La presidenta de México notificará a las autoridades sobre la orden de eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación

Por: Redacción

La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que notificará a la dependencia encargada de sancionar a los jueces, magistrados y ministros a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por las recientes violaciones a la Ley de Amparo, por parte de la jueza Nancy Juárez de Coatzacoalcos, Veracruz quien ordenó la eliminación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), pues destacó que esto afecta al Estado de Derecho.

‘’Nosotros estamos actuando conforme a derecho, quienes están violando el Estado de Derecho pues son ellos, ellas’’.

‘’Para hacer una suspensión de un amparo, no solo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la Ley de amparo, ¿qué dice la ley de amparo? en el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, uno, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir hay una reforma a la Constitución, que cumple con todos los requisitos para cambiar el Poder Judicial en nuestro país y una juez acepta un juez de amparo y emite una resolución de una suspensión (…)

‘’Vamos a notificar a quien sanciona a los jueces porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo y aun así se está haciendo una resolución de una suspensión’’.

Reiteró que la publicación de la reforma al Poder Judicial en el DOF fue una instrucción del Congreso de la Unión, por lo que informó que una vez que sea notificada sobre la resolución de la jueza preguntará al Poder Legislativo sobre la legalidad de esta orden.

‘’Es totalmente irregular, son los propios jueces, juezas, magistrados ministros, ministras que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: “Votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución’’.

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El alcalde de la capital señaló las diferencias en la justicia mexicana y estadounidense, que derivó en la sentencia del ex secretario de Seguridad federal

Por: Bernardo Vera

Tras el anuncio de la sentencia de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal en el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa (2006 a 2012), Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, reaccionó en calidad de ex Comisionado General de la Policía Federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Como funcionario federal, puntualizó que la sentencia otorgada contra Garcia Luna en Estados Unidos debe alertar sobre la impartición de justicia en México:

“La justicia norteamericana es totalmente distinta a la mexicana, y tienen elementos para emitir esa sentencia. A los mexicanos nos debe poner en alerta de como está sentenciando Estados Unidos. Es una alerta a todos los que están administrando seguridad pública a nivel nacional”, comentó.

Galindo Ceballos, como especialista en materia de seguridad pública, manifestó que la sentencia de García Luna no debe ser la única que debe efectuarse ni la única en ser objeto de la opinión pública, ya que existen otras personas detenidas y puestas a disposición de la justicia norteamericana, a las que también se les debe dar el seguimiento debido.

“Hay otras sentencias pendientes, de otros detenidos en Estados Unidos que ya deberían recibir su sentencia”, declaró.

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El Ejecutivo federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares

Por: Roberto Mendoza

En una jornada maratónica, el Senado aprobó por unanimidad, en una primera sesión matutina, con 123 votos a favor, la reforma al artículo 28 de la Constitución Política, que declara al sistema ferroviario como un área prioritaria para el desarrollo de México. La modificación, que adiciona un párrafo quinto al mismo artículo, tiene como objetivo impulsar el transporte de pasajeros por tren.

Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, refuerza el control estatal sobre este transporte. Con ella, se establece que los 18 mil kilómetros de vías férreas podrán ser utilizados por entidades públicas, devolviendo al Estado la gestión de este recurso para la conectividad nacional.

Más tarde, alrededor de las seis de la tarde, comenzó otra discusión que se extendió por casi seis horas. Finalmente, con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, el Senado aprobó las reformas constitucionales que fortalecen las capacidades del Estado en áreas estratégicas como el sector energético, el servicio de internet y el aprovechamiento del litio.

El proyecto de decreto modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el propósito de garantizar la seguridad y autosuficiencia energética del país, y asegurar el acceso a electricidad a precios más bajos para la población. Una de las principales modificaciones es la eliminación del concepto de “empresas productivas del Estado”, que será reemplazado por “empresas públicas del Estado”.

Estas reformas precisan que no constituirán monopolios las funciones exclusivas del Estado en áreas como la explotación del litio y la provisión del servicio de internet. Asimismo, se destaca que el Estado tendrá la responsabilidad de planear y controlar el sistema eléctrico nacional con el fin de preservar la seguridad energética y garantizar electricidad accesible para todos.

Además, se aclara que aunque los particulares podrán participar en algunas actividades de la industria eléctrica, en ningún caso tendrán prevalencia sobre las empresas públicas del Estado, cuyo principal objetivo será cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad del servicio.

La discusión de estas reformas estuvo marcada por fuertes divisiones entre la mayoría oficialista y la oposición. Mientras la oposición intentó sin éxito modificar el dictamen, la mayoría utilizó su ventaja numérica para aprobar las leyes sin cambios, repitiendo un patrón de sesiones nocturnas y prolongadas donde las posturas de ambos bloques son irreconciliables.

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