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Los potosinos huyen al matrimonio; desde 2015, cada vez se casan menos: Inegi
Entre las razones para ya no casarse se encuentran el miedo al compromiso, lo caro que resulta la celebración de un matrimonio y problemas económicos
Por: El Saxofón
Mientras las parejas homosexuales pugnan por la aprobación del matrimonio igualitario, las parejas heterosexuales ya no quieren casarse. Cada vez son más las personas que prefieren renunciar a compartir su vida con una pareja, o si lo hacen prefieren hacerlo en unión libre.
El número de matrimonios en San Luis Potosí registra una tendencia a la baja en los últimos años. En 2018, de acuerdo con datos del INEGI, contrajeron nupcias 11 mil 565 parejas, se trata del número más bajo de matrimonios desde el año 2000.
Para empezar, el número de matrimonios celebrados en 2018 es inferior al registrado en 2017, cuando se realizaron 11 mil 745, es decir, los enlaces nupciales disminuyeron 1.5 por ciento en un año.
Históricamente, la tendencia a la baja comenzó a partir de 2015. En el siglo XXI, la cifra más alta de matrimonios se registró en el año 2000, cuando 16 mil 796 parejas formalizaron su relación legalmente.
Las cifras reportadas en los años siguientes fueron menores, pero fluctuantes, si en un año disminuían, al siguiente aumentaban. Por ejemplo, en el 2002, se realizaron 14 mil 744 matrimonios, en 2003 la cifra disminuyó a 13 mil 926, pero en 2004 aumentó a 14 mil 775.
En la comparación histórica, es notoria una tendencia a la baja, sin embargo, en la mayoría de los años que corren del 2000 al 2014 la cifra no era inferior a los 13 mil enlaces nupciales.
Sin embargo, a partir del 2015, la cifra de matrimonios registra 4 años a la baja. El 2014 fue el último año en el que se celebraron más de 13 mil bodas: 13 mil 586 concretamente.
Para el 2015 esta cifra disminuyó 5.64 por ciento, al registrarse 12 mil 819 enlaces. En 2016 la cifra bajó a 12 mil 491, en 2017 se redujo a 11 mil 745, y en 2018 cayó a 11 mil 565, es decir, en los últimos 4 años, las parejas que deciden casarse disminuyeron 14.87 por ciento.
De acuerdo con el Inegi, actualmente San Luis Potosí registra una tasa de 6.1 matrimonios por cada 1000 habitantes de más de 17 años, ligeramente a la tasa nacional que es de 5.9.
Las entidades federativas que presentan las tasas más altas de matrimonios por cada 1 000 habitantes mayores de 17 años son Quintana Roo (9.5), Guanajuato (7.8), Sinaloa (7.5) y Sonora (7.4). Las que presentan las tasas más bajas son Ciudad de México (3.8), Puebla (4.1), Baja California Sur (4.2) y Tlaxcala (4.4).
Por grupos de edad, con datos del 2018, la mayoría de los potosinos que se casaron en 2018 tenían entre los 25 y los 29 años (3 mil 494). Le siguen los jóvenes entre los 20 y 24 años (2 mil 833). En 1 mil 968 matrimonios los contrayentes tenían entre 30 y 34 años, en 1 mil 042 tenían de 35 a 39 años y en 591, de 40 a 44 años.
También cabe resaltar que el año pasado se registraron 433 matrimonios donde la edad de los contrayentes estaba entre los 15 y 19 años.
Entre las razones por las que los jóvenes ya no quieren casarse, destacan lo caro que resulta la celebración de un matrimonio, y hay quienes prefieren viajar e invertir su dinero en otras cosas.
También hay, desde luego, una dosis de miedo al compromiso. Cada vez son menos los que quieren adquirir responsabilidades con otras personas.
El miedo a tener hijos también podría ser una razón.
Sin embargo, lo más importante es que las presiones sociales para contraer matrimonio son cada vez menores. La religión tiene cada vez menos influencia sobre las personas, en parte por las acciones erráticas de algunos de sus ministros y en parte porque cada vez la gente está más preparada.
Por otra parte, también pesan los argumentos de tipo económico. Las generaciones nacidas a partir de 1981, llamados milenials, en su mayoría viven en la informalidad laboral, lo cual no les permite contar con recursos suficientes para sufragar los gastos de un hogar, incluso compartiendo los gastos con la pareja.
En México, la edad promedio al casarse es de 31.8 años para los hombres y 28.9 para las mujeres. En 2008 el promedio fue de 28.4 años para los hombres y de 25.5 para las mujeres. En los matrimonios entre personas del mismo sexo, el promedio para los hombres es de 35.3 años y para las mujeres de 33.6años de edad.
En San Luis Potosí, en 2018 se registró solo un matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, se prevé que esta cifra pueda aumentar con la reciente aprobación del matrimonio igualitario en el estado.
Según el INEGI, en el país, el 61.3% de los contrayentes se casan con personas del mismo nivel de escolaridad destacando los profesionistas (29.3%); esta práctica presenta un aumento respecto al año anterior (1.8%).
A los matrimonios entre profesionistas les siguen los de personas con nivel de secundaria o equivalente con 24.1%(0.5%menos que en 2017) y los de preparatoria o equivalente con 23.1%(0.9% más respecto a 2017).
Respecto a la condición de actividad económica 94.4% de los hombres declaran estar trabajando al momento de contraer matrimonio. El porcentaje se mantiene igual respecto al año anterior, mientras que la proporción de las mujeres que presentan esta condición es del 47.7%, con un ascenso de 1.6%, respecto al registrado en 2017.
La principal posición en el trabajo de los contrayentes es la de empleado, con un total de 291 845 hombres (aumentó1%en comparación con 2017) y 177 817 mujeres (disminuyó 0.2% respecto a 2017).
Las principales actividades a las que se dedican los contrayentes que no contaban con trabajo al momento de contraer nupcias corresponden a personas dedicadas a los quehaceres del hogar (89.3%) y a estudiantes (9.7%). En ambos casos la mujer representa la mayoría.
El mes que registró el mayor número de matrimonios fue febrero con 13.6%(68 214) seguido de diciembre con 10.9% (54 415) y marzo con 8.4%(41 903), se presentan en los mismos meses que el año anterior, donde se observa el mayor descenso fue en diciembre con 3% de diferencia.
De los 556 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes es menor de edad, los estados con la mayor proporción son Sonora 62.4% (347), Guanajuato 14.4% (80), Chihuahua 12.6% (70), Querétaro 2.7% (15) y Guerrero 1.8% (10), esta práctica va a la baja debido a que a partir de 2016 se ha impulsado un proceso para impedir el matrimonio en el que participen personas menores de 18 años.
Estos datos, sin duda, dejan entrever que el matrimonio, aunque las instituciones religiosas y el Estado lo defienden, como base de la unión familiar en la práctica, empieza a ser anacrónico, lo que obliga a repensar la familia desde nuevas perspectivas, dejando a un lado paradigmas y prejuicios del pasado.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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