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#4 Tiempos

Los siete sabios de Grecia | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

Las calles se comienzan a limpiar de la propaganda política que contamina tanto al ambiente como a la vista; ya se desahogan las impugnaciones de aquellas candidaturas que no fueron favorecidas por el voto popular; y ya se reúnen las y los gobernadores electos con el Ejecutivo Federal. Sin embargo, la «fiesta de la democracia» aún no termina. Sigue, ahora, la consulta popular.

En agosto del año pasado, senadores de Morena solicitaron a las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados que se realizara una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que hayan cometido actos de corrupción. Así, la ley les requirió recabar alrededor de 1.8 millones de firmas para antes del 15 de septiembre. Un día antes del plazo, Mario Delgado informó que únicamente lograron la firma de alrededor de 300 mil ciudadanos. Entonces, el 15 de septiembre, López Obrador entregó al Senado la propuesta de consulta. Un día después, dicha propuesta fue enviada a la Suprema Corte para revisión, misma que fue turnada al ministro Luis María Aguilar Morales.

La propuesta de consulta realizada por López Obrador constaba de dos elementos: una exposición de motivos y una pregunta. La exposición de motivos, primero, no fue otra cosa más que un análisis simplista, frívolo y extremadamente predecible. De Salinas menciona las políticas neoliberales y privatizaciones; de Zedillo, el Fobaproa; de Fox, la intromisión en las elecciones; de Calderón, la guerra contra el narcotráfico; y de Peña, Odebrecht, Agronitrogenados y la reforma energética. Luego, se jacta de ser un auténtico promotor de la democracia participativa al mencionar las “consultas” realizadas para el NAIM o el Tren Maya, que, bien sabemos, políticamente fueron pura simulación; de su aspecto técnico, ni hablar.

Por tanto, la pregunta propuesta fue: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” De aprobarse, dice la exposición de motivos, las instituciones responsables (deliberadamente ambiguo) tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. De no aprobarse, “nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales”, lo que sea que eso signifique. López Obrador anticipó que su voto será por el «no». ¿Por qué?

Más allá de todos los despropósitos enunciados en la exposición de motivos, esto último —considero— es particularmente desconcertante. Si se aprobase esa consulta, en términos prácticos se le estarían dando una ronda de aplausos y de buenos deseos a la Fiscalía General de la República, comandada por el obstinado Gertz Manero. De no aprobarse, no se le podría reclamar nada a nadie, si es que entendí correctamente lo planteado en la exposición de motivos. Vale la pena realizar un breve ejercicio mental y pensar: ¿el caso Lozoya sería distinto hoy si se hubiese consultado su investigación y posterior sanción? La consulta planteada en los términos del presidente es meramente electorera. Sólo resta apuntar lo que en una entrevista señaló Juan Velázquez, abogado famoso por defender exitosamente a los políticos más controversiales: las investigaciones iniciadas con motivos políticos nunca llegan a buen puerto.

El proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar propuso la inconstitucionalidad de la consulta por cinco motivos. El primero de ellos es el más obvio: no le corresponde a la ciudadanía decidir si las autoridades deben o pueden proteger los derechos humanos, pues hacerlo es una obligación constitucional. El segundo argumento, considero, es el más sólido: someter a votación la posibilidad de restringir los derechos fundamentales de las víctimas de actos de corrupción cometidos por expresidentes no solo afectaría a las partes del proceso judicial sino a la sociedad en general. El resto de los argumentos versan sobre presunción de inocencia, garantías de protección a los derechos humanos y falta de justificación de por qué debe someterse a consulta una eventual sanción penal a determinadas personas. Resume todo lo anterior el ministro Aguilar diciendo que la propuesta del Ejecutivo es “un concierto de inconstitucionalidades”, lo cual suscribo enteramente.

La gran expectativa que en su momento generó el asunto estuvo bien atendida por el proyecto de Aguilar. Tuvo la gran bondad de ser muy claro, con figuras retóricas interesantes y de ser ampliamente difundido. La sesión de Pleno en que se discutió el proyecto figuró por las gigantes intervenciones del voto de minoría, que defendieron con maestría el mandato constitucional y los derechos de las víctimas. El voto de mayoría, disperso y flojo en su argumentación hizo lo que quiso con la exposición de motivos de López Obrador y le dio una interpretación francamente deficiente. Bajo el argumento de una supuesta maximización del derecho de la ciudadanía a participar en los mecanismos de democracia directa, el voto de mayoría no fue capaz de generar un criterio claro que funja como una directriz para las consultas venideras. El voto de mayoría sucumbió ante las presiones politiqueras del Ejecutivo.

Al final, la pregunta inicial de la consulta fue modificada a “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Según la Corte, esta pregunta no es tendenciosa ni tiene juicios de valor, utiliza lenguaje sencillo, comprensible y permite una respuesta categórica en sentido negativo. Juzgue usted mismo si es así. La nueva pregunta es diametralmente distinta a la original y es particularmente ambigua. ¿Cuáles son los años pasados? ¿A qué actores políticos del pasado se refiere?

El derecho debe tener la principal función de pacificar los conflictos que se suscitan al interior de la comunidad política y desahogarlos mediante el cauce institucional previsto en la ley. El proyecto de Aguilar, aunque perfectible, sí cumplía con una función pacificadora, pues expresaba claramente la inconstitucionalidad de la consulta y le subía el estándar al presidente para que en el futuro se tomara con mayor seriedad la formulación de la exposición de motivos y de la pregunta. Lo acordado en la sesión de Pleno, en contraste, no pacifica nada. México será el mismo país después de que se realice la consulta, aunque la ciudadanía ya habrá pagado el costo (500 mdp) y el desgaste democrático. A su vez, hay que apuntar que lo decidido por la Corte le dio manga ancha al presidente para —hasta ahora, sugerir— someter a consulta temas sensibles como la despenalización del aborto.

Nadie podría oponerse a que se investiguen a fondo a las aberrantes figuras políticas del pasado y a las que siguen en el presente. Sin embargo, legitimar este tipo de ejercicios —que aparentan ser democráticos— es un despropósito frívolo y costoso, por decir lo menos. Quien tenga pruebas, que las presente y que la Fiscalía actúe a la altura, aunque, por la experiencia que demuestran los casos de Lozoya, Salvador Cienfuegos, Rosario Robles y otros, ese panorama se vislumbra complicado.

El 1 de agosto se realizará la consulta y, al menos yo, no saldré a votar en esa simulación por respeto a las víctimas de los actos de corrupción y malos gobiernos. Hacerlo significaría poner en manos de la población su derecho de acceso a la justicia. Se habla de que, si el resultado de la consulta fuera en sentido afirmativo, se instaurarán comisiones de la verdad. Aunque así fuera, reitero, la pregunta presentada por la Corte no ofrece ninguna directriz en cuanto al curso de acción.

La propaganda oficialista ya comienza a publicitar engañosamente que la consulta trata sobre expresidentes, juicios y actores del pasado. Lo anterior me remite al tan necesario Jorge Ibargüengoitia, quien en su novela Estas ruinas que ves, describe a los «Siete sabios de Grecia», que ni eran siete, ni eran sabios, ni eran de Grecia; eran seis cuevanenses —como se le llama a la gente de Cuévano, ciudad ficticia donde tiene lugar la novela— que dominaban la universidad de la localidad. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una consulta que ni es sobre juicios, ni es sobre expresidentes, ni será de actores políticos del pasado.

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#4 Tiempos

Una ciudad destruida o los problemas de identidad de Nava | Columna de Luis Moreno

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HISTORIAS PARA PERROS CALLEJEROS.

Sentado en una curul ganada con el PRD en la Cámara de Diputados Xavier Nava vendió a San Luis Potosí la idea de ser un político moderno y progresista. Partidario de una izquierda urbana que sólo podría emerger de la Ciudad de México, el reino construido a imagen y semejanza de los líderes opositores que en ella triunfaron: Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador.

Montado en la ola de las candidaturas independientes que fingieron ofrecer una alternativa a la que ya representaba López Obrador, Xavier llegó a San Luis y no tardó en abandonar esos supuestos valores e invocó el rancio deseo de las élites en decadencia de recuperar un San Luis que tal vez nunca existió.

Con su triunfo, Nava demolió varios de los bloques erigidos por el Gallardismo, el movimiento político que basado en un populismo de periferias y pobres se convirtió en el más importante de las últimas décadas.

Una vez en la alcaldía, Xavier Nava olvidó al panismo que lo encumbró e intentó convertirse en el alcalde anticorrupción y prometió ir por los gallardistas, curiosamente la figura del rival que se construyó se asemejaba más a Ricardo Gallardo Cardona que a Ricardo Gallardo Juárez, su antecesor al que sí podía perseguir. Tres años pasó Xavier prometiendo que veríamos caer a los corruptos, pero eso nunca ocurrió; esa historia se vuelve ironía cuando se piensa que los únicos perseguidos, observados o en la cárcel son los suyos.

A mitad de su mandato, Xavier se disfrazó del alcalde de la movilidad, con las ciclovías como estandarte, una buena iniciativa pésimamente ejecutada, pues le valieron el repudio de los comerciantes, la muerte de una persona y tuvieron un sobrecosto del 76%, pues de acuerdo con la Red Nacional de Ciclismo Urbano, cada kilómetro de ciclovía debe costar 1.5 millones pesos, mientras que el paso ciclista de Carranza, con un tramo de 1.5 kilómetros alcanzó los 3.9 millones de pesos o 2.6 millones por kilómetro. A esto hay que sumar un programa de bacheo y restauración de calles que es deficiente, molesto y mal planeado.

Con el fracaso a cuestas de no haber cumplido los compromisos con sus patrocinadores constructores, sin meter a nadie a la cárcel, desnudado como corrupto, prepotente, traidor y abusivo, Nava se vistió de nuevo con el traje de conversador para representar al PAN, al mismo que maltrató y este le dio una lección, al preferir a un anacrónico Octavio Pedroza como su candidato a gobernador.

Xavier dio vuelta de nuevo a la izquierda y, con un trato aún indescifrable, consiguió la candidatura de Morena, puso sobre la mesa el resto del capital político de su apellido y un par de fotos de su abuelo, pero se olvidó de tres cosas:

1. Los conservadores potosinos lo querían por estar contra Andrés Manuel.

2. Salvador Nava murió en 1992, antes de que nacieran la mayoría de las personas que hoy votan y que, afortunadamente, han olvidado aquel mito.

3. Quería volver a gobernar una ciudad que se encuentra peor que antes de su llegada.

A veces los políticos parecen olvidar que a fin de cuentas se gana con votos.

La realidad que es terca abofeteó a Nava y siendo el alcalde actual, el candidato del partido en la presidencia de la República y teniendo un aparato de operación con recursos públicos, fracasó rotundamente, quedó en tercer lugar por detrás de Enrique Galindo (PRI, PAN y PRD) y Leonel Serrato (Partido Verde y PT), y con menos votos que Aranza Puente, candidata del PAN a la diputación del séptimo distrito local, el supuesto bastión del navismo.

Ante la derrota, Xavier confunde el resultado de un terrible gobierno con una conspiración y ese ha sido el problema con toda su corta carrera política: Nava no sabe quién es.

Ahora los problemas de identidad de Xavier Nava nos tienen al resto de las y los ciudadanos metidos en una crisis: hace falta salir a la calle para ver una ciudad sucia, llena de agujeros, inundada e insegura, que a partir de que este gobierno se vaya será más pobre, tendrá más burocracia y sin patrullas de policía, pues ese día acaba la renta.

En su intención por tomar revancha de Enrique Galindo, da la impresión de que Nava se olvida de que es potosino, que también vive aquí y que el uno de octubre, cuando pierda su maltrecho y desprestigiado título de alcalde: sus hijas, su esposa, buena parte de su familia, amigos y el resto de la ciudadanía seguiremos aquí.

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#4 Tiempos

El destacado científico y humanista potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

 

Este mes de septiembre se cumplen treinta años de la trágica y prematura muerte de Francisco Mejía Lira. Con su muerte, San Luis Potosí y la propia UASLP, perdió a una de sus más importantes mentes que trabajaba bajo un esquema cultural, combinando la ciencia y el humanismo, el verdadero esquema de construcción del conocimiento con perspectiva social.

Tuvo la virtud de ser el centro de toda actividad cultural, deportiva o académica, su don de gentes y su parsimonia le permitía emitir sus juicios certeros y conciliadores; prueba de ello es que, siendo aún estudiante de física en la universidad potosina, fue elegido en 1968 como secretario de la escuela sustituyendo al director y encargándose de la reforma académica sentó las bases para garantizar la cobertura de cursos que se requerían para la carrera de física, todo esto antes de migrar al Cinvestav a continuar sus estudios de posgrado.

Siempre alegre y sarcástico desplegaba su gran preparación cultural y su interés en todo tema, así sus charlas y clases se convertían en una delicia narrativa bajo el clima de la camaradería.

Tanto en sus charlas como sus escritos acaparaba la atención de sus escuchas y lectores entremezclando referencias a otros campos del conocimiento en una búsqueda de la relación con el tema tratado y en determinado caso reflexionar sobre el aspecto social de la ciencia. En sus últimos meses de vida organizaba sus archivos para escribir una obra donde trataba sobre la vida y las contribuciones de dos de los mayores genios que han existido, el músico Mozart y el científico Faraday. En 1991 se celebraban los doscientos años de la muerte de Mozart y los doscientos años del nacimiento de Faraday. La obra abarcaría el espectro del arte a la ciencia. La obra no pudo ser escrita, aunque dejó en el ambiente un agradable sabor a boca con sus conferencias y pláticas informales sobre el tema.

Como científico implantó un estilo indagador interesante que le permitió estar contribuyendo al avance de la física mexicana incursionando en varias de sus áreas. Fue uno de los ejes de desarrollo de la línea de trabajo científico que se desplegó en el Instituto de Física de la UASLP en su época moderna, la cual desde 1980, ha ocupado un lugar privilegiado como polo de desarrollo de la física a nivel mundial.

Nació en San Luis Potosí el 15 de octubre de 1947 y murió en un accidente trágico el 19 de septiembre de 1991, su formación estuvo normada por un ambiente cultural lo que le permitió tener un amplio conocimiento en áreas artísticas y científicas, leía obras en latín, influido por la literatura latinoamericana mezclaba estilos narrativos literarios en sus escritos para el gran público. Tuvo participación como escritor en varias revistas con carácter de divulgación y en periódicos locales de la ciudad de San Luis Potosí.

Formalmente estudió física y sus estudios de posgrado se orientaron a la cosmología y superconductividad, regresa a enlistarse en las filas académicas de la Escuela de Física de la UASLP y al parejo de sus trabajos educativos y de investigación, comienza a publicar artículos de divulgación en el periódico El Sol de San Luis en la década de los ochenta, haciéndose cargo de una sección semanal llamada las preocupaciones de la ciencia, participando además en colaboraciones en suplementos culturales.

A propósito de la ocurrencia de un Eclipse Anular de Sol en 1984, que tendría como sombra de anularidad una amplia zona habitada, incluyendo la ciudad de San Luis Potosí, emprendió una intensa actividad en escritos de divulgación en los periódicos locales. Las revistas de difusión no fueron extrañas a sus escritos así fue común encontrar ese respiro literario en revistas, aunque de difusión, un tanto técnicas o al menos dirigidas a un público muy específico perteneciente al medio científico, esos respiros y matices le dieron prestigio como escritor científico.

Francisco Mejía Lira en México, es uno de los escritores científicos mexicanos representativos de lo que denominamos tradición mexicana de divulgación de la ciencia, que interesados en la difusión del conocimiento científico en el sentido de compartirlo con la sociedad, socializar el conocimiento como estrategia de desarrollo social, se enmarcarían en esta corriente.

La historia de la comunicación escrita en México coincide con esta situación, la mayoría de los escritos a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, tienen esta orientación, siendo realizados por los llamados modernistas e ilustrados, y por literatos con inclinaciones hacia la ciencia como parte de su propia formación. Los materiales van desde el pionero Diario Literario de México hasta la inauguración de la novela mexicana que recae en la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi en el periquillo sarniento.

La Facultad de Ciencias y la universidad serían otras con seguridad, si viviera Mejía. Los índices positivos que se promocionan en la UASLP y que sirven para catalogarla como una de las primeras del país, estarían redondeados en rublos más cualitativos que dan presencia social y cultural a una institución y que son asuntos pendientes en la universidad potosina y de lo cual se puede discutir mucho.

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México en la Corte Penal Internacional, ¿cuándo? | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

La semana pasada, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional aprobó la solicitud realizada por la Oficina del Fiscal de la misma Corte, quien pidió que se iniciara una investigación por los crímenes presuntamente cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, en el contexto de la guerra contra las drogas, iniciada por su presidente Rodrigo Duterte. Desde el inicio de su mandato en 2016, Duterte emprendió una política de Estado agresiva y de cero tolerancia para los consumidores de droga. Sin embargo, decenas de miles de personas fueron asesinadas por elementos policiales y por “escuadrones de la muerte” ligados al gobierno, lo cual, según la Oficina del Fiscal de la Corte, no constituye una política pública legítima.

En su solicitud, la Oficina del Fiscal evidenció que las cifras oficiales de personas asesinadas por la policía filipina durante operativos antidrogas —alrededor de cinco mil— son mucho menores a la realidad. Además, mediante testimonios e información recabada por organizaciones de defensa de derechos humanos, la Oficina del Fiscal desmintió el argumento oficial de que esas muertes se provocaron solo después de que los presuntos usuarios de drogas iniciaron las agresiones. Como realmente sucedieron estos crímenes, según la solicitud, fue con políticas de fabricación de culpables, plantación de evidencia, tortura y uso excesivo de la fuerza.

La Corte Penal Internacional, entonces, estará facultada para investigar los posibles crímenes cometidos en Filipinas durante los años en que formaron parte del Estatuto de Roma —instrumento internacional por el que se constituye a la Corte—, mismo que abandonaron formalmente en 2019 por la rotunda negativa de Duterte de que se investiguen las violaciones graves a derechos humanos producto de sus políticas antidrogas. La investigación que ahora deberá emprender la Corte podrá resultar en el procesamiento y eventual enjuiciamiento de los más altos funcionarios públicos responsables de estos crímenes. Ante ello, Duterte ha mencionado en reiteradas ocasiones que morirá antes de enfrentarse a cualquier tribunal internacional.

La guerra contra las drogas emprendida por Duterte y la posibilidad de que se le enjuicie invariablemente nos hace pensar en la posibilidad de que se lleve ante la justicia internacional a los funcionarios públicos responsables de los crímenes cometidos durante la comúnmente llamada “guerra contra el narco” de Calderón y años subsecuentes. Desde su inicio en diciembre de 2006, las detenciones arbitrarias, la fabricación de culpables, la tortura, las desapariciones y los asesinatos se convirtieron, como en Filipinas, en la política predilecta del Estado. Sin embargo, el caso mexicano contó con la particularidad de la transferencia de facultades a las Fuerzas Armadas, lo cual agravó exponencialmente las violaciones graves a derechos humanos durante los operativos conjuntos entre elementos policiales y militares. Sin aprender de esta terrible experiencia, hoy la militarización avanza con más fuerza que nunca.

Los resultados de la militarización de las funciones civiles de seguridad pública son ampliamente conocidos por todos: de 2006 a 2021 se han registrado a más de 90 mil personas desaparecidas; entre 2006 y 2012, más de 80 mil personas fueron detenidas sin orden de detención; más de 100 mil personas reportaron haber recibido golpes durante su arresto y casi 50 mil fueron presionados para dar testimonios falsos a las autoridades. De 2006 a 2019, la Fiscalía General de la República registró más de 13 mil investigaciones por casos de tortura y las fiscalías locales más de 21 mil. En cuanto a ejecuciones, el INEGI reportó más de 240 mil casos de homicidio entre 2007 y 2017, en su mayoría hombres ejecutados en la vía pública con arma de fuego. Además, en lo que va de la administración de López Obrador, se han registrado más de 90 mil casos de homicidio y feminicidio en el país. Si bien es cierto que el Estado mexicano —sea por acción o por omisión— ha participado en la comisión de esta clase de crímenes desde hace varias décadas, el hilo conductor de la incontenible situación de violencia que vivimos el día de hoy lleva claramente a 2006. Entonces, ¿cuándo y cómo se investigarán esos crímenes por la Corte Penal Internacional?

Desde hace diez años, tanto el Senado de la República como diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado numerosas comunicaciones e informes bien documentados a la Oficina del Fiscal de la Corte. Sin embargo, la Oficina del Fiscal aún no ha determinado si en México existen bases razonables para la apertura de una investigación. Como suelen hacerlo los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional opera a pasos cortos y con procesos que tardan décadas. Mientras ello sucede, las víctimas y sus familiares permanecen en la indefensión que proporciona el Estado mexicano; los perpetradores de estos crímenes permanecen en la absoluta impunidad.

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Opinión