Ayer la ex secretaria de Salud y ex candidata de Morena a gobernadora fue detenida en el Estado de México, esto luego de una larga lista de sospechas en su contra por diversos delitos

Por: Ana G Silva

Mónica Liliana Rangel Martínez, ex candidata a la gubernatura de San Luis Potosí con Morena y ex secretaria de Salud en la administración de Juan Manuel Carreras, fue detenida en el Estado de México.

La Fiscalía General del Estado detalló horas después que la captura fue resultado de una denuncia interpuesta a nivel local. Después se supo que se le imputan cargos relacionados con el uso indebido de 32.7 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate al covid-19 y que terminaron en manos de una empresa dedicada a la venta de insecticidas. No obstante, esta no es la primera vez que la ex funcionaria se ve involucrada en polémicas a continuación hacemos un recuento de algunas de ellas:

Uno de los primeros cuestionamientos contra Mónica Rangel fue su salario como secretaria de Salud, que era superior al del gobernador y al del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desde 2016 se reveló que mensualmente recibía 222 mil pesos. Los montos fueron reconocidos por la funcionaria durante su primera comparecencia ante el Congreso del Estado, a pesar de que el tabulador de ese año estableció un tope para trabajadores de confianza de 128 mil pesos.

Ese mismo año, Rangel se vio involucrada en un incidente que aún hoy no ha sido aclarado, cuando, durante una celebración en su casa del municipio de Axtla de Terrazas, recibió un impacto de bala calibre 22, que, según informó la Fiscalía, salió de una pluma-pistola de defensa personal. La versión oficial narró que ella misma activó el arma.

En mayo de 2020, la organización Ciudadanos Observando acusó a la Secretaría de Salud de autorizar compras por 200 millones de pesos a empresas de Gabriel Salazar, denunciado por decenas de personas a las que, presuntamente, defraudó. Más tarde se sabría que dichos proveedores ni siquiera prestaron los servicios de mantenimiento a los que se habían comprometido.

Durante agosto de 2020, cuando Mónica Rangel se desempeñaba como secretaria de Salud, reincorporó a su cargo a un trabajador involucrado en un caso de abuso sexual.

En el mismo mes, se evidenció el pago de 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasma relacionados con la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había detectado en 2019, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco, de las que es socio Abraham Ábrego operador del gobernador de Nuevo León, habían vendido a la Secretaría de Salud potosina medicamentos oncológicos adulterados, sin embargo, se le volvieron a comprar.

En uno de los peores momentos de la pandemia por covid, a mediados de enero, cuando se registraban en promedio 300 casos por día, Mónica Rangel pidió licencia a su cargo para buscar la postulación a la gubernatura con Morena, cuya militancia siempre la rechazó debido a su pasado en el PRI, en el cual incluso ocupó cargos partidistas.

En agosto de 2021, el ex titular de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow reveló el caso de las 423 toneladas de medicamentos guardadas injustificadamente en el Almacén Central del Estado desde la gestión de Mónica Rangel.

Recientemente, Mónica Rangel tramitó un amparo en contra de 17 jueces de control del Poder Judicial (en la capital, Valles y Matehuala) para suspender la orden de captura por presunto mal manejo de recursos públicos. La propia ex funcionaria confirmó la existencia de la orden de aprehensión y detalló que agentes de seguridad visitaron su domicilio sin que ella se encontrara, no obstante, José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, explicó que a nivel local no existe una investigación contra Rangel, más tarde el gobernador Ricardo Gallardo detalló que quien lleva el proceso son autoridades federales, luego de que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en la cuenta pública del gobierno de San Luis en el área de salud.

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