septiembre 10, 2026

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Estado

Partidos políticos en SLP recibirán más de 165 millones de pesos en 2025

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El CEEPAC indicó que los recursos se distribuyen de forma equitativa en un 30% y de forma proporcional al porcentaje de votos obtenidos en la elección inmediata anterior el 70%

Por: Redacción

El Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó en sesión extraordinaria la distribución del financiamiento público correspondiente al ejercicio fiscal 2025, a que tiene derecho cada uno de los partidos políticos con registro e inscripción ante el Organismo Electoral.

La distribución quedó de la siguiente forma: $157 millones, 296 mil, 210 pesos para gasto por actividades ordinarias permanentes; $4 millones, 718 mil, 886 pesos para gasto por actividades específicas; y $3 millones, 145 mil, 924 pesos para financiamiento por franquicias postales; el total de financiamiento a partidos políticos es de $165 millones, 161 mil, 021 pesos.

Las cantidades señaladas en la distribución del financiamiento público asignado por partido político es derivado del porcentaje de votación en la última elección, el total por partido político se desglosa de la siguiente forma:

El Partido Acción Nacional recibirá: $26,765,701 pesos (Veintiséis millones, setecientos sesenta y cinco mil, setecientos un pesos).

El Partido Revolucionario Institucional recibirá: $17,821,023 pesos (Diecisiete millones, ochocientos veintiún mil, veintitrés pesos).

El Partido Verde Ecologista de México recibirá: $44,213,007 pesos (Cuarenta y cuatro millones doscientos trece mil siete pesos).

El Partido del Trabajo: $10,872,344 pesos (Diez millones ochocientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos).

El Partido Movimiento Ciudadano recibirá: $16,648,633 pesos (dieciséis millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y tres pesos).

El Partido MORENA recibirá: $32,628,038 pesos (Treinta y dos millones seiscientos veintiocho mil y treinta y ocho pesos).

El Partido Nueva Alianza SLP recibirá: $12,496,148 pesos (Doce millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento cuarenta y ocho pesos).

En el caso del Partido de la Revolución Democrática San Luis Potosí recibirá: $3,716,122 pesos (Tres millones setecientos dieciséis mil ciento veintidós pesos).

Este financiamiento a partidos está compuesto por Actividades Ordinarias, Actividades específicas y Franquicias Postales.

En la misma sesión del Consejo General del CEEPAC también se aprobó el acuerdo mediante el cual se determinan los topes del financiamiento privado para los partidos políticos con registro e inscripción vigente ante el organismo electoral por parte de militantes y simpatizantes durante el ejercicio 2025.

El límite de aportaciones que cada partido político podrá recibir en el año en dinero o especie a través de sus militantes, es la cantidad de $15,729,621 pesos (Quince millones setecientos veintinueve mil seiscientos veintiún pesos); en cuanto el límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero y especie es de $5,844,772 pesos (Cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y dos pesos); por último el límite individual de aportaciones de simpatizantes que cada partido político podrá recibir, en dinero o en especie, será la cantidad de $146,119 pesos (ciento cuarenta y seis mil ciento diecinueve pesos).

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Estado

Congreso busca topar aumento anual de renta a la inflación de Banxico

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La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil del Estado y fue turnada al Pleno para su votación

Por: Redacción

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado para topar el incremento anual en las rentas de vivienda destinadas a habitación al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México.

La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil y fue propuesta por la diputada Jacquelinn Jáuregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.

La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, dijo que la medida no representa una afectación al sector inmobiliario, pues solo establece un tope máximo con base en un indicador objetivo, y que busca dar previsibilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.

Según la iniciativa, la reforma no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.

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Ciudad

Villa de Pozos mantiene acciones permanentes sobre cuidado de salud mental

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Laura Angélica Villanueva , indicó que el trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas

Por: Redacción

Como parte de las atenciones permanentes en las instalaciones y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través del DIF Municipal, recordó a la población que puede acercarse a su personal especializado y recibir el apoyo y acompañamiento necesario para mejorar su salud mental.

La presidenta del DIF Municipal, Laura Angélica Villanueva Hernández, indicó que como parte del trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas en centros educativos, con el objetivo de que la población conozca sobre las herramientas para pedir auxilio, así como para detectar situaciones en las que esté en riesgo la vida de sus seres queridos.

Reiteró que en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado en la calle Villerías número 305, se brinda atención psicológica gratuita a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, además de contar con una lista de espera para dar seguimiento a las y los solicitantes en caso de que no se cuente con una canalización inmediata.

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Estado

Gobierno de SLP elimina personal sin funciones y reduce gasto

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La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios

Por: Redacción

Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.

Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.

El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.

Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.

La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.

El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.

Menos gasto en telefonía y oficinas

La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.

Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.

Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.

En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.

También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano

se fusionó con Recursos Humanos, lo que permitió liberar otro espacio que se encontraba bajo renta.

La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.

Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas

La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.

De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.

Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.

Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.

Analizan concentrar oficinas para reducir rentas

La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.

El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.

La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.

De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.

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Opinión

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