Estado
Megadeuda estatal es una salida fácil ante el covid-19: diputado
Rubén Guajardo recordó que en 2015, el gobierno estatal solicitó un crédito por 853 millones de pesos, cuyo destino no se ha aclarado desde ese entonces
Por: Redacción
La crisis sanitaria por covid-19 es una justificación para que los gobiernos del país, incluido el del Estado de San Luis Potosí, endeuden más a su gente; sin embargo está comprobado que no han funcionado anteriores reestructuraciones, explicó Rubén Guajardo Barrera, presidente del Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado, al recordar que en el 2015 ya se aprobó uno del que hasta ahora no se sabe su destino.
Cabe recordar que en 2015 se solicitaron más de 853 millones de pesos a los bancos; en ese entonces se afirmó que se requería flujo financiero para hacer frente a las necesidades económicas del Estado, aunque, dijo Guajardo, no se han visto resultados en el combate frontal a la pobreza.
“Ahora el gobierno potosino quiere la salida fácil, la que disfrazan con la crisis sanitaria por coronavirus, cabe ahora la interrogante sobre dónde están esos millones, pues hace cinco años se indicó que serían destinados para el gasto social, prestación de servicios públicos e infraestructura para todo el Estado, pero la gran inquietud es qué se hizo con ese dinero, ya que no se han rendido cuentas al respecto”, indicó.
Durante la comparecencia del secretario de Finanzas del gobierno estatal, Daniel Pedroza Gaitán, Guajardo Barrera dijo que le cuestionó sobre cómo, cuándo y en qué se gastó el anterior crédito solicitado, pues afirmó que pareciera que no se han hecho inversiones de ningún tipo.
“En el Congreso del Estado de San Luis Potosí, estamos preocupados porque justifican este nuevo movimiento financiero por el covid-19, pero no dicen cuál es el diagnóstico real de la enfermedad y qué se puede solventar apoyando este tipo de recursos, nos preocupa este tema porque en San Luis Potosí hay una alta tasa de muertes, hay una fuerte movilidad de la enfermedad, lo que exigimos es saber qué tanto se va a bajar la morbilidad y el contagio de Coronavirus sí se favorece otro mega endeudamiento, así como qué impacto se va a tener en la salud y en la economía de los potosinos”.
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Estado
Despensas bajo vigilancia: Sedesore advierte castigos por uso electoral
María del Rosario Martínez dijo que la dependencia dará indicaciones, pero la responsabilidad recaerá en cada funcionario
Por: Redacción
Los delegados y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) que hagan mal uso de los programas sociales durante el proceso electoral de 2027 responderán de manera personal, advirtió María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia.
“Un delegado, un presidente puede ser responsable si hace mal uso de un programa”, señaló. Explicó que Sedesore dará indicaciones claras, pero que si alguien comete una infracción o no entrega los apoyos como corresponde, se tendrá que proceder contra ese funcionario de manera personal.
Cuestionada sobre si temía que algún actor político usara los programas con fines electorales, respondió que esa responsabilidad será “más de manera personal” de quien los utilice.
Antes del proceso, Sedesore capacitará a sus delegados sobre cómo cambia el mensaje, qué se puede decir y cómo deben presentarse los programas. “La responsabilidad también recae sobre el funcionario que no comprenda cuáles son los alcances”, afirmó.
Despensas en blanco y negro
Martínez Galarza recordó que, como en procesos anteriores, la ley marca alrededor de marzo el cambio en mensajes y logos, que deberán ir completamente en blanco y negro. Las cajas de despensa llevarán la leyenda de que el programa es ajeno a los partidos políticos; la modificación se acordará con el proveedor.
En enero y febrero, la dependencia revisará lo que debe cambiar en la despensa, su programa más grande, y en el resto de los apoyos que entrega de forma permanente. La titular dijo que ya trabajan con la Secretaría General de Gobierno, que envió oficios para preparar el proceso.
En junio, Sedesore suspendió a un delegado por guardar alimentos en una sede política.
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Estado
Tortilla a 14 pesos, al menos hasta que termine el gobierno de Gallardo
Los contratos de las tortillerías se renuevan cada año y vencen con la actual administración, en 2027
Por: Redacción
El precio de la tortilla subsidiada del Gobierno del Estado no aumentará aunque suba el maíz, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore). Explicó que el proveedor que gana cada procedimiento debe ajustarse al precio que fija la dependencia.
Martínez Galarza señaló que este año mantuvieron el precio porque el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es que las tortillas subsidiadas no suban. El programa vende el kilo a 14 pesos.
Para 2027, la dependencia ya trabaja el Programa Operativo Anual (POA) con la Secretaría de Finanzas, con base en el presupuesto que autorice el Congreso del Estado. Detalló que cada procedimiento se valida con dos o tres meses de anticipación.
Contratos hasta el fin del sexenio
Los contratos de las tortillerías, igual que los de las clínicas y el resto de los programas, se renuevan cada año. La titular explicó que todos los contratos del Gobierno del Estado deberán terminar entre septiembre y octubre de 2027, cuando concluye la actual administración.
Lo que ocurra después dependerá del siguiente gobierno. En junio, la propia Martínez Galarza reconoció que la continuidad de la tortilla subsidiada y de otros apoyos “va a depender muchísimo de las personas que estén a cargo de la dependencia, pero sobre todo de las indicaciones del gobierno”.
Doce tortillerías y dos en puerta
Con la apertura más reciente, la red suma 12 tortillerías entre la capital y municipios rurales; en junio eran ocho. La siguiente abrirá la próxima semana en la colonia General I. Martínez. Otra, comprometida por el gobernador, se revisa para abrir en diciembre en Tierra Blanca.
Cada tortillería entrega 500 kilos diarios y cada familia tiene derecho a dos kilos. Los locales se buscan en zonas populares, y la titular contó que visita cada punto días antes de abrirlo para conocer la opinión de los vecinos.
“Lo que más consumimos, la mayor parte de los potosinos, pues es la tortilla”, dijo Martínez Galarza al explicar el peso del programa en la economía familiar.
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Destacadas
Juicio político pone en duda comparecencia de Giovanna Argüelles
El Congreso podría pedir por escrito los expedientes de quejas de comunidades indígenas si no recibe a Giovanna Argüelles
Por: Redacción
La solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), puso en duda su comparecencia ante los diputados, programada para el lunes 23 de noviembre.
Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, informó que se valora si la comparecencia se realiza o no. “Tenemos que analizar los alcances del proceso”, afirmó.
El juicio político es el procedimiento con el que el Congreso revisa si un servidor público cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo y, en su caso, puede destituirlo o inhabilitarlo.
Si la comparecencia no se lleva a cabo, el Congreso podría solicitar directamente a la CEDH información sobre los expedientes y las quejas de comunidades indígenas que acudieron a los legisladores para denunciar falta de atención del organismo.
La comparecencia de la titular de la CEDH estaba prevista desde octubre, cuando el Congreso anunció que la citaría una vez concluida la Glosa del Quinto Informe de Gobierno
, la revisión que hacen los diputados del informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.Los reclamos por quejas sin respuesta ya habían llegado al Congreso. En octubre, grupos sociales cuestionaron que la CEDH emitiera una recomendación a favor de Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM, mientras hay víctimas que llevan años esperando una resolución.
Serrano dijo entonces que la presidenta del organismo era quien tenía que responder por los casos pendientes y se comprometió a preguntarle directamente por qué otras quejas no habían tenido respuesta.
Antes del 23 de noviembre, el Congreso deberá definir si recibe a Argüelles o si pide los expedientes por escrito.
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