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Los ausentes: la tragedia de las familias de desaparecidos en SLP
El Congreso del Estado de San Luis Potosí votará hoy una iniciativa para facilitar trámites burocráticos a los parientes de las personas desaparecidas
Por: Marcela del Muro
En un país con más de 40 mil personas desaparecidas, de las cuales 90 son originarias del estado de San Luis Potosí, hoy, 4 de junio, se presenta para su aprobación la Ley que Regula el Procedimiento para la Emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición; un trámite más que útil para las familias de las víctimas.
“Todo el tiempo me pregunto si ya comió, dónde durmió, si tiene frío; mi mente no para. Él está siempre aquí y así será hasta que lo encontremos” recuerda Carmelita, mamá de Moisés Gámez, desaparecido junto a tres compañeros durante la campaña para gobernador de Fernando Toranzo, el 11 de octubre del 2009.
Sin tener un rastro, ese familiar desaparecido está presente en todo momento: recuerdos, preocupaciones e, incluso, en las trabas para realizar trámites burocráticos o resolver deudas bancarias; en la pérdida de los bienes o muchos otros problemas; así que la Ley que Regula el Procedimiento para la Emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el Estado es tan esperanzadora para los familiares de desaparecidos en San Luis Potosí.
Para Edith Pérez, fundadora y vocera del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, es un trámite que ayudará a la situación legal de muchos niños y niñas con mamá, papá o ambos papás desaparecidos, pues, asegura “existen casos de niños donde se muere la abuelita que los cuidaba y se quedan sin nadie, los otros familiares no pueden reclamar la representación legal porque no existe un papel que los avale. También, familias que por necesidad prefieren dar a su familiar por muerto, en lugar de dar aviso de la desaparición, y evitan quedarse sin nada”.
Al emitir esta Declaración se reconoce la ausencia de la persona desaparecida, pero se protege la personalidad jurídica de la misma. Además, se garantiza la máxima protección a la familia, sobre todo, a los hijos menores de edad, pues estipula la protección de sus derechos y bienes, además de fijar la guardia y custodia. Algo muy importante: se realiza con la idea de que la persona desaparecida está con vida, pero suspendiendo temporalmente sus obligaciones.
Para Mati, esposa de Andrés Fructuoso Salazar, desaparecido el 14 de diciembre del 2016 en el municipio de Rioverde, la aplicación de esta ley será de gran ayuda: “Siempre te falta un papel o algún documento para realizar un trámite. En mi caso, es complicado con las cosas de mi hijo. Sacar la visa o el pasaporte es imposible”.
La iniciativa fue presentada por Sonia Mendoza con el impulso del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros. Este 4 de junio será votada en el pleno de LXII Legislatura y, de ser aprobada, la Declaración de Ausencia se podrá solicitar a partir de los tres meses de realizada la denuncia o reporte de desaparición y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) será la encargada de otorgar asistencia para realizar el procedimiento. El trámite será gratuito, especializado y no deberá de exceder de los seis meses para su aplicación.
San Luis Potosí ocupa el onceavo lugar en cantidad de fosas clandestinas, con al menos 65, según la investigación periodística A dónde van los desaparecidos, publicada el 12 de noviembre del 2018. Nadie está exento: “No podemos confiarnos, ni estar distraídos porque de un momento para otro, sin estar metido en nada, desapareces”, lamenta Edith.
PORQUE DESAPARECER NO ES NORMAL
“Al año y medio de la desaparición de mis hijos: lavé toda su ropa, la empaqueté y la guardé para que se conserve limpia. A veces entro a su cuarto, sacudo su cama, limpio sus zapatos, todo para cuando ellos regresen. No paramos de buscar, pero siempre tengo la esperanza de encontrarlos con vida”, recuerda Edith, mamá de José Arturo y Alexis Domínguez, desaparecidos junto a su hermano Ignacio Pérez y sus sobrinos Aldo de Jesús y Milynali Pérez, en la carretera que atraviesa el municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas, el 14 de agosto del 2012.
Tres meses después, el 7 de noviembre del 2012, en la misma carretera fueron secuestrados Daniel Elías Mendiola y Gerardo Uribe. A los pocos días los familiares entregaron el rescate, pero hasta la fecha siguen desaparecidos, así que para Lupita Mendiola, hermana de Daniel, ha sido inevitable la búsqueda. Su familia se fragmentó por la pérdida y la incertidumbre.
Tener un hijo, papá, hermano, sobrino o esposo desaparecido basta para cambiar la vida que, muchas veces, termina girando en torno a la búsqueda de esa persona. Este es el caso de Edith y Lupita, fundadoras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, el único grupo de búsqueda de personas desaparecidas del estado de San Luis Potosí.
Ellas cuentan que para el 2015, el aumento de víctimas por desaparición era escandaloso y las autoridades no contaban con los medios, ni humanos, ni presupuestales, para dar respuesta . Sabían que era necesaria la articulación como familias, y por esa razón, formaron el colectivo de búsqueda.
Al día de hoy, dicha agrupación está consolidada por más de trescientas familias de desaparecidos que realizan de todo: búsquedas en campo, revisión de expedientes, volanteos en distintos municipios, capacitaciones y asesorías sobre procesos; además, de que fueron pieza clave para la creación y buen funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en 2017, y la Comisión Estatal de Búsqueda, creada hasta 2018.
Lupita y Edith continúan caminando de la mano, incluso en la investigación y búsqueda de sus familiares. En septiembre del 2018, junto con otras familias, comenzaron a buscar evidencias en una cocina y campamento localizados en el municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas. Iba a ser una búsqueda de tres días, pero han trabajado por ocho meses y encontrado cientos de fragmentos calcinados.
LA BÚSQUEDA
“En San Luis (Potosí), nadie estaba preparado para lo que se venía. Ni la Procuraduría (ahora Fiscalía), ni la Policía Investigadora, ni el gobernador, nadie sabía qué hacer con tanta denuncia por desaparición”, comentó Edith, mientras manejaba por la carretera que conduce al Huizachal, en Rioverde: “Aquí, todo se ha trabajado sobre la marcha y, la verdad, con mucha ayuda de nosotros, las víctimas. Yo me siento satisfecha del trabajo, sensibilidad y disposición del equipo de San Luis, aunque no tienen dinero para invertir en servicios periciales”.
Un convoy de siete autos, escoltado por camionetas de la Sedena, se dirigió a un terreno localizado en el ejido de Santa Isabel. Era el primer día de búsqueda en un campo donde semanas antes se localizó un tambo y unas esposas.
Esta no es una búsqueda más: es la primera, en el estado, donde se integra una perito antropóloga al equipo de servicios periciales. “Hace unos meses, ganamos un apoyo por parte de Sedesol que nos ha sido muy útil, pudimos contratar a la perito antropóloga, comprar herramientas para la búsqueda y hasta compramos botas para el colectivo porque muchas compañeras no tenían zapatos apropiados para terrenos tan hostiles”, comenta Edith, justo unos minutos antes de llegar al lugar señalado.
El lugar era contradictorio: un campo rodeado de montañas, nopales gigantes y arbustos verdes, atravesado por un pequeño riachuelo seco; todo esto estaba delimitado por cintas amarillas con la leyenda NO PASAR y un tambo, donde fue incinerado un cuerpo. Según la suposición de los peritos, la lluvia tiró el tambo y los restos se regaron por todo el pequeño río.
Tres voluntarios se encontraban rascando la tierra de los cuadrantes marcados en el riachuelo, mientras la perito seleccionaba las muestras en tinas. En lo alto, cuatro cribas manejadas por familiares del colectivo e integrantes de la Unidad de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), cernían la tierra para encontrar fragmentos de huesos porosos, que aparentan la consistencia de un coral, pero nunca se rompen. “Cada persona se imagina distintas cosas cuando ven esto, porque a nadie lo enseñan a distinguir un hueso calcinado. Solo si tienes la necesidad, como nosotros”, comenta Lupita.
Era una situación que, dolorosamente, se había hecho cotidiana.
Este lugar forma parte de la carpeta de investigación, por desaparición forzada, de Andrés Fructuoso Salazar, quien fue “levantado” de su vulcanizadora en Rioverde. Ahora, Matí, su esposa, se encuentra cribando la tierra en un acto doloroso, pero lleno de amor y esperanza por encontrar a su esposo.
Se separaron varias bolsas marcadas con la fecha: 30 de octubre del 2018. Contenían pequeños fragmentos de hueso y muelas, todos calcinados; además de materiales como: hilos, plásticos y fragmentos de tela. Para los presentes resulta inevitable sentir escalofríos al percatarse del daño en los restos, escuchar la suposiciones de los expertos y ver el paso de la naturaleza y el tiempo sobre el tambo.
Hasta la fecha, aún se esperan los resultados de ADN pero ese día, de regreso al hotel, Edith dio a todos un recordatorio:
“Es importante saber que, ellos, nuestros desaparecidos, no se perdieron, ni se esfumaron. A ellos se los llevaron y los desaparecieron”.
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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