Estado
Megadeuda estatal es una salida fácil ante el covid-19: diputado
Rubén Guajardo recordó que en 2015, el gobierno estatal solicitó un crédito por 853 millones de pesos, cuyo destino no se ha aclarado desde ese entonces
Por: Redacción
La crisis sanitaria por covid-19 es una justificación para que los gobiernos del país, incluido el del Estado de San Luis Potosí, endeuden más a su gente; sin embargo está comprobado que no han funcionado anteriores reestructuraciones, explicó Rubén Guajardo Barrera, presidente del Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado, al recordar que en el 2015 ya se aprobó uno del que hasta ahora no se sabe su destino.
Cabe recordar que en 2015 se solicitaron más de 853 millones de pesos a los bancos; en ese entonces se afirmó que se requería flujo financiero para hacer frente a las necesidades económicas del Estado, aunque, dijo Guajardo, no se han visto resultados en el combate frontal a la pobreza.
“Ahora el gobierno potosino quiere la salida fácil, la que disfrazan con la crisis sanitaria por coronavirus, cabe ahora la interrogante sobre dónde están esos millones, pues hace cinco años se indicó que serían destinados para el gasto social, prestación de servicios públicos e infraestructura para todo el Estado, pero la gran inquietud es qué se hizo con ese dinero, ya que no se han rendido cuentas al respecto”, indicó.
Durante la comparecencia del secretario de Finanzas del gobierno estatal, Daniel Pedroza Gaitán, Guajardo Barrera dijo que le cuestionó sobre cómo, cuándo y en qué se gastó el anterior crédito solicitado, pues afirmó que pareciera que no se han hecho inversiones de ningún tipo.
“En el Congreso del Estado de San Luis Potosí, estamos preocupados porque justifican este nuevo movimiento financiero por el covid-19, pero no dicen cuál es el diagnóstico real de la enfermedad y qué se puede solventar apoyando este tipo de recursos, nos preocupa este tema porque en San Luis Potosí hay una alta tasa de muertes, hay una fuerte movilidad de la enfermedad, lo que exigimos es saber qué tanto se va a bajar la morbilidad y el contagio de Coronavirus sí se favorece otro mega endeudamiento, así como qué impacto se va a tener en la salud y en la economía de los potosinos”.
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La Arquidiócesis de San Luis Potosí rechazó que se cobren cuotas a fotógrafos o videógrafos en ceremonias religiosas y afirmó que revisarán las denuncias
Por: Redacción
Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, aseguró que la Iglesia no avala el cobro de cuotas a fotógrafos o videógrafos durante ceremonias religiosas, tras denuncias registradas en templos de la capital potosina.
Cuestionado sobre presuntos pagos exigidos en iglesias como la Santa Cruz y San Martín para permitir la cobertura de bodas, bautizos o quince años, el vocero fue claro: no existe ninguna indicación oficial para realizar este tipo de cobros.
“Se les tiene que pedir orden, pero cuota no”, afirmó.
Cruz Perales explicó que la Iglesia respeta que las familias contraten a sus propios proveedores de fotografía o video,
En ese sentido, subrayó que ningún párroco o responsable de templo debería imponer pagos para permitir estos servicios.
“De este aspecto no hay por parte de la Iglesia ninguna sugerencia ni indicación para estar pidiendo cuota, y mucho menos”, puntualizó.
Finalmente, indicó que revisará los casos denunciados para conocer a detalle la situación en estos templos, reiterando que la postura oficial es no condicionar la prestación de servicios religiosos a pagos adicionales.
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El secretario general J. Guadalupe Torres Sánchez afirmó que existe una voluntad de todas las partes de poder llegar a un acuerdo rápido
Por: Redacción
J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, dio a conocer que este miércoles se celebrará una audiencia de conciliación en la Ciudad de México para resolver la disputa entre General Motors y los trabajadores de su planta en San Luis Potosí.
Explicó que debido a que se trata de un tema de la rama automotriz, es un asunto de normativas federales, por lo que será un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje quien se encargue de dictaminar.
El secretario general se mostró tranquilo con que se pueda llegar a una pronta resolución, indicando que existe el interés por parte de todas las partes para llegar a un acuerdo
Señaló que en el Gobierno del Estado se han mantenido en conversaciones con los dos bandos, tratando de fungir como mediadores para llegar a una resolución como la que se alcanzó en el caso de BMW.
Sobre la automotriz alemana, recalcó que ese tema se resolvió hace varias semanas, donde tras amenaza de huelga, los trabajadores de la planta obtuvieron un aumento salarial del 8%.
Indicó que en la recta final de las negociaciones, hubo un riesgo real de que se acabaran cayendo, pero lograron intervenir desde las instancias estatales para concertar el convenio.
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Ignacio Pesina Carrizales, explicó que la principal preocupación radica en la posible reducción de sus ingresos, lo que impactaría también a futuras generaciones
Por: Redacción
Un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se manifestó este día en las instalaciones de distribución en San Luis Potosí para expresar su rechazo a la reforma al artículo 127 constitucional, al considerar que podría afectar directamente sus pensiones.
Ignacio Pesina Carrizales, uno de los participantes, explicó que la principal preocupación radica en la posible reducción de sus ingresos, lo que impactaría no solo a los actuales jubilados, sino también a futuras generaciones.
“Nos afecta en todo, no solo a nosotros como jubilados, sino a quienes vienen detrás. Estamos hablando de modificar la Constitución, que es la ley máxima, y eso tiene repercusiones directas”, señaló.
De acuerdo con los inconformes, la reforma podría establecer límites a las percepciones económicas, lo que derivaría en una disminución de sus pensiones, mismas que —aseguran— fueron obtenidas bajo contratos colectivos y acuerdos legales previamente establecidos.
El entrevistado subrayó que muchos de los afectados son adultos mayores, algunos cercanos a los 80 años, quienes dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas y gastos médicos.
“Hay gente que ya hizo su proyecto de vida con base en esa jubilación
A nivel nacional, estiman que alrededor de 54 mil personas podrían verse afectadas por esta medida, incluyendo trabajadores de otras dependencias del sector público.
Los manifestantes insistieron en que no se trata de si las pensiones son altas o no, sino del respeto a los derechos adquiridos bajo un marco legal vigente en su momento.
“Trabajamos bajo reglas establecidas, con documentos legales avalados. Esa fue nuestra expectativa y por eso luchamos”, afirmó.
La protesta se desarrolló de manera pacífica y forma parte de una movilización nacional en distintos estados del país. Además, los inconformes anunciaron que participarán en una nueva manifestación el próximo 17 de abril en la Ciudad de México, donde buscarán visibilizar su demanda a nivel federal.
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