julio 10, 2026

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Congreso del Estado

Necesario garantizar derechos de personas en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación

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La diputada Martha Patricia Aradillas presentó una iniciativa para eliminar lo relacionado al internamiento involuntario

Por: Redacción

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios y a la Ley de Prevención y Control de Adicciones para el Estado así como al Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar lo relacionado al internamiento involuntario, así como incluir dentro del delito de privación ilegal de la libertad, cuando una persona sea internada en una casa de salud mental o centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal.

De acuerdo con la NOM 028, el tema del ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC.

Anteriormente, el procedimiento para internar a una persona en contra de su voluntad consistía en lo siguiente: un médico determinaba la existencia de una enfermedad debido a la cual la persona podría representar un “peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros. Un tercero que podía ser familiar, tutor o representante legal solicitaba el internamiento. La persona era internada por tiempo indefinido”.

Existía la obligación de dar aviso al Ministerio Público, podían transcurrir varios días posteriores al ingreso de la persona para que los médicos valoraran la pertinencia de continuar o suspender el tratamiento hospitalario. Innegablemente este “procedimiento traía consigo una serie de supresiones de derechos humanos y garantías”.

La privación ilegal de la libertad es un delito en el cual un particular priva a otro de su libertad sin su consentimiento, realizando o no actos de violencia.

Es por ello que resulta necesario garantizar los derechos de aquellas personas que resultan ser internada sin su consentimiento en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación por el uso de sustancias psicoactivas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.

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Congreso del Estado

Congreso activa comisión especial para periodistas, pero admite vacíos en su arranque

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La comisión presentó un plan de trabajo con foros y propuestas legislativas, aunque sus propias integrantes reconocieron no tener diagnóstico de violencia ni haber escuchado antes las demandas laborales del gremio

Por: Redacción

La LXIV Legislatura instaló la Comisión Especial de Atención a Periodistas con un plan de trabajo que prevé espacios de capacitación, foros de análisis y propuestas legislativas para fortalecer la protección al gremio periodístico.

La comisión quedó presidida por la diputada María Dolores Robles Chairez, con Sara Rocha Medina como secretaria y Marco Antonio Gama Basarte como vocal. Robles Chairez señaló que el objetivo es “generar espacios de diálogo entre el Congreso del Estado, el gremio periodístico, las instituciones públicas, la academia, los organismos especiales y la sociedad civil”. El plan contempla además reuniones de trabajo con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, al ser cuestionada tras la sesión, Rocha Medina reconoció que la comisión arranca con vacíos importantes: no cuentan con un diagnóstico sobre la situación de violencia contra periodistas en el estado, y fue la primera vez que escuchó la demanda del gremio sobre derechos laborales. “Es la primera vez que lo escucho. Pero sin ningún problema, si presentan alguna iniciativa, le damos el trámite necesario”, afirmó.

La diputada precisó además que la comisión es de carácter temporal y no ha contemplado convertirse en permanente. “No se ha pensado nada, es la primera instalación”, indicó. En la sesión estuvieron presentes Verónica Onofre Serment, coordinadora de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras, y Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.

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Congreso del Estado

Proponen castigar con 8 años de prisión a quien genere pánico con disparos o explosivos en SLP

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Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad

Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.

Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.

Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.

Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos,

o que el sujeto activo sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, de seguridad privada o de las fuerzas armadas.

Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.

El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.

La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis. 

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Congreso del Estado

Diputado propone crear el Sistema Estatal de Cuidados en SLP

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Busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, realizado principalmente por mujeres

Por: Redacción

El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal de Cuidados de San Luis Potosí, con la que se busca hacer operativa la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado en la entidad.

La propuesta plantea la creación del Sistema Estatal de Cuidados y del Padrón Estatal de Cuidados, mecanismos que tendrían como objetivo coordinar políticas públicas dirigidas tanto a las personas que requieren apoyo para realizar sus actividades cotidianas como a quienes desempeñan labores de cuidado.

De acuerdo con la iniciativa, el sistema estaría integrado por instituciones públicas, municipios, familias, comunidad y sector privado, bajo un modelo de corresponsabilidad para atender las necesidades de cuidado de la población.

Entre los objetivos del proyecto se encuentra reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, visibilizar la aportación histórica que realizan principalmente las mujeres en esta labor y garantizar derechos tanto para las personas cuidadoras como para quienes requieren atención.

La propuesta también contempla establecer las bases para coordinar programas y políticas públicas en materia de cuidados, definir las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, así como promover la capacitación y profesionalización de las personas cuidadoras.

Asimismo, busca impulsar un cambio cultural que fomente la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y elimine estereotipos de género asociados a estas actividades.

El legislador señaló que la iniciativa fue estructurada para dotar al estado de un marco jurídico que permita implementar de manera efectiva el derecho al cuidado reconocido recientemente en la Constitución local.

El proyecto fue turnado a las comisiones de Salud y Asistencia Social y Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.

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