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¿Qué pasó con el pozo que Tekmol se robó en Salinas?
Medios locales aseguran que el ex candidato a gobernador utiliza su agua para abastecer los lotes residenciales que José Luis Romero Calzada vende en su propiedad
Por: Ana G Silva
En 2018, José Luis Romero Calzada, mejor conocido como Tekmol y ex candidato a la gubernatura de San Luis Potosí por Redes Sociales Progresistas, fue acusado por habitantes del municipio de Salinas de dejar a población en sequía, luego de apropiarse de un pozo que abastece al municipio. La Orquesta contactó a Felipe Donato Valtierra, director del medio salinense Che Pachón, el cual ha dado un seguimiento detallado al caso, para conocer cómo va esta problemática que parece estar lejos de ser resuelta sobre todo si se considera que Romero Calzada utiliza el agua de ese pozo para abastecer los lotes residenciales que actualmente vende.
Felipe Donato explicó que es casi un hecho que el municipio perdió ese pozo, pues los gobernantes municipales no han dado continuidad a la demanda para recuperarlo, esto sumado a que Tekmol lleva una buena relación con Emmanuel Castro, presidente del municipio.
Valtierra detalló que el pozo había surtido de agua al municipio de Salinas por más de 30 años. Ese acuífero está ubicado en las propiedades de la familia de Romero Calzada, llamada La estancia del Carmén, las cuales estaban completamente desiertas y apenas y tenían una pequeña casa y una alberca sin agua.
La propiedad fue vendida y recuperada una vez que José Luis Romero se había convertido en funcionario público; en el 2008, durante la administración de Teódulo Contreras Martínez, demandaron al Ayuntamiento argumentando que el pozo que estaba en la propiedad le pertenecía a él y no al municipio.
“Mencionaba que la parte donde estaba el pozo le pertenecía, se van a juicio, en ese entonces el alcalde era Teódolo Contreras Martínez (PAN). El juicio siguió y llegó Adriana Vega Calzada (PAN) a la alcaldía y de ahí se perdió todo: el Ayuntamiento ya no contestó, en ese mismo tiempo Tekmol dijo que el pozo no servía, que no tenía ningún valor, pero casualmente ahí empezó la extensión de todo el rancho (que ahora es el hotel Canto de Sal), empezó a sembrar y todos se preguntaban de dónde sacó tanta agua si anteriormente era desértico”,
El director del Che Pachon detalló que para confirmar que el pozo estaba seco varios expertos intentaron estudiarlo, no obstante, Romero Calzada nunca permitió que se realizarán los análisis, mientras construía un importante hotel de lujo con dos albercas y que, a la fecha, nunca se ha visto con problemas de abasto de agua. 
“Se dice que ahí donde se excavó el pozo es como si fuera venero (que brota agua de manera natural) por lo que no podía quedarse seco y los pozos que construyó Tekmol después son de ese mismo pozo”.
Felipe Donato indicó que en 2017 José Luis Romero realizó una solicitud de subsidios al Ayuntamiento de Salinas para crear 923 lotes residenciales en el fraccionamiento Canto de Sal, del predio Rancho del Carmen. En total se lotificará 824 mil 392 metros cuadrados.
“Está empezando a vender unos lotes para un complejo residencial para gente de dinero, ese complejo se va a llevar una cantidad importante de agua y sería en las inmediaciones en la parte trasera de su hotel Canto de Sal que tiene agua de sobra; porque mientras sus propiedades no les falta una gota de agua, en la cabecera y las comunidades no tienen, están batallando, hay colonias que tienen semanas secas”.
De acuerdo con la solicitud, habrá 216 lotes de 500 metros cuadrados, 567 de mil metros cuadrados, 38 lotes de mil 12.36 metros cuadrados, 21 de mil 200 metros cuadrados, uno de 3 mil 600 metros cuadrados, y 80 lotes irregulares, los cuales se ubicarán en la parte trasera del hotel Canto de Sal.
Donato Valtierra destacó que quien perdió la posesión del pozo fue la ex alcaldesa Adriana Vega y por tanto ya no hay posibilidad de que el municipio lo recupere. Por su parte, los salinenses tuvieron que construir otro pozo el cual no genera la misma cantidad de agua.
“Romero Calzada menciona que él es de Salinas y que lo aman, eso es mentira, nadie lo quiere y la mayor prueba está en la participación de su hijo que perdió la candidatura a la presidencia municipal de Salinas en 2021, nadie lo quiere ni en los municipios del Altiplano sur, porque saben que es mentiroso y ve la manera de ver cómo se apodera de las cosas”.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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