Ciudad
No se convocó a indígenas para elaborar plan de ordenamiento urbano en SLP
Por Ana Dora
Este martes se llevó a cabo el primer Taller de Planeación para elaborar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) donde Fernando Torre, titular del Instituto de Planeación Municipal, informó que el objetivo del evento es la obtención de datos sobre la situación actual del municipio “estamos en la fase de diagnóstico identificado problemáticas”.
Torre indicó que son dos consultoras las que están elaborando los estudios preliminares: Centro Eure y Ecosphera, los cuales fueron contratados por invitación restringida, y a quienes el funcionario municipal dijo desconocer cuánto se les pagará: “desconozco el monto en el cual quedó el contrato de cada uno, pero está limitado y apegado a la ley”.
Aseveró que no hay irregularidades al haber contratado a la empresa Centro Eure, propiedad de Alfonso Iracheta Cenecorta y tener un convenio municipal con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), organismo federal dirigido por Alfonso Iracheta Carroll, hijo del anterior: “Yo soy asesor de SEDATU y estamos trabajando en colaboración”.
“Con Pepe Iracheta no estamos trabajando, además nosotros no manejamos recursos federales al contrario, esto podría ser benéfico para el municipio”, consideró el funcionario.
El titular del Implán indicó que el municipio de San Luis Potosí está en expansión y que existe una convivencia urbana con seis municipios: “las ciudad crece sin límites políticos y administrativos, en una dinámica de metropolización” 
También reconoció que esta ocasión no se convocaron a grupos o representantes indígenas, pero aseguró que en próximos talleres lo harán: “dentro de la metodología tenemos reuniones con personas clave y nos sentaremos a trabajar con ellos. Estamos arrancando, apenas es la segunda mesa”, dijo, pese a que se anunció como la primera en la comunicación oficial de la alcaldía.
Al segundo taller asistieron arquitectos ecologistas, ingenieros, colectivos sociales y de ciclistas, constructores y ciudadanos en general. Por parte del Ayuntamiento estuvo el regidor Alfredo Lujambio, Patricia Álvarez e Israel Esparza.
Hizo falta la presencia de autoridades estatales y del INAH; además, de acuerdo con Fernando Torre, el presidente municipal, Xavier Nava Palacios, tampoco pudo asistir: “en este momento tenía ocupada su agenda. Si se ajusta el tiempo no deberá de tardar en llegar”.
El titular Juan Antonio Villa, informó que actualmente se encuentran activos más de 13 botones activos en la Zona Universitaria así como otra decena en algunas partes estratégicas del Centro Histórico como lo son los corredores estudiantiles
Por: Redacción
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital potosina aseguró en entrevista que desde el 2022 se trabaja en conjunto con la Federación Universitaria Potosina (FUP) y en días recientes se atendió la solicitud para rehabilitar y poner en funcionamiento los botones de pánico ubicados en los campus universitarios.
Villa Gutierrez informó ademas que los 13 botones de pánico ubicados en diferentes puntos de la zona universitaria están funcionando de manera correcta y que de los otros 10 botones instalados en la Zona Centro, algunos están recibiendo mantenimiento.
Además de esta herramienta, se cuenta con cámaras de vigilancia en dichas zonas que conectadas directamente al C4.
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Torres Cedillo aclaró que el protocolo estatal autoriza cualquier prenda que proteja a los alumnos, tras el conflicto en la Ciriaco Cruz
Por: Cristian Betancourt
El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, reiteró que ninguna escuela está autorizada a condicionar el uso de otra ropa diferente que no sea el uniforme deportivo.
El funcionario recordó que existe un protocolo que permite a los estudiantes asistir con pants, chamarras, sudaderas o cualquier prenda que les proteja del clima, sin que pueda ser motivo de sanciones o restricciones esto tras los hechos recientes sucedidos en la escuela Secundaria José Ciriaco Cruz: donde se reportó que los alumnos no podían usar uniforme deportivo.
Torres Cedillo informó que la SEGE ya tomó medidas respecto al caso de la secundaria Ciriaco Cruz, luego de comunicarse con el director del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y advirtió que los directivos que incumplan la instrucción recibirán sanciones.
El secretario destacó que, hasta el momento no se han recibido más reportes de escuelas que limiten el uso de ropa abrigadora. También hizo un llamado a padres de familia y alumnos para que denuncien cualquier caso que les impide usar prendas para protegerse del frío.
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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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