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Partidos secuestran la lucha feminista; la toman de bandera política
El pan presentará iniciativa para crear fiscalía especializada en feminicidios; AMLO dice que apoya la propuesta, pero que no es su atribución… aunque sí es; el PRI acusa a Acción Nacional que, con la otra mano, penaliza el aborto
Por: Redacción
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado presentará hoy, en la sesión plenaria del Poder Legislativo, una iniciativa que buscará crear una fiscalía especializada en feminicidios, como habían anunciado en días recientes.
Según la iniciativa del PAN, “la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Delitos contra la Mujer será la encargada de la atención, investigación, litigación y persecución de delitos en materia de feminicidio en el estado de San Luis Potosí”.
La propuesta de Acción Nacional indica que “para ser Fiscal Especializado en Feminicidio, además de cumplir los mismos requisitos de elegibilidad para ser Fiscal General, deberá contar con conocimiento y experiencia en delitos cometidos en contra de mujeres”. Además deberá presentar un programa para evitar los feminicidios.
Esa nueva fiscalía especializada deberá contar con unidades administrativas, agentes del ministerio público especializados, elementos de policía de investigación, peritos, así como recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, según la iniciativa de Acción Nacional.
La iniciativa fue dada a conocer por el PAN el viernes pasado, mediante un comunicado de prensa en el que, pese a tratarse de un tema de género, las únicas declaraciones fueron hechas por el presidente del PAN a nivel estatal, Juan Francisco Aguilar Hernández.
En cambio, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al PAN de asumirse como feminista, pese a que en al menos tres de los estados que gobiernan, Guanajuato, Tamaulipas y Baja California Sur, se han abierto más carpetas de investigación por casos de aborto que por feminicidios.
El pasado 19 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba a favor de la creación de Fiscalías especializadas para tratar los feminicidios. Sin embargo, el presidente de la República señaló que esa era una responsabilidad que “corresponde a los Congresos estatales, el Congreso federal, a los gobiernos de los estados y a la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Ese dicho de López Obrador contradice lo indicado en el artículo 71 de la Constitución: “El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I. Al Presidente de la República; II. A los diputados y senadores del Congreso de la Unión; y III. A las legislaturas de los estados”, según una nota publicada por el diario La Razón, de la Ciudad de México.
Ese mismo medio citó a José Óscar Valdés Ramírez, doctor en derecho constitucional, quien declaró que “el primer mandatario sí tiene facultades; pero parece que lo que no tiene, es la voluntad”.
FEMINICIDIOS SE FRENARON EN 2019
El discurso del gobierno federal con respecto a la violencia feminicida ha sido duramente cuestionado. Varios grupos afines y contrarios al presidente Andrés Manuel López Obrador consideran que las acciones emprendidas por su administración han sido equivocadas. Sin embargo, las cifras muestran que durante el primer año de su sexenio se redujo la tendencia en el crecimiento de feminicidios que se cometieron en el país 
De acuerdo con los datos estadísticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el 2019 (primer año de López Obrador en el poder) se cometieron 980 feminicidios, un aumento del 9.8% con relación a los 892 del 2018 (último año de gobierno de Enrique Peña Nieto). Si bien el dato no es alentador, representa un freno en el crecimiento de la tendencia, pues de 2017, cuando tuvieron lugar 741 asesinatos de mujeres por motivos relacionados con su género, a 2018 la estadística aumentó un 20.3%.
Los años anteriores confirman la tendencia, ya que de 2015 (primer año del que el SESNSP tiene registro) a 2016 los feminicidios aumentaron un 46% (de 411 mujeres asesinadas a 604). De 2016 a 2017 crecieron en un 22.6% (741 asesinadas).
Para San Luis Potosí los números son similares, pues el año uno de López Obrador en la presidencia fue el primero en media década que el porcentaje de feminicidios no creció en dos cifras. Durante 2019 tuvieron lugar 28 asesinatos de mujeres vinculados con su género (3.7% más que en 2018). Para 2018 se registraron 27 (50% más que en 2017). El 2017 es el año con mayor crecimiento en este delito ya que la cifra aumentó un 125% (de 8 crímenes a 18). Los doce meses anteriores a ese habían sido, antes del 2019, en los que menos había aumentado el feminicidio al pasar de 7 a 8 de estos delitos (un crecimiento del 14.2%).
Los casos puntuales de feminicidios, como el asesinato de la niña Fátima de 7 años de edad, quien fue raptada, torturada y asesinada en la Ciudad de México, despiertan el enojo de la población, por lo que se espera que las marchas que se realizarán por todo el país el próximo 8 de marzo sean las más numerosas realizadas en contra de la violencia feminicida. De igual forma se espera que miles de mujeres respondan a la convocatoria para realizar un paro de labores al día siguiente.
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Romero Calzada publicó una fotografía recibiendo apoyos del gobierno estatal para su supuesta entrega; Sedesore afirmó que se entregan directo a beneficiarios
Por: Redacción
José Luis Romero Calzada, recién militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex candidato a la presidencia municipal de Ciudad Valles por la oposición, publicó en sus redes sociales que recibió un cargamento de despensas –parte del programa de Seguridad Alimentaria del gobierno estatal– y en la que, presumiblemente, serían entregadas por él mismo a las y los habitantes de ese municipio en la Huasteca potosina.
Romero Calzada aseguró que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le envió estos paquetes, y que mensualmente entregarán 15 mil de estas despensas.
Además, afirmó que él mismo incluirá alimentos perecederos en estos apoyos, como huevo, pollo o pescado, por ser ricos en proteína.
Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) informó mediante un comunicado que los programas de apoyo se otorgan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios
En el escrito se señala que quienes se ostenten como intermediarios o “enlaces” en la distribución de apoyos sociales, incurren en faltas contra la ley.
Reiteró que el objetivo del Gobierno del Estado al otorgar apoyos sociales es el de mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, a través de acciones que buscan reducir la desigualdad, la pobreza y promover el desarrollo social.
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La Fiscalía de SLP informó que se dictó esta sentencia por el atentado a ex regidor de Valles en 2020; se trata del mismo homicida de César Galindo, ocurrido en 2021
Por: Redacción
En 2021 se dio a conocer que Julio César Galindo Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de San Luis Potosí, fue baleado por sujetos desconocidos y más tarde perdió la vida en un hospital.
Este 24 de julio, se dio a conocer que un juez penal en San Luis Potosí otorgó una sentencia condenatoria de 26 años y tres meses de prisión en contra de Rudy “N”, por el delito de homicidio calificado, tras hechos suscitados en la Huasteca potosina.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2020, cuando el ahora sentenciado, en compañía de otras personas, privó de la vida a la víctima mediante disparos de arma de fuego a un ex regidor y líder cañero en la Delegación El Pujal, del municipio de Ciudad Valles. Por este delito, en la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial determinó la pena privativa de libertad de más de dos décadas de prisión.
No obstante, el sujeto hallado culpable habría sido el mismo responsable del homicidio de Julio César Galindo Pérez
El crimen, ocurrido en 2021, conmocionó al sector empresarial y a la sociedad potosina. Tras una investigación por parte de las autoridades estatales, se logró la identificación, captura y proceso judicial del implicado, quien ahora enfrentará más de dos décadas en reclusión como castigo por su responsabilidad penal en los hechos.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la resolución judicial y detalló que, además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño a los familiares de la víctima, conforme a lo establecido por la ley.
El caso representa uno de los fallos más relevantes en materia de justicia para líderes del sector privado en San Luis Potosí, y marca un precedente en la lucha contra los crímenes de alto impacto en la entidad.
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El alcalde Enrique Galindo aseguró que tuvieron contacto con el dueño del inmueble, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en esa zona de la avenida Carranza
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que han tenido contacto con los propietarios del inmueble ubicado en la esquina de la avenida Venustiano Carranza y la calle Francisco Eduardo Tresguerras, en la zona Centro de la capital potosina.
El alcalde de la capital aseguró que con este encuentro, se iniciarán las acciones para limpiar la propiedad, cercarla y evitar el ingreso de personas ajenas.
“Yo lo que me ofrecí es ayudarle para resolverlo, y entre tanto, cuando menos, limpiarla porque ahorita está de verdad triste, terrible. La podemos limpiar con la autorización de quien corresponda, protegerla para que no se siga dañando más y quitarla como foco de infección, porque han sucedido muchas cosas” anunció.
Galindo Ceballos agregó que durante su encuentro con los propietarios, se explicó que la situación jurídica del terreno no es una responsabilidad directa del dueño
“Creo que hoy se abrió algo que no se había intentado, que es esta reparación y va por muy buen camino. Si esto se da en dos o tres días, empezamos también”. mencionó.
A través de este medio de comunicación se ha documentado a lo largo de tres años como se han practicado actividades ilícitas en este predio, además de provocar incendios, actividades contra la moral, e incluso la pérdida de vidas humanas. Mismo que debido a su estatus legal, era imposible una intervención por la autoridad municipal o estatal.
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