SIGAMOS DERECHO.

 

La interminable y desastrosa violencia que azota sin tregua a este país ya desde hace décadas se ha vuelto terriblemente cotidiana. Nos han dejado de sorprender las escalofriantes cifras que anuncian los noticieros; ya las vemos como solo eso: cifras que pasan a ser parte de una fría estadística que deshumaniza y no toma en cuenta ni a las familias ni a las personas cercanas de las miles y miles de víctimas. Sin embargo, en ésta vorágine de violencia hecha costumbre, aún es posible sentirse más afligido que el día anterior.  

La semana pasada —por la amplia difusión que tuvieron— nos enteramos al menos de tres casos particularmente desoladores. Primero, el de Wendy, una niña de 16 años encontrada en un canal de aguas negras en el Estado de México y que cuyo ataúd fue cargado por sus compañeras de la secundaria para su sepultura. Segundo, el de Eladio, cuyos restos fueron entregados a su madre en una bolsa negra de plástico por la Fiscalía de Veracruz. El tercero, el caso de Victoria —migrante salvadoreña con visa humanitaria y madre de dos niñas— asesinada por policías en las calles de Tulum, Quintana Roo.

El común denominador en estos tres casos —y en todos los otros que no escuchamos— es, a falta de una mejor palabra, la bestialidad que ha penetrado como la humedad a nuestras autoridades y a la gente que comete estas atrocidades. «Bestial», del latín bestiālis, hace referencia a todo aquello que es propio más de las bestias que de los humanos. De entre todas las posibilidades de tildar a algo como bestial, sin duda habrá notables situaciones en que este adjetivo sea portado con decencia y grandeza. Para México, ese no es el caso. Para México hay que entender lo bestial en su peor acepción.

En el sexenio de Calderón, la bestialidad con que se condujeron las autoridades fue realmente paradigmática. Para su «lucha contra el crimen organizado» se desplegaron a más de 50 mil elementos de las Fuerzas Armadas para realizar labores que corresponden a los mandos civiles. Esa militarización tuvo como uno de sus males un alza sin precedentes en las denuncias realizadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por casos de tortura cometidos por elementos de la policía o de las Fuerzas Armadas. Así, la tortura se convirtió en el método predilecto de investigación por parte de las autoridades, sumado al abuso de la figura del arraigo, que es la detención arbitraria de una persona por un periodo prolongado para investigarla sin si quiera estar vinculada a un proceso penal. El saldo que dejó la fallida estrategia calderonista es bien conocido: más de 70 mil muertos y más de 25 mil personas desaparecidas, además de las miles de violaciones graves a los derechos humanos.

Peña Nieto, en un intento al menos simbólico de dar algún tipo de solución a la problemática anterior, entró en una etapa de firma de compromisos y más compromisos. Se promulgaron diversas leyes, como la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura. También, crearon el Sistema Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y se firmaron compromisos en diversas convenciones internacionales. Sin embargo, aún considerando todo lo anterior, el número de muertes y de personas desaparecidas siguió al alza.

Por nombrar solo un ejemplo, el sexenio de Peña tuvo un aumento de más de mil por ciento en el número de averiguaciones previas por actos de tortura con respecto al sexenio de Calderón.

Ahora escuchamos en las mañaneras que «ya no hay torturas, desapariciones ni masacres». Ésta pinta para ser, entonces, la etapa de la negación y la frivolidad. Para poner en perspectiva esta ilusa negación, basta con revisar un par de datos. Solo el año pasado, México registró casi 700 masacres. En lo que va del 2021 se han contabilizado más de 80 multihomicidios. La Guardia Nacional, creada con el objeto de «pacificar al país» es el órgano que encabeza las denuncias levantadas ante la CNDH por violaciones graves a los derechos humanos. La militarización del país repunta y las autoridades federales están lejos de convencer —con certezas jurídicas y fácticas, no con retórica— por qué esta vez será diferente a la de Calderón. Dentro del ámbito legislativo, el punitivismo penal también se ha puesto de moda y se ha ampliado exponencialmente el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (o sea, arraigo).

La bestialidad no se detiene ni se detendrá con fórmulas mágicas o negando que ésta sigue siendo el incómodo y aflictivo elefante en la habitación. Se necesita replantear en su totalidad el modelo de seguridad. Más urgentemente, se necesitan serios programas de capacitación a los elementos de seguridad, a los Ministerios Públicos y a los impartidores de justicia.

Concluyo recogiendo un par de reflexiones. La primera, sobre el derecho que tienen los vivos a que se respeten sus muertos, escribe el Juez Cançado Trindade de la Corte Interamericana en su voto razonado (cuya lectura recomiendo ampliamente, a partir de la página 92) del caso Bámaca Velázquez vs. Guatemala:  “La negligencia y el irrespeto con los restos mortales de las víctimas —desaparecidas o no— de violaciones de derechos humanos, y la imposibilidad de rehaberlos (…) me parecen configurar un malaise de nuestros tiempos, revelando la espantosa pobreza espiritual del mundo deshumanizado en que vivimos.”

La segunda, sobre nuestras autoridades. Escribe Ugo Pipitone, investigador emérito del CIDE: “Que a nuestros políticos los perdone Dios, si existe y si puede. Nadie más podría.”

Ojalá que se haga justicia y termine el dolor para todas las familias que también son víctimas. De las muchas caras que este país ofrece —sin duda, algunas maravillosas—, este México es también un México de bestias.

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