México
Programas del Bienestar serán constitucionales: Sheinbaum
Con la constitucionalidad de estos programas, su implementación no dependerá de la voluntad de quien sea titular del Ejecutivo federal
Por: Redacción
La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma —enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero— a los artículos cuatro y 27 de la Constitución Política que hace de todos los Programas para el Bienestar un derecho.
Precisó que, con la constitucionalidad de estos programas, su implementación no dependerá de la voluntad de quien sea titular del Ejecutivo federal, ya que son derechos del pueblo de México que estarán reconocidos en la carta magna.
“Cualquier presidente o presidenta que venga después de nosotros tiene que cumplirlo porque están en la Constitución y al estar en el cuarto constitucional los convierte en derechos”, añadió.
Recordó que existen dos perspectivas en el país, la de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, que busca el bien estar del pueblo, y la del neoliberalismo, cuya visión es hacer de los derechos un privilegio y una mercancía. Como prueba de ello, destacó que el Partido Acción Nacional (PAN) votó en contra de la reforma.
Informó que en el caso de los nuevos apoyos como la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, el registro continúa y serán poco más de un millón de mexicanas de 63 y 64 años las que recibirán este apoyo en su primera fase; también avanzan las asambleas informativas en escuelas secundarias para la implementación de la nueva beca universal “Rita Cetina Gutiérrez”, mientras que para el caso del programa de Salud Casa por Casa, servidores de la nación aún realizan el censo a adultos mayores y a personas con discapacidad, a quienes hizo un llamado a no caer en noticias falsas.
México
Un juez de Control gira orden de aprehensión contra Silvano Aureoles
La medida judicial vincula al exgobernador de Michoacán con el operativo de 2017 en Arantepacua que resultó con cuatro homicidios
Por: Roberto Mendoza
Un Juez de Control libró este viernes una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por su presunta relación con los hechos ocurridos en la comunidad de Arantepacua en abril de 2017. El mandamiento judicial alcanza también a Juan Bernardo Corona, quien fuera secretario de Seguridad Pública estatal, y a 14 elementos de la policía de Michoacán señalados por su participación en la incursión que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y diversos casos de tortura documentados. La determinación fue notificada por el Poder Judicial de la Federación tras la presentación de pruebas que vinculan a los exfuncionarios con violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía General de la República sostiene que Aureoles Conejo abandonó el territorio nacional desde hace aproximadamente un año, situación que deriva en el inicio de trámites para su localización internacional a través de la ficha roja de Interpol. El expedi ente penal integra testimonios y peritajes que señalan la responsabilidad de mando y la ejecución directa de actos violatorios de derechos humanos durante el operativo de seguridad en la Meseta Purépecha. Los 14 agentes policiales involucrados enfrentan cargos por uso excesivo de la fuerza y allanamiento de morada sin orden judicial previa, conforme a los registros de la causa penal abierta por el Ministerio Público Federal.
La autoridad judicial fundamenta la emisión de estas órdenes en la necesidad de conducir a los imputados a proceso tras la acumulación de pruebas y el cumplimiento de la Recomendación 42VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El contexto administrativo del caso implica la búsqueda activa de los exfuncionarios y la notificación a las corporaciones de seguridad para la ejecución inmediata de las capturas. El proceso legal vigente establece que, una vez confirmada la ubicación del exmandatario en el extranjero, se activarán los protocolos de extradición correspondientes para su presentación ante los tribunales mexicanos, lo cual constituye una consecuencia legal verificable dentro del sistema de justicia penal mexicano.
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México
Ricardo Monreal le da la razón a la presidenta sobre la operación cicatriz
El órgano legislativo cerrará el registro de aspirantes al Instituto Nacional Electoral con más de 500 perfiles inscritos
Por: Roberto Mendoza
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, abordó la reestructuración del Instituto Nacional Electoral y el avance del Plan B. Cuestionado sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum referentes a la operación cicatriz y las alianzas partidistas, el legislador respondió: “Siempre. Tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum, porque aquí todos los días hay que cicatrizarnos, porque siempre los debates nos alejan temporalmente, pero luego hay que cicatrizarnos”.
En relación con la ruta de la reforma electoral y las preocupaciones de los actuales consejeros, el coordinador parlamentario aseguró: “La Comisión de Puntos Constitucionales y de la Reforma Electoral a la que le fue turnado esta minuta de reformas al 115, 116 y 134 van a estudiarlo seguramente, como siempre, van a resolverlo conforme a las circunstancias, al derecho y a las exigencias del pueblo de México “.
Respecto al cierre de la convocatoria para consejeros electorales, el diputado detalló: “Este Comité de Evaluación lo componen cinco personas, cuatro mujeres y un hombre y surge de una convocatoria que la ley establece. Hoy deben de instalarse porque se han inscrito más de 500 candidatos y candidatas a ocupar estas tres posiciones“. Sobre la metodología final de selección, precisó: “Recuerden que de los 500 que se han inscrito, hoy se concluye a las seis de la tarde el proceso de inscripción, de los 500 tienen que seleccionar quintetas, es decir, cinco para cada posición, cuidando la paridad. Entonces va a haber cinco de cada posición, cinco, y de ahí se va a seleccionar uno”.
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Destacadas
MC critica gradualidad de jornada laboral: “40 horas hasta 2030 es insuficiente”
Movimiento Ciudadano mantendrá su postura de acelerar la implementación de la jornada de 40 horas, al considerar que el contexto laboral actual exige medidas más inmediatas
Por: Redacción
El diputado local de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, cuestionó el modelo planteado para la reducción de la jornada laboral en México, al considerar que llevar el esquema de 40 horas semanales hasta el año 2030 es una medida tardía y con impacto limitado para los trabajadores.
El legislador reconoció que la propuesta representa un avance en materia de derechos laborales; sin embargo, advirtió que dista de lo que su partido ha impulsado, que es una implementación inmediata acompañada de dos días de descanso obligatorios por semana.
“Qué bueno que ya se establecieron las 40 horas, aunque sea hasta el 2030, pero es un avance”, expresó, al tiempo que señaló que el esquema aprobado contempla una aplicación gradual que reduciría la jornada de forma paulatina —alrededor de dos horas cada cierto periodo—, lo que, en su opinión, retrasa los beneficios reales para la clase trabajadora.
Gama Basarte insistió en que el planteamiento actual no garantiza de forma efectiva una mejora inmediata en la calidad de vida de los trabajadores, particularmente en lo relacionado con el descanso, al no consolidar desde ahora un modelo claro de dos días libres por semana.
Para Movimiento Ciudadano, explicó, la reducción de la jornada laboral no solo debe centrarse en disminuir horas, sino en replantear el equilibrio entre trabajo y vida personal, donde el descanso digno sea un eje central.
El diputado sostuvo que la gradualidad propuesta diluye el impacto de la reforma y deja en segundo plano la urgencia de atender las condiciones laborales actuales, por lo que adelantó que su bancada continuará impulsando que la jornada de 40 horas se aplique en el corto plazo y con un esquema completo que incluya dos días de descanso.
En ese sentido, reiteró que, aunque el cambio aprobado puede considerarse un paso inicial, aún queda pendiente una discusión de fondo para garantizar que la reforma responda verdaderamente a las necesidades de los trabajadores en San Luis Potosí y en el país.
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