El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos

Por: Haniel Valdés

El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.

Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.

Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.

Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.

El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.

El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.

Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.

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El ajuste amplía el techo del régimen simplificado y acota los gastos deducibles de las corporaciones

Por: Roberto Mendoza

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar el cobro del Impuesto Sobre la Renta. Durante la presentación del documento, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, resumió el objetivo de los controles incorporados: “Se combate el uso indebido de facturas y deducciones”.

Para el sector de menores ingresos, el ajuste permite que profesionistas, arrendadores y dueños de micronegocios que perciban hasta cinco millones de pesos al año —un millón y medio más que el tope previo— tributen en el Régimen Simplificado de Confianza con una tasa máxima mensual del 2.50 por ciento. El esquema se extiende además a negocios que facturen hasta 50 millones de pesos anuales, y los productores del campo y la pesca quedan exentos de impuestos hasta por un millón de pesos.

Por el contrario, a las compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales se les restringe el porcentaje de gastos operativos y de pérdidas de años anteriores que pueden descontar. También se reduce del 30 al 20 por ciento

la deducción por intereses de deuda, se suprime el régimen opcional para grupos de sociedades y se condiciona la deducción de pagos enviados al extranjero a que primero entreguen la retención al fisco.

Respecto a estos candados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que aplicar un límite generalizado, en vez de detectar individualmente las facturas improcedentes, posterga las deducciones excedentes hasta por veinte años e incrementa el pago inmediato del impuesto para las industrias manufactureras y comerciales que operan con márgenes de utilidad reducidos.

La reforma también fija en la ley, con vigencia hasta 2030, incentivos fiscales para descontar de inmediato las inversiones y los gastos en capacitación e innovación dentro del Plan México y en los corredores industriales del Istmo de Tehuantepec, Yucatán y de economía circular. Con estas medidas, el Gobierno Federal proyecta simplificar el pago de contribuciones, frenar a las empresas factureras y captar mayores recursos para programas sociales y obras de infraestructura.

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Tras el señalamiento contra el dirigente panista Carlos Enrique Dahud por recibir honorarios del Ayuntamiento, el alcalde Enrique Galindo respondió con una acusación contra el presidente del Congreso: afirma que registros de transparencia muestran que Luis Fernando Gámez Macías sigue cobrando 32 mil pesos en la Secretaría General de Gobierno

Por: Jorge Saldaña

Foto creada con IA

La confrontación entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el bloque político del Gobierno del Estado escaló este martes, luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos acusó al presidente de la Directiva del Congreso local, Luis Fernando Gámez Macías, de aparecer simultáneamente en la nómina de la Secretaría General de Gobierno con una percepción de 32 mil pesos.

El señalamiento surgió un día después de que se hiciera público que Carlos Enrique Dahud Uresti, secretario general y presidente en funciones del PAN estatal, mantiene un contrato de honorarios con el Ayuntamiento capitalino por alrededor de 28 mil pesos mensuales.

Galindo reconoció que Dahud presta servicios al gobierno municipal, pero rechazó que se trate de una irregularidad o de un caso de “aviaduría”. Según explicó, el dirigente panista cuenta con un contrato por honorarios, cumple funciones específicas y ese esquema no necesariamente implica un horario fijo.

“No es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función en función de un contrato de honorarios”, sostuvo el alcalde, quien aseguró que está dispuesto a mostrar la documentación y las actividades realizadas por Dahud.

Acto seguido, Galindo devolvió el señalamiento al Congreso.

De acuerdo con el alcalde, información obtenida mediante solicitudes de transparencia indica que Gámez Macías todavía aparece como director general dentro de la Secretaría General de Gobierno y recibe aproximadamente 32 mil pesos.

“Eso sí es un delito, si es que no ha renunciado”, afirmó Galindo, quien insistió en que el legislador debe aclarar públicamente si mantiene o no una relación laboral y salarial con el Poder Ejecutivo al mismo tiempo que ejerce como diputado y presidente de la Directiva del Congreso.

La afirmación corresponde al señalamiento del alcalde y, hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que Gámez continúe cobrando ese salario ni se ha determinado por una autoridad que exista responsabilidad penal o administrativa.

Galindo elevó además el tono del enfrentamiento al asegurar que, si se pretende abrir una investigación contra el Ayuntamiento por el caso Dahud, el Congreso debería aplicar el mismo criterio al propio Gámez.

“Que el presidente del Congreso, el diputado Gámez, explique primero si sigue cobrando en la Secretaría General. Es un dato muy reciente, cobra 32 mil pesos”, declaró.

Incluso sostuvo que, en caso de comprobarse una incompatibilidad, a Gámez también podrían alcanzarle procedimientos como un juicio político o una eventual inhabilitación.

El alcalde ironizó sobre el caso al señalar que el presidente de la Directiva no sería “un aviador chiquito”, sino “un aviador del 727”, debido al nivel del cargo que, según Galindo, aparece registrado en la administración estatal.

Más allá del posible doble cobro, Galindo acusó a Gámez de utilizar la presidencia del Congreso para mantener una ofensiva política contra el Ayuntamiento capitalino.

A pregunta expresa sobre si consideraba que el legislador había sido colocado al frente de la Directiva con el propósito de confrontarlo rumbo al proceso electoral de 2027, respondió: “Estoy seguro de eso, pero el Congreso no se lo merece”.

Galindo sostuvo que las expresiones de Gámez comprometen institucionalmente al Poder Legislativo porque, en su calidad de presidente de la Directiva, sus declaraciones ya no pueden ser consideradas únicamente opiniones personales.

“Hoy que es presidente representa a un poder. No es Gámez el que habla, habla el Congreso”, señaló.

Por ello, pidió al legislador separarse de la presidencia de la Directiva si pretende continuar con la confrontación política.

“Yo le pido que mejor deje la Directiva. Que si él como presidente del Congreso es nombrado para golpearme, yo invito al diputado a que deje la Directiva para que nos golpeemos a gusto”, expresó.

El alcalde también reclamó una postura del Gobierno del Estado y particularmente de la Secretaría General de Gobierno para aclarar si Gámez mantiene actualmente algún nombramiento o percepción económica dentro de esa dependencia.

“Si Gámez no deja fehacientemente claro que renunció como director general de la Secretaría General, pues también el secretario general tiene que decir algo. Yo también creo que el Gobierno del Estado tiene que fijar una postura”, afirmó.

El episodio abre un nuevo frente en la disputa pública entre el Ayuntamiento capitalino y actores políticos ligados al Gobierno del Estado y al Partido Verde, ahora con señalamientos cruzados sobre nóminas públicas, posibles incompatibilidades y utilización política de las instituciones.

Galindo aseguró que responderá cualquier investigación relacionada con la contratación de Dahud, pero exigió que el mismo nivel de escrutinio se aplique al presidente del Congreso.

“Yo me comprometo a aclarar lo mío y a demostrar que no es ilegal. Que él aclare”, sentenció.

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