Congreso del Estado
Necesario garantizar derechos de personas en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación
La diputada Martha Patricia Aradillas presentó una iniciativa para eliminar lo relacionado al internamiento involuntario
Por: Redacción
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios y a la Ley de Prevención y Control de Adicciones para el Estado así como al Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar lo relacionado al internamiento involuntario, así como incluir dentro del delito de privación ilegal de la libertad, cuando una persona sea internada en una casa de salud mental o centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal.
De acuerdo con la NOM 028, el tema del ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC.
Anteriormente, el procedimiento para internar a una persona en contra de su voluntad consistía en lo siguiente: un médico determinaba la existencia de una enfermedad debido a la cual la persona podría representar un “peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros. Un tercero que podía ser familiar, tutor o representante legal solicitaba el internamiento. La persona era internada por tiempo indefinido”.
Existía la obligación de dar aviso al Ministerio Público, podían transcurrir varios días posteriores al ingreso de la persona para que los médicos valoraran la pertinencia de continuar o suspender el tratamiento hospitalario. Innegablemente este “procedimiento traía consigo una serie de supresiones de derechos humanos y garantías”.
La privación ilegal de la libertad es un delito en el cual un particular priva a otro de su libertad sin su consentimiento, realizando o no actos de violencia.
Es por ello que resulta necesario garantizar los derechos de aquellas personas que resultan ser internada sin su consentimiento en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación por el uso de sustancias psicoactivas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.
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Congreso del Estado
Se busca desde el Congreso fortalecer atención integral a pacientes de Alzheimer
La iniciativa contempla adicionar diversas fracciones , así como incorporar el denominado “Atención Integral del Alzheimer y Otras Demencias”
Por: Redacción
Con el propósito de visibilizar el Alzheimer y fortalecer la atención integral de las personas que viven con esta condición, la diputada Frinne Azuara Yarzábal, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa plantea incorporar un marco jurídico específico para la atención del Alzheimer y otras demencias, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y acompañamiento integral; además de brindar mayor protección a las personas que enfrentan estas enfermedades y a quienes se encargan de su cuidado.
La legisladora explicó que la ausencia de disposiciones específicas limita la capacidad de respuesta del Estado y contribuye a mantener en la invisibilidad a quienes viven con estas condiciones, por lo que consideró que la reforma representa un acto de justicia, humanidad y visión de futuro para avanzar hacia un sistema de salud más solidario, preparado y digno.
La legisladora Azuara Yarzábal puntualizó que la iniciativa contempla adicionar diversas fracciones a los artículos 4, 13, 23 y 25, así como incorporar el Capítulo X Bis, denominado “Atención Integral del Alzheimer y Otras Demencias”, con los artículos 67 Sexties 1, 2, 3, 4 y 5.
Dentro de las modificaciones propuestas se establece una definición de la enfermedad de Alzheimer como un trastorno neurocognitivo mayor, progresivo y degenerativo que afecta la memoria, el pensamiento, la conducta y la autonomía funcional.
Congreso del Estado
Congreso analiza endurecer sanciones a funcionarios por corrupción
La iniciativa contempla destitución e inhabilitación de tres a diez años
Por: Redacción
El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado, con la que busca incrementar las sanciones para los servidores públicos que intervengan en delitos de corrupción.
La propuesta plantea que, cuando en la comisión de un delito de los previstos en los capítulos I a III del título correspondiente participe un servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechándose de su cargo —ya sea por acción u omisión—, la pena de prisión prevista se incremente en una mitad. Además, contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años.
Lara Rocha señaló que la reforma no es solo una modificación técnica, sino que busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas. Explicó que precisar la responsabilidad de los servidores públicos que faciliten o coadyuven en un delito, incluso por omisión, daría a los juzgadores mayores herramientas para sancionar y proteger la función pública.
El legislador dijo que la propuesta busca atender espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta de servidores públicos, y citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece obligaciones a los Estados en materia de prevención, incluidas medidas legislativas sobre abuso de funciones y uso indebido de influencias. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen.
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Congreso del Estado
Iniciativa busca fomentar la creación de centros de recuperación y albergues de animales
Es necesario fortalecer la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales en situación de calle o abandono: Dip. Dulcelina Sánchez de Lira
Por: Redacción
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para armonizar la Ley de Protección a los Animales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en relación a la creación de Centros de Recuperación y albergues de protección animal en los municipios del estado.
Señala que en la mayoría de los municipios del Estado, los Centros de Recuperación y los albergues previstos por la ley, no existen o funcionan de manera insuficiente, debido principalmente a la ausencia de asignaciones presupuestales permanentes y a la falta de incorporación expresa de estas funciones dentro de la estructura competencial de los Municipios.
El principal obstáculo para la ejecución efectiva de las políticas públicas de bienestar animal no radica en la inexistencia de obligaciones legales, sino en la falta de armonización entre la Ley de Protección a los Animales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, ya que mientras la legislación especial impone obligaciones específicas a los municipios, la legislación orgánica no incorpora de manera expresa dichas atribuciones dentro de las competencias municipales, situación que dificulta su ejecución.
Por ello, la iniciativa propone establecer como facultad de los ayuntamientos, el implementar o mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, sus C entros de Recuperación Animal para la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales
en situación de calle o abandono conforme a la Ley de Protección a los Animales del Estado de San Luis Potosí.Se indica que todos los municipios en el Estado, podrán realizar el “Programa Animal Comunitario” mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, y de manera permanente y con el fin de garantizar el bienestar de los animales en situación de calle o abandono.
La legisladora señala que de aprobarse esta reforma, se contribuirá a reducir progresivamente la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle mediante métodos éticos de control poblacional; disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas, mordeduras y accidentes relacionados con animales abandonados; fortalecer la salud pública y mejorará las condiciones de convivencia comunitaria.
Asimismo, permitirá que la protección animal deje de depender de decisiones administrativas aisladas para convertirse en una obligación institucional permanente, susceptible de planeación, evaluación y fiscalización.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y Régimen Interno y Asuntos Electorales.
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