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Mitzi: un feminicidio que no quedará impune
Brayan Juárez, quien era pareja de la maestra de kínder, fue encontrado culpable de su muerte, la cual perpetró para cobrar un seguro de vida
Por: Bernardo Vera
El 19 de agosto de 2019 a las ocho de la mañana, el cuerpo de una mujer fue encontrado en la calle Basalto casi esquina con Hernán Cortés en la colonia Las Piedras de la capital potosina, había sido asesinada. Se trataba de Berenice N, conocida también como Mitzi, una joven de 24 años de edad, quien era maestra de preescolar. Desde ese día su memoria estuvo presente en marcha y protestas en las que se exigía a las autoridades justicia por su asesinato. Casi cuatro años después, su caso podría tener resolución, luego de que el pasado 19 de abril, un tribunal encontró culpable de su feminicidio a Brayan Alberto Juárez Canales, quien ahora espera sentencia, con la mirada de la opinión pública sobre el castigo que se le otorgará. Previo a esa resolución, hace un repaso por este crimen, para entender su importancia en un país donde la impunidad es la constante.
Los reportes acerca de la desaparición de Mitzi mencionaban que asistió a una fiesta en la colonia Morales, en la que, incluso, hizo una publicación en sus redes sociales con la frase: “Fiesta de prepa en Morales!! Vamonooos”. Luego de eso, ella habría solicitado un transporte por aplicación de teléfono móvil, en ese momento se perdió el contacto con ella. Horas después sus familiares y amistades comenzaron la búsqueda.
Aarón Edmundo Castro Sánchez, entonces vicefiscal general de San Luis Potosí, dio a conocer la noticia del asesinato de Mitzi al poco tiempo. El de la maestra se convirtió en el segundo feminicidio ocurrido en 48 horas. El otro hecho correspondía a una chica que perdió la vida en el Hospital Central, luego de ser ingresada por quemaduras, presuntamente efectuadas por dos sujetos que le prendieron fuego.
Inicialmente se señaló al chofer de Uber como sospechoso de haber cometido el ilícito; sin embargo, la empresa emitió un comunicado en el que extendía sus condolencias a la familia, pero también manifestaba lo siguiente: “luego de realizar una investigación, podemos confirmar que el suceso no está relacionado con un viaje realizado a través de la aplicación” 
El 27 de agosto de ese año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre de 24 años de edad identificado como Brayan Alberto Juárez Canales por los delitos de homicidio y violación. Además, su departamento en la avenida Muñoz fue cateado. El móvil, según determinó la FGESLP, pudo haber sido el cobro de un seguro de vida por más de un millón de pesos, debido a que encontraron un certificado de defunción, con el que Brayan pretendía hacer válido el pago tras haber mantenido una relación sentimental con la víctima.
El 2 de septiembre de 2019 se le dictó prisión preventiva contra Brayan, tras ser señalado como responsable de asesinar a su pareja mediante ahorcarla hasta la muerte, y haberse dirigido a la calle Basalto de la colonia Las Piedras, cerca de un terreno baldío, en donde abandonó el cuerpo.
El pasado 19 de abril de 2023, el Tribunal de Juicio Oral de San Luis Potosí declaró culpable a Brayan Alberto Juárez Canales por su responsabilidad en el delito. El órgano jurisdiccional confirmó que en la autopsia de la víctima se encontró que falleció por una fractura luxación cervical por desnucamiento, así como por asfixia por sofocación.
El Tribunal indicó que la cantidad de años que deberán imponerse, se decidirá en la próxima audiencia del 21 de abril de 2023, que de acuerdo con el artículo 325 del Código Penal Federal la sanción sería de 25 a 60 años en prisión.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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