octubre 8, 2026

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Congreso del Estado

Necesario garantizar derechos de personas en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación

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La diputada Martha Patricia Aradillas presentó una iniciativa para eliminar lo relacionado al internamiento involuntario

Por: Redacción

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios y a la Ley de Prevención y Control de Adicciones para el Estado así como al Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar lo relacionado al internamiento involuntario, así como incluir dentro del delito de privación ilegal de la libertad, cuando una persona sea internada en una casa de salud mental o centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal.

De acuerdo con la NOM 028, el tema del ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC.

Anteriormente, el procedimiento para internar a una persona en contra de su voluntad consistía en lo siguiente: un médico determinaba la existencia de una enfermedad debido a la cual la persona podría representar un “peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros. Un tercero que podía ser familiar, tutor o representante legal solicitaba el internamiento. La persona era internada por tiempo indefinido”.

Existía la obligación de dar aviso al Ministerio Público, podían transcurrir varios días posteriores al ingreso de la persona para que los médicos valoraran la pertinencia de continuar o suspender el tratamiento hospitalario. Innegablemente este “procedimiento traía consigo una serie de supresiones de derechos humanos y garantías”.

La privación ilegal de la libertad es un delito en el cual un particular priva a otro de su libertad sin su consentimiento, realizando o no actos de violencia.

Es por ello que resulta necesario garantizar los derechos de aquellas personas que resultan ser internada sin su consentimiento en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación por el uso de sustancias psicoactivas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.

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Congreso del Estado

Ley de Igualdad en SLP ya reconoce la corresponsabilidad familiar

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El concepto servirá de base para programas y políticas de igualdad en el estado

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó incluir el concepto de corresponsabilidad familiar en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, a propuesta de la diputada Brisseire Sánchez López.

La ley entenderá la corresponsabilidad familiar como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares entre todas las personas que viven en un hogar, no solo entre el padre y la madre. Eso incluye a hijas, hijos y otras personas que comparten el mismo techo.

Según la diputada, el reparto abarca las tareas de la casa y su organización, así como el cuidado, la educación y el afecto de las personas que dependen de otras. El objetivo es dividir de manera justa el tiempo de cada integrante del hogar, sobre todo entre mujeres y hombr es.

De acuerdo con la exposición de motivos, es decir, la explicación que acompaña a la propuesta, tener el concepto escrito en la ley da certeza jurídica

: las autoridades contarán con una definición clara para diseñar programas y políticas públicas en la materia.

La carga sigue en las mujeres

El reparto todavía está lejos de ser equilibrado. Según datos del INEGI, las mujeres dedican 39.7 horas a la semana al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario sin pago, frente a 18.2 horas de los hombres.

En julio, el diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó otra iniciativa en esta línea: crear la Ley del Sistema Estatal de Cuidados, que busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, hecho principalmente por mujeres.

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Congreso del Estado

Presupuesto del IFSE subiría 2% en 2027 por ajuste salarial

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Rodrigo Lecourtois dijo que el aumento solo cubre el ajuste salarial pactado con los sindicatos

Por: Redacción

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) pidió 311 millones de pesos para operar en 2027, 6 millones más que este año. El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, entregó el proyecto a la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.

El IFSE es el organismo que revisa cómo gastan el dinero público el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y otras instituciones. Su presupuesto debe pasar por el Congreso: según el artículo 68 de la Ley de Fiscalización, a los diputados les toca conocerlo y opinar sobre él, explicó el presidente de la comisión, Luis Fernando Gómez Macías.

La comisión analizará la propuesta y la enviará a la Directiva del Congreso para que se incluya en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 2027, la ley que fija cuánto dinero recibe cada dependencia el próximo año.

“Es un presupuesto acorde, responsable, que no considera ni siquiera el ajuste inflacionario”, dijo Gómez Macías.

Más trabajo con la ASF

El diputado explicó que el IFSE tendrá más carga en 2027 por la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En julio, ambos organismos firmaron un convenio que permite al IFSE auditar por primera vez recursos federales que llegan al estado.

Lecourtois López aseguró que el proyecto “no plantea aumentos caprichosos”. Según explicó, el incremento solo cubre el ajuste de sueldos que el Gobierno del Estado acordó con los sindicatos y que se aplicará el próximo año.

El auditor recordó que el año pasado se aprobó un presupuesto similar, al que el Poder Ejecutivo le hizo ajustes y que quedó con un aumento de 5 millones. Por eso, dijo, este año el aumento es pequeño: 2.03 por ciento.

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Congreso del Estado

Camiones urbanos pasarán revisión de vida útil el próximo mes

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Jacquelinn Jáuregui dijo que se verificará el mantenimiento de las unidades que dicen tener un año más

Por: Redacción

Los camiones urbanos de San Luis Potosí pasarán el próximo mes por una revisión para comprobar si siguen en condiciones de dar servicio, informó Jacquelinn Jáuregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado. Explicó que cada unidad tiene una fecha distinta en que vence su vida útil, es decir, el tiempo máximo que la ley le permite circular.

La diputada dijo que hay unidades “medio maltratadas” a las que, según sus concesionarios, todavía les queda un año. Por eso, explicó, se revisará qué mantenimiento les han dado. No hay nuevas condiciones: “El reglamento sigue vigente”, dijo, y los concesionarios solo tendrán que comprobar dónde han dado servicio a sus camiones.

¿Quién paga la renovación?

Sobre si los concesionarios tienen dinero para comprar camiones nuevos, Jáuregui Mendoza respondió que no se ha tocado ese tema con la comisión y que lo lleva directamente Araceli Martínez Torres, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

.

Reconoció que el tema es delicado porque hay familias que viven de esas unidades. “Ahí yo creo que tendrían que darles un tipo de apoyo para que ellos puedan adquirir una nueva unidad”, dijo. Agregó que la comisión está abierta a recibir a quien quiera acercarse y que la titular de la SCT también atiende a la ciudadanía.

El padrón más reciente de la SCT registra mil 203 camiones urbanos en la zona metropolitana, operados por 217 concesionarios. Desde el inicio de la administración, la dependencia ha insistido en que se renueven las unidades con más de 10 años de antigüedad. En mayo, el representante transportista Margarito Terán reconoció que de las mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800 por el aumento en el costo del diésel.

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