de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia en Morena estatal.

Es licenciado en derecho.

Ha ocupado otros cargos en Morena, tales como: secretario de ética partidaria, representante ante el INE y asistente de defensa electoral.

En las elecciones del 2021 fue candidato del partido a la diputación local del distrito VIII; sin embargo, perdió contra Patricia Aradillas, representante de la coalición Juntos Haremos Historia.

 

Cuauhtli Badillo

Es diputado plurinominal del Congreso de San Luis Potosí.

Desde 2016 se desempeñó como auxiliar en la Secretaría de Jóv enes de Morena en San Luis Potosí

. De 2015 a la fecha ha sido asesor fiscal en Hermosillo Consultores.

Es pasante de la licenciatura en Contaduría Pública y fue instructor en diversos talleres sobre formación política y defensa del voto.

 

Roxana Hernández

Es miembro fundador de Morena en San Luis Potosí y fue precandidata a la diputación por el Séptimo Distrito Federal del estado. Es originaria de Tamazunchale.

Durante el proceso de elecciones 2021 en San Luis Potosí, manifestó su rechazo hacia la candidatura de Mónica Liliana Rangel, ya que insistió que fue una imposición del PRI y el gobierno del estado, lo mismo que ocurrió con algunas figuras que contendieron por las presidencias municipales, señalando como ejemplo a Matlapa y Tamazunchale, en donde acusó que hay injerencia del PRI.

 

Marite Hernández

La congresista fue la primera en reconocer abiertamente su interés para dirigir Morena San Luis Potosí. Es originaria de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); además tiene la Maestría en Antropología Social por el Colegio de San Luis.

La mayor parte de su vida la ha dedicado a la docencia en la Ciudad de México donde obtuvo varios reconocimientos y también fue profesora de la UASLP e investigadora en temas de derechos humanos.

Fue diputada local del II distrito local en el periodo 2018-2021 donde impulsó la iniciativa para la despenalización del aborto en San Luis Potosí; votó a favor de iniciativas como la tipificación de crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT+, sanciones contra el acoso callejero y de campañas de esterilización animal en los distintos municipios.

Marite Hernández se posicionó para que se designara un Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito y evitar su urbanización.

La ex diputada ha sido una de las morenistas más activas en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Felipe Aurelio Torres

Aunque no tiene un vínculo directo con el movimiento de López Obrador, se le ha considerado debido a que pertenece al grupo político conocido como Los Macabeos, el cual encabeza Juan Ramiro Robledo, diputado federal por Morena, que ha trascendido tiene intenciones de tomar el control del partido de cara a la elección del 2024.

Torres tiene una maestría en Administración de Justicia, por el Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Poder Judicial de San Luis Potosí y es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UASLP. Además cursó diversos diplomados en temas de justicia.

Es actualmente el fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí para el periodo 2021-2028. En 2020, cuando se llevaba a cabo la entrega de la terna para elegir al fiscal Anticorrupción Torres Zúñiga fue señalado como el candidato impuesto por el ex gobernador Juan Manuel Carreras para proteger a sus funcionarios acusados de corrupción durante su gestión.

En 2020, se convirtió en magistrado Supernumerario adscrito a la Primera Sala (Penal) del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Se desempeñó como secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; también fue juez de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, magistrado Supernumerario adscrito a la Tercera Sala (Civil) del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Fue juez de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional.

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Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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