Congreso del Estado
Necesario garantizar derechos de personas en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación
La diputada Martha Patricia Aradillas presentó una iniciativa para eliminar lo relacionado al internamiento involuntario
Por: Redacción
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios y a la Ley de Prevención y Control de Adicciones para el Estado así como al Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar lo relacionado al internamiento involuntario, así como incluir dentro del delito de privación ilegal de la libertad, cuando una persona sea internada en una casa de salud mental o centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal.
De acuerdo con la NOM 028, el tema del ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC.
Anteriormente, el procedimiento para internar a una persona en contra de su voluntad consistía en lo siguiente: un médico determinaba la existencia de una enfermedad debido a la cual la persona podría representar un “peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros. Un tercero que podía ser familiar, tutor o representante legal solicitaba el internamiento. La persona era internada por tiempo indefinido”.
Existía la obligación de dar aviso al Ministerio Público, podían transcurrir varios días posteriores al ingreso de la persona para que los médicos valoraran la pertinencia de continuar o suspender el tratamiento hospitalario. Innegablemente este “procedimiento traía consigo una serie de supresiones de derechos humanos y garantías”.
La privación ilegal de la libertad es un delito en el cual un particular priva a otro de su libertad sin su consentimiento, realizando o no actos de violencia.
Es por ello que resulta necesario garantizar los derechos de aquellas personas que resultan ser internada sin su consentimiento en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación por el uso de sustancias psicoactivas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.
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El diputado dijo que se busca un crecimiento ordenado y acceso a vivienda de calidad para las familias potosinas
Por: Redacción
El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, se reunió con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en San Luis Potosí (Canadevi), Luis Fernando Lárraga Escobedo, para sumar esfuerzos en la creación de vivienda de interés social para los trabajadores potosinos.
En la reunión se reiteró la importancia de coordinar al Poder Legislativo con el sector de promoción de vivienda, para lograr un crecimiento ordenado y facilitar el acceso a vivienda de calidad para las familias potosinas.
Gámez Macías dijo: «Los legisladores debemos redoblar esfuerzos para crear instrumentos normativos más facilitadores del desarrollo de este mercado». Señaló que hay que pensar en que los trabajadores alcancen su vivienda, «porque representa un patrimonio que podamos heredar a nuestras familias», y pidió revisar que lo que presenten los municipios en valores catastrales «no afecten el bolsillo de los trabajadores».
Precisó que en las próximas semanas se revisarán las propuestas de valores unitarios de suelo y construcción de los 59 municipios para evitar incrementos desproporcionados. También se vigilará lo relacionado con los organismos operadores del agua, para la autorización de fraccionamientos en la factibilidad de tomas de agua.
Por su parte, Lárraga Escobedo dijo que es importante trabajar en coordinación con el Poder Legislativo para fortalecer la vivienda económica en el estado, que enfrenta un déficit de alrededor de 80 mil viviendas de este tipo, de acuerdo con el reporte del INEGI.
«Debemos trabajar de manera conjunta también con municipios, con el Congreso para poder homologar las nuevas leyes en esta materia que vienen de la federación, y alcanzar las metas que tenemos en el sector», expresó.
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Congreso del Estado
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El Punto de Acuerdo de la diputada Sara Rocha pide un protocolo para que la capacitación se haga dentro del horario laboral
Por: Redacción
El Pleno del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo de la diputada Ma. Sara Rocha Medina que exhorta a la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí a implementar medidas que garanticen los derechos laborales y eviten presiones al personal para atender actividades y comunicaciones fuera de su jornada de trabajo.
El exhorto plantea un Protocolo Institucional de Capacitación Virtual y Desconexión Digital, para que las actividades de actualización y formación se programen formalmente, se notifiquen por canales oficiales y se realicen estrictamente dentro del horario laboral.
Rocha Medina destacó que también se busca que se investiguen, vigilen y sancionen las conductas de mandos medios y superiores que incurran en presiones indebidas, hostigamiento laboral o amenazas de retirar apoyos económicos o bonos, o de aplicar sanciones, al personal por no atender comunicaciones fuera de horario o por aplicaciones de mensajería no oficiales, como WhatsApp.
El Punto de Acuerdo contempla además auditorías e inspecciones en materia de la NOM-035-STPS-2018
La diputada advirtió que la falta de regulación formal y la normalización del uso de herramientas digitales informales vulneran los derechos de las y los trabajadores. Expuso que la capacitación, cuyo propósito debe ser fortalecer la productividad y el desarrollo humano del personal, no puede convertirse en un mecanismo para aprovechar indebidamente el tiempo libre.
Consideró inadmisible que, con el argumento del uso de nuevas tecnologías, se justifiquen prácticas laborales que eliminen los límites entre el tiempo de trabajo y el que corresponde a la vida personal, familiar y social de los empleados.
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El dictamen de la Comisión de Ecología también crea un comité técnico y obliga a llevar expedientes clínicos
Por: Redacción
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma la Ley de Protección a los Animales de San Luis Potosí para fijar reglas a quienes ejercen la medicina veterinaria. Un dictamen es el documento con el que una comisión aprueba una propuesta antes de que la vote el Pleno.
La reforma la impulsaron la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez y el médico veterinario Antonio Muñoz Ramos. Busca que la protección de los animales “no se limite a sancionar el maltrato una vez que ocurre, sino también prevenir el sufrimiento y promover una atención veterinaria responsable”, explicó la legisladora.
Obligación de avisar
Si se aprueba, los veterinarios tendrían que informar a las autoridades cuando detecten posibles casos de maltrato o crueldad animal, siempre que tengan elementos objetivos para sostenerlo. También tendrían que reportar las enfermedades de notificación obligatoria, que son las que deben avisarse a las autoridades sanitarias por el riesgo de contagio, y los posibles casos de usurpación de funciones, es decir, personas que ejercen la profesión sin estar autorizadas.
Además, deberían mantener actualizados sus conocimientos y expedir documentos solo sobre procedimientos que hayan hecho o verificado.
Expedientes y consentimiento
El dictamen contempla el consentimiento informado, que es la autorización que da el dueño del animal después de que se le explica un tratamiento, y la obligación de integrar y conservar expedientes clínicos.
También prohíbe prácticas veterinarias que impliquen maltrato, crueldad o sufrimiento innecesario, sin impedir tratamientos o cirugías médicamente necesarios.
Un comité técnico
La reforma crea un Comité Técnico para el Bienestar Animal y el Ejercicio Profesional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, ligado al Consejo Consultivo Mixto que ya existe en la ley. Podrá aportar conocimientos, promover capacitación y emitir recomendaciones, pero no podrá expedir cédulas, inspeccionar establecimientos ni imponer sanciones.
El dictamen pasará al Pleno del Congreso para su análisis y votación.
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