Congreso del Estado
Quien maltrate y abandone a personas mayores, no podrán recibir su herencia
“Uste nunca vio por mi abuelita y así quiere el terreno?” | Esto se acabaría con la propuesta morenista
Por: Redacción
Para que se declare incapaces de adquirir cualquier bien por testamento o intestado, a las personas que incurran en violación a la Ley de las Personas Adultas Mayores o que hayan cometido conductas de discriminación, lesiones, violencia física o moral, violencia sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y, en general, cualquier acto que les perjudique a las personas adultas mayores, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa que plantea adicionar fracción al artículo 1162 del Código Civil del Estado.
El legislador expuso que, “en nuestro estado existe la normatividad adecuada para hacer frente a este grave problema, pues contamos con la Ley de las Personas Adultas Mayores, la cual establece un marco jurídico que contempla programas y acciones encaminadas a valorar sus condiciones de vida, así como la protección de sus derechos. Sin embargo, esto no es suficiente, ya en el todo el estado se presentan casos en que las familias solo tienen interés en los adultos mayores con motivo de algún bien, ya sea dinero, inmuebles o pensiones las cuales pretenden quedarse con ellas como sucesión”, advirtió.
Además, refirió que los ancianos son cada vez con mayor frecuencia e intensidad víctimas de maltrato físico y verbal, así como despojados y abusados por parte de su propia familia o de personas ajenas, situaciones que acentúan su vulnerabilidad. Por lo tanto, indicó que “toda acción a favor de las personas adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de vejez, con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo humano”, añadió.
Consideró que la actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Por lo anterior, puntualizó que su iniciativa busca establecer entre los puntos más importantes que son incapaces de heredar por testamento o por intestado: 
I.- El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge o hermanos de ella. II.- El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando aquella sea fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge o su hermano, a no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador salvara su vida, su honra, o la de sus descendientes, ascendientes, hermanos o cónyuge.
En la fracción III.- El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, si se trata de suceder al cónyuge inocente. IV.- El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la del cónyuge inocente. V.- El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido contra el autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus hermanos; entre otros.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.
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La pena aumentará hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente
Por: Redacción
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández, aprobó el dictamen que adiciona el artículo 342 Bis al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para sancionar la difusión indebida de imágenes y material relacionado con víctimas y escenas del crimen por parte de servidores públicos.
Vázquez Hernández indicó que la adición establece un tipo penal para sancionar a servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones en la procuración e impartición de justicia y sin autorización legal, divulguen, publiquen, transmitan, compartan o entreguen imágenes o videos de cadáveres, restos humanos, lesiones o circunstancias del fallecimiento de una persona, cuando esa conducta vulnere la dignidad, privacidad o intimidad de la víctima o de sus familiares.
Añadió que la iniciativa toma como referencia el caso de Ingrid Escamilla, feminicidio ocurrido en febrero de 2020 en la Ciudad de México, cuyas imágenes de la escena del crimen fueron filtradas y difundidas por medios de comunicación y redes sociales.
El artículo 342 Bis se incorpora en el apartado de delitos cometidos por servidores públicos. Sancionaría a quien, por sí o por interpósita persona, con motivo del ejercicio de sus funciones en la procuración o impartición de justicia y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercie, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o partes de ellos relacionados con un hecho que la ley señale como delito, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que presentan.
De acuerdo con el dictamen, se impondría pena de prisión de tres a ocho años y sanción pecuniaria de 300 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La pena y la sanción pecuniaria aumentarían hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente, o cuando el contenido se difunda en medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.
El dictamen se turnará al pleno para su votación.
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Gámez dijo que la lista ya está elaborada y que Derechos Humanos sigue en análisis
Por: Redacción
El Congreso del Estado citará a 10 servidores públicos a comparecer por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, informó el diputado local Luis Fernando Gámez Macías.
Gámez Macías dijo que la lista ya está elaborada y que la hará llegar a los medios. De acuerdo con el calendario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Secretaría General de Gobierno abrirá las comparecencias el lunes 19 de octubre.
El legislador señaló que se analiza el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
Cuestionado sobre si se sumarán otros funcionarios, respondió que “de momento son los 10”. Explicó que todas las fuerzas políticas tienen dudas y que habrá un intercambio con los comparecientes. Dijo esperar un ejercicio “muy responsable, muy democrático, muy republicano”.
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El diputado afirmó que Interapas pierde la mitad del agua que extrae en su red
Por: Redacción
El diputado local Luis Fernando Gámez Macías propuso que los ayuntamientos destinen 15% de su presupuesto a reforzar la infraestructura hidráulica y la distribución del agua.
Gámez Macías explicó que la iniciativa de reforma constitucional ya está en la Comisión del Agua del Congreso del Estado y dijo confiar en que se resuelva en breve.
El legislador advirtió que hay un “ecocidio” en la zona metropolitana de San Luis Potosí y afirmó que 50% del agua que extrae el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) se pierde en la red. Por eso calificó de “inoperante” el modelo de gestión del agua.
Habló tras las lluvias que inundaron el Puente de Otón y dejaron vehículos varados. Dijo que la capital enfrenta “una crisis del agua y ahora una crisis de operatividad”.
El diputado anunció que el próximo martes presentará una segunda reforma, a la Ley de Planeación del Estado, para evaluar los indicadores municipales en servicios públicos. Con ella, afirmó, se podría auditar a los alcaldes no solo en agua, sino también en recolección de basura, alumbrado y seguridad.
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