Lenacapavir aún no está disponible en México ni ha sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Por: Roberto Mendoza

El 18 de junio de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el uso de lenacapavir como medicamento preventivo contra el VIH, marcando un parteaguas en la lucha global contra el virus. Esta aprobación convierte a lenacapavir, comercializado bajo el nombre Yeztugo, en la primera opción de profilaxis preexposición (PrEP) que requiere una sola inyección subcutánea cada seis meses para ofrecer protección casi total contra el contagio.

Lenacapavir es un inhibidor de la cápside del VIH, es decir, interfiere con la estructura proteica que recubre el material genético del virus, impidiendo que se replique dentro del organismo. Su mecanismo de acción es distinto a los tratamientos tradicionales y ha mostrado resultados extraordinarios. En los ensayos clínicos PURPOSE 1 y PURPOSE 2, realizados en varias regiones del mundo, no se reportaron casos de infección por VIH entre los participantes que recibieron lenacapavir, lo que le valió a este avance ser nombrado por la revista Science como el descubrimiento biomédico más importante de 2024.

El esquema consiste en una dosis oral de inducción seguida por una inyección subcutánea, que ofrece cobertura durante seis meses completos. Esta modalidad representa una mejora significativa frente a los esquemas actuales de PrEP, basados en la ingesta diaria de comprimidos, cuya efectividad depende en gran medida de la constancia del paciente. Lenacapavir

A pesar del entusiasmo internacional, lenacapavir aún no está disponible en México ni ha sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, organismos como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA y UNICEF ya colaboran con países de ingresos bajos y medios para facilitar su acceso. Gilead Sciences, la empresa desarrolladora, ha anunciado acuerdos de licenciamiento para permitir su producción genérica en más de 120 países, lo que podría reducir su costo de más de 43 mil dólares anuales en Estados Unidos a menos de 50 dólares al año en versiones genéricas.

Ricardo Monreal negó de forma categórica que las reformas abran la puerta al espionaje político

Por: Roberto Mendoza

En sesión maratónica que inició el miércoles a las 10 de la mañana y concluyó este jueves alrededor de las siete de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó dos reformas relevantes en materia de seguridad pública e inteligencia propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los legisladores avalaron tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobada con 445 votos a favor, 37 en contra y 0 abstenciones. Esta legislación sienta las bases para una estructura orgánica y coordinada entre los tres niveles de gobierno, articulando principios, normas e instituciones para alcanzar los fines constitucionales de la seguridad pública. Bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la nueva ley homogeneiza la profesionalización y cooperación de los cuerpos de seguridad en todo el país y busca erradicar el desorden y la desarticulación que históricamente han afectado la política de seguridad.

De igual forma, el Pleno avaló, en lo general, el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública con 368 votos a favor, 101 en contra y 0 abstenciones. Este nuevo marco legal regula la integración, el funcionamiento y la operación del sistema nacional de inteligencia e investigación, estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones públicas y privadas. La plataforma central de inteligencia, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), permitirá la consulta, análisis y procesamiento de información y bases de datos para prevenir, investigar y sancionar delitos, especialmente los de alto impacto.

La legislación garantiza que toda la información y los productos de inteligencia generados estarán protegidos bajo estrictas normas de confidencialidad, transparencia y protección de datos personales

En este contexto, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, negó de forma categórica que las reformas abran la puerta al espionaje político, la militarización de las instituciones civiles o el abuso de poder. Subrayó que la presunción de inocencia y el debido proceso están plenamente garantizados en la Constitución, y destacó que las instituciones de seguridad pública mantienen su carácter civil conforme a la nueva legislación.

Monreal enfatizó que el proceso parlamentario fue riguroso y transparente, alejado de cualquier albazo legislativo, y que la supervisión permanente de los organismos de fiscalización y del Congreso de la Unión garantiza la rendición de cuentas en la materia. El legislador recordó que aún restan figuras jurídicas por regular en próximas reformas judiciales y adelantó que el Congreso continuará la discusión de varios temas pendientes durante el periodo extraordinario.

Con la aprobación de estas nuevas leyes, la Cámara de Diputados redefine el marco normativo de la seguridad pública e inteligencia en nuestro país.

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Esto es un asunto de legalidad y de coherencia legislativa: José Luis Fernández

Por Roberto Mendoza

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, las reformas a nueve leyes secundarias que consolidan la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, tras la reforma constitucional al artículo 21 aprobada meses atrás. La votación desató un debate intenso por sus implicaciones en la militarización de la seguridad pública y por disposiciones que abren la puerta a la participación política de militares en activo.

El diputado federal Ricardo Monreal, uno de los principales impulsores de este paquete legislativo, defendió la iniciativa al señalar que “estas reformas son consecuencia natural de una decisión constitucional. Estamos armonizando las leyes para que la Guardia Nacional, ya parte de la Sedena, tenga un marco normativo coherente con su realidad operativa.”

Entre los puntos más controvertidos está la incorporación a la Ley de la Guardia Nacional de un artículo que permite a militares en activo solicitar licencia para postularse a cargos de elección popular, algo que, según algunos legisladores, ya contempla la Ley de la Defensa Nacional.

En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado potosino José Luis Fernández explicó: “Hace algunos meses aprobamos una reforma al artículo 21, en donde incorporamos a la Guardia Nacional como parte de las Fuerzas Armadas. Por eso hoy estamos armonizando las leyes secundarias. Lo que algunos señalan como novedad, como el derecho de militares en activo a ser candidatos, en realidad ya existe en otra legislación; ahora solo se replica ese texto en la Ley de la Guardia Nacional.”

El diputado subrayó que la medida no amplía derechos, sino que los consolida: “Es un copy-paste, literalmente. Es un derecho ya previsto, que implica que el militar debe pedir una licencia especial y que sea aprobada por el Ejecutivo o el titular de la Sedena. Nadie se puede llamar sorprendido.”

Sobre los efectos prácticos de las reformas, Fernández enfatizó que se trata de una armonización para dar un trato similar al personal de la Guardia Nacional y al de otras ramas castrenses, como la Fuerza Aérea o la Marina. “Todas estas modificaciones tienen como origen directo la reforma al artículo 21”, insistió.

Consultado sobre el impacto para su estado natal, San Luis Potosí, el legislador precisó que el beneficio es de orden nacional: “Esto no es una ley pensada para beneficiar directamente a un estado. Es un asunto de legalidad, de coherencia legislativa. El Congreso está obligado a adecuar el marco legal tras una reforma constitucional.”

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