Durante un operativo conjunto, autoridades municipales rescataron más de 180 animales en condiciones inadecuadas; el responsable fue turnado a la Fiscalía

Por: Redacción

El Gobierno de la Capital, en coordinación con el Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Dirección de Comercio Municipal, clausuró un establecimiento que funcionaba sin licencia y en el que se detectaron condiciones de presunto maltrato animal.

La acción derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre el estado de los animales en el lugar. En la inspección se localizaron siete perros amarrados con correas cortas y sin acceso constante a agua o alimento, así como 164 aves —entre ellas gallinas, codornices, patos y periquitos— en jaulas apiladas. También se encontraron seis gatos, dos cuyos y un conejo en espacios reducidos y sin condiciones adecuadas.

Los perros y gatos fueron trasladados al CIBA para su evaluación y resguardo, mientras que el resto de los animales fue llevado al refugio Villa Cuac, con apoyo de la Dirección de Servicios Municipales. Todos los ejemplares reciben atención veterinaria y cuidados mientras se determina su situación jurídica y sanitaria.

La persona responsable del negocio fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal. Las autoridades capitalinas reiteraron que continuarán realizando operativos para garantizar el cumplimiento de la normativa y el bienestar de los animales en establecimientos comerciales.

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La medida será aplicada en la entidad potosina los días sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio

Por: Redacción

La Dirección de Gobernación del estado de San Luis Potosí, confirmó que se aplicará la Ley Seca con motivo de la elección del Poder Judicial

En un documento expedido por el titular de la dependencia estatal, José Concepción Gallardo Martínez, se ordena que se deberá suspender la venta, distribución, consumo y suministro de bebidas alcohólicas a partir de las 00:01 horas del día sábado 31 de mayo y concluir a las 24:00 horas del día domingo 1 de junio

El documento enfatiza que ignorar esta disposición será sancionada conforme a los artículos 50 y 57 de la Ley en la materia.

La elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, tanto a nivel local como federal, se efectuará el próximo domingo 1 de junio, en un proceso inédito para la ciudadanía del país.

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Los manifestantes pidieron que se realice una propuesta con castigos más severos para los vendedores de droga, y no contra los internamientos forzados

Por: Redacción

Esta mañana, un grupo de ciudadanos se manifestó a las afueras del Congreso del Estado de San Luis Potosí, para rechazar la iniciativa de la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, que propone eliminar el internamiento forzoso de personas en anexos.

La propuesta de la diputada Aradillas plantea reformas a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios, la Ley de Prevención y Control de Adicciones y al Código Penal del Estado, con el propósito de prohibir el internamiento involuntario en centros de rehabilitación, e incluso establecer como delito de privación ilegal de la libertad el hecho de internar a una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de un familiar, tutor o representante legal.

Esta propuesta ha generado inconformidad entre los manifestantes, en su mayoría familiares de personas con problemas de adicciones, quienes portaban pancartas con mensajes como “Sí al diálogo a favor de los anexos”, “Los anexos salvan vidas”, “Derecho a la rehabilitación, a cambiar y a la vida” y “Di no a las drogas”. Con consignas y testimonios, pidieron a las y los legisladores no quitarle a las familias una de las pocas alternativas que, aseguran, tienen para contener y rehabilitar a sus seres queridos.

“Mejor invéntese una propuesta para que realmente se castigue con todo el peso de la ley a quienes venden drogas. Arregle la situación con educación real y con una reforma a los anexos que se necesita. Metan dinero ahí”, dijo una manifestante.

El argumento central de la legisladora se basa en que este tipo de internamientos suprime derechos humanos, ya que, en ocasiones, las personas eran internadas por tiempo indefinido y sin un debido proceso médico o jurídico. La diputada se apoya en la Norma Oficial Mexicana NOM-028, que regula los modelos de atención en adicciones y reconoce únicamente el internamiento voluntario en establecimientos de ayuda mutua, mientras que los centros de modelo mixto o profesional pueden aplicar internamientos involuntarios bajo lineamientos específicos y con aval de instituciones reconocidas por la CONADIC.

Aunque la iniciativa busca proteger los derechos de personas internadas contra su voluntad, para los manifestantes la eliminación de esta figura representa dejar a muchas familias sin herramientas para enfrentar el consumo problemático de sustancias.

En sus testimonios, señalaron que muchos anexos han logrado contener conductas autodestructivas y han sido la única opción ante un sistema de salud mental insuficiente. Sin embargo, también reconocieron que los centros deben mejorar su calidad y profesionalización, con la integración de psicólogos, neurólogos, nutriólogos y personal capacitado.

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