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Por ejercer violencia política de género, regidor de Rioverde no ha tomado protesta
Fue denunciado por amedrentar en redes sociales y verbalmente a una compañera; denuncia violación a sus derechos electorales
Por: Ana G Silva
El pasado 12 de septiembre, el Juzgado Primero de lo Familiar Rioverde dictó medidas de protección a Rosa María Huerta, regidora de aquel municipio, en contra de Salvador López Aguilar, regidor electo de Movimiento Ciudadano, por ejercer violencia política en razón de género.
Esto ha generado que López Aguilar no pueda tomar protesta como regidor de Rioverde, pues entre las medidas se encuentra que tiene prohibido acercarse al lugar de trabajo de la víctima, es decir la presidencia municipal donde Huerta también es regidora, por lo que argumentó que esto viola sus derechos políticos electorales como integrante electo del Ayuntamiento de Rioverde.
La Orquesta entrevistó a Rosa María Huerta, para conocer su opinión al respecto, además de conocer los hechos de los que fue y ha sido víctima y preguntar sobre su opinión de la violencia política en razón de género.
Rosa María contó que el 12 de julio acudió a interponer una denuncia en contra de Salvador López, pues durante la temporada de campañas electorales y el 2 de junio, día de las elecciones, este, y otras personas, le mandaban mensajes por Facebook donde se referían a ella de manera despectiva, además que en un encuentro cara a cara Salvador López aprovechó para insultarla.
“Mi demanda es por violencia política contra las mujeres en razón de género y debe de sentar un precedente porque no soy la única, hay muchísimas mujeres que callan, precisamente porque vas con el juez o vas con el Ministerio Público y en lugar de ayudarte te amedrentan”.
El juez de lo familiar le dio la razón a la regidora rioverdense y le notificó a Salvador López que no puede acercarse a ella a su domicilio o a su lugar de trabajo, se le prohíbe comunicarse por cualquier medio con la víctima e intimidarla o molestarla.
A pesar de ello, Huerta dijo que Salvador acudió a la presidencia municipal, en calidad de regidor electo, en el proceso de entrega-recepción y ella se encontraba ahí por ser regidora en funciones y electa, pero no consideró que debía hacer algo al respecto; sin embargo, el 30 de septiembre, recibió una notificación sobre una demanda en su contra por falsedad de declaración y amenazas de muerte . Agregó que las acusaciones debe de comprobarlas, por lo que no tiene miedo.
“Creo que los medios no son los indicados para que él diga que es falso, hay una autoridad y ahí se presentan las pruebas. Yo tengo las mías, tengo mis argumentos y tengo todo en mi poder para poderlo hacer y no es nada más tu servidora la que está con este tema, hay muchas más personas, muchas más mujeres que se me han acercado con este mismo tema en contra de este señor”.
La regidora comentó que una vez ocurrido este hecho, decidió ejercer sus derechos de protección e impedir que Salvador Huerta se acercara a ella en el trabajo. No obstante, Salvador Huerta ha acusado que se le violan sus derechos políticos electorales, pues forma parte del cabildo rioverdense; también ha expuesto supuestas pruebas en sus redes sociales que no estuvo el día en el que supuestamente agredió verbalmente a Rosa Huerta.
La funcionaria municipal comentó que a la fecha se le ha insultado a través de redes sociales con perfiles falsos, además de que también molestan a sus hijos y familiares, al exhibir fotos en redes. Agregó que Salvador ha iniciado una campaña de revictimización en su contra, por lo que interpuso el pasado 9 de octubre otra demanda en su contra por este hecho.
“Me ha revictimizado su familia, él mismo con páginas falsas, se han metido con mi familia, con mi hijo se meten, me dicen de linduras y medias, pero no me va a intimidar, tengo mi casa como dos kilos de huevos, donde me fueron a tirar huevos a las paredes a la barra de mi casa, me sacaron unos árboles que estaban ahí, enterraron ahí unos monos como de brujería, o sea, tonterías de esas, pero que al final de cuentas viene siendo violencia, todo lo tengo documentado con fotografías”.
La regidora apuntó que si un juez le diera la razón a su agresor, acataría lo que la ley determine; no obstante, no dejará de acudir a otras instancias que sabe que le ayudarán a hacer valer su derechos como víctima.
Al cuestionarla, si considera que este hecho puede marcar un precedente en la violencia política en razón de género y que un juez le otorgara protección, contestó que “se la debe de poner un alto a todo esto, precisamente por eso no denunciamos porque casi nunca nos da la razón, nos sale el tiro por la culata en lugar de ser víctimas, somos las agresoras, no pienso parar, yo voy a hasta las últimas consecuencias”.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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