julio 5, 2026

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Congreso del Estado

Congreso de SLP, abierto a iniciativas ciudadanas

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Estudiantes plantean iniciativas de reformas a la Ley de Derechos a las Niñas, Niños y Adolescentes; a la Ley de Protección a los Animales; y a la Ley de Atención a Víctimas

Por: Redacción

Diputadas de la LXIII Legislatura, atendieron a estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc, quienes presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una serie de iniciativas que proponen reformar la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, así como la Ley de Protección de los Animales, y la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.

Durante una reunión sostenida en el auditorio, Manuel Gómez Morín del edificio Presidente Juárez en Vallejo #200, las legisladoras destacaron la importancia de privilegiar la participación ciudadana desde el Congreso del Estado, pues de esta manera se genera un mayor interés de los ciudadanos por impulsar iniciativas que verdaderamente son analizadas y tomadas en cuenta para generar mejores condiciones de convivencia y vida en San Luis Potosí.

Además se expuso a las y los estudiantes universitarios que esta es una Legislatura de puertas abiertas, donde cada una de las iniciativas que son presentadas por los ciudadanos, son sujetas de una revisión exhaustiva a través de los trabajos realizados en las diversas comisiones según corresponda el caso.

Señalaron que la apertura y la inclusión han sido factores y valores que han permitido a las y los diputados sacar adelante nuevas leyes ciudadanías a favor de los habitantes de las cuatro zonas del estado.

En lo que se refiere a las iniciativas, se propone reformar el artículo 1 de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí para dar capacidad jurídica de las infancias en caso de violencia, y se plantea “Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, dotándolos de capacidad de ejercicio para poder denunciar cualquier violación de sus derechos, sin necesidad de un representante, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

También se presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Protección de los Animales, se busca robustecer el marco jurídico que regula los derechos de los animales para adjudicar la calidad de un ser sintiente.

Por último, se señaló que en la iniciativa que busca adicionar la Ley de Atención a Víctimas para el estado de San Luis Potosí, en su artículo 48, para establecer que “Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita incorporarse con prontitud a la sociedad, y en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva.

Además del acceso de las víctimas a la educación, será a través de políticas y acciones que promuevan su ingreso o permanencia en el sistema educativo y les permitan superar las circunstancias que, en su caso, se lo impidan”.

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Proponen castiga con 8 años de prisión a quien genere pánico con disparos o explosivos en SLP

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Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad

Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.

Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.

Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.

Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos,

o que el sujeto activo sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, de seguridad privada o de las fuerzas armadas.

Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.

El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.

La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis. 

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Diputado propone crear el Sistema Estatal de Cuidados en SLP

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Busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, realizado principalmente por mujeres

Por: Redacción

El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal de Cuidados de San Luis Potosí, con la que se busca hacer operativa la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado en la entidad.

La propuesta plantea la creación del Sistema Estatal de Cuidados y del Padrón Estatal de Cuidados, mecanismos que tendrían como objetivo coordinar políticas públicas dirigidas tanto a las personas que requieren apoyo para realizar sus actividades cotidianas como a quienes desempeñan labores de cuidado.

De acuerdo con la iniciativa, el sistema estaría integrado por instituciones públicas, municipios, familias, comunidad y sector privado, bajo un modelo de corresponsabilidad para atender las necesidades de cuidado de la población.

Entre los objetivos del proyecto se encuentra reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, visibilizar la aportación histórica que realizan principalmente las mujeres en esta labor y garantizar derechos tanto para las personas cuidadoras como para quienes requieren atención.

La propuesta también contempla establecer las bases para coordinar programas y políticas públicas en materia de cuidados, definir las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, así como promover la capacitación y profesionalización de las personas cuidadoras.

Asimismo, busca impulsar un cambio cultural que fomente la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y elimine estereotipos de género asociados a estas actividades.

El legislador señaló que la iniciativa fue estructurada para dotar al estado de un marco jurídico que permita implementar de manera efectiva el derecho al cuidado reconocido recientemente en la Constitución local.

El proyecto fue turnado a las comisiones de Salud y Asistencia Social y Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.

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Buscan reformar la ley para la prevención, tratamiento y control de las adicciones en el estado

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Se pretende garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva: dip. Luis Felipe Castro

Por: Redacción

Con la finalidad de hacer eficientes las acciones de rehabilitación de adicciones, el diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa que busca reformar la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado en sus artículos 23 y 35.

El legislador indicó que con estas reformas, se busca armonizar el ordenamiento local con la Ley General de Salud, para eliminar el estigma y garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva.

En su exposición de motivos, el diputado señala que la evidencia clínica establece que las adicciones a sustancias psicoactivas, no son eventos aislados de la conducta, sino trastornos de la salud mental con bases neurobiológicas, como de hecho ya es contemplado en la Ley General de Salud.

La iniciativa de reforma a la Ley estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, busca transitar de un modelo de “control social” a uno de “derecho a la salud”. Se señala que la terminología “Prevención y Control” sugiere una vigilancia sobre el individuo, y lo que la propuesta busca es posicionar al paciente como un sujeto de derechos.

En lo que se refiere a la especialización del personal profesional que tiene contacto con pacientes consumidores de sustancias psicoactivas

, se propone que el tema se centre en la capacitación médica y su validación respecto de conocimientos concretos para el tratamiento del síndrome por abstinencia; se propone que los directivos encargados d centros de atención, sean auxiliados por médicos capacitados en toxicología y crisis de abstinencia para asegurar que la atención en crisis sea científica, que hagan valoración médica y referencia hospitalaria cuando la condición clínica del paciente así lo requiera.

Por otra parte, la iniciativa propone la integración de un Padrón Público de Establecimientos Residenciales de Tratamiento, el cual deberá estar disponible y actualizado en la página electrónica oficial de la Secretaría de Salud del Estado.

El legislador indica que esta medida no solo faculta a la ciudadanía para tomar decisiones informadas en momentos de crisis familiar, sino que funciona como un mecanismo de control social y fiscalización activa sobre la legalidad de dichos espacios.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Salud y Asistencia Social.

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