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Lo bueno y lo malo del gabinete de Ricardo Gallardo
A un mes de su primer informe de gobierno, consultamos a los analistas Israel LM Elizondo y Oswaldo Ríos para conocer su evaluación
Por: Ana G Silva
En septiembre, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, rendirá su primer informe de gobierno, por lo que La Orquesta conversó con Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo, analistas políticos, quienes destacaron lo mejor y lo peor del gabinete del poder ejecutivo, en donde apuntaron que aunque el mandatario tiene una calificación aprobatoria, algunos de sus funcionarios no han estado a la altura.
Al preguntarles, qué calificación le darían en el primer año a Gallardo Cardona, los analistas coincidieron en que es mayor a siete, esto basados en las recientes encuestas de aprobación ciudadana, donde el gobernador es percibido de forma favorable.
Oswaldo Ríos dijo que una de los temas en donde no mejoró fue en la seguridad, pues el secretario de la dependencia, Guzmar Ángel González Castillo, “ha estado completamente ausente y, si bien es cierto que la problemática de violencia en San Luis Potosí tienen connotación que son de competencia federal por ser propio de la delincuencia organizada, el funcionario no ha encabezado la estrategia de seguridad”.
“Cuando ocurren sucesos de índole violenta no aparece, no hay un buen posicionamiento de su Secretaria a través de su vocería, que ha sido francamente un despropósito. La manera en que comunica Miguel Gallegos le ha traído muchos más problemas al gobernador que soluciones y eso es una responsabilidad del propio secretario de Seguridad”.
El analista detalló que a quien rescataría del gabinete de Gallardo sería a J. Guadalupe Torres, secretario general. Lo describió como el funcionario más eficiente y a quien parece que el gobernador le tiene más confianza para llevar a cabo proyectos y el Plan Estatal de Desarrollo. Mientras que Israel Elizondo consideró que Guadalupe Torres acapara reflectores porque tiene el segundo puesto más importante, y lo calificó como gris:
“Personalmente, cuando menos en términos comunicativos, en sus redes y medios locales se les ve más activos, el primero en rescatar sería a Néstor Eduardo Garza Álvarez, secretario del Trabajo, maneja más o menos bien sus redes, lo han mandado a la embajada de Estados Unidos como representante del Gobierno Estatal, esta semana leí una entrevista en un diario de Valles. En segundo término por el cargo, el secretario de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares, por su relación con los medios, es de los que mejor se ha posicionado con algunos acuerdos y apertura en empresas. Finalmente, creo que el que anda operado con un perfil más bajo es el de Desarrollo Social, Ignacio Segura Morquecho”.
LM Elizondo apuntó que de lo peor de la administración gallardista en este año son algunos funcionarios de su gabinete pu es no han podido llevar el ritmo del gobernador, 
“El gobernador es muy activo, que de hecho es él quien acapara toda la agenda pública en el gobierno estatal y muy pocos brillan con luz propia, no se les ve el mismo dinamismo y la misma energía, ni se ven tan aplicados y en términos comunicativos, también uno lee las entrevistas y son muy cortos, no dicen nada”.
Los analistas coincidieron que entre los temas que el mandatario estatal debe de tratar para su segundo año de gobierno, la seguridad, en sus diferentes ámbitos, debe ser la prioridad, pues si bien el 2022 fue el año de la integración de la Guardia Civil, en 2023 debe haber resultados en cuanto a la resolución de delitos, además de que se tienen presentar nuevos avances en cuanto al balance de la administración pública que recibieron después de “La Herencia Maldita”, luego de la detención de varios ex funcionarios.
Ambos entrevistados coincidieron en que la salud también es un asunto preocupante, debido a que en época invernal podría haber una nueva ola de covid e influenza.
Ríos y LM Elizondo apuntaron que el gobernador tiene que poner mayor atención en transparentar su gobierno, ya que la expectativa en la cuestión financiera y de obra pública, el gobernador no ha dado informes y, aunque hay proyectos, se teme un desequilibrio financiero o un incremento de la deuda pública.
Ríos argumentó que agregaría que Gallardo debe pensar en sustituir a los encargados de las dependencias de las que se ha hablado de un mal trabajo, es decir, a Guzmar González, Daniel Acosta Díaz de León (Salud) y también a la secretaría de Cultura, Elizabeth Torres, pues: “las cosas no caminaron nunca, es un año perdido en materia cultural”.
“Creo que Ricardo Gallardo debería tener una mayor capacidad de análisis en las coyunturas que resuelve, tiene buena intención de arreglar muy rápido los problemas, pero a veces hace sea impulsivo e incurra en algunos excesos verbales; por ejemplo que diagnostique de forma indebida algunos problemas, me parece que si el gobernador se tomará un tiempo para procesar bien y luego cabildear con su equipo las posibilidades de solución tendría un posicionamiento más informado, más preciso”, finalizó Ríos.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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