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Manuelito y la potosinidad | Columna de Jorge Saldaña
TERCERA LLAMADA.
A Manuelito no se le mueve un pelo. Siempre bien peinadito va y regresa de la escuela con el uniforme limpio, él sí es obediente, él sí se come toda su sopita, hay dieces en su boleta y no pelea con su hermanita.
Quiere ser ingeniero como su papá. Acude a Tequis los domingos con los zapatos boleados, dice por favor y buenas tardes sin que se lo pida su mamá, asiste a un buen colegio en donde se hace de amiguitos iguales.
Estudió lo que se esperaba, hizo lo que se esperaba, se portó como se esperaba, se casó como se esperaba. Su vida ha sido vivida millones de veces. Pese a ello, cree que es un potosino muy particular, y lo demuestra. Es de los que usa a conveniencia el que cree que es su mejor apellido, el que suena, el que lo incluye en los mejores círculos, por el que le gusta ser reconocido. Quiere pertenecer aunque sea desde el falso arraigo. Todo sirve. Hay que encajar. Es el potosino atrapado en vivir para siempre en los tiernos noventas.
Desmiéntame si no, pululan por ahí los Manuelitos, esos espejos de una supuesta potosinidad tratada y desmenuzada por décadas por historiadores, poetas, arquitectos, estudiosos, periodistas, memes y chascarrillos.
Son esos que votan siempre por el PAN por puro status. Los que no saludan aunque lo conozcan e incluso les causa resquemor pensar distinto y más allá, peor: que se enteren los demás que lo hacen. Imagínese.
Durante algún tiempo, bajo las circunstancias históricas, formaron una rebeldía local, cerrada, conservadora, almidonada, clasista, ñoña, hipocritona, amalgamada en una serie de rituales de buenas costumbres sentadas en poses, fundamentadas en “el qué dirán”. Fueron la rebeldía a lo que parecía distinto a su propia especie.
Manuelito se quedó a vivir para siempre en en esos años en los que no hay espacio para gays ni lesbianas (qué barbaridad) los embarazos en adolescentes se llaman “retiros” y el aborto, cuando se ocupa, es bien escondido, jamás admitido. Los pecados no se premian en el Baile de las Rosas del Deportivo Potosino.
La potosinidad de Manuelito se respira. Huele a clase media aspiracional, a sala plástica burgués de los ochentas. A comparsas en el club, a lanceros en la Lonja. La potosinidad de Manuelito pretende sonar a plática sobre Baéz Lozano pero se tararea en la frivolidad de No controles con Flans. No controles porque a todo el mundo gusta, y si a todo el mundo gusta, es a donde hay que pertenecer.
La potosinidad de Manuelito sabe a rompope Coronado, a gorditas de Morales, a tacos rojos de doña Juanita, a enchiladas potosinas. Aspira a la casa de los Rangel.
Por geografía o generación, sí, muchos tenemos algo de Manuelito, pero caray, no todos somos Manuelito.
Luego de la inestabilidad política generada en el enfrentamiento buenos contra malos, navistas contra priistas, curros contra huastecos, ricos contra pobres, herederos contra depauperados, la ciudad emprendió su crecimiento y amplió sus horizontes.
Llegaron nuevas familias a las que poco importan los buenos modales de Manuelito. Valoran nada los apellidos de abolengo potosinos, crecieron fortunas, se abrieron nuevos espacios, creció la ciudad, hubo nuevas escuelas, nuevos tiempos, nuevos códigos.
El perfume de la potosinidad se quedó corto a Carranza, Las Lomas, Tequis y Tangamanga. Se cruzaron las fronteras. Hoy vivimos en San Luis muchas más personas que las que quisiera aceptar la burbuja noventera de Manuelito.
El sabor del abolengo, de los bailes, de la fusión de los apellidos, de los círculos sociales apretados, nada tienen que ver con el San Luis del dos mil veintiuno.
En nada se parece el perfume de la señora con acción en Lomas con las miles de mujeres que huelen a sudor y que trabajan doble turno en la Zona Industrial.
Las residencias de los emparentados distan mucho en todos los sentidos de las docenas y docenas de colonias en Pozos, de los centros comerciales del Oriente, de la vida sin poses, de la gente sin tiempo para quedar bien, de la gente que existe al exterior de las fronteras clasistas.
No son “niños bien” ni les interesa serlo. Les interesa “vivir bien” y también están formando su rebeldía.
La causa de Manuelito, la que dio sentido a su vida vivida millones de veces, ha dejado de tener sentido en una ciudad del tamaño de la nuestra.
Como en los noventas, como en los años del navismo y el frenteciviquismo auténtico, la rebeldía quiere combatir combatir a los caciques. Sí, hay que combatir a los que se han mantenido, transexenalmente en el poder y tras del mismo. Hay que enfrentarse al régimen, pero ¿Quién representa al régimen caciquil hoy en día?
Son los valerosos contra los poderosos. Los unos pocos de la burbuja contra los miles que no necesitan del status ni de la pose, sino de la justicia y de las oportunidades. Se quieren derechos y no privilegios.
La monarquía de los apellidos involucrados en política está cavando su tumba y su fin en San Luis Potosí. La arquitectura oligárquica conservadora se resiste, quiere seguir produciendo Manuelitos.
A los que despojan la tierra, pactan con el poder, se eternizan en los puestos, hacen negocios y se enriquecen vilmente, los combatió fuerte el navismo, aquel de los noventas.
Hoy los bandos están intercambiados, y hay una nueva rebelión enfrente. Nadie la quiere ver, pero respira, existe, se mueve, opina y vota.
¿A dónde irá a parar Manuelito? ¿Quiénes son los verdaderos caciques y quienes los verdaderos rebeldes?
La que viene, huele a una elección sin límites. A un choque de trenes generacional y al combate de dos narrativas: la de los que se dicen buenos contra los que los buenos les llaman malos. El San Luis conservador, cómplice de los auténticos caciques, contra la corriente de un nuevo esbozo de historia potosina. La mejor causa ya no está en el mismo bando.
El espacio para vivir en el pasado se vuelve más pequeño, poderoso, pero pequeño. Las ganas de recambio y de revolución generacional y de progreso ideológico se está ensanchando aunque no se quiera ver.
Hay más potosinos queriendo empleo, que fraccionando en el poniente privilegiado. Hay más clamando seguridad, que amigos de los de siempre haciendo negocios millonarios al cobijo de la autoridad. Hay más pidiendo una gota de agua, que desarrollos completos que no pagan ni un centavo por el líquido que llena sus albercas. Hay más potosinos sentados en una sala de hospital rogando atención, que los que esperan comprar una acción en clubes privados.
Viene una desgarradora polarización de dos verdades que a tambor batiente anuncia una ingobernabilidad desestabilizadora. Ojalá que me equivoque.
Esos de enfrente son los de siempre. ¿De qué lado está sentado usted? No hay no potosinidad, esa es imposible erradicarla del ADN citadino, pero está llegando el tiempo de su mutación y evolución.
Hasta la próxima, Culto Público, que le tengo muchos y muy buenos Bemoles.
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Entre 2017 y 2025, la Fiscalía de San Luis Potosí documentó al menos ocho procesos penales contra personal con funciones docentes por delitos sexuales contra menores, repartidos en al menos cinco municipios
Por: Haniel Valdés Velázquez
En octubre de 2019, un hombre identificado como David “N” era profesor de inglés en un preescolar de Matlapa. Ahí, según la Fiscalía General del Estado (FGESLP), violó a un niño de identidad reservada. El caso avanzó durante cuatro años hasta que, el 2 de diciembre de 2023, un juez lo declaró penalmente responsable de violación específica agravada y lo sentenció a 14 años y seis meses de prisión. La Fiscalía señaló entonces que el sentenciado enfrentaba más carpetas de investigación pendientes, sin precisar cuántas ni de qué naturaleza.
Es, hasta ahora, el desenlace judicial más contundente que se puede documentar en San Luis Potosí sobre personal educativo señalado de violencia sexual contra un menor. Pero no es un caso aislado ni reciente: es, más bien, el más antiguo y el que más tardó en resolverse de una lista que la propia Fiscalía ha hecho pública, boletín por boletín, durante casi una década.
En ese mismo municipio, Matlapa, pero en un caso distinto, un profesor de educación física identificado como Víctor “N”, de 35 años, fue detenido el 27 de diciembre de 2021 —tres años y nueve meses después de los hechos, ocurridos en marzo de 2018— acusado de violar a un alumno de un jardín de niños y de amenazarlo para que no lo contara. A diferencia del caso de David “N”, no hay en varias fuentes revisadas una sentencia posterior confirmada para Víctor “N”: lo último documentado es su detención y el inicio del proceso penal.
En Aquismón, un profesor de primaria identificado como Herminio “N”, de 41 años, fue detenido el 3 de enero de 2021 y vinculado a proceso el 11 de enero de ese año, acusado de manosear reiteradamente a una alumna cuando la niña se acercaba a su escritorio a que le revisara la tarea. Los hechos habían ocurrido en 2017 y 2018, es decir, entre tres y cuatro años antes de que el caso llegara a un juez.
En Ciudad Valles, un profesor jubilado identificado como J. Jesús “N”, de 58 años, fue vinculado a proceso el 25 de febrero de 2020 con prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía documentó que la víctima, un niño de 14 años de una comunidad tének, había sido su alumno desde los 11 años, y que el hombre lo explotaba sexualmente desde entonces a cambio de dinero u objetos: no fue un episodio único, sino una relación de abuso sostenida durante al menos tres años antes de que un reporte al 911 —por la presencia de un adulto con un menor en un hotel de Ciudad Valles— destapara el caso.
En Rioverde, un maestro de 65 años fue detenido el 3 de noviembre de 2020, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 13 años durante una clase de regularización. Es, de los ocho casos documentados, el único en el que no fue posible confirmar el nombre del imputado ni el estatus posterior del proceso. Rioverde tiene, además, al menos otros dos casos de personal docente señalado por delitos sexuales en años distintos —uno en 2019 y otro en diciembre de 2025—, que este medio no ha confirmado a fondo todavía y que representan, por sí solos, un hilo de reporteo propio.
En la capital, un docente identificado como José Manuel “N”, de 39 años, fue detenido el 2 de enero de 2022 —originalmente por hechos del 14 de diciembre de 2021— acusado de aprovechar unas clases de regularización a domicilio para tocar a una menor de edad.
El caso más reciente de este tipo documentado por la propia Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025: un entrenador de fútbol identificado como Jesús Jaime “N” fue detenido en flagrancia, dentro de un vehículo estacionado cerca de una cancha de la colonia Valle del Potosí, en la capital, acusado de violar a una de sus jugadoras, de 12 años. El 13 de septiembre de 2025 fue vinculado a proceso por violación específica agravada, con prisión preventiva justificada.
Ocho procesos, cinco municipios, hechos que van de 2017 a 2025: no es un patrón nuevo ni exclusivo de este año. Es, más bien, una constante que la Fiscalía ha ido documentando boletín por boletín sin que, hasta ahora, ningún medio local —incluido este— la haya puesto junta.
Estos son solo los casos que se han viralizado o que han llegado al conocimiento público, muchos de ellos demorados o sin resolución legal, al menos verificable. ¿Pero cuántos hechos como estos no habrán quedado silenciados en el tiempo?
La ola de 2026
Los casos más recientes que ha cubierto este medio ocurrieron ya en instituciones concretas de educación media superior y superior, con nombre propio de por medio. En diciembre de 2025, una exalumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la FGESLP que un profesor de esa entidad académica, identificado como César Gabriel “N”, la había agredido con un cuchillo en un departamento donde ella se hospedaba temporalmente.
La UASLP se enteró del caso hasta enero de 2026 y no fue sino hasta el 10 de febrero —dos meses después de los hechos— que la Defensoría de los Derechos Universitarios separó al profesor de toda actividad frente a grupo
En octubre de 2024, el director del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) informó que tres profesores habían sido cesados en lo que iba del año por acoso; uno de ellos respondió con una demanda por despido injustificado, cuyo resultado nunca se hizo público. En mayo de 2025, una división interna en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) salió a la luz por denuncias de abuso de autoridad y hostigamiento laboral; el caso fue turnado a la Fiscalía y al Tecnológico Nacional de México (TecNM), sin resolución conocida. Y en junio de 2026, La Orquesta documentó que una madre llevaba cuatro meses exigiendo, sin respuesta, que la Secretaría de Educación y la Fiscalía actuaran contra una maestra que golpeó a su hija, una niña con autismo, dentro de la escuela.
La cifra que cambió sin explicación
Ese patrón, construido caso por caso desde 2017, tiene un contrapunto en las declaraciones del propio gobierno estatal. El 22 de octubre de 2025, el entonces titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que 11 docentes de distintas instituciones y regiones de San Luis Potosí habían sido cesados de manera definitiva por acoso, abuso sexual o discriminación, y que más de 30 adicionales habían enfrentado procesos administrativos con sanciones menores.
Cinco meses después, el 5 de marzo de 2026, el mismo funcionario informó que “alrededor de 40 trabajadores” de diversos niveles educativos habían sido separados de su cargo tras confirmarse su participación en casos de acoso y abuso sexual. Torres Cedillo no explicó, en ninguna de las dos ocasiones, si la segunda cifra incluye a los 11 docentes ya mencionados en octubre, si se trata de una revisión retroactiva de expedientes anteriores, o si refleja casos nuevos confirmados en ese periodo.
Ninguna de las dos cifras de la SEGE coincide, tampoco, con el número de casos que la propia Fiscalía ha hecho público en sus boletines: los ocho documentados aquí corresponden a personal masculino identificado con nombre reservado ante un juez, mientras que las cifras de la SEGE son agregados administrativos sin nombres ni fechas. Son, en los hechos, dos conteos distintos de un mismo problema que ninguna de las dos dependencias ha cruzado públicamente.
El sistema que no se ve
Todos los casos documentados hasta ahora, desde el maestro de Matlapa a los procesos de 2026, ocurrieron en instituciones públicas. No existe, en ninguna fuente oficial o periodística consultada, un solo caso registrado en una escuela privada de San Luis Potosí. Eso no significa que no ocurran: significa que, si ocurren, no hay un mecanismo público que los documente ni una autoridad que públicamente los reconozca.
El contexto general de la violencia sexual en el estado tampoco ayuda a dimensionar el problema específico en las aulas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí acumuló 965 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el primer semestre de 2026, con junio como el mes más alto del año (185 víctimas). En el comparativo contra el mismo periodo de 2025, las carpetas de investigación por estos delitos bajaron 15.5% en general, aunque el hostigamiento sexual aumentó 75%. Ninguna de estas cifras distingue si el presunto agresor era personal educativo.
Ninguna de las dos cifras que ha dado la SEGE vino acompañada de un desglose público por año, nivel educativo, municipio o estatus judicial, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía respecto al conjunto de los ocho casos que sí ha documentado en sus propios boletines a lo largo de casi una década.
Es información que ambas dependencias deberían ofrecer por iniciativa propia, sin que medios o padres de familia tengan que reconstruirla boletín por boletín, como se hizo para este trabajo: se trata de personal que trabajó con menores de edad en escuelas públicas, pagadas con presupuesto del estado. Mientras esa información no se transparente por voluntad propia, la pregunta de cuántos casos existen en total y cuántos de ellos seguirán sin respuesta.
También lee: Gusano barrenador: de 1,500 a 80 casos bajo control con mosca estéril en SLP
La entidad registra 80 casos activos de gusano barrenador mientras despliega control con 100 millones de moscas estériles producidas en Chiapas
Por: Redacción
Jorge Luis Díaz Salinas, titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reportó que aunque históricamente se registraron más de mil 500 casos de gusano barrenador en la entidad, actualmente hay 80 casos activos en atención, una cifra significativamente menor después del tratamiento de los animales afectados.
Díaz Salinas aclaró una confusión común: “porque piensan que son mil 500 activos y no lo son. Ahorita hay como 80 activos”. Las regiones más afectadas fueron Guadalcázar y Ciudad del Maíz, aunque también se ha presentado la plaga en animales domésticos como perros y gatos en la zona metropolitana.
Para combatir la mosca del gusano barrenador, Sedarh trabaja con el programa nacional de control mediante moscas estériles. Una planta en Chiapas, inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum
Las moscas estériles son identificables por su color: “son más verdes, o sea, ahí vienen las fotografías. Es una mosca más verde como fosforescente”, explicó el titular, señalando que la población debe evitar matar estas moscas para permitir que cumplan su función de control.
Instó a la ciudadanía a reportar cualquier caso a través de Cenacica o a la Sedarch para intensificar el lanzamiento de moscas en las regiones afectadas.
También lee: Sheinbaum inaugura planta binacional para combatir el gusano barrenador
El alcalde aseguró que la falta de recursos ha impedido realizar el mantenimiento mayor que requiere la infraestructura hidráulica del organismo operador
Por Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la situación financiera de Interapas limita la capacidad del organismo para rehabilitar la totalidad de los pozos que abastecen de agua a la zona metropolitana, luego de que se diera a conocer que durante la primera mitad del año se registraron 43 fallas en esta infraestructura.
El edil explicó que el problema responde al desgaste acumulado de la red hidráulica, pues los más de 170 pozos que opera Interapas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos requieren mantenimiento de fondo para garantizar su funcionamiento.
“De los más de 170 pozos que tenemos en los cuatro municipios, todos necesitan un mantenimiento mayor. Ya llegamos al momento en que requieren inversiones importantes”, afirmó.
Galindo recordó que, tras la crisis hídrica de 2023, una de las principales estrategias del organismo fue rehabilitar pozos existentes y perforar nuevas fuentes de abastecimiento para fortalecer el suministro de agua.
En ese sentido, aseguró que más de 70 pozos ya recibieron trabajos de reparación integral, incluyendo la sustitución de equipos electromecánicos y sistemas eléctricos; sin embargo, reconoció que la falta de recursos impide intervenir el resto de la infraestructura con la rapidez necesaria.
El presidente municipal sostuvo que el principal obstáculo para avanzar en el mantenimiento de los pozos es la situación financiera de Interapas.
Explicó que uno de los factores es la falta de recursos federales destinados al organismo durante el año pasado y el presente ejercicio fiscal. “Los recursos federales del año pasado y de este no llegaron”, afirmó.
A ello se suma, dijo, la falta de conciliación de cuentas entre Interapas y el Gobierno del Estado, un proceso que, aseguró, permanece pendiente desde hace cuatro años.
“El Gobierno del Estado tiene una deuda con nosotros muy fuerte y nosotros también tenemos una deuda con ellos. Tenemos que conciliar esas cuentas porque eso fortalecería las finanzas del organismo”, señaló.
El alcalde estimó que los montos involucrados superan los 400 millones de pesos, recurso que, de resolverse, permitiría mejorar la capacidad operativa de Interapas para atender fallas y realizar inversiones en infraestructura.
Otro de los factores que, según Galindo, ha deteriorado las finanzas de Interapas es el crecimiento de la cartera vencida, particularmente en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.
El alcalde aseguró que existe un llamado público para que los usuarios dejen de pagar el servicio de agua, situación que, dijo, termina afectando directamente la capacidad del organismo para operar.
“La gente dice: ‘¿Para qué pago el agua si mañana me van a decir que ya no la pague?’. Eso genera un círculo vicioso”, comentó.
Añadió que la falta de ingresos no solo afecta el mantenimiento de los pozos, sino también la reparación de infraestructura dañada, como drenajes colapsados y socavones.
Como ejemplo, explicó que la rehabilitación del socavón donde recientemente cayó una pipa representa una inversión cercana a 2.5 millones de pesos, mientras que actualmente existen alrededor de 50 socavones pendientes de reparación.
“Hay reparaciones que cuestan entre uno y dos millones de pesos. El socavón donde cayó la pipa cuesta alrededor de dos millones y medio, y todavía tenemos cerca de 50 más por atender”, indicó.
Finalmente, Galindo insistió en que resolver los problemas financieros del organismo será indispensable para garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y evitar que las fallas en pozos continúen incrementándose durante los próximos años.
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