Tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron reformas fundamentales que las consolida como empresas públicas estratégicas del Estado

Por: Roberto Mendoza

Tanto la Cámara de Diputados como el Senado han aprobado reformas fundamentales que redefinen el papel de Pemex y la CFE, consolidándolas como empresas públicas estratégicas del Estado. Con estos cambios, el gobierno busca garantizar energía a bajo costo, fortalecer la soberanía energética y reducir la carga fiscal de la petrolera nacional, permitiéndole operar con mayor eficiencia y competitividad.

Ayer el pleno del Senado aprobó un paquete de ocho nuevas leyes y reformas que establecen un nuevo modelo energético para el país. Con 85 votos a favor, 39 en contra y una abstención, se dio luz verde a la Ley de la Empresa Pública del Estado de Pemex y la CFE, así como a la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos y la Ley de Planeación y Transición Energética, entre otras.

Uno de los puntos más relevantes es que las actividades de Pemex y CFE ya no serán consideradas monopólicas, garantizando su operatividad en beneficio del pueblo mexicano. Además, se eliminan las empresas subsidiarias para consolidarlas como entidades verdaderamente productivas pero con carácter público, lo que busca fortalecer su estructura financiera y operativa.

La reforma también otorga a Pemex preferencia en la exploración y extracción de hidrocarburos, así como en la elección de esquemas de inversión, ya sea como desarrollo propio o proyectos mixtos con la iniciativa privada. A su vez, la reducción de su carga fiscal mediante el Derecho Petrolero para el Bienestar busca simplificar impuestos y aumentar la rentabilidad de la empresa.

Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó con 374 votos a favor, 104 en contra y cero abstenciones un dictamen que reforma la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. La iniciativa presidencial, presentada por la titular del Ejecutivo, tiene como eje la creación del Derecho Petrolero para el Bienestar, que reemplaza el actual esquema fiscal de Pemex con una tasa única del 30% para hidrocarburos y 12% para gas no asociado.

Este nuevo esquema busca aliviar la presión fiscal de Pemex, permitiéndole reinvertir en exploración y producción, mientras que los ingresos estatales se estabilizan mediante un modelo más predecible. Además, se elimina el pago del Impuesto Sobre la Renta para la empresa, al tiempo que se obliga a los participantes en proyectos mixtos a contribuir fiscalmente.

En entrevista para La Orquesta, la diputada Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, explicó el impacto de estas reformas y su visión sobre el futuro del sector energético.

La Orquesta: ¿Cómo se va a configurar ahora la participación de privados con esta nueva ley de hidrocarburos?

Rocío Abreu: Primero que nada, tenemos un paquete de 11 leyes en discusión. En este momento, estamos analizando la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que busca equilibrar la carga fiscal de Pemex. Algo fundamental que hay que entender es que el petróleo barato, el de aguas someras como Cantarell en Campeche, se ha agotado. Ahora enfrentamos costos de extracción más elevados y, si no ajustamos la carga fiscal, simplemente no será viable la inversión.

Pemex ha sido el mayor contribuyente de México, con tasas impositivas que alcanzaron hasta el 56%. Con la reforma, simplificamos el esquema tributario y establecemos un Derecho Petrolero para el Bienestar con tasas más competitivas: 30% para hidrocarburos y 12% para gas.

La Orquesta: ¿Este ajuste fiscal impactará el costo del gas para el ciudadano común?

Rocío Abreu: Sin duda. Al reducir la carga fiscal sobre el gas, hacemos rentable su explotación en México. Hoy dependemos de importaciones desde Estados Unidos, pero con esta reforma podemos desarrollar nuestros propios yacimientos y garantizar un precio más accesible.

La Orquesta: ¿Cómo afecta esto la autonomía de Pemex en la toma de decisiones?

Rocío Abreu: Antes, Pemex tenía restricciones que le impedían elegir con quién y cómo invertir. Con la reforma, desaparecen las rondas petroleras y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, otorgándole a la Secretaría de Energía y a Pemex la capacidad de decidir si explotan un yacimiento solos, con socios o mediante subcontratación. Esto permite una estrategia de inversión más flexible y eficiente.

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