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“Morales está contaminada con plomo y magnesio”: UASLP
Una investigación del doctor Fernando Díaz Barriga revela que, por el momento, no se debería permitir urbanizar los terrenos de la antigua planta de cobre
Por: Itzel Márquez
Hace unos días, se dio a conocer una investigación hecha por el Sistema de Vigilancia Integrada de Comunidades Contaminadas (Sivicco) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) realizada en la colonia Morales y las zonas cercanas en la cual se menciona que la cantidad de plomo y magnesio en el lugar es mayor a la permitida; La Orquesta contactó al doctor Fernando Díaz Barriga, autor de dicho estudio, para quien explicó que no se debería permitir urbanizar en los terrenos de la antigua planta de cobre, como pretende hacer Grupo México, perteneciente al empresario Germán Larrea.
Díaz Barriga mencionó que lleva 35 años trabajando en dicho lugar, desde que la planta de cobre estaba activa y ha realizado estudios de forma constante:
“Lo que hemos demostrado es que a pesar de que la planta de cobre cerró, aún existe una contaminación residual en el suelo, esto debido a que los metales no se destruyen, se mantienen e impactan a quienes están más en contacto con el suelo, los niños, quienes además absorben más los metales en el organismo que los adultos, el plomo y arsénico afectan en su desarrollo intelectual”, mencionó el investigador.
Fernando Díaz añadió que si en el sitio de la investigación se pretende construir residencia o urbanizar, es necesario llevar a cabo nuevas evaluaciones porque el sitio se declaró limpio según estándares industriales, no residenciales y las guías y normas eran diferentes a los que existen ahora.
“En la administración anterior hicimos llegar los resultados de la investigación al gobierno municipal en las rondas públicas para generar el Plan de Desarrollo Urbano en donde se indicaba que era necesaria una nueva evaluación de riesgo, pero la respuesta fue poco clara porque nunca vi el documento final, aunque en el borrador sí se señalaba que la Minera México tenía que demostrar que no había riesgos antes de urbanizar la zona”, finalizó Díaz Barriga.
EL PLAN DE GRUPO MÉXICO
En enero del 2020, Grupo México dio a conocer el macroproyecto denominado “Plan San Luis”, el cual contaría con una inversión de mil millones de dólares en 10 años para desarrollar infraestructura urbana, inmobiliaria y comercial en 470 hectáreas de su propiedad ubicadas en el poniente y sur poniente de la ciudad.
“Plan San Luis” contempla la construcción de 7 mil 500 viviendas, comercios, centros de negocio, instituciones académicas, y áreas verdes en los terrenos que albergaron durante décadas las plantas de cobre y zinc en la capital potosina.
Grupo México destacó en aquel entonces que el proyecto contaba con los dictámenes federales para su arranque y que están preparados para llevar a cabo los procedimientos para los cambios de uso de suelo que correspondan en cuanto la ciudad termine la etapa de consulta y publicación del nuevo plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo urbano.
Los directivos aseguraron que se cuenta ya con los estudios de sustentabilidad, topográficos, de impacto ambiental, escurrimientos y de factibilidad en las distintas etapas para que durante 10 años se desarrollen los “macro-lotes” que permitirán la inversión de particulares en el desarrollo de vivienda, centros comerciales, y espacios académicos y culturales.
Respecto a la vialidad y movilidad se explicó que el “Plan San Luis” considera la conectividad con la ciudad a través de un gran bulevar en la calle Oro, desaforo por el Río Santiago, el periférico y, además, la posibilidad del desarrollo de un tren ligero o metrobús que comunique la zona con el Centro Histórico, ubicado a 6 kilómetros desde la avenida Hernán Cortés.
El Plan San Luis, de acuerdo con sus promotores, generará 15 mil empleos temporales, 5 mil permanentes y reforestará 20 mil árboles en sus áreas verdes y vialidades; contará además con una planta de energía eólica así como una planta de tratamiento de aguas residuales.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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