Congreso del Estado
Necesario garantizar derechos de personas en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación
La diputada Martha Patricia Aradillas presentó una iniciativa para eliminar lo relacionado al internamiento involuntario
Por: Redacción
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios y a la Ley de Prevención y Control de Adicciones para el Estado así como al Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar lo relacionado al internamiento involuntario, así como incluir dentro del delito de privación ilegal de la libertad, cuando una persona sea internada en una casa de salud mental o centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal.
De acuerdo con la NOM 028, el tema del ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC.
Anteriormente, el procedimiento para internar a una persona en contra de su voluntad consistía en lo siguiente: un médico determinaba la existencia de una enfermedad debido a la cual la persona podría representar un “peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros. Un tercero que podía ser familiar, tutor o representante legal solicitaba el internamiento. La persona era internada por tiempo indefinido”.
Existía la obligación de dar aviso al Ministerio Público, podían transcurrir varios días posteriores al ingreso de la persona para que los médicos valoraran la pertinencia de continuar o suspender el tratamiento hospitalario. Innegablemente este “procedimiento traía consigo una serie de supresiones de derechos humanos y garantías”.
La privación ilegal de la libertad es un delito en el cual un particular priva a otro de su libertad sin su consentimiento, realizando o no actos de violencia.
Es por ello que resulta necesario garantizar los derechos de aquellas personas que resultan ser internada sin su consentimiento en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación por el uso de sustancias psicoactivas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.
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Gámez dijo que la lista ya está elaborada y que Derechos Humanos sigue en análisis
Por: Redacción
El Congreso del Estado citará a 10 servidores públicos a comparecer por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, informó el diputado local Luis Fernando Gámez Macías.
Gámez Macías dijo que la lista ya está elaborada y que la hará llegar a los medios. De acuerdo con el calendario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Secretaría General de Gobierno abrirá las comparecencias el lunes 19 de octubre.
El legislador señaló que se analiza el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
Cuestionado sobre si se sumarán otros funcionarios, respondió que “de momento son los 10”. Explicó que todas las fuerzas políticas tienen dudas y que habrá un intercambio con los comparecientes. Dijo esperar un ejercicio “muy responsable, muy democrático, muy republicano”.
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El diputado afirmó que Interapas pierde la mitad del agua que extrae en su red
Por: Redacción
El diputado local Luis Fernando Gámez Macías propuso que los ayuntamientos destinen 15% de su presupuesto a reforzar la infraestructura hidráulica y la distribución del agua.
Gámez Macías explicó que la iniciativa de reforma constitucional ya está en la Comisión del Agua del Congreso del Estado y dijo confiar en que se resuelva en breve.
El legislador advirtió que hay un “ecocidio” en la zona metropolitana de San Luis Potosí y afirmó que 50% del agua que extrae el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) se pierde en la red. Por eso calificó de “inoperante” el modelo de gestión del agua.
Habló tras las lluvias que inundaron el Puente de Otón y dejaron vehículos varados. Dijo que la capital enfrenta “una crisis del agua y ahora una crisis de operatividad”.
El diputado anunció que el próximo martes presentará una segunda reforma, a la Ley de Planeación del Estado, para evaluar los indicadores municipales en servicios públicos. Con ella, afirmó, se podría auditar a los alcaldes no solo en agua, sino también en recolección de basura, alumbrado y seguridad.
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El exhorto pide a la SICT y a CAPUFE justificar públicamente cualquier cambio en las cuotas
Por: Redacción
La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo del diputado Marco Antonio Gama Basarte para pedir a las autoridades federales que revisen y, en su caso, bajen las tarifas de peaje en las carreteras federales.
Un punto de acuerdo es un pronunciamiento del Congreso: no obliga a la autoridad, pero le pide formalmente que actúe sobre un tema.
La presidenta de la comisión, diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza, explicó que el exhorto va dirigido al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para que analicen suspender, modificar o revisar las tarifas vigentes. También se pide que cualquier decisión sobre las cuotas tenga una justificación técnica, económica, financiera y jurídica, y que esta se haga pública.
Jauregui Mendoza señaló que los aumentos no solo afectan a quienes usan las autopistas a diario, sino también al tr ansporte de carga
En San Luis Potosí, según la propuesta, se registraron aumentos recientes en algunos tramos. En el corredor Lagos de Moreno–San Luis Potosí el peaje pasó de 704 a 757 pesos, y en el libramiento Ciudad Valles–Tamuín la tarifa para el transporte de carga subió de 437 a 471 pesos.
La comisión consideró que, por la importancia de San Luis Potosí para la conectividad carretera del país, es necesario revisar el efecto de las tarifas en los sectores productivos y en la economía de las familias.
El dictamen pasará al Pleno del Congreso para su análisis y, en su caso, aprobación.
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