Autoridades aseguraron ocho armas de fuego, entre ellas un AK-47, un AR-15 y decenas de cartuchos útiles

Por: Redacción

Isidro “N”, exalcalde de Tampamolón Corona, conocido como “Chilo Mejía”, fue detenido este sábado junto con su esposa, Gabriela “N”, durante un operativo de seguridad realizado en la Huasteca potosina.

La captura ocurrió sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, luego de que corporaciones de seguridad detectaran una camioneta Dodge RAM color rojo cuyos ocupantes presuntamente intentaron evadir a los agentes al percatarse de la presencia policial.

Tras marcarles el alto y realizar una inspección al vehículo, las autoridades aseguraron un arsenal compuesto por ocho armas de fuego, entre ellas un fusil AK-47, un rifle AR-15 y una escopeta semiautomática, además de cargadores y decenas de cartuchos útiles.

Tanto el exfuncionario como su esposa fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes por posibles delitos relacionados con portación de armas de uso exclusivo y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Isidro “N” fue presidente municipal de Tampamolón Corona entre 2018 y 2021 bajo las siglas del Partido Nueva Alianza. Posteriormente buscó mantenerse en la vida política acercándose a Morena.

Durante y después de su administración enfrentó diversos señalamientos por presuntas irregularidades administrativas, así como acusaciones sobre posibles nexos con grupos criminales que operan en la región Huasteca.

En 2021, el Congreso del Estado de San Luis Potosí lo inhabilitó por seis años y a integrantes de su cabildo debido a irregularidades relacionadas con consultas indígenas dentro del Plan Municipal de Desarrollo.

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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes

Por: Redacción

La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.

La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.

Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.

La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops

, entre otros; estos equipos ofrecen grandes ventajas, como la eficiencia realizando tareas de manera más rápida y menor esfuerzo y en general automatiza procesos laborales y educativos”.

Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.

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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua

Por: Roberto Mendoza

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.

Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.

De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.

Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.

Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.

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