Congreso del Estado
Quien maltrate y abandone a personas mayores, no podrán recibir su herencia
“Uste nunca vio por mi abuelita y así quiere el terreno?” | Esto se acabaría con la propuesta morenista
Por: Redacción
Para que se declare incapaces de adquirir cualquier bien por testamento o intestado, a las personas que incurran en violación a la Ley de las Personas Adultas Mayores o que hayan cometido conductas de discriminación, lesiones, violencia física o moral, violencia sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y, en general, cualquier acto que les perjudique a las personas adultas mayores, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa que plantea adicionar fracción al artículo 1162 del Código Civil del Estado.
El legislador expuso que, “en nuestro estado existe la normatividad adecuada para hacer frente a este grave problema, pues contamos con la Ley de las Personas Adultas Mayores, la cual establece un marco jurídico que contempla programas y acciones encaminadas a valorar sus condiciones de vida, así como la protección de sus derechos. Sin embargo, esto no es suficiente, ya en el todo el estado se presentan casos en que las familias solo tienen interés en los adultos mayores con motivo de algún bien, ya sea dinero, inmuebles o pensiones las cuales pretenden quedarse con ellas como sucesión”, advirtió.
Además, refirió que los ancianos son cada vez con mayor frecuencia e intensidad víctimas de maltrato físico y verbal, así como despojados y abusados por parte de su propia familia o de personas ajenas, situaciones que acentúan su vulnerabilidad. Por lo tanto, indicó que “toda acción a favor de las personas adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de vejez, con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo humano”, añadió.
Consideró que la actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Por lo anterior, puntualizó que su iniciativa busca establecer entre los puntos más importantes que son incapaces de heredar por testamento o por intestado: 
I.- El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge o hermanos de ella. II.- El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando aquella sea fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge o su hermano, a no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador salvara su vida, su honra, o la de sus descendientes, ascendientes, hermanos o cónyuge.
En la fracción III.- El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, si se trata de suceder al cónyuge inocente. IV.- El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la del cónyuge inocente. V.- El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido contra el autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus hermanos; entre otros.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.
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La reforma también define como persona adulta mayor a toda persona de 60 años o más, conforme a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
Por: Redacción
La diputada María Dolores Robles Chairez propuso reformar los artículos 5 y 6 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, para reconocer su derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza durante cualquier trámite, gestión, procedimiento o actuación ante instancias gubernamentales y del sector privado.
La reforma también busca armonizar el concepto de persona adulta mayor con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Establecería que se entenderá por personas adultas mayores a toda persona de 60 años o más, atendida bajo una perspectiva de igualdad, no discriminación y protección reforzada de sus derechos humanos.
Exposición de motivos
En su exposición de motivos, la legisladora señala que el envejecimiento de la población es uno de los f enómenos sociales más significativos del siglo XXI y que plantea desafíos para el diseño de políticas públicas y la actualización del marco jurídico en entidades como San Luis Potosí. Indica que este sector ha enfrentado históricamente condiciones de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad.
Sostiene que hoy las personas adultas mayores tienen dificultades al interactuar con instituciones gubernamentales y establecimientos privados, por la digitalización de trámites, la complejidad de los procedimientos administrativos y, en muchos casos, la falta de sensibilidad e inclusión del personal de atención. Según la iniciativa, esto las deja en desventaja.
Por ello plantea que permitirles acudir acompañadas facilitaría la comprensión del procedimiento y les brindaría seguridad, confianza y protección frente a posibles abusos, ya que la presencia de un acompañante puede ser determinante para que ejerzan sus derechos de manera informada.
Siguiente paso
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.
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Congreso del Estado
Congreso recibe informe de la Fiscalía; analizará comparecencia de García Cázares
La Fiscal manifestó su disposición para comparecer en una fecha posterior; la normatividad establece que sería dentro de los 30 días posteriores a la entrega
Por: Redacción
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado recibió el Informe Anual de Actividades de la Fiscalía General del Estado, a cargo de María Manuela García Cázares, conforme al artículo 122 Ter de la Constitución Política del Estado.
La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, recibió el documento, que detalla el trabajo realizado por la Fiscalía durante el último año. Dijo que, de acuerdo con la normatividad, el informe debe entregarse en la primera quincena de noviembre, y que será analizado para después ver si se realiza una comparecencia en la que los diputados puedan “desahogar inquietudes”.
Posible comparecencia
Vázquez Hernández precisó que la posible comparecencia deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la entrega del informe escrito.
García Cázares manifestó su disposición para comparecer, con motivo de la glosa del informe, en una fecha posterior.
Quiénes estuvieron presentes
En la entrega también estuvieron las diputadas Dolores Robles Chairez, Aranzazu Puente y Jacquelinn Jáuregui; los diputados Héctor Serrano Cortés, Marco Antonio Gama Basarte, César Lara y Cuauhtli Badillo, y la vicefiscal jurídica, Xitlalic Sánchez Servín.
Contexto
El 14 de noviembre de 2025, García Cázares entregó su informe anual a la misma comisión, y la diputada Vázquez Hernández dijo entonces que había 30 días naturales para su comparecencia. En noviembre de 2024, la Fiscal compareció ante el Congreso.
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El diputado dijo que la propuesta de los concesionarios debe empatar con la política de movilidad de la SCT
Por: Redacción
La solicitud de los permisionarios del transporte urbano para incluir en el Presupuesto de Egresos del Estado 2027 una partida de 2 mil 700 millones de pesos para mejorar el servicio debe analizarse en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tiene las definiciones en materia de movilidad, dijo el diputado Héctor Serrano Cortés.
Explicó que hay plena disposición de las y los legisladores para reunirse con los solicitantes y escuchar sus argumentos y los detalles de la propuesta, pero es la SCT la que tiene el tema entre sus atribuciones, para armonizar lo que pretenden los transportistas con lo que la propia dependencia tiene planeado como política pública de movilidad.
El secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que “no puede estar distanciado un proyecto de concesionarios con las determinaciones que el gobierno del estado tenga. Además, no estamos hablando de cualquier cantidad, se rebasan los 2,700 millones de pesos y por ello, hay que revisarlo a fondo”.
Serrano Cortés añadió que habría mucho que revisar con la titular de la SCT: “Insistimos en que tiene que empatarse la propuesta, y qué bueno que lo dicen, la concesión es eso, otorga una posibilidad de usufructo de servicio público, pero sigue siendo una potestad del estado. Es decir, los concesionarios no son propietarios de esta condición, y por tanto tienen que estar muy empatados con lo que la secretaría determina”.
El legislador señaló que los permisionarios del transporte urbano mantienen comunicación con la secretaria, quien siempre atiende este tipo de temas. “Vamos a ponderar con la secretaria cualquier posibilidad y estar armonizándolo con los propios concesionarios, pero por supuesto que vamos a tener comunicación con ellos. Estamos a punto de abrir todo lo que implica la revisión de los proyectos de egresos, ahí entraría esta parte de propuesta”, puntualizó.
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