Congreso del Estado
Quien maltrate y abandone a personas mayores, no podrán recibir su herencia
“Uste nunca vio por mi abuelita y así quiere el terreno?” | Esto se acabaría con la propuesta morenista
Por: Redacción
Para que se declare incapaces de adquirir cualquier bien por testamento o intestado, a las personas que incurran en violación a la Ley de las Personas Adultas Mayores o que hayan cometido conductas de discriminación, lesiones, violencia física o moral, violencia sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y, en general, cualquier acto que les perjudique a las personas adultas mayores, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa que plantea adicionar fracción al artículo 1162 del Código Civil del Estado.
El legislador expuso que, “en nuestro estado existe la normatividad adecuada para hacer frente a este grave problema, pues contamos con la Ley de las Personas Adultas Mayores, la cual establece un marco jurídico que contempla programas y acciones encaminadas a valorar sus condiciones de vida, así como la protección de sus derechos. Sin embargo, esto no es suficiente, ya en el todo el estado se presentan casos en que las familias solo tienen interés en los adultos mayores con motivo de algún bien, ya sea dinero, inmuebles o pensiones las cuales pretenden quedarse con ellas como sucesión”, advirtió.
Además, refirió que los ancianos son cada vez con mayor frecuencia e intensidad víctimas de maltrato físico y verbal, así como despojados y abusados por parte de su propia familia o de personas ajenas, situaciones que acentúan su vulnerabilidad. Por lo tanto, indicó que “toda acción a favor de las personas adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de vejez, con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo humano”, añadió.
Consideró que la actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Por lo anterior, puntualizó que su iniciativa busca establecer entre los puntos más importantes que son incapaces de heredar por testamento o por intestado:
I.- El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge o hermanos de ella. II.- El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando aquella sea fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge o su hermano, a no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador salvara su vida, su honra, o la de sus descendientes, ascendientes, hermanos o cónyuge.
En la fracción III.- El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, si se trata de suceder al cónyuge inocente. IV.- El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la del cónyuge inocente. V.- El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido contra el autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus hermanos; entre otros.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.
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Congreso del Estado
Congreso amplía qué se considera “razones de género” en feminicidio
El Pleno aprobó la reforma al artículo 135 del Código Penal sin cambiar la pena de 40 a 60 años de prisión
Por: Redacción
El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 135 del Código Penal de San Luis Potosí, el que define el delito de feminicidio. La reforma incorpora características que ayudan a investigar estos crímenes, evitar su impunidad y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.
El dictamen lo presentó la Comisión Primera de Justicia, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández. Amplía los ámbitos de violencia previa y de las relaciones entre personas que permiten acreditar las “razones de género”, es decir, el elemento que debe demostrarse para que la muerte de una mujer se considere feminicidio.
La reforma no cambia la pena ni crea un delito abierto o impreciso, para no violar el principio de legalidad, que exige que los delitos estén descritos con claridad en la ley.
Qué se agrega
Habrá razones de género cuando exista una relación de subordinación o superioridad, formal o de hecho: institucional, laboral, docente, religiosa, de servicio o de cualquier otro tipo.
También cuando la víctima estuviera en indefensión o desprotección real, por edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, consumo de sustancias, somnolencia o alteración del estado de conciencia, o por dificultad para pedir auxilio, ya sea por la distancia a un lugar habitado o por un impedimento físico o material.
Otra característica es que la víctima haya sido reportada como desaparecida o buscada por familiares, particulares o autoridades antes de localizar su cuerpo o restos, o que el cuerpo haya sido expuesto, arrojado, enterrado u ocultado en un lugar público o privado.
Cuál es la pena
El feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión y una multa de 4 mil a 6 mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de referencia que se usa para calcular multas y otros pagos. La pena aumenta hasta en una tercera parte cuando hay varios autores, cuando el delito ocurre en contextos de trata de personas o explotación sexual, o cuando se comete frente a personas con vínculo de parentesco, afectivo o de confianza con la víctima, o si ésta es niña o adolescente.
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Congreso del Estado
Congreso aprueba programa del Parlamento Juvenil 2026 con 28 jóvenes
Discapacidad, pueblos indígenas y comunidad LGBT serán los temas de esta edición
Por: Redacción
La Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado aprobó el programa del Parlamento Juvenil 2026, denominado “Ideas de Hoy para un Mejor Mañana”, que se realizará el 25 y 26 de noviembre. Participarán 28 jóvenes, 14 mujeres y 14 hombres, seleccionados de entre 78 propuestas.
La diputada Mireya Vancini Villanueva, presidenta de la comisión, informó que la selección se realizó con criterios de equidad de género y de representación de las cuatro regiones del estado, para garantizar una participación plural e incluyente.
Entre los temas de esta edición se encuentran la discapacidad, los pueblos indígenas y la comunidad LGBT, con el objetivo de incorporar distintas perspectivas y fortalecer la participación de las juventudes potosinas.
Las actividades comenzarán el miércoles 25 de noviembre con la recepción de los participantes en el edificio Ponciano Arriaga Leija
, en Jardín Hidalgo 19, frente a Plaza de Armas. Después habrá un ensayo general en el Salón de Plenos, un recorrido guiado por el Museo Nacional de la Máscara y una conferencia de la psicóloga Olivia Hernández sobre salud mental y prevención del suicidio.El jueves 26 de noviembre, a las 10:00 horas, se realizará la Sesión del Parlamento Juvenil 2026 en el Salón de Plenos. Al término, las y los integrantes de la LXIV Legislatura entregarán reconocimientos a las y los participantes.
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Congreso del Estado
Proponen campañas para prevenir abusos al patrimonio de adultos mayores
El diputado César Arturo Lara Rocha propuso reformar el artículo 23 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado
Por: Redacción
El diputado César Arturo Lara Rocha propuso en sesión ordinaria una iniciativa para reformar el artículo 23 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado. Busca que las personas adultas mayores, sus familias y cuidadores cuenten con herramientas para prevenir riesgos a sus bienes, ingresos o patrimonio.
Qué propone
La iniciativa plantea que las campañas informativas del DIF Estatal y los DIF Municipales, junto con el INAPAM, incluyan información accesible sobre señales de alerta de posibles abusos, en particular los que afecten sus bienes, ingresos o patrimonio. También sobre las vías para solicitar orientación, presentar denuncias y acceder a los mecanismos institucionales de protección y atención.
Exposición de motivos
Lara Rocha señala que las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, y a recibir protección frente a cualquier forma de violencia, abuso o discriminación. Afirmó que esa protección incluye también la preservación de sus bienes, ingresos y patrimonio. Por eso, dijo, la iniciativa busca que las campañas de prevención no se limiten a mensajes generales, sino que den información para identificar riesgos y conocer las alternativas institucionales.
Alcance
El legislador agregó que la medida tiene carácter preventivo y de sensibilización, sin crear nuevas categorías de violencia ni duplicar las disposiciones que ya regulan la protección patrimonial. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.
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