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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)
Antes lee la primera parte de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)
Por: Roberto Rocha
PARTE II
COVID EN LOS CUNEROS
Sin embargo, fue hasta ese mismo lunes que, por rumores, Alberto y su esposa se enteraron que en los mismos cuneros de neonatología había un bebé que había dado positivo por covid-19: “Ella escuchó rumores de los pacientes y de las enfermeras que estaban ahí, que en el área donde estaba nuestro bebé, en neonatología, había un bebé infectado con el covid. Eran rumores todavía, no era totalmente oficial pero ya había muchos rumores. Ella se alarmó porque decía ‘a lo mejor es el mío, no sé, no hay informes’”.
Alberto y su esposa dejaron el hospital porque la habían dado de alta, aún sin conocer a su hijo. Los médicos les pidieron que dejaran sus números de teléfono para avisarles de cualquier situación con el bebé.
“Se acabó el lunes, no nos hablaron, no supimos nada. El martes nos desesperamos, pero por fortuna mi esposa encontró a una amiga enfermera en el hospital. Ella buscó a la pediatra, quien le respondió ‘comunícate con ellos, es necesario que vengan porque quiero hablar con ellos’. Pero esto fue porque teníamos un contacto allá adentro, si no, nadie nos habla”.
“Entonces ya nos vamos los dos al hospital y salió la pediatra. Nos dijo que nuestro bebé está muy grave, que necesita una cirugía porque tenía una enterocolitis bacterial grado III, y estaban ya algo infectados los órganos. Ahí también fue que nos confirmó que en el área donde estaba nuestro bebé había un caso de un recién nacido con el covid, nos dijo ‘hay mucho más riesgo porque tenemos un paciente ya confirmado con el covid dentro del área donde está su bebé’. Nunca nadie nos informó esto o nos dijo que lo más conveniente era llevarnos a nuestro bebé para evitar que fuera contagiado”.
SIN ESPECIALISTA
“La pediatra nos dijo ‘yo he estado intentando hablar con la especialista, la neonatóloga de turno, la única que tenemos, pero no me contestó’. La doctora repitió que era urgente hacer algo, por lo que hicimos hincapié que si era necesario trasladarlo a otro hospital, lo íbamos a hacer sin ningún problema. Nos dijeron que por el momento no convenía porque ya tenía el tratamiento y que iban a esperar a ver cómo iba evolucionando. Entonces ella misma nos dijo ‘yo ya me moví, ya mandé traer un cirujano subrogado porque la que hay aquí no va a venir o no puede venir, estamos esperando que llegue’, entonces nos enseñó el documento y nos dijo ‘ya lo pedí y estamos en espera de que llegue, porque sí está muy grave’”.
¿Y LA PRUEBA DE COVID?
“Ese mismo martes, la pediatra nos dijo otra cosa, nos dijo que por el caso del niño de covid tenía la orden de que se le hiciera la prueba de laboratorio desde el domingo, sin embargo ya era martes pero no se la habían hecho. Yo le respondí ‘¿cómo es posible que si ven que es algo urgente no se la han hecho’, y me dijo ‘no lo sé, hay cambios de turno, se va cambiando el personal y no le han hecho la prueba’”.
“Esperamos a que llegara el cirujano, pero la pediatra nos dijo que no sabía quién era. Pasaron una o dos horas y estábamos mi esposa y yo muy preocupados porque nos habían dicho que era grave. Antes de esto, en ningún momento habíamos escuchado que vocearan a nadie en el Hospital, y de repente empezaron a vocear que se necesitaba la jefa de enfermeras en neonatología, después que se necesitaba otra cosa también en neonatología y decíamos ‘¿que pasaría? porque nunca los habían voceado y ahora están muy movidos todos, no sabíamos lo que estaba pasando”.
“YA NO LO ALCANCÉ”
“Alrededor de las 9 salió una doctora. No la conocíamos, pero intuimos que era la neonatóloga. La paramos, le dijimos ‘¿doctora, usted es neonatóloga? y ella nos dijo: ‘¿ustedes son los papás de Patricio?’”.
Después, la neonatóloga les dio la noticia: “Su bebé estaba muy grave, muy delicado, por eso me habían mandado llamar, aunque yo no lo atendí, pero vine por el llamado. Pero ya cuando yo llegué, al bebé ya no lo alcancé”, dijo la doctora.
“Con esas palabras fue que nos enteramos que nuestro bebé perdió la vida”- explica Alberto-. “Fue difícil por la impotencia de que no se hicieron a tiempo las cosas”.
La doctora siguió informándoles: “Nos dijo así, que cuando llegó ya no tenía más nada que hacer, que nada más le hablaron y pues ella venía a hacer lo que se podía, pero llegó y no lo alcanzó. Dijo que lo lamentaba mucho, nos estuvo insistiendo que había en cuneros un bebé con covid y que ella estaba también sorprendida de que lo habían tenido ahí al bebé, que ella no sabía por qué 
APENAS LO CONOCIERON
“Después salió otra pediatra y le dijimos que por favor nos permitiera conocerlo. No tuvimos oportunidad de verlo ni de darle leche materna. Nada, nada, no lo conocíamos. Incluso yo tenía hasta la ilusión de pensar que lo habían podido cambiar, que no era el de nosotros, por lo que había escuchado yo anteriormente, de que había una señora ahí peleando que a su bebé se lo habían cambiado. Con esa ilusión yo estaba esperando, ‘ojalá que no sea el mío, ojalá que todo esto haya sido un error’”.
“Más tarde salió la pediatra y nos dijo que sí nos iban a permitir el ingreso para que lo conociéramos. Pero nos volvió a confirmar, ‘el área donde estaba su bebé, donde falleció, hay un bebé ya confirmado con el covid y pues es muy necesario que tengamos mucha protección’. Entramos a un vestidor y como a dos metros estaba el cuarto con los bebecitos. No es muy grande, debe ser como de 5 por 5 metros. Nos percatamos que había dos niños. No sé si el bebé del covid sería uno de ellos. Entramos y yo esperaba recibir la protección que ellos me habían dicho, yo me imaginaba por lo menos careta, una bata, algo. Salió la pediatra con el bebé, y nos dice ‘por favor, pónganse este guante’. Nos dieron un solo guante de látex, el cubrebocas era el personal que traíamos, por qué obviamente no podíamos entrar sin él. Un guante de látex, esa fue toda su protección, pero a mí ya no me importó porque yo lo que quería era verlo, conocerlo, estar seguro que fuera de nosotros y que no lo hayan cambiado. Lo vimos y notamos que era el de nosotros, porque hay mucho parecido a mí. No me cupo la menor duda que era el mío, estuvimos ahí cinco minutos más o menos, despidiéndonos de él, viéndolo”.
“Al salir, la pediatra nos preguntó si alguno de nosotros tenía antecedentes de covid, y contestamos que ninguno de los dos hemos tenido los síntomas ni nadie de nuestra familia. Dijo: ‘lo que pasa es que su bebé presentó ya al final los síntomas, se le hará la prueba, pero pues los resultados todavía no los tienen. Es muy probable que su bebé también se haya contagiado por el covid’. Yo hasta le grité ‘es que si se contaminó fue aquí, porque nosotros ni siquiera lo conocíamos ni siquiera teníamos contacto con él’. Después nos mencionó la pediatra que era muy importante que nosotros nos hiciéramos la prueba”.
UN CERTIFICADO HECHIZO
Alberto señala que al esperar junto con la funeraria que le entregaran el cuerpo del bebé en el hospital, los hicieron moverse en dos ocasiones, sin embargo, con el fallecimiento de Patricio no terminaron las negligencias.
El miércoles pasado, al día siguiente de la muerte, la funeraria le pidió a Alberto el certificado de nacimiento y el certificado de defunción. Este último documento sí lo tenía, pero el primero no, pues no le fue entregado en el hospital.
Al llegar al Hospital General del ISSSTE en Carlos Diez Gutiérrez, en el área de admisiones le dijeron que no encontraban el documento. Después de mucho buscar, dijeron que lo encontraron pero que necesitaban la firma de la madre, aunque ya había firmado el día del nacimiento e incluso había notado la huella del bebé.
Alberto negó que fuera a llevar a su esposa al Hospital, porque tenía reciente la herida de la cesárea, por lo que solo accedió a que firmara fuera del centro de salud: “En el camino me dice mi esposa que la huella que venía en ese certificado estaba muy distinta a la que ya había visto, que era una huella más grande, más ancha y que tenía la tinta fresca”.
Sigue aquí con la parte 3 de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte III)
Portadas locales
San Luis Hoy: Víctimas demandan justicia. Familias afectadas por hechos violentos exigen resultados a la Fiscalía General del Estado. Destacan también el costo de la CEGAIP (2 mdp mensuales) y el rezago en vialidades.
Plano Informativo: Contaminación pone en riesgo a los potosinos. Altos niveles de PM2.5, PM10 y ozono generados por vehículos, industria, quema y actividades clandestinas.
Pulso SLP: Policías estatales bajos en certificación. Oculta CEDH datos sobre recomendaciones. Marcha de familias de víctimas a la FGE. Bulevar descuidado.
Columnas locales
La Bitácora – San Luis Hoy: La transparencia sale muy cara. La CEGAIP está en vías de desaparecer, pero sus funcionarios mantienen sueldos elevados: José Gerardo Navarro Alviso recibe 80 mil pesos mensuales, Ana Cristina García Nales 78 mil y la directora administrativa Gabriela López Fraga 25 mil. Solo la nómina ronda los 888 mil pesos al mes.
De Todos – Pulso SLP: Alcaldía: otra hackeada. Ignoran al gobernador. La columna señala un nuevo incidente de vulneración digital en el Ayuntamiento capitalino y critica la falta de coordinación y reconocimiento hacia el gobierno del estado en los temas de obras y seguridad informática.
El Gato Filósofo (Elucubraciones) – Código San Luis: El juego sucio del PAN. El columnista analiza las maniobras internas y las prácticas de imposición dentro de Acción Nacional en San Luis Potosí, particularmente en la definición de coordinadores y posibles candidaturas de cara a 2027.
El Radar – Antena San Luis (Jesús Aguilar): Mil 413 policías sin certificar: ¿quién responde? En dos años la certificación de policías municipales cayó 40.7 por ciento (de 95.9 a 55.2 por ciento). Casi mil 413 elementos carecen de Certificado Único Policial. Se exige rendición de cuentas a quienes los contratan, evalúan y envían a las calles.
El Sótano – El Mañana SLP: Las investigaciones por el millonario desfalco al fondo estatal de pensiones avanzan. Luis Arturo Coronado Puente confirma colaboración abierta con la FGE y advierte nuevas carpetas. Ricardo Gallardo relevó a Isabel Leticia Vargas Tinajero en Seduvop; entra Jorge Grimaldo Limón con la instrucción de acelerar obras de movilidad. San Luis Potosí se consolida como la segunda entidad con mayor reducción de homicidios dolosos (tasa de 0.9 por cada 100 mil habitantes frente a 6.7 nacional, según México Evalúa) y como segunda mejor opción de inversión extranjera.
Notas prioritarias de la Alcaldía Capital:
Ciudadanos salen a tapar baches mientras el alcalde reconoce rezago en las calles (Astrolabio). Adoquines dañados afectan la circulación en el Centro Histórico (El Sol de San Luis). Cierre de Bulevar Españita por trabajos del “puentecito La Tripita” genera críticas por el espectáculo mediático (redes ciudadanas). Fallas y enojo ciudadano por el puente peatonal de Cordillera de los Alpes (Última Hora SLP). Interapas deja obras a medias en el Centro Histórico; el “100 por ciento” anunciado no se concreta (OCnoticias). El Ayuntamiento sigue posponiendo la peatonalización del Centro Histórico (OCnoticias). Asalto a plena luz del día en Himalaya y robo de batería en General I. Martínez (redes ciudadanas). Interapas surte agua con drenaje incluido en la General I. Martínez (Tiradero San Luis). Regreso de “mordelones” a la zona universitaria con el inicio de clases (redes ciudadanas). Hundimiento en la estructura del puente de Pánfilo Natera (redes ciudadanas). Fuga de agua termal sin reparar en el Centro (Chikilín). El alcalde puso en marcha la renovación de la calle Oro en Fracción Morales (Antena San Luis).
Notas del gobernador Ricardo Gallardo Cardona:
Gallardo mantiene 57.9 por ciento de aprobación ciudadana y ocupa el cuarto lugar nacional, el mejor evaluado entre los gobernadores de la Cuarta Transformación (Código San Luis / Polls.Mx). Relevo en Seduvop: Jorge Grimaldo Limón sustituye a Isabel Leticia Vargas Tinajero con la instrucción de acelerar obras de movilidad y conectividad. Giras de trabajo en Huehuetlán, Santa María del Río y Matlapa para reforzar programas sociales de SEDESORE. Presencia activa en la FENAPO: entrega de boletos para Grupo Firme y recepción a Sin Bandera. San Luis Potosí se mantiene como segunda entidad con mayor baja de homicidios dolosos y segunda mejor opción de inversión extranjera. Tras reunión con el alcalde Enrique Galindo, la Contraloría liberó 19 obras para la capital, incluido el paso a desnivel de El Saucito.
Columnas y temas nacionales:
Templo Mayor (Reforma): La extradición desde Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna (huachicol fiscal) coincidió con la visita de Omar García Harfuch a Buenos Aires. Operativos federales fallidos: se escapó el alcalde de Paraíso, Tabasco, y no detuvieron a “El Tío Lako” del CJNG en Michoacán, lo que provocó narcobloqueos. Queda abierto quién llevará el proceso de desafuero de Alejandro “Alito” Moreno.
Jaque Mate (Sergio Sarmiento – Reforma): García Harfuch construyó puentes con la DEA en Buenos Aires pese a la resistencia inicial de la presidenta Sheinbaum. Terry Cole lo llamó “socio de confianza”. Sheinbaum habló de “doble discurso” de la agencia estadounidense.
Bajo Reserva (El Universal): Gerardo Fernández Noroña exhibió una “visa dorada” que no correspondía al formato oficial. La Auditoría Superior de la Federación investiga el fallido examen de admisión de la UNAM. El gobernador de Hidalgo llevó buenas noticias de inversión a Palacio Nacional.
Carlos Loret de Mola (El Universal): Detención en Mérida de Justo Rivera Parrazales, operador del Clan de Andy López Beltrán, acusado de ser operador financiero del Cártel del Noreste. Se aseguraron 15 vehículos de lujo, dólares, joyas y armas. También hay presión del Partido Verde por liberar a Raúl Piña Horta, exsecretario particular de Jorge Emilio González Martínez.
Héctor de Mauleón (El Universal): Operativo federal en Michoacán contra Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako” (CJNG). Se halló un arsenal enorme (64 vehículos, ametralladoras calibre .50, lanzagranadas, drones y explosivos), pero el objetivo principal no estaba. Se registraron 25 narcobloqueos. “Alborotaron el avispero y no avisaron”.
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El instituto aclaró que no interviene en el delito por el que fueron procesadas: su trabajo se concentra en atender la adicción
Por: Ana G Silva
Durante 2026, 100 personas han sido atendidas en el Instituto Temazcalli tras ser canalizadas por jueces debido a antecedentes de consumo de sustancias. De ellas, 94 son hombres y seis mujeres.
Luis Eduardo López Rivas, titular del Área Paraclínica de Temazcalli, explicó que la atención forma parte de un trabajo interinstitucional con la Unidad de Medidas Cautelares. Hasta julio de este año, el instituto había registrado 324 intervenciones dentro de este esquema.
El especialista aclaró que Temazcalli no interviene en el proceso judicial ni da seguimiento al delito que pudo haber cometido la persona. La institución recibe la referencia relacionada con el antecedente de consumo y, a partir de una valoración, determina el tipo de atención necesaria.
Las personas pueden cumplir con la medida cautelar mediante exámenes toxicológicos, atención ambulatoria o internamiento en la comunidad terapéutica, dependiendo de su condición clínica.
“Nosotros no tenemos nada que ver” con la situación legal, explicó López Rivas, pues la atención se concentra en el consumo de sustancias y sus consecuencias.
Entre las personas atendidas bajo este esquema, señaló, predomina el consumo de cannabis y, muy cerca, el de metanfetaminas.
Tratar la adicción, parte de la reinserción
López Rivas consideró fundamental atender las adicciones dentro de los procesos de reinserción social, al reconocer que el consumo de sustancias puede estar relacionado con algunas conductas delictivas.
Explicó que, en algunos casos, las personas que desarrollan una dependencia pueden llegar a cometer conductas ilícitas para obtener recursos y mantener el consumo, incluso dentro del propio entorno familiar, como vender pertenencias para conseguir dinero.
Sin embargo, precisó que Temazcalli no atiende la reincidencia delictiva, sino la recaída en el consumo de sustancias.
Para el especialista, una persona que enfrenta un proceso judicial o sale de prisión y no recibe atención para su problema de consumo puede volver a presentar una recaída, por lo que consideró necesario incluir el tratamiento de las adicciones dentro de las estrategias de reinserción.
La medida judicial puede ayudar al tratamiento
Aunque algunas de estas personas no llegan a Temazcalli por decisión propia, López Rivas señaló que una medida cautelar puede favorecer el apego al tratamiento.
Según su experiencia, quienes están obligados a acudir como parte de una medida judicial pueden mantener una asistencia más constante que algunos pacientes que buscan atención voluntariamente y abandonan o acuden de manera irregular.
La atención que reciben no cambia por su condición jurídica. El tratamiento incluye valoración médica, psiquiátrica y psicológica, así como atención familiar, terapias individuales y grupales, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.
El especialista destacó que la participación de la familia es fundamental, ya que las personas generalmente regresan al mismo entorno social y familiar después del tratamiento, donde pueden enfrentar nuevamente factores de riesgo relacionados con el consumo.
Además, explicó que es frecuente que el consumo de sustancias esté acompañado por problemas de salud mental, como ansiedad, depresión u otros trastornos, por lo que atender estas condiciones también forma parte del proceso de rehabilitación.
López Rivas insistió en que, aunque puede existir una relación entre el consumo y determinadas conductas delictivas, la adicción debe atenderse desde una perspectiva de salud.
“Ser adicto es una enfermedad”, sostuvo, al señalar que el consumo de sustancias requiere una intervención profesional y no puede reducirse únicamente a una cuestión de voluntad.
Así, en el caso de las personas canalizadas por jueces, la autoridad determina la medida cautelar, mientras que Temazcalli se concentra en atender la adicción, no el delito.
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José Luis Romero, “Tekmol”, podría pagar hasta 1.9 millones de pesos de multa por la tala de árboles que se le atribuye en el río Valles
Por: Redacción
Ilustración generada con IA para La Orquesta
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) habría abierto un procedimiento sancionador contra José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad Valles, luego de que, de acuerdo con Huasteca Hoy, taló árboles y vegetación en la ribera del río Valles, en la zona de Santa Rosa.
La tarde del martes 18 de agosto, Romero Calzada habría desbrozado y talado parte de la maleza y la arboleda que crece a la orilla del río, en un tramo que comparten el ejido La Diana, la colonia Praderas del Río y la localidad de Santa Rosa. El político habría señalado que buscaba convertir el sitio en un espacio de interés comercial y turístico, y habría atribuido el abandono del lugar al gobierno de David Medina Sa lazar
La ribera es jurisdicción federal. Según Huasteca Hoy, Darío Fernando González Castillo, delegado de la Conagua en la zona, señaló que nadie notificó a la dependencia sobre el corte de árboles y que, tras una visita de inspección, se habría iniciado el procedimiento. Habría indicado, además, que la Semarnat
González Castillo habría precisado que el procedimiento podría derivar en una multa de hasta un millón 900 mil pesos.
No sería la primera vez que Romero Calzada enfrenta un procedimiento oficial: desde junio, el Tribunal Electoral del Estado analiza una denuncia del PRI en su contra por presunta duplicidad en la entrega de despensas de programas estatales en Ciudad Valles, señalamiento que también hizo el PAN. Romero Calzada se afilió al PVEM en 2025, después de haber criticado al partido y a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado.
La sanción se determinaría una vez que concluya la revisión técnica del expediente.
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