agosto 15, 2025

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Las polémicas de Mónica Rangel: de proveedores fantasma a medicamentos pirata

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Ayer la ex secretaria de Salud y ex candidata de Morena a gobernadora fue detenida en el Estado de México, esto luego de una larga lista de sospechas en su contra por diversos delitos

Por: Ana G Silva

Mónica Liliana Rangel Martínez, ex candidata a la gubernatura de San Luis Potosí con Morena y ex secretaria de Salud en la administración de Juan Manuel Carreras, fue detenida en el Estado de México.

La Fiscalía General del Estado detalló horas después que la captura fue resultado de una denuncia interpuesta a nivel local. Después se supo que se le imputan cargos relacionados con el uso indebido de 32.7 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate al covid-19 y que terminaron en manos de una empresa dedicada a la venta de insecticidas. No obstante, esta no es la primera vez que la ex funcionaria se ve involucrada en polémicas a continuación hacemos un recuento de algunas de ellas:

Uno de los primeros cuestionamientos contra Mónica Rangel fue su salario como secretaria de Salud, que era superior al del gobernador y al del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desde 2016 se reveló que mensualmente recibía 222 mil pesos. Los montos fueron reconocidos por la funcionaria durante su primera comparecencia ante el Congreso del Estado, a pesar de que el tabulador de ese año estableció un tope para trabajadores de confianza de 128 mil pesos.

Ese mismo año, Rangel se vio involucrada en un incidente que aún hoy no ha sido aclarado, cuando, durante una celebración en su casa del municipio de Axtla de Terrazas, recibió un impacto de bala calibre 22, que, según informó la Fiscalía, salió de una pluma-pistola de defensa personal. La versión oficial narró que ella misma activó el arma.

En mayo de 2020, la organización Ciudadanos Observando acusó a la Secretaría de Salud de autorizar compras por 200 millones de pesos a empresas de Gabriel Salazar, denunciado por decenas de personas a las que, presuntamente, defraudó. Más tarde se sabría que dichos proveedores ni siquiera prestaron los servicios de mantenimiento a los que se habían comprometido.

Durante agosto de 2020, cuando Mónica Rangel se desempeñaba como secretaria de Salud, reincorporó a su cargo a un trabajador involucrado en un caso de abuso sexual.

En el mismo mes, se evidenció el pago de 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasma relacionados con la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había detectado en 2019, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco, de las que es socio Abraham Ábrego operador del gobernador de Nuevo León, habían vendido a la Secretaría de Salud potosina medicamentos oncológicos adulterados, sin embargo, se le volvieron a comprar.

En uno de los peores momentos de la pandemia por covid, a mediados de enero, cuando se registraban en promedio 300 casos por día, Mónica Rangel pidió licencia a su cargo para buscar la postulación a la gubernatura con Morena, cuya militancia siempre la rechazó debido a su pasado en el PRI, en el cual incluso ocupó cargos partidistas.

En agosto de 2021, el ex titular de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow reveló el caso de las 423 toneladas de medicamentos guardadas injustificadamente en el Almacén Central del Estado desde la gestión de Mónica Rangel.

Recientemente, Mónica Rangel tramitó un amparo en contra de 17 jueces de control del Poder Judicial (en la capital, Valles y Matehuala) para suspender la orden de captura por presunto mal manejo de recursos públicos. La propia ex funcionaria confirmó la existencia de la orden de aprehensión y detalló que agentes de seguridad visitaron su domicilio sin que ella se encontrara, no obstante, José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, explicó que a nivel local no existe una investigación contra Rangel, más tarde el gobernador Ricardo Gallardo detalló que quien lleva el proceso son autoridades federales, luego de que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en la cuenta pública del gobierno de San Luis en el área de salud.

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Ayuntamiento de SLP

Capital de SLP, sin otorgar permisos a ambulantes

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El alcalde Enrique Galindo refirió el censo elaborado por la administración municipal, que no supera los 500 comerciantes en más de tres años y medio

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que en los últimos tres años y medio no se han otorgados nuevos permisos para la colocación de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la capital, además que actualmente de acuerdo a un censo conjunto entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la asociación “Nuestro Centro”, no existen más de 500 comerciantes dedicados a esta actividad

Lo anterior, tras el señalamiento e Alejandrina Cedillo, empresaria potosina,  de una falta de atención a esta materia por parte de la Dirección de Comercio. Agregó que Alejandrina ha formado parte de las reuniones entre el Ayuntamiento capitalino y la organizacion Nuestro Centro (presidida por Monica Heredia), con quienes se han logrado acuerdos y planes de accion en la material 

Señaló que estos 500 comerciantes suelen trasladarse entre las diferentes plazas y calles del primer cuadro de la ciudad, por lo que se ha buscado mantener el control de esta actividad informal.

El alcalde capitalino, asimismo, señaló que el comercio informal representa una oportunidad de vida para quienes la ejercen, por lo que recordó que la intención de la administración municipal es mantener económicamente activo a este sector y no ejerciendo actividades ilícitas.

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“Legislatura de la Transformación”: diputado destaca logros en Congreso de SLP

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Tras el primer año de la actual legislatura, Cuauhtli Badillo resaltó la aprobación de 19 reformas constitucionales

Por: Redacción

El diputado local Cuauhtli Badillo calificó el primer año del Congreso del Estado como “la Legislatura de la Transformación”, pues en ese periodo se aprobaron 19 reformas constitucionales y avances en temas rezagados como la interrupción legal del embarazo, la violencia vicaria y la creación de leyes de consulta ciudadana.

Señaló que la Ley de Amnistía e Indulto —pendiente desde hace años— podría aprobarse en un próximo periodo extraordinario. Sin embargo, aún hay iniciativas relevantes sin resolver, como la castración química a violadores, la Ley de Movilidad y otras propu estas que han quedado en espera de discusión.

Un punto que ha generado críticas es que, en lo que va de esta legislatura, todas las iniciativas ciudadanas presentadas han sido desechadas

, lo que contrasta con el discurso de apertura y cercanía con la población.

En el plano político, Badillo aseguró que desde el inicio de la legislatura los 27 diputados acordaron priorizar el consenso sobre las diferencias ideológicas para trabajar en ordenamientos que beneficien a la ciudadanía.

“Yo creo que al día de hoy hemos trabajado con respeto, todos y cada uno se ha conducido con cordialidad. Así seguirá la dinámica para seguir dando resultados positivos y favorables”, afirmó.

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SEGE llama a denunciar retención ilegal de documentos escolares

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Juan Carlos Torres recordó que ninguna escuela en SLP puede condicionar la entrega de certificados o boletas a pagos o compras obligatorias

Por: Redacción

Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pidió a madres, padres y tutores denunciar cualquier caso en el que escuelas condicionen la entrega de documentos oficiales a pagos o compras de materiales.

Explicó que, aunque estas prácticas ocurren en ocasiones, no están permitidas en escuelas públicas. “A veces condicionan a que paguen una cuota, compren un uniforme, un libro o algún bien, y esto no está permitido”, señaló.

En el caso de instituciones particulares, reconoció que pueden existir acuerdos con asociaciones de padres de familia, pero recalcó que las cuotas son voluntarias. “Agradecemos a los padres que colaboran con material de limpieza y mantenimiento, pero no es obligatorio”, añadió.

Torres Cedillo dijo que, cuando se detecta una irregularidad, la SEGE interviene para resolver el conflicto y, en casos graves, aplicar sanciones. Sin embargo, afirmó que no se busca “desprestigiar” a las instituciones y que solo se hace público el nombre de las escuelas cuando se llega a un procedimiento sancionador formal.

El funcionario reiteró que la prioridad es velar por los derechos de los estudiantes, sin importar si asisten a instituciones públicas o privadas, desde preescolar hasta universidad.

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