Congreso del Estado
Necesario garantizar derechos de personas en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación
La diputada Martha Patricia Aradillas presentó una iniciativa para eliminar lo relacionado al internamiento involuntario
Por: Redacción
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios y a la Ley de Prevención y Control de Adicciones para el Estado así como al Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar lo relacionado al internamiento involuntario, así como incluir dentro del delito de privación ilegal de la libertad, cuando una persona sea internada en una casa de salud mental o centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal.
De acuerdo con la NOM 028, el tema del ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC.
Anteriormente, el procedimiento para internar a una persona en contra de su voluntad consistía en lo siguiente: un médico determinaba la existencia de una enfermedad debido a la cual la persona podría representar un “peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros. Un tercero que podía ser familiar, tutor o representante legal solicitaba el internamiento. La persona era internada por tiempo indefinido”.
Existía la obligación de dar aviso al Ministerio Público, podían transcurrir varios días posteriores al ingreso de la persona para que los médicos valoraran la pertinencia de continuar o suspender el tratamiento hospitalario. Innegablemente este “procedimiento traía consigo una serie de supresiones de derechos humanos y garantías”.
La privación ilegal de la libertad es un delito en el cual un particular priva a otro de su libertad sin su consentimiento, realizando o no actos de violencia.
Es por ello que resulta necesario garantizar los derechos de aquellas personas que resultan ser internada sin su consentimiento en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación por el uso de sustancias psicoactivas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.
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La diputada Jeanine García comentó que los municipios deben realizar las gestiones necesarias ante la federación y el estado
Por: Redacción
La Comisión del Agua de la LXIV Legislatura, aprobó el Punto de Acuerdo que pretende exhortar a los municipios de la zona del Altiplano del Estado de San Luis Potosí, con estricto apego a la autonomía hacendaria municipal, para que a través de mecanismos de coordinación gestionen los recursos y apoyos ante los gobiernos federal y estatal o en su caso destinen recursos, para implementar acciones de creación de la infraestructura y cultura de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia.
Se expuso que esta es una medida alternativa para mejorar el servicio público municipal de agua potable, en aras de garantizar el derecho humano al agua suficiente, segura, aceptable y accesible.
El Punto de Acuerdo establece que los Ayuntamientos deben realizar las gestiones pertinentes e indispensables ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para ser incluidos en el Programa Nacional de Tecnificación del Campo, previsto en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.
La presidenta de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, diputada Nancy Jeanine García Martínez, explicó que el Punto de Acuerdo que promueve, la diputada Mireya Vancini Villanueva, busca que los municipios de la zona Altiplano implementen las medidas y recursos para enfrentar la crisis del agua en sus territorios,
También se advierte que la crisis del agua en la zona altiplano de San Luis Potosí es una realidad apremiante que afecta no solo la calidad de vida de sus habitantes, sino también el desarrollo económico y social de la región.
En la sesión de trabajo las y los diputados coincidieron señalar que afrontar un problema que en su momento pudiera considerarse de seguridad nacional como es la crisis hídrica, es necesario buscar que las diferentes instancias de gobierno dentro de sus ámbitos competenciales asuman responsabilidades y tareas que pudieran establecer alternativas como es la captación y aprovechamiento del agua de lluvia.
El dictamen será turnado al Pleno para su votación.
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Congreso del Estado
Diputado denuncia campañas de desprestigio contra elección judicial en redes sociales
Héctor Serrano advierte que se busca confundir a los votantes y desalentar la participación ciudadana en los comicios del domingo
Por: Redacción
Héctor Serrano Cortés, diputado local, informó sobre la presencia de campañas de desprestigio en redes sociales dirigidas contra el proceso de elección judicial.
Denunció que estas campañas negativas tienen como objetivo confundir a los votantes y, de esa forma, desalentar la participación ciudadana en los comicios del próximo domingo.
“Todos los que podemos promover la elección del Poder Judicial seguimos haciéndolo, respetando la legalidad y sin demostrar favoritismos, para buscar el éxito de este proceso electoral”, declaró el diputado.
Para finalizar mencionó que está garantizado el derecho al voto y que, para este ejercicio, estarán disponibles más de dos millones de boletas, 2,099 centros de votación y ocho módulos en cada uno de ellos.
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La diputada Jaquelinne Jáuregui impulsa reforma al Código Penal para garantizar atención inmediata a víctimas sin necesidad de denuncia
Por: Redacción
La diputada Jaquelinne Jáuregui Mendoza presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para que el delito de abandono de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad sea investigado de oficio, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia formal.
La propuesta busca que el Ministerio Público actúe de manera inmediata con base en los principios de debida diligencia, protección integral y prevención de la repetición de este tipo de hechos, en concordancia con la legislación nacional en materia de derechos humanos.
Jáuregui Mendoza explicó que, aunque el Código Penal estatal ya contempla el delito de abandono en sus artículos 204 y 204 Bis, actualmente su persecución depende de la presentación de una querella, lo que limita el acceso a la justicia para sectores que, por sus condiciones físicas, mentales o sociales, enfrentan mayores barreras para denunciar.
La reforma plantea la creación del artículo 204 Ter, el cual establecería la obligación de iniciar investigaciones de manera automática cuando las víctimas pertenezcan a alguno de estos grupos vulnerables. Esto, dijo la legisladora, responde al mandato constitucional de garantizar igualdad, no discriminación y protección prioritaria para la infancia
Asimismo, señaló que las leyes generales en materia de derechos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad establecen principios rectores que deben aplicarse en el ámbito estatal. Casos recientes de abandono en San Luis Potosí —incluidos adultos mayores y recién nacidos—, subrayan la urgencia de contar con un marco legal más ágil y eficaz.
La diputada destacó que esta reforma no solo fortalece las capacidades del Ministerio Público, sino que representa un paso hacia una política penal más humana y centrada en las víctimas. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictamen.
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