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¿Qué pasó con el pozo que Tekmol se robó en Salinas?
Medios locales aseguran que el ex candidato a gobernador utiliza su agua para abastecer los lotes residenciales que José Luis Romero Calzada vende en su propiedad
Por: Ana G Silva
En 2018, José Luis Romero Calzada, mejor conocido como Tekmol y ex candidato a la gubernatura de San Luis Potosí por Redes Sociales Progresistas, fue acusado por habitantes del municipio de Salinas de dejar a población en sequía, luego de apropiarse de un pozo que abastece al municipio. La Orquesta contactó a Felipe Donato Valtierra, director del medio salinense Che Pachón, el cual ha dado un seguimiento detallado al caso, para conocer cómo va esta problemática que parece estar lejos de ser resuelta sobre todo si se considera que Romero Calzada utiliza el agua de ese pozo para abastecer los lotes residenciales que actualmente vende.
Felipe Donato explicó que es casi un hecho que el municipio perdió ese pozo, pues los gobernantes municipales no han dado continuidad a la demanda para recuperarlo, esto sumado a que Tekmol lleva una buena relación con Emmanuel Castro, presidente del municipio.
Valtierra detalló que el pozo había surtido de agua al municipio de Salinas por más de 30 años. Ese acuífero está ubicado en las propiedades de la familia de Romero Calzada, llamada La estancia del Carmén, las cuales estaban completamente desiertas y apenas y tenían una pequeña casa y una alberca sin agua.
La propiedad fue vendida y recuperada una vez que José Luis Romero se había convertido en funcionario público; en el 2008, durante la administración de Teódulo Contreras Martínez, demandaron al Ayuntamiento argumentando que el pozo que estaba en la propiedad le pertenecía a él y no al municipio.
“Mencionaba que la parte donde estaba el pozo le pertenecía, se van a juicio, en ese entonces el alcalde era Teódolo Contreras Martínez (PAN). El juicio siguió y llegó Adriana Vega Calzada (PAN) a la alcaldía y de ahí se perdió todo: el Ayuntamiento ya no contestó, en ese mismo tiempo Tekmol dijo que el pozo no servía, que no tenía ningún valor, pero casualmente ahí empezó la extensión de todo el rancho (que ahora es el hotel Canto de Sal), empezó a sembrar y todos se preguntaban de dónde sacó tanta agua si anteriormente era desértico”,
El director del Che Pachon detalló que para confirmar que el pozo estaba seco varios expertos intentaron estudiarlo, no obstante, Romero Calzada nunca permitió que se realizarán los análisis, mientras construía un importante hotel de lujo con dos albercas y que, a la fecha, nunca se ha visto con problemas de abasto de agua. 
“Se dice que ahí donde se excavó el pozo es como si fuera venero (que brota agua de manera natural) por lo que no podía quedarse seco y los pozos que construyó Tekmol después son de ese mismo pozo”.
Felipe Donato indicó que en 2017 José Luis Romero realizó una solicitud de subsidios al Ayuntamiento de Salinas para crear 923 lotes residenciales en el fraccionamiento Canto de Sal, del predio Rancho del Carmen. En total se lotificará 824 mil 392 metros cuadrados.
“Está empezando a vender unos lotes para un complejo residencial para gente de dinero, ese complejo se va a llevar una cantidad importante de agua y sería en las inmediaciones en la parte trasera de su hotel Canto de Sal que tiene agua de sobra; porque mientras sus propiedades no les falta una gota de agua, en la cabecera y las comunidades no tienen, están batallando, hay colonias que tienen semanas secas”.
De acuerdo con la solicitud, habrá 216 lotes de 500 metros cuadrados, 567 de mil metros cuadrados, 38 lotes de mil 12.36 metros cuadrados, 21 de mil 200 metros cuadrados, uno de 3 mil 600 metros cuadrados, y 80 lotes irregulares, los cuales se ubicarán en la parte trasera del hotel Canto de Sal.
Donato Valtierra destacó que quien perdió la posesión del pozo fue la ex alcaldesa Adriana Vega y por tanto ya no hay posibilidad de que el municipio lo recupere. Por su parte, los salinenses tuvieron que construir otro pozo el cual no genera la misma cantidad de agua.
“Romero Calzada menciona que él es de Salinas y que lo aman, eso es mentira, nadie lo quiere y la mayor prueba está en la participación de su hijo que perdió la candidatura a la presidencia municipal de Salinas en 2021, nadie lo quiere ni en los municipios del Altiplano sur, porque saben que es mentiroso y ve la manera de ver cómo se apodera de las cosas”.
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El alcalde dijo que solo llegan participaciones federales y pidió que se precise a qué obra se refiere el Gobierno del Estado. Acusó que la Contraloría estatal retuvo licitaciones, como la de Peñasco, que arrancarían hasta enero
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó este miércoles, en entrevista, que del Gobierno del Estado de San Luis Potosí «en cinco años no ha llegado un peso» al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y negó que existan recursos estatales para obra municipal.
Respondió así al señalamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, difundido esta semana, de que asignó grandes cantidades de recursos a obras del Ayuntamiento y de que habría auditorías. Galindo dijo que el Estado no ha autorizado un peso, ni adicional ni ordinario, y que lo único que llega son las participaciones federales.
El alcalde afirmó que las cuentas pueden revisarse en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya es auditado por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación. Pidió que se precise a qué obra o recurso se refiere el señalamiento y dijo que, si se le indica cuál, se retractará y ofrecerá una disculpa.
Galindo acusó que la Contraloría del Estado mantuvo retenidas tres licitaciones, entre ellas la de pavimentación en Peñasco, donde dijo que hay 14 obras listas para intervenirse. Señaló que se liberaron hace unos días y que aún faltan 45 días
Sostuvo que la responsabilidad del retraso no es del Ayuntamiento y que los oficios de liberación son públicos. Ofreció mostrarlos.
Mencionó otras obras detenidas. El Eje 140, que calificó de urgente para la zona industrial, sigue sin autorizarse, y el túnel de la salida a Guadalajara lleva desde marzo sin liberarse. El proyecto de Saucito se liberó en agosto y su licitación sigue en proceso, afirmó. «A alguien no le cae bien que avancemos», dijo.
Al preguntársele si los retrasos afectan el ejercicio fiscal, respondió que los recursos federales se aplicaron para no tener que devolverlos.
Galindo añadió que sigue reconociendo a Gallardo Cardona como gobernador y líder político, lo que, dijo, debería ponerlo por encima de temas electorales, pero que a su juicio mantiene una campaña permanente. Aseguró que al gobernador le siguen informando mal en materia financiera para seguir atacando al Ayuntamiento.
También lee: “O engañan al gobernador o no quiere informarse”: Galindo
Sonia Mendoza dijo que el aire se complica en horas pico y que el frío puede acumular contaminantes
Por: Redacción
Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), reconoció que el monitoreo de la calidad del aire en San Luis Potosí da “un panorama incompleto” del estado.
Según ella, con la información disponible, el estado ha tenido buena calidad del aire este año. La excepción son las horas pico: por la mañana, cuando las familias llevan a sus hijos a la escuela, y a la hora de salida del trabajo.
Hoy el estado opera cinco casetas de monitoreo. En su Quinto Informe, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó 2.1 millones de pesos este año para mantenerlas y operarlas. También reportó 1.1 millones para la primera etapa del ProAire, el programa para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana.
Para 2027, Segam pidió dos casetas
Las cámaras empresariales piden lo mismo. A mediados de octubre, Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), dijo que lo que más preocupa a los empresarios en la mesa ambiental con el Gobierno del Estado es que se instale otra estación de monitoreo.
Sobre la temporada de frío, la funcionaria advirtió que en esos meses la contaminación se estabiliza y puede acumularse. “Esperemos que no tengamos mala calidad del aire en estos tiempos”, dijo.
También lee: “El tema no se trata de multas”: Sedeco ante propuestas ambientales de empresarios
Mientras el INE establece que las precampañas para la gubernatura serán del 4 de enero al 12 de febrero, una reforma aprobada por el Congreso local fija el periodo del 20 de enero al 8 de febrero; la discrepancia podría provocar impugnaciones, sanciones y conflictos sobre la validez de los actos de precampaña
Por: Jorge Saldaña
La reforma electoral aprobada por el Congreso de San Luis Potosí el pasado 12 de agosto abrió una controversia jurídica frente al calendario establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones de 2027, debido a que ambas disposiciones contemplan fechas distintas para la realización de las precampañas a la gubernatura.
De acuerdo con el calendario publicado por el INE, las precampañas para elegir a quien sucederá en la gubernatura deberán desarrollarse del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, con una duración de 40 días naturales. Sin embargo, la reforma a la Ley Electoral del Estado establece que comenzarán el 20 de enero y concluirán el 8 de febrero, reduciendo el periodo a solamente 20 días.
La discrepancia adquiere relevancia porque el Consejo General del INE aprobó el 30 de julio de 2026 el acuerdo INE/CG478/2026, mediante el cual ejerció su facultad de atracción para homologar las fechas de conclusión de las precampañas locales y estableció el 12 de febrero como límite para San Luis Potosí.
La determinación federal, aprobada antes de la reforma estatal, también vinculó a los organismos públicos locales electorales a adecuar sus calendarios conforme a las fechas homologadas.
En consecuencia, la diferencia plantea un problema sobre el alcance de las facultades de las autoridades electorales federales y locales.
Aunque los congresos estatales tienen atribuciones para regular la duración de las precampañas, deben ejercerlas conforme a la Constitución federal y la legislación general electoral.
Por ello, la reforma potosina podría generar controversias sobre su compatibilidad con el acuerdo de homologación del INE, particularmente respecto de la fecha de conclusión de las precampañas.
Partidos y aspirantes podrían enfrentar sanciones
Por ejemplo, si un partido inicia actos de precampaña el 4 de enero, conforme al calendario publicado por el INE, podría enfrentar denuncias por presuntos actos anticipados, debido a que la legislación estatal establece el inicio hasta el 20 de enero.
De manera similar, las actividades realizadas del 9 al 12 de febrero podrían ser cuestionadas, ya que esas fechas se encuentran comprendidas en el calendario federal, pero fuera del plazo establecido en la reforma local.
Las consecuencias podrían incluir procedimientos sancionadores, amonestaciones, multas y controversias sobre la validez de los procesos internos.
En el caso de las personas aspirantes, también podrían generarse problemas para clasificar y reportar gastos de precampaña, especialmente cuando las actividades se realicen en fechas consideradas válidas por una autoridad, pero controvertidas frente a otra disposición.
En circunstancias específicas previstas por la legislación, las infracciones graves en materia de fiscalización pueden tener consecuencias sobre el registro de candidaturas. Sin embargo, ninguna sanción se produciría automáticamente por la sola existencia de calendarios contradictorios.
CEEPAC, ante el reto de definir un calendario
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) enfrenta una de las principales implicaciones de esta diferencia normativa, al ser el organismo encargado de organizar las elecciones locales y establecer las condiciones operativas para las distintas etapas del proceso.
El decreto de reforma establece que el organismo electoral debe adecuar su normatividad dentro de los 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor.
Sin embargo, cualquier calendario que apruebe deberá considerar tanto la legislación estatal vigente como las disposiciones obligatorias emitidas por el INE.
Si el CEEPAC adopta las fechas establecidas en la reforma local, podría enfrentar cuestionamientos por su incompatibilidad con la fecha de conclusión homologada por el organismo nacional. Por el contrario, si mantiene el calendario federal sin resolver su relación con la ley estatal, sus acuerdos también podrían ser impugnados.
Entre sus posibles consecuencias se encuentran conflictos de fiscalización y procedimientos sancionadores relacionados con actos realizados durante los días en disputa.
La discrepancia alcanza diputaciones y ayuntamientos
El problema podría ser todavía mayor en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos.
Mientras el calendario publicado por el INE contempla que esas precampañas concluyan el 12 de febrero de 2027, la reforma estatal establece un periodo del 4 al 23 de febrero.
Esto significa que, para estas elecciones, la legislación local permitiría actividades de precampaña durante 11 días posteriores al cierre homologado por el organismo nacional.
La situación también podría repercutir en las candidaturas independientes, debido a las modificaciones legales relacionadas con los plazos para recabar apoyo ciudadano.
De mantenerse sin aclaración, las diferencias de fechas podrían ocasionar impugnaciones por posibles afectaciones a los derechos político-electorales de las personas participantes.
Incertidumbre debe resolverse antes de enero
De acuerdo a las fechas y normativas, resulta necesario que el INE y el CEEPAC aclaren formalmente cuál será el calendario aplicable y qué disposiciones regirán la fiscalización y los procedimientos internos.
La cuestión central es si debe mantenerse la fecha de conclusión del 12 de febrero establecida por el INE o prevalecer el periodo del 20 de enero al 8 de febrero aprobado por el Congreso potosino.
Mientras no exista una definición institucional clara, los partidos y aspirantes enfrentarán el riesgo de realizar actividades cuya legalidad podría ser cuestionada posteriormente ante los tribunales electorales.
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