Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención

Por: Redacción

A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.

De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.

También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso

Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.

Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.

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Segam afirma que la calidad del aire no está en niveles críticos; 90% de los siniestros son provocados

Por: Redacción

La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, aseguró que, pese a los 50 incendios registrados en lo que va del año, la calidad del aire en la capital se mantiene en niveles aceptables.

La funcionaria explicó que actualmente el aire permite realizar actividades normales como caminar o hacer ejercicio, aunque reconoció que existen horas pico —principalmente por la mañana, cuando inicia la movilidad hacia escuelas y centros de trabajo— en las que se recomienda evitar actividades al aire libre.

“Hoy el aire está aceptable”, sostuvo, al señalar que conforme avanza el día las condiciones mejoran.

Mendoza Díaz informó que el Comité de Combate a Incendios sesiona de manera permanente y mantiene monitoreo continuo. Indicó que en lo que va del período —que inició el 16 de enero— se han contabilizado 50 incendios, principalmente en el Altiplano y la zona metropolitana.

Detalló que tan solo el año pasado se registraron 71 incendios con cerca de 18 mil hectáreas afectadas, mientras que actualmente ya casi se alcanza esa cifra de superficie siniestrada y se está a menos de 20 incendios de igualar el total anual anterior, lo que anticipa un año complicado.

Entre las zonas con mayor incidencia mencionó el Altiplano y municipios del área metropolitana como Mezquital, Cerro de San Pedro, Zaragoza y Soledad de Graciano Sánchez.

Respecto al incendio en Santo Domingo, señaló que ha sido el más grande en la historia del estado, con 15 mil 300 hectáreas afectadas en dos días, lo que atribuyó a la sequedad del Altiplano y a la presencia de pastizales extensos.

La secretaria subrayó que 90 por ciento de los incendios son provocados, principalmente por colillas de cigarro, quema de basura o fogatas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a evitar estas prácticas y denunciar cualquier acto que pueda generar fuego.

Finalmente, indicó que existe coordinación con presidentes municipales, Protección Civil y Conafor tanto en labores de combate como en acciones posteriores de remediación.

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La iniciativa plantea dejar atrás el enfoque reactivo y avanzar hacia un modelo de gestión integral del riesgo en ecosistemas forestales

Por: Redacción

Con el fin de modernizar y fortalecer el marco normativo estatal en materia de incendios forestales, el diputado Tomás Zavala González propuso expedir la Ley de Manejo del Fuego en Ecosistemas Forestales del Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa contempla abrogar la Ley para la Prevención y Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales para el Estado de San Luis Potosí, vigente desde 2013, para dar paso a una legislación alineada al paradigma técnico del Manejo Integral del Fuego, a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023 y a los principios de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El legislador señala que la ley actual ha quedado obsoleta frente a los desafíos recientes, ya que mantiene un enfoque reactivo centrado casi exclusivamente en el combate, lo cual resulta insuficiente ante incendios de gran escala que afectan cada vez con mayor frecuencia e intensidad a los ecosistemas forestales de la entidad. Por ello, la propuesta plantea un cambio de paradigma: pasar del combate a la gestión del riesgo.

Entre los principales ejes de la iniciativa se encuentra la creación de un Sistema Técnico Estatal de Clasificación de Riesgo con base científica y técnica, que permita anticipar y gestionar el riesgo de manera proactiva, en lugar de actuar una vez iniciado el fuego.

También se plantea la clarificación y modernización de las atribuciones de las autoridades, definiendo con precisión el rol de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) como autoridad rectora en materia de manejo del fuego, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDARH) se limitaría a su ámbito de competencia en el sector agropecuario

En materia de regulación, la propuesta distingue entre quemas controladas y quemas prescritas, exigiendo la presentación de planes de trabajo y operativos, la certificación obligatoria del personal y la creación de un Calendario Estatal de Quemas vinculante. Con ello, se busca transformar el uso del fuego de una práctica empírica y riesgosa en una herramienta técnica y segura.

Asimismo, se contempla el fortalecimiento de la participación social mediante la consolidación del Comité Técnico de Incendios Forestales como órgano colegiado de máxima autoridad técnica, integrado por gobierno, academia, sociedad civil, comunidades y productores, con el objetivo de garantizar una política pública consensuada y socialmente aceptada.

Finalmente, la iniciativa establece un régimen sancionador con carácter disuasorio, al sustituir el esquema de multas consideradas laxas por un catálogo de infracciones graduadas —leves, graves y muy graves— con sanciones económicas de hasta 5 mil UMA, la revocación definitiva de permisos y la obligación de reparar integralmente el daño ambiental causado.

Con este planteamiento, se busca no solo sancionar conductas, sino también restaurar el equilibrio ecológico en las zonas afectadas por incendios forestales en San Luis Potosí.

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