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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)
Antes lee la primera parte de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)
Por: Roberto Rocha
PARTE II
COVID EN LOS CUNEROS
Sin embargo, fue hasta ese mismo lunes que, por rumores, Alberto y su esposa se enteraron que en los mismos cuneros de neonatología había un bebé que había dado positivo por covid-19: “Ella escuchó rumores de los pacientes y de las enfermeras que estaban ahí, que en el área donde estaba nuestro bebé, en neonatología, había un bebé infectado con el covid. Eran rumores todavía, no era totalmente oficial pero ya había muchos rumores. Ella se alarmó porque decía ‘a lo mejor es el mío, no sé, no hay informes’”.
Alberto y su esposa dejaron el hospital porque la habían dado de alta, aún sin conocer a su hijo. Los médicos les pidieron que dejaran sus números de teléfono para avisarles de cualquier situación con el bebé.
“Se acabó el lunes, no nos hablaron, no supimos nada. El martes nos desesperamos, pero por fortuna mi esposa encontró a una amiga enfermera en el hospital. Ella buscó a la pediatra, quien le respondió ‘comunícate con ellos, es necesario que vengan porque quiero hablar con ellos’. Pero esto fue porque teníamos un contacto allá adentro, si no, nadie nos habla”.
“Entonces ya nos vamos los dos al hospital y salió la pediatra. Nos dijo que nuestro bebé está muy grave, que necesita una cirugía porque tenía una enterocolitis bacterial grado III, y estaban ya algo infectados los órganos. Ahí también fue que nos confirmó que en el área donde estaba nuestro bebé había un caso de un recién nacido con el covid, nos dijo ‘hay mucho más riesgo porque tenemos un paciente ya confirmado con el covid dentro del área donde está su bebé’. Nunca nadie nos informó esto o nos dijo que lo más conveniente era llevarnos a nuestro bebé para evitar que fuera contagiado”.
SIN ESPECIALISTA
“La pediatra nos dijo ‘yo he estado intentando hablar con la especialista, la neonatóloga de turno, la única que tenemos, pero no me contestó’. La doctora repitió que era urgente hacer algo, por lo que hicimos hincapié que si era necesario trasladarlo a otro hospital, lo íbamos a hacer sin ningún problema. Nos dijeron que por el momento no convenía porque ya tenía el tratamiento y que iban a esperar a ver cómo iba evolucionando. Entonces ella misma nos dijo ‘yo ya me moví, ya mandé traer un cirujano subrogado porque la que hay aquí no va a venir o no puede venir, estamos esperando que llegue’, entonces nos enseñó el documento y nos dijo ‘ya lo pedí y estamos en espera de que llegue, porque sí está muy grave’”.
¿Y LA PRUEBA DE COVID?
“Ese mismo martes, la pediatra nos dijo otra cosa, nos dijo que por el caso del niño de covid tenía la orden de que se le hiciera la prueba de laboratorio desde el domingo, sin embargo ya era martes pero no se la habían hecho. Yo le respondí ‘¿cómo es posible que si ven que es algo urgente no se la han hecho’, y me dijo ‘no lo sé, hay cambios de turno, se va cambiando el personal y no le han hecho la prueba’”.
“Esperamos a que llegara el cirujano, pero la pediatra nos dijo que no sabía quién era. Pasaron una o dos horas y estábamos mi esposa y yo muy preocupados porque nos habían dicho que era grave. Antes de esto, en ningún momento habíamos escuchado que vocearan a nadie en el Hospital, y de repente empezaron a vocear que se necesitaba la jefa de enfermeras en neonatología, después que se necesitaba otra cosa también en neonatología y decíamos ‘¿que pasaría? porque nunca los habían voceado y ahora están muy movidos todos, no sabíamos lo que estaba pasando”.
“YA NO LO ALCANCÉ”
“Alrededor de las 9 salió una doctora. No la conocíamos, pero intuimos que era la neonatóloga. La paramos, le dijimos ‘¿doctora, usted es neonatóloga? y ella nos dijo: ‘¿ustedes son los papás de Patricio?’”.
Después, la neonatóloga les dio la noticia: “Su bebé estaba muy grave, muy delicado, por eso me habían mandado llamar, aunque yo no lo atendí, pero vine por el llamado. Pero ya cuando yo llegué, al bebé ya no lo alcancé”, dijo la doctora.
“Con esas palabras fue que nos enteramos que nuestro bebé perdió la vida”- explica Alberto-. “Fue difícil por la impotencia de que no se hicieron a tiempo las cosas”.
La doctora siguió informándoles: “Nos dijo así, que cuando llegó ya no tenía más nada que hacer, que nada más le hablaron y pues ella venía a hacer lo que se podía, pero llegó y no lo alcanzó. Dijo que lo lamentaba mucho, nos estuvo insistiendo que había en cuneros un bebé con covid y que ella estaba también sorprendida de que lo habían tenido ahí al bebé, que ella no sabía por qué ”.
APENAS LO CONOCIERON
“Después salió otra pediatra y le dijimos que por favor nos permitiera conocerlo. No tuvimos oportunidad de verlo ni de darle leche materna. Nada, nada, no lo conocíamos. Incluso yo tenía hasta la ilusión de pensar que lo habían podido cambiar, que no era el de nosotros, por lo que había escuchado yo anteriormente, de que había una señora ahí peleando que a su bebé se lo habían cambiado. Con esa ilusión yo estaba esperando, ‘ojalá que no sea el mío, ojalá que todo esto haya sido un error’”.
“Más tarde salió la pediatra y nos dijo que sí nos iban a permitir el ingreso para que lo conociéramos. Pero nos volvió a confirmar, ‘el área donde estaba su bebé, donde falleció, hay un bebé ya confirmado con el covid y pues es muy necesario que tengamos mucha protección’. Entramos a un vestidor y como a dos metros estaba el cuarto con los bebecitos. No es muy grande, debe ser como de 5 por 5 metros. Nos percatamos que había dos niños. No sé si el bebé del covid sería uno de ellos. Entramos y yo esperaba recibir la protección que ellos me habían dicho, yo me imaginaba por lo menos careta, una bata, algo. Salió la pediatra con el bebé, y nos dice ‘por favor, pónganse este guante’. Nos dieron un solo guante de látex, el cubrebocas era el personal que traíamos, por qué obviamente no podíamos entrar sin él. Un guante de látex, esa fue toda su protección, pero a mí ya no me importó porque yo lo que quería era verlo, conocerlo, estar seguro que fuera de nosotros y que no lo hayan cambiado. Lo vimos y notamos que era el de nosotros, porque hay mucho parecido a mí. No me cupo la menor duda que era el mío, estuvimos ahí cinco minutos más o menos, despidiéndonos de él, viéndolo”.
“Al salir, la pediatra nos preguntó si alguno de nosotros tenía antecedentes de covid, y contestamos que ninguno de los dos hemos tenido los síntomas ni nadie de nuestra familia. Dijo: ‘lo que pasa es que su bebé presentó ya al final los síntomas, se le hará la prueba, pero pues los resultados todavía no los tienen. Es muy probable que su bebé también se haya contagiado por el covid’. Yo hasta le grité ‘es que si se contaminó fue aquí, porque nosotros ni siquiera lo conocíamos ni siquiera teníamos contacto con él’. Después nos mencionó la pediatra que era muy importante que nosotros nos hiciéramos la prueba”.
UN CERTIFICADO HECHIZO
Alberto señala que al esperar junto con la funeraria que le entregaran el cuerpo del bebé en el hospital, los hicieron moverse en dos ocasiones, sin embargo, con el fallecimiento de Patricio no terminaron las negligencias.
El miércoles pasado, al día siguiente de la muerte, la funeraria le pidió a Alberto el certificado de nacimiento y el certificado de defunción. Este último documento sí lo tenía, pero el primero no, pues no le fue entregado en el hospital.
Al llegar al Hospital General del ISSSTE en Carlos Diez Gutiérrez, en el área de admisiones le dijeron que no encontraban el documento. Después de mucho buscar, dijeron que lo encontraron pero que necesitaban la firma de la madre, aunque ya había firmado el día del nacimiento e incluso había notado la huella del bebé.
Alberto negó que fuera a llevar a su esposa al Hospital, porque tenía reciente la herida de la cesárea, por lo que solo accedió a que firmara fuera del centro de salud: “En el camino me dice mi esposa que la huella que venía en ese certificado estaba muy distinta a la que ya había visto, que era una huella más grande, más ancha y que tenía la tinta fresca”.
Sigue aquí con la parte 3 de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte III)
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
También lee: Iglesia condena feminicidios, pero rechaza daños en La Compañía
Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
También lee: “El Buen Fin se desarrolló en completa calma”: Villa
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