Congreso del Estado
Quien maltrate y abandone a personas mayores, no podrán recibir su herencia
“Uste nunca vio por mi abuelita y así quiere el terreno?” | Esto se acabaría con la propuesta morenista
Por: Redacción
Para que se declare incapaces de adquirir cualquier bien por testamento o intestado, a las personas que incurran en violación a la Ley de las Personas Adultas Mayores o que hayan cometido conductas de discriminación, lesiones, violencia física o moral, violencia sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y, en general, cualquier acto que les perjudique a las personas adultas mayores, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa que plantea adicionar fracción al artículo 1162 del Código Civil del Estado.
El legislador expuso que, “en nuestro estado existe la normatividad adecuada para hacer frente a este grave problema, pues contamos con la Ley de las Personas Adultas Mayores, la cual establece un marco jurídico que contempla programas y acciones encaminadas a valorar sus condiciones de vida, así como la protección de sus derechos. Sin embargo, esto no es suficiente, ya en el todo el estado se presentan casos en que las familias solo tienen interés en los adultos mayores con motivo de algún bien, ya sea dinero, inmuebles o pensiones las cuales pretenden quedarse con ellas como sucesión”, advirtió.
Además, refirió que los ancianos son cada vez con mayor frecuencia e intensidad víctimas de maltrato físico y verbal, así como despojados y abusados por parte de su propia familia o de personas ajenas, situaciones que acentúan su vulnerabilidad. Por lo tanto, indicó que “toda acción a favor de las personas adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de vejez, con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo humano”, añadió.
Consideró que la actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Por lo anterior, puntualizó que su iniciativa busca establecer entre los puntos más importantes que son incapaces de heredar por testamento o por intestado: 
I.- El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge o hermanos de ella. II.- El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando aquella sea fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge o su hermano, a no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador salvara su vida, su honra, o la de sus descendientes, ascendientes, hermanos o cónyuge.
En la fracción III.- El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, si se trata de suceder al cónyuge inocente. IV.- El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la del cónyuge inocente. V.- El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido contra el autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus hermanos; entre otros.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.
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Congreso del Estado
Congreso de San Luis Potosí aprueba reformas para fortalecer la protección de las mujeres
Las modificaciones incorporan nuevos conceptos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y armonizan la legislación estatal con la normativa federal
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico para la prevención, atención y sanción de la violencia de género.
Entre los cambios aprobados se encuentra la incorporación de los conceptos de agresor, debida diligencia y enfoque diferencial, además de ampliar las definiciones de violencia en la comunidad y violencia escolar.
La iniciativa, impulsada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, también establece la obligación de proporcionar información para integrar el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, con el propósito de fortalecer el seguimiento de estos mecanismos de protección.
De acuerdo con el dictamen, la figura de la debida diligencia busca establecer un estándar obligatorio de actuación para las autoridades en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, mientras que el enfoque diferencial reconoce que las víctimas pueden enfrentar distintos niveles de vulnerabilidad dependiendo de su contexto social o condición.
Las reformas también profundizan en la definición de la violencia que ocurre en espacios comunitarios y escolares, con el fin de fortalecer la protección de mujeres, niñas y adolescentes en estos entornos.
Con estas modificaciones, el Congreso señaló que la legislación estatal queda armonizada con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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La iniciativa busca que los municipios establezcan requisitos mínimos para las empresas que ofrecen el servicio, como seguros, personal capacitado y videovigilancia
Por: Redacción
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí para que los ayuntamientos regulen la prestación del servicio de valet parking y establezcan requisitos mínimos para su operación.
La propuesta plantea que las empresas o establecimientos que ofrezcan este servicio cuenten con un seguro de responsabilidad civil o una fianza que cubra a los usuarios en caso de robo o daños parciales o totales a sus vehículos.
Además, contempla que el personal encargado del acomodo de vehículos esté debidamente identificado, cuente con licencia de conducir vigente y reciba capacitación para desempeñar sus funciones. También propone la instalación de sistemas de videovigilancia permanente y la aplicación de sanciones para quienes incumplan con estas disposiciones.
El legislador argumentó que actualmente algunos establecimientos ofrecen el servicio sin contar con personal capacitado ni mecanismos para responder ante posibles daños o robos, lo que deja en estado de indefensión a los consumidores.
Rosas Montiel señaló que entidades como la Ciudad de México y el Estado de México ya cuentan con regulación en esta materia, mientras que en San Luis Potosí no existe un marco legal específico para este tipo de servicios.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.
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La iniciativa busca medidas de apoyo para madres y padres adolescentes, además de ajustes razonables para personas con discapacidad en el sistema educativo estatal.
Por: Redacción
Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para dar visibilidad a las personas que pertenecen a algún grupo de atención prioritaria, y para impulsar medidas que motiven a quienes se convierten en padres a temprana edad a continuar y concluir sus estudios.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que la contraparte de la permanencia escolar es la deserción, y citó cifras del INEGI según las cuales la tasa de abandono escolar ha crecido alrededor de 20.6% desde 2022, con mayor afectación en educación media superior y superior.
La legisladora indicó que muchas personas que abandonan sus estudios pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, y que convertirse en padres a edad temprana suele orillar a los estudiantes a truncar su vida escolar.
La reforma propone ajustes razonables para personas con discapacidad, como adaptación de mobiliario, rampas, pisos podotáctiles, timbres, alarmas y barandales, así como gestionar ante las instancias correspondientes adecuaciones al transporte escolar y público. También plantea políticas para eliminar barreras y facilitar el acceso, la reincorporación y la permanencia escolar de madres y padres adolescentes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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