CORREDOR HUMANITARIO

 

Imaginemos que dentro de unos años, alguien desde el poder diga: “En San Luis Potosí ya ni se practican abortos, ¿para qué mantenerlo legal?” Esa frase, tan simplona como peligrosa, podría ser suficiente para justificar que se dé marcha atrás a un derecho conquistado a pulso. Y lo más grave es que, si revisamos los datos oficiales, el argumento ya estaría servido.

Porque según los Servicios de Salud del Estado, desde que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, 132 mujeres han interrumpido su embarazo en San Luis Potosí. Pero —y aquí está la trampa— ninguna lo hizo por decisión propia. De acuerdo con las cifras, las 132 interrupciones fueron por motivos médicos. Cero voluntarias. Cero por libre elección.

Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Que en todo un estado, con más de dos millones de mujeres, ni una sola decidió interrumpir su embarazo de forma voluntaria? ¿O que los hospitales y las instituciones están borrando esos datos, diluyéndolos entre diagnósticos clínicos para esconder una realidad incómoda?

Hace un año, San Luis Potosí celebraba lo que parecía un triunfo de la razón sobre el prejuicio: la despenalización del aborto. Hoy, ese avance empieza a parecerse a una mentira institucional. Porque si las cifras se maquillan, si la objeción de conciencia se convierte en excusa y si las mujeres siguen siendo rechazadas en hospitales, entonces el derecho a decidir se está convirtiendo en una simulación.

De los 107 puestos médicos en hospitales habilitados para practicar la ILE, uno de cada tres profesionales es objetor de conciencia. En Ciudad Valles, por ejemplo, 10 de 17 médicos y enfermeros se niegan a realizar el procedimiento. ¿Y qué pasa con las mujeres que viven en la Huasteca o en el Altiplano, donde no hay alternativas cercanas? ¿Qué pasa si una mujer llega al hospital de Valles, con doce semanas cumplidas, y le dicen que nadie puede atenderla porque todos son objetores

? Lo que pasa es que su derecho desaparece.

La colectiva ILE San Luis Potosí ha documentado estos casos, las negativas, la opacidad y la simulación. Han sido ellas —y muchas otras colectivas— quienes han tenido que acompañar a mujeres que, en teoría, ya no deberían estar suplicando por un derecho reconocido por la ley.

Y entonces hay que decirlo con claridad: un derecho que no se garantiza, es un derecho abolido en silencio. La resistencia institucional existe, y es tan sutil como efectiva: se disfraza de papeleo, de moral médica, de estadísticas convenientes. Pero su consecuencia es brutal: mujeres obligadas a continuar embarazos que no desean, porque el Estado decide mirar hacia otro lado.

San Luis Potosí tiene una ley que reconoce el derecho a decidir, pero no una estructura que lo haga realidad. Y si las autoridades siguen escondiendo las decisiones de las mujeres tras diagnósticos médicos, no solo están borrando datos: están borrando voces.

A un año de la despenalización, el aborto en San Luis Potosí sigue siendo un privilegio y no una garantía. Y si no se exige transparencia y acceso real, pronto podrían decirnos —con una sonrisa burocrática— que aquí ya nadie aborta. Y entonces, el silencio sería la excusa perfecta para volver atrás.

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El Poder Judicial reconoció que muchos internos en SLP no han tenido audiencia; se buscará acelerar procesos mediante juicios abreviados

Por: Redacción

Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Poder Judicial del Estado, reconoció que aunque los centros penitenciarios de San Luis Potosí registran un aumento constante en su población, gran parte de las personas privadas de la libertad aún no han tenido audiencia ni sentencia, debido a la saturación del sistema judicial.

Durante una entrevista, Zarazúa explicó que el incremento de internos no refleja necesariamente un avance en la impartición de justicia, si no el inicio de procedimientos que podrían tardar meses o incluso años en resolverse.

“Si la Fiscalía lo toma como un logro, significa que apenas se aprendiera; estamos apenas al inicio del procedimiento”, señaló.

La magistrada reconoció que los juzgados enfrentan una sobrecarga de audiencias orales, lo que ha generado retrasos significativos.

“Estamos saturados en cuanto a audiencias. Tenemos que buscar soluciones para que se lleven de manera más ágil y no se pospongan por cuestiones propias del juzgado”, afirmó.

El rezago judicial no solo ralentiza los procesos, sino que agrava la situación en los penales, donde crece el número de personas que permanecen en prisión preventiva sin que su caso avance. Este fenómeno contrasta con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insta a los países a reducir el número de reclusos sin sentencia.

Ante esta situación, la presidenta del Poder Judicial anunció que se busca impulsar procedimientos abreviados y mejorar la calendarización de audiencias para desahogar los casos más antiguos.

“Habrá que hacerlo en todos aquellos que se puedan abreviar, siempre atendiendo la naturaleza del delito y las condiciones del proceso”, puntualizó.

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Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, la SSPCE asegura que en San Luis Potosí no hay amenazas directas a ediles o líderes religiosos

Por: Redacción

Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado fin de semana, las autoridades de San Luis Potosí descartaron que existan solicitudes específicas de protección por parte de alcaldes o líderes religiosos en el estado.

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal (SSPCE), informó que la Guardia Civil Estatal mantiene presencia activa en los 59 municipios de la entidad a través de nuevas bases operativas, y que hasta el momento ningún funcionario ha reportado amenazas directas por parte de grupos delictivos.

“Lo máximo que nos han pedido es estar pendientes de sus municipios. No hay alguna situación específica de seguridad de algún funcionario”, señaló el secretario.

Juárez Hernández precisó que las peticiones más frecuentes de los ayuntamientos se centran en el refuerzo de vigilancia general, no en la asignación de escoltas personales. Mencionó que las policías municipales brindan seguridad directa a los alcaldes, mientras que la Guardia Civil apoya con patrullajes coordinados.

En cuanto a las instituciones religiosas, el funcionario reconoció que sí existe personal comisionado para brindar apoyo a Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí

durante sus traslados y actividades públicas, aunque reiteró que se trata de medidas preventivas y no de una situación de riesgo particular.

“Tenemos personal con el arzobispo, cubriendo sus necesidades de seguridad en sus traslados o eventos”, explicó.

El titular de la SSPCE destacó que en los últimos meses se han abierto nuevas bases operativas en municipios estratégicos como Villa de Arista, Venado, Santo Domingo, Villa de Ramos, Real de Catorce, Cárdenas, Villa de Reyes y La Pila, y adelantó que se planea ampliar la cobertura hacia la Huasteca sur con tres nuevas bases.

La SSPCE aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva ante el contexto nacional de violencia contra autoridades municipales, donde varios alcaldes y servidores públicos han sido víctimas de ataques armados en lo que va del año.

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