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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)
Antes lee la primera parte de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)
Por: Roberto Rocha
PARTE II
COVID EN LOS CUNEROS
Sin embargo, fue hasta ese mismo lunes que, por rumores, Alberto y su esposa se enteraron que en los mismos cuneros de neonatología había un bebé que había dado positivo por covid-19: “Ella escuchó rumores de los pacientes y de las enfermeras que estaban ahí, que en el área donde estaba nuestro bebé, en neonatología, había un bebé infectado con el covid. Eran rumores todavía, no era totalmente oficial pero ya había muchos rumores. Ella se alarmó porque decía ‘a lo mejor es el mío, no sé, no hay informes’”.
Alberto y su esposa dejaron el hospital porque la habían dado de alta, aún sin conocer a su hijo. Los médicos les pidieron que dejaran sus números de teléfono para avisarles de cualquier situación con el bebé.
“Se acabó el lunes, no nos hablaron, no supimos nada. El martes nos desesperamos, pero por fortuna mi esposa encontró a una amiga enfermera en el hospital. Ella buscó a la pediatra, quien le respondió ‘comunícate con ellos, es necesario que vengan porque quiero hablar con ellos’. Pero esto fue porque teníamos un contacto allá adentro, si no, nadie nos habla”.
“Entonces ya nos vamos los dos al hospital y salió la pediatra. Nos dijo que nuestro bebé está muy grave, que necesita una cirugía porque tenía una enterocolitis bacterial grado III, y estaban ya algo infectados los órganos. Ahí también fue que nos confirmó que en el área donde estaba nuestro bebé había un caso de un recién nacido con el covid, nos dijo ‘hay mucho más riesgo porque tenemos un paciente ya confirmado con el covid dentro del área donde está su bebé’. Nunca nadie nos informó esto o nos dijo que lo más conveniente era llevarnos a nuestro bebé para evitar que fuera contagiado”.
SIN ESPECIALISTA
“La pediatra nos dijo ‘yo he estado intentando hablar con la especialista, la neonatóloga de turno, la única que tenemos, pero no me contestó’. La doctora repitió que era urgente hacer algo, por lo que hicimos hincapié que si era necesario trasladarlo a otro hospital, lo íbamos a hacer sin ningún problema. Nos dijeron que por el momento no convenía porque ya tenía el tratamiento y que iban a esperar a ver cómo iba evolucionando. Entonces ella misma nos dijo ‘yo ya me moví, ya mandé traer un cirujano subrogado porque la que hay aquí no va a venir o no puede venir, estamos esperando que llegue’, entonces nos enseñó el documento y nos dijo ‘ya lo pedí y estamos en espera de que llegue, porque sí está muy grave’”.
¿Y LA PRUEBA DE COVID?
“Ese mismo martes, la pediatra nos dijo otra cosa, nos dijo que por el caso del niño de covid tenía la orden de que se le hiciera la prueba de laboratorio desde el domingo, sin embargo ya era martes pero no se la habían hecho. Yo le respondí ‘¿cómo es posible que si ven que es algo urgente no se la han hecho’, y me dijo ‘no lo sé, hay cambios de turno, se va cambiando el personal y no le han hecho la prueba’”.
“Esperamos a que llegara el cirujano, pero la pediatra nos dijo que no sabía quién era. Pasaron una o dos horas y estábamos mi esposa y yo muy preocupados porque nos habían dicho que era grave. Antes de esto, en ningún momento habíamos escuchado que vocearan a nadie en el Hospital, y de repente empezaron a vocear que se necesitaba la jefa de enfermeras en neonatología, después que se necesitaba otra cosa también en neonatología y decíamos ‘¿que pasaría? porque nunca los habían voceado y ahora están muy movidos todos, no sabíamos lo que estaba pasando”.
“YA NO LO ALCANCÉ”
“Alrededor de las 9 salió una doctora. No la conocíamos, pero intuimos que era la neonatóloga. La paramos, le dijimos ‘¿doctora, usted es neonatóloga? y ella nos dijo: ‘¿ustedes son los papás de Patricio?’”.
Después, la neonatóloga les dio la noticia: “Su bebé estaba muy grave, muy delicado, por eso me habían mandado llamar, aunque yo no lo atendí, pero vine por el llamado. Pero ya cuando yo llegué, al bebé ya no lo alcancé”, dijo la doctora.
“Con esas palabras fue que nos enteramos que nuestro bebé perdió la vida”- explica Alberto-. “Fue difícil por la impotencia de que no se hicieron a tiempo las cosas”.
La doctora siguió informándoles: “Nos dijo así, que cuando llegó ya no tenía más nada que hacer, que nada más le hablaron y pues ella venía a hacer lo que se podía, pero llegó y no lo alcanzó. Dijo que lo lamentaba mucho, nos estuvo insistiendo que había en cuneros un bebé con covid y que ella estaba también sorprendida de que lo habían tenido ahí al bebé, que ella no sabía por qué 
APENAS LO CONOCIERON
“Después salió otra pediatra y le dijimos que por favor nos permitiera conocerlo. No tuvimos oportunidad de verlo ni de darle leche materna. Nada, nada, no lo conocíamos. Incluso yo tenía hasta la ilusión de pensar que lo habían podido cambiar, que no era el de nosotros, por lo que había escuchado yo anteriormente, de que había una señora ahí peleando que a su bebé se lo habían cambiado. Con esa ilusión yo estaba esperando, ‘ojalá que no sea el mío, ojalá que todo esto haya sido un error’”.
“Más tarde salió la pediatra y nos dijo que sí nos iban a permitir el ingreso para que lo conociéramos. Pero nos volvió a confirmar, ‘el área donde estaba su bebé, donde falleció, hay un bebé ya confirmado con el covid y pues es muy necesario que tengamos mucha protección’. Entramos a un vestidor y como a dos metros estaba el cuarto con los bebecitos. No es muy grande, debe ser como de 5 por 5 metros. Nos percatamos que había dos niños. No sé si el bebé del covid sería uno de ellos. Entramos y yo esperaba recibir la protección que ellos me habían dicho, yo me imaginaba por lo menos careta, una bata, algo. Salió la pediatra con el bebé, y nos dice ‘por favor, pónganse este guante’. Nos dieron un solo guante de látex, el cubrebocas era el personal que traíamos, por qué obviamente no podíamos entrar sin él. Un guante de látex, esa fue toda su protección, pero a mí ya no me importó porque yo lo que quería era verlo, conocerlo, estar seguro que fuera de nosotros y que no lo hayan cambiado. Lo vimos y notamos que era el de nosotros, porque hay mucho parecido a mí. No me cupo la menor duda que era el mío, estuvimos ahí cinco minutos más o menos, despidiéndonos de él, viéndolo”.
“Al salir, la pediatra nos preguntó si alguno de nosotros tenía antecedentes de covid, y contestamos que ninguno de los dos hemos tenido los síntomas ni nadie de nuestra familia. Dijo: ‘lo que pasa es que su bebé presentó ya al final los síntomas, se le hará la prueba, pero pues los resultados todavía no los tienen. Es muy probable que su bebé también se haya contagiado por el covid’. Yo hasta le grité ‘es que si se contaminó fue aquí, porque nosotros ni siquiera lo conocíamos ni siquiera teníamos contacto con él’. Después nos mencionó la pediatra que era muy importante que nosotros nos hiciéramos la prueba”.
UN CERTIFICADO HECHIZO
Alberto señala que al esperar junto con la funeraria que le entregaran el cuerpo del bebé en el hospital, los hicieron moverse en dos ocasiones, sin embargo, con el fallecimiento de Patricio no terminaron las negligencias.
El miércoles pasado, al día siguiente de la muerte, la funeraria le pidió a Alberto el certificado de nacimiento y el certificado de defunción. Este último documento sí lo tenía, pero el primero no, pues no le fue entregado en el hospital.
Al llegar al Hospital General del ISSSTE en Carlos Diez Gutiérrez, en el área de admisiones le dijeron que no encontraban el documento. Después de mucho buscar, dijeron que lo encontraron pero que necesitaban la firma de la madre, aunque ya había firmado el día del nacimiento e incluso había notado la huella del bebé.
Alberto negó que fuera a llevar a su esposa al Hospital, porque tenía reciente la herida de la cesárea, por lo que solo accedió a que firmara fuera del centro de salud: “En el camino me dice mi esposa que la huella que venía en ese certificado estaba muy distinta a la que ya había visto, que era una huella más grande, más ancha y que tenía la tinta fresca”.
Sigue aquí con la parte 3 de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte III)
La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
También lee: Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años
Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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