El alcalde Enrique Galindo mencionó que en el extranjero hay una percepción de violencia: “ellos venían con miedo, pueden constatar que es un país que trabaja”

Por: Bernardo Vera

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, destacó que tras la visita de la delegación de diplomáticos provenientes de Corea del Sur, se ha desarrollado un intercambio cultural entre la capital potosina y el país asiático.

El alcalde capitalino señaló la perspectiva de violencia que se tiene fuera de México, y que al visitar la capital potosina, las y los invitados de Corea han cambiado su perspectiva sobre la ciudad y el país.

“Acuérdense que luego en el extranjero tenemos imagen de mucha violencia y ellos venían con miedo sin embargo al estar aquí ellos pueden constatar han caminado las noch es las mañanas pueden constatar que no es cierto que es un país que trabaja”.

Galindo Ceballos destacó, entre otras cosas, que el intercambio cultural que se llevan los coreanos de la capital potosina incluye la gastronomía, la capacidad logística de la Zona Industrial, tradiciones y costumbres, así como la organización de eventos como el actual Festival Internacional San Luis en Primavera

“Van sorprendidos de lo que podemos hacer historias que nosotros ya nos sorprenden por ejemplo la casa de la moneda la zona industrial nuestra capacidad de administrar el agua en una ciudad que es prácticamente desierto a ellos les llama la atención lo que hemos hecho”, mencionó.

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“Debe fincarse responsabilidad al médico”, mencionó la legisladora potosina

Por: Redacción

La diputada local Frinné Azuara Yarzábal lamentó profundamente el fallecimiento de una joven mujer que acudió a practicarse un aborto en un consultorio clandestino ubicado en la colonia Fovissste de la capital potosina. Recalcó la necesidad de fincar responsabilidades al médico involucrado, quien permanece prófugo.

“Desafortunadamente acudió con una persona que no estaba completamente capacitada, informada, y que además cometió el grave error de abandonarla a media intervención”, declaró la legisladora.

Subrayó que el procedimiento fue realizado en un entorno sin condiciones ni equipo médico adecuado, lo cual derivó en una tragedia que pudo evitarse si se hubiera seguido el protocolo legal y sanitario vigente.

La diputada potosina aseguró que el caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, que se encuentra en proceso de investigación, y que el consultorio ha sido clausurado tras confirmarse su operación fuera de norma.

“Existen protocolos perfectamente definidos por la Secretaría de Salud, y en este caso fueron completamente ignorados”, indicó.

Frinné Azuara también hizo un llamado urgente a la población, especialmente a las mujeres jóvenes, para que acudan a las instancias oficiales, donde la interrupción legal del embarazo es un derecho garantizado y se brinda atención gratuita, segura y profesional.

“Desde que se autorizó este procedimiento en San Luis Potosí, no habíamos visto un caso así. Por eso insisto en que sigamos haciendo labor de información. Este derecho existe, y se tiene que ejercer en condiciones seguras para evitar tragedias como la del viernes”, añadió.

De acuerdo con la Fiscalía, la joven tenía más de 12 semanas de embarazo y falleció dentro de una camioneta, frente al consultorio, mientras su familia intentaba trasladarla de emergencia.

La necropsia reveló que aún conservaba restos del feto en el útero, evidencia de que el procedimiento fue abandonado a la mitad. La mujer que fungía como asistente del médico ya fue judicializada, mientras que el presunto responsable continúa siendo buscado por las autoridades.

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Colectivos animalistas en SLP exigen penas más severas por maltrato animal

Por: Redacción

Este lunes, colectivos animalistas se manifestaron frente al Congreso del Estado de San Luis Potosí para exigir penas de hasta 10 años de cárcel a quienes cometan actos de crueldad contra los animales. Durante la protesta, salió a la luz el testimonio de una mujer de la colonia Satélite, quien denunció que su vecino envenenó a su perrita. Tras meses de lucha legal, el responsable so lo fue sancionado con una multa de dos mil pesos.

La afectada relató que, tras antecedentes de envenenamiento en su zona, decidió instalar cámaras de seguridad en su domicilio. Gracias a estas grabaciones, pudo documentar el momento en que el agresor roció veneno en la comida que su mascota terminó consumiendo. Con esas pruebas, acudió a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para presentar la denuncia formal.

Después de una larga espera y varias gestiones, el presunto responsable fue citado. Sin embargo, la resolución resultó profundamente decepcionante para la denunciante: apenas una multa administrativa. “Solo le pusieron una sanción de dos mil pesos… ¿eso es lo que vale la vida de un animal?”

El caso fue presentado como parte del respaldo a una iniciativa que busca reformar el Código Penal local para endurecer las sanciones por maltrato animal. Actualmente, aunque la ley establece penas de hasta cinco años por matar a un perro o gato, en la práctica la mayoría de los casos se castigan con multas mínimas o ni siquiera llegan a judicializarse.

Los colectivos exigen penas de hasta 10 años de prisión para quienes cometan estos delitos, argumentando que, sin castigos ejemplares, la impunidad alimenta la violencia. También señalaron que muchos agresores ni siquiera pisan la cárcel, lo que convierte estos crímenes en simples faltas administrativas.

“El maltrato animal no es un tema menor: quien es capaz de asesinar a un ser vivo indefenso, puede escalar su violencia. Necesitamos leyes con verdadero impacto”, reclamaron los activistas.

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