diciembre 3, 2025

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¿Quién ganará la diputación en el distrito más panista de SLP?

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El Distrito VII local siempre ha sido representado por panistas, pero la alianza del partido con el PRI, la irrupción de un candidato conservador con Morena y el pésimo desempeño de los últimos congresistas podría cambiar el escenario

Por: Ana G Silva

Históricamente, el Distrito VII local siempre ha sido representado por perfiles emanados del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que se le identifica como una de las zonas más conservadoras no solo de San Luis Potosí, sino de todo México, ya que fue uno de los pocos en los que perdió Andrés Manuel López Obrador durante la elección presidencial del 2018. Sin embargo, en estas elecciones las cosas podrían cambiar, ya que esta zona de la ciudad podría ser una de las más inconformes con la coalición “Sí por San Luis” (PRI-PAN-PRD-Conciencia Popular). Otro de los factores a tener en cuenta es que Morena presentará a un candidato que hasta hace poco se identificaba con el panismo y que está bien identificado con el distrito: Oscar Valle Portilla. Además, los últimos diputados de este distrito José Antonio Zapata Meráz y Mariano Niño han resultado grises, en el caso del primero, o corruptos, en el caso del segundo.

A continuación le presentamos los perfiles de los candidatos de este distrito:

ÓSCAR VALLE (MORENA)

Fue director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí, junto a Xavier Nava, puesto por el que recibió señalamientos de regalar estufas a panistas a cambio de votos para el alcalde capitalino con licencia en la elección interna de Acción Nacional.

Valle Portilla también es primo de Rodrigo Portilla Díaz, tesorero municipal, quien ha sido señalado de la desaparición de casi ocho millones de pesos del erario. En diversas ocasiones, se ha señalado que la contratación de ambos en el Ayuntamiento de San Luis Potosí constituía un conflicto de intereses, pues en varias ocasiones a Óscar Valle se le acusó de no implementar programas sociales cuyos recursos emanaban de la Tesorería.

Uno de los escándalos más grandes en donde se le ha visto involucrado es el desarrollo de un proyecto que consiste en un hotel y campamento de lujo en la Sierra de Álvarez con una inversión de 50 millones de pesos, cuyo origen no ha sido clarificado, pues no coincide con la declaración patrimonial de él y otros funcionarios de la cúpula navista.

ANA ROSA PINEDA GUEL (JUNTOS HAREMOS HISTORIA)

Ex regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí ingresó en esta administración por el PRD; sin embargo, migró junto a Ricardo Gallardo al Partido Verde.

Fue una de las ediles que se opuso a la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano y al Plan del Centro de Población de San Luis Potosí,

esto al considerar que perjudican a la ciudad solo para favorecer a los desarrolladores inmobiliarios.

ARANZAZÚ PUENTE (SÍ POR SAN LUIS)

Puente es consejera estatal de Acción Nacional, se desempeñó en cargos públicos durante la administración estatal de Marcelo de los Santos Fraga, donde fue directora de Gestión y Atención Ciudadana de la Secretaría Particular.

Es abogada y se desarrolló como postulante en el Despacho Jurídico Durón-Santillán, también en el Despacho Jurídico Rodríguez-Chessal, y ha sido maestra de preparatoria, en las materias de Derecho e Historia de México en el Instituto Andes.

María Aránzazu Puente es miembro de la Mesa Directiva de la Junta Directiva de la Beneficencia Española A.C. San Luis Potosí, y ha ocupado otros cargos dentro de la misma junta.

Esta candidata es también prima de Nancy Puente, esposa de Xavier Nava.

MAURICIO PURATA (MOVIMIENTO CIUDADANO)

Purata es abogado y ex integrante de la ponencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar.

Mauricio fue activista por los derechos de las juventudes, aspirante a la Federación Universitaria Potosina y trabajador del Poder Judicial Federal, que lo llevó a la Suprema Corte.

Es uno de los aspirantes más jóvenes a la diputación con solo 30 años.

NANCY ESMERALDA HERNÁNDEZ (FUERZA POR MÉXICO)

Nancy Esmeralda Hernández es licenciada en derecho, fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción propuesta de la organización Nuestro Centro y fue aspirante a comisionada de la Cegaip.

HÉCTOR RUEDA (PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO)

Hector Rueda es un empresario del ramo inmobiliario y ha participado en diversos comercios. Es amigo cercano de Adrián Esper, candidato a gobernador por ese partido.

ALEJANDRA DÍAZ HERNÁNDEZ (NUEVA ALIANZA)

No se encontró información sobre la candidata; sin embargo, en la inauguración de su casa de campaña, mencionó que sus propuestas estarán enfocadas en educación, salud, promoción del deporte y cultura.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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